Sentencia 5267 de mayo 24 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

REQUISITOS DE LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

PARA ADELANTAR PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Magistrado Ponente:

Dr. José Fernando Ramírez Gómez

Santafé de Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil (2000).

Ref.: Expediente 5267.

Se decide el recurso de casación interpuesto por el demandante, contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, de 28 de septiembre de 1994, mediante la cual se definió la segunda instancia del proceso ordinario promovido por José Luis Cortés Zambrano contra el municipio de Pamplona.

Antecedentes

1. En la demanda que hubo de presentar el señor José Luis Cortés Zambrano, pretendió que previos los trámites del proceso indicado, se declarará que la entidad demandada incumplió el contrato de compraventa celebrado con el demandante, contenido en la escritura pública 1347 de 31 de diciembre de 1991, de la Notaría Segunda de Pamplona, puesto que no pagó el precio pactado. Consecuentemente solicitó que la demandada fuera condenada a pagar la suma de cuarenta y ocho millones quinientos treinta y ocho mil pesos ($ 48.538.000), precio debido desde el 31 de diciembre de 1991. Igualmente pretendió el pago de intereses a la tasa del 5.35% mensual desde la fecha señalada hasta cuando efectivamente se pague la obligación principal.

2. Como fundamento de las pretensiones se expusieron los siguientes hechos:

2.1. Mediante Acuerdo 46 de 18 de noviembre de 1991, el Concejo Municipal de Pamplona decidió iniciar en esa ciudad un programa de vivienda de interés social, para cuyo efecto facultó al alcalde para adelantar el plan y coordinar el proyecto con el Inurbe y otras entidades afines.

2.2. Mediante Acuerdo 63 de 6 de diciembre de 1991, el Concejo de Pamplona dispuso autorizar al alcalde para la compra del terreno, así como para contratar los diseños, dirección y construcción de las obras de urbanismo y viviendas, en forma total o parcial, como mejor le conviniera a los intereses del municipio y la comunidad.

2.3. El doctor Edilberto García Jáuregui, alcalde de Pamplona, el 9 de diciembre de 1991, envió una comunicación al señor José Luis Cortés, manifestándole su interés en la adquisición de un lote para la construcción de cien viviendas de interés social, propiedad del destinatario del oficio, a quien le solicitaba enviar a su despacho a la mayor brevedad posible el valor comercial y las especificaciones del inmueble.

2.4. Fue así como el señor José Luis Cortés, ofreció un lote ubicado en el barrio “El Arenal”, con extensión de 14.418 metros cuadrados, a razón de $ 3.500 el metro cuadrado, para un total de $ 49.630.000. Precio este que se podía reconsiderar teniendo en cuenta el avalúo que haría el Instituto Agustín Codazzi en caso de aceptación de la oferta.

6. El 30 de diciembre de 1991, el alcalde de Pamplona ofreció como precio de compra del inmueble la suma de $ 48.538.000, coincidente con el avalúo hecho por el Instituto Agustín Codazzi, solicitando además una respuesta inmediata de parte del propietario, porque según el contralor municipal la vigencia del año se cerraba el 31 de diciembre y luego era imposible realizar cualquier tipo de negocio. El demandante contestó aceptando mediante comunicación del mismo día.

2.6. El día 30 de diciembre de 1991, José Luis Cortés y Edilberto García Jáuregui en representación del Municipio de Pamplona, firmaron promesa de contrato de compraventa, pactando como precio del inmueble la suma de $ 48.538.000.

2.7. En cumplimiento de la promesa de contrato, demandante y demandado otorgaron la escritura pública 1347 de 31 de diciembre de 1991 de la Notaría Segunda de Pamplona. La escritura fue registrada el 29 de enero de 1992 en la matrícula inmobiliaria 272-0020211, y ficha catastral Nº 01-01-0272-0001-000.

2.8. En la escritura se fijó como precio del lote la suma de $ 48.538.000, pagaderos por el tesoro municipal con cargo al rubro de renta ordinaria para vivienda obrera numeral 4-328, suma esta que el “exponente vendedor declara haber recibido de manos del comprador a su satisfacción”, lo cual no es cierto. De manera que no obstante los cobros realizados hasta ahora el municipio demandado no ha dado cumplimiento a la obligación adquirida.

3. En la respuesta dada a la demanda, el municipio de Pamplona señala que

“Si la compraventa objeto de este proceso se realizó de conformidad con la Ley 9ª de 1989, el contrato contenido en la escritura 1347 del 31 de diciembre de 1991, de la Notaría Segunda de Pamplona, es contrario a la ley, por cuanto por un lado, se pretermitió parte del procedimiento establecido en la precitada norma y por otro, por cuanto entratándose de un inmueble rural no podía realizarse la negociación bajo el imperio de la Ley 9ª de 1989, la cual es aplicable única y exclusivamente al sector urbano”.

En demanda de reconvención, el municipio de Pamplona solicita se declare la nulidad del contrato contenido en la escritura 1347 de 31 de diciembre de 1991, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Pamplona. Como consecuencia de lo anterior, pide que el inmueble revierta a su antiguo propietario, y se exima al municipio de pagar tanto el precio de la compraventa, como los intereses causados.

4. Mediante sentencia de 18 de mayo de 1994, el Juzgado Civil del Circuito de Pamplona rechazó las pretensiones de la demanda principal, y en su lugar declaró la nulidad de la escritura pública Nº 1347 de 31 de diciembre de 1991. Dispuso además que el inmueble debía restituirse al señor José Luis Cortés Zambrano. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, al resolver el recurso de apelación propuesto por la parte demandante, por sentencia de 28 de septiembre de 1994, confirmó la del a quo.

La sentencia del tribunal

Para adoptar su decisión, el ad quem consideró que de conformidad con la Ley 9ª de 1989, las entidades públicas por ella comprendidas pueden adquirir inmuebles para la ejecución de planes de vivienda de interés social, por dos vías distintas: por enajenación voluntaria directa del propietario o por expropiación en defecto de la anterior.

La Ley 9ª de 1989, continua, contempla unos requisitos indispensables para la adquisición de bienes destinados al desarrollo de los planes allí consagrados. Así, “en su capítulo III, instaura lo referente sobre la adquisición de bienes por enajenación voluntaria y por expropiación de inmuebles para el desarrollo de sus propósitos, determinándose en los artículos 11 al 15 los trámites a los cuales deben adecuarse, tanto la persona natural o jurídica que enajena voluntariamente como la entidad pública que adquiere, que permiten establecer, sin lugar a duda alguna, la existencia de una adquisición de bien inmueble conforme a la ley”.

A juicio del Tribunal, tales requisitos no aparecen cumplidos en el asunto sub lite. “Ciertamente, dice, el oficio de oferta de compra adolecen (sic), tal y como lo señala la primera instancia, de: la transcripción de las normas que reglamentan la enajenación voluntaria y la expropiación; la identificación precisa del bien inmueble; el precio base de la negociación; el certificado, ya sea expedido por la oficina de planeación o del alcalde, indicativo de que el bien que se adquiere se encuentra de conformidad con las políticas del uso del suelo del municipio o fijado en el respectivo plan de desarrollo e igualmente, se omitió la inscripción del oficio en el folio de matrícula inmobiliaria, para que el inmueble quedara fuera del comercio a partir de la fecha de su inscripción”.

Todos estos requisitos previos, anota, son y deben ser de estricto cumplimiento, pues con ellos quiso el legislador darle a esta clase de negociaciones un trámite especial, para llevar a efecto y con seguridad los fines esenciales determinados en la preceptiva que da origen al acto controvertido. Luego, advierte, se podría objetar en el caso que no obstante no cumplirse a cabalidad con los mismos, de todas maneras se obtuvo el fin primordial, cual era la adquisición del bien para llevar a la práctica los planes concebidos por el concejo municipal. Sin embargo, expresa, a tal situación no puede dársele ese sentido general,

“... sino que el mismo hay que buscarlo en la norma especial creada para ello, por tratarse de una venta voluntaria con fines sociales, y ante estas circunstancias debe entenderse que los actos preliminares ya señalados, deberán hacer parte de la escritura pública que se otorgue en cumplimiento al acuerdo llegado, pues no es otro el sentido que debe dársele al espíritu del legislador al implantar este trámite para la adquisición de bienes por enajenación voluntaria, ya que los bienes así comprados no puede aplicarlos a otros fines distintos para los cuales fueron adquiridos.

De lo anterior se sigue, que todas esas solemnidades señaladas en la norma origen del contrato de compraventa, en este asunto tratado, son ad substantiamactus, vale decir, requeridas para la existencia del acto respectivo, de modo que su omisión lo priva de eficacia, pues cuando una norma legal exija determinados requisitos esenciales para la configuración del negocio jurídico, éste no se formará mientras no se llene tal solemnidad.

Ante esta situación, fácil es llegar a entender que la compraventa del bien inmueble reseñado en la demanda y elevada a la escritura pública controvertida, sin el lleno de las formalidades exigidas por la Ley 9ª de 1989, es nula por no reunir los requisitos que dicha ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, tal y como acertadamente concluyó la funcionaria de primera instancia”.

La demanda de casación

Un sólo cargo formula el recurrente, con apoyo en la causal primera de casación, por violación directa de los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley 9ª de 1989, por interpretación errónea; así como de los artículos 1740, 1741, 1742 y 1746 del Código Civil por aplicación indebida y de los artículos 1602, 1849, 1857, 1928, 1929, 1930 y 1766 del Código Civil, por falta de aplicación.

Señala el censor que la nulidad absoluta es una sanción legal, mediante la cual los actos y negocios jurídicos pierden eficacia, cuando trascienden el ámbito de lo lícito, afectando el orden público. Se protege así el interés general, y se sanciona el proceder indebido que afecta a la colectividad.

Respecto a las formalidades como requisito del acto, precisa que es necesario que la ley así lo consagre, la cual a su vez debe establecer como consecuencia de la omisión, la sanción de la nulidad absoluta del acto o contrato. No basta, entonces, dice, “que se exija un requisito en la formación de un negocio jurídico, para que su quebrantamiento implique invalidez.”

Luego expresa textualmente:

“Los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley 9ª de 1989, al tenor de la sentencia, consignan actos preparatorios para la celebración del contrato, tales como que el oficio de oferta de compra contenga las normas que reglamentan la enajenación voluntaria o la expropiación, el certificado de la oficina de planeación, y la inscripción del oficio en la oficina de registro para sacar del comercio el inmueble, que no se encaminan al perfeccionamiento del contrato de compra y venta, sino que aseguran la seriedad de la propuesta a fin de que culmine en el contrato respectivo.

Ni la Ley 9ª, ni la Ley 2ª de 1991, ni el Decreto Reglamentario 2400 de 1989, al establecer los requisitos antes mencionados, impone como sanción cuando se omiten, la invalidez del contrato que llegare a celebrarse.

Al darle alcance de causal de nulidad, dice el recurrente, no consignado en los artículos 11 a 15 de la Ley 9ª de 1989, el Tribunal en su sentencia violó tales normas aplicándolas con un sentido distinto a su recta interpretación”.

Seguidamente el recurrente se ocupa de la explicación concerniente a la violación de las otras normas indicadas en el cargo, como son los artículos relacionados con la nulidad absoluta en el Código Civil (1740, 1741, 1746 y 1857), los cuales califica como indebidamente aplicados, pues al no estar establecidas las formalidades de la Ley 9ª de 1989, como ad substantiam actus, mal pudo haberse dispuesto el decreto de nulidad y la restitución del bien al vendedor. Igualmente desarrolla lo relacionado con la violación de las normas que dice no aplicadas, que efectivamente son las que tutelan su pretensión de cumplimiento, que al fin de cuentas es la aspiración última del éxito del recurso de casación.

Consideraciones

1. De conformidad con el artículo 1741 del Código Civil, las causales de nulidad absoluta de los actos o contratos son cuatro: el objeto ilícito, la causa ilícita, la incapacidad absoluta de la persona que emite el consentimiento y “la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos”.

2. Tratándose de la última de las causales que es la que viene al caso, ha de decirse en primer lugar que ella constituye una excepción al principio de la consensualidad que ha cobrado vigencia en el derecho moderno. Por lo demás, tal motivo de nulidad, como claramente lo indica el artículo 1740 ibídem, en asocio con el inicialmente citado, se refiere a las formalidades prescritas por la ley como requisitos “para el valor del mismo acto o contrato”, “en consideración” a su “naturaleza”, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan. En otras palabras, como lo ha expuesto la jurisprudencia y la doctrina, la norma comprende en la exigencia para derivar de su omisión la sanción mencionada, las llamadas formalidades ad solemnitatem o ad substantiam actus, por oposición a las formalidades ad probationem, que son exigencias para la prueba del acto o contrato, pero que en manera alguna comprometen la vida misma del negocio, como ocurre con las primeras.

Los contratos solemnes o formales, según lo dice el artículo 1500 del Código Civil son aquellos que están sujetos “a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil”, es decir, aquellos en los cuales el consenso de las partes por sí solo no produce su perfeccionamiento y por ende resulta inapropiado para generar las obligaciones. Cuando hay contrato solemne, ha dicho la Corte, la formalidad se exige so pena de nulidad, o sea que imperativamente la impone la ley y la voluntad por sí sola resulta impotente para hacer nacer un acto válido. En cambio, cuando se está frente a una forma probatoria, la ausencia de ésta no lesiona la validez del acto o contrato, pues éste cobra vida con independencia de ella y es eficaz en sí mismo. Otra es la suerte del contrato en el evento de tener que probarse, pues es allí donde surge la dificultad por la ausencia de las formas predispuestas con dicha finalidad, pero sin que tal cosa signifique que el respectivo acto o contrato no pueda probarse, porque ese tipo de formalidades puede ser suplido, eventualmente, por otros medios de prueba, como lo ha aceptado la práctica jurisprudencial, al contrario de lo que acontece con las formalidades ad solemnitatem que no pueden ser suplidas por ningún otro medio de prueba, como claramente lo expone el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, al referirse al caso particular del instrumento público ad substantiam actus.

3. Ahora, como antes quedó expuesto, uno de los motivos de nulidad de los contratos expresamente establecido por el Código Civil, tiene que ver con la omisión de las formalidades ad substantiam actus, o sea las prescritas por la ley “para el valor del mismo acto o contrato”, “en consideración” a su “naturaleza”. No se trata entonces de la ausencia de cualquier formalidad, sino de aquella que la propia ley consideró como un complemento necesario de la voluntad, al estimar que ésta por sí sola no era idónea o suficiente para producir el correspondiente efecto jurídico. De manera que esa formalidad tiene que ser exigida por la propia ley, que además debe asignarle el carácter ad substantiam actus, pues sólo así se estaría frente a un requisito cuya desatención generaría la nulidad absoluta del acto o contrato, dado el régimen de reserva y taxatividad que en materia de nulidades consagra el Código Civil. La omisión de otros requisitos y formalidades que no estén prescritos por la ley “para el valor” del acto o contrato, genera consecuencias distintas, pero no la nulidad absoluta que se examina en este evento.

4. Como quedó reseñado en el compendio de la sentencia impugnada, el ad quem para adoptar la decisión anulatoria del contrato celebrado entre las partes del proceso, consideró que la compraventa objeto de controversia adolecía de la falta de algunas formalidades “ad substantiam actus, vale decir, requeridas para la existencia del acto respectivo”, refiriéndose concretamente a los requisitos que para “la adquisición de bienes por enajenación voluntaria” establecen los artículos 12 a 14 de la Ley 9ª de 1989, porque en sentir del Tribunal

“... el oficio de oferta de compra adolece (sic), tal y como lo señala la primera instancia, de: la transcripción de las normas que reglamentan la enajenación voluntaria y la expropiación; la identificación precisa del bien inmueble; el precio base de la negociación; el certificado, ya sea expedido por la oficina de planeación o del alcalde, indicativo de que el bien que se adquiere se encuentra de conformidad con las políticas del uso del suelo del municipio o fijado en el respectivo plan de desarrollo e igualmente, se omitió la inscripción del oficio en el folio de matrícula inmobiliaria, para que el inmueble quedara fuera del comercio a partir de la fecha de su inscripción”.

5. Ciertamente la Ley 9ª del 11 de enero de 1989, consagra para efectos de la adquisición “por enajenación voluntaria” “de inmuebles urbanos o suburbanos para desarrollar las actividades previstas en el artículo 10” de la ley, una serie de requisitos o formalidades dirigidas a reglamentar la oferta y la aceptación como declaraciones de voluntad, para que ulteriormente, “sí hubiere acuerdo respecto del precio y de las demás condiciones de la oferta con el propietario”, como lo dispone el artículo 14 de la misma ley, den lugar a la celebración de “un contrato de promesa de compraventa, o de compraventa, según el caso”.

Esos requisitos conforme a los artículos 12, 13 y 14 de la Ley 9ª de 1989, son:

a) “La oficina de planeación o la que cumpla sus funciones, certificará como requisito previo que el uso para el cual se destinará el inmueble objeto de la adquisición o la expropiación se encuentra de conformidad con el uso del suelo fijado en el respectivo plan”. Donde no exista plan de desarrollo o plan de desarrollo simplificado, corresponderá al alcalde certificar, previo concepto de la oficina de planeación departamental (art. 12).

b) El representante legal de la entidad adquirente, previas las autorizaciones estatutarias o legales respectivas, expedirá “el oficio por medio del cual se disponga la adquisición de un bien mediante enajenación voluntaria directa. El oficio contendrá la oferta de compra, la transcripción de las normas que reglamentan la enajenación voluntaria y la expropiación, la identificación precisa del inmueble, y el precio base de la negociación. Al oficio se anexará la certificación de que trata el artículo anterior” (art. 13).

c) A la oferta de compra se debe anexar “el avalúo efectuado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la entidad que cumpla sus funciones”, que será el fundamento del precio base de la negociación (art. 13, inc. 2º).

d) “El oficio que disponga la adquisición se notificará al propietario a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su expedición”. De no efectuarse la notificación personal se hará en los términos y con las formalidades que indica el inciso 3º del artículo 13.

e) “El oficio que disponga una adquisición será inscrito por la entidad adquirente en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble dentro de los 5 días siguientes a su notificación”, con el fin de que el bien quede “fuera del comercio” y vedada la posibilidad de “conceder licencia de construcción, de urbanización, o permiso de funcionamiento por primera vez para cualquier establecimiento industrial o comercial sobre el inmueble objeto de la oferta de compra”. (art. 13 inc. 5º).

6. Los requisitos o formalidades reseñadas tienen como finalidad indiscutible someter a moldes predispuestos las declaraciones de voluntad de las partes contratantes, no solamente para garantizar la transparencia de la negociación, sino su efectiva realización, pues como lo dispone el artículo 14 de la Ley 9ª, antes referenciado, esta etapa debe conducir a la celebración de “un contrato de promesa de compraventa, o de compraventa”, sujetos a las formalidades propias de este tipo de contratos en el marco del Código Civil, o en su defecto, a la expropiación, precisamente por entenderse “agotada la etapa de la adquisición por enajenación voluntaria directa” (art. 19).

En otras palabras, siguiendo las directrices de las normas citadas, la voluntad de las partes contratantes por sí sola resulta insuficiente para la formación del contrato. Sólo y en tanto ésta se exprese con el lleno de los requisitos y formalidades indicadas, puede dar margen al acuerdo (oferta y aceptación), que como ya se dijo, bien puede ser de promesa de compraventa, o de compraventa directamente. De manera que esas formalidades, dado el interés general que en ellas concurre, no se pueden mirar de manera aislada, sino como un proceso administrativo previo (“requisito previo”, dice el art. 12), y por supuesto, ligado o incorporado, como parte integrante del contrato de promesa de compraventa o del de compraventa específicamente, pues, se reitera, sólo mediando ellas se puede concluir que la voluntad negocial está debidamente expresada, sin que acerca de esas condiciones se pueda predicar discreción en su aplicación para dejar a salvo el acto final, porque sin duda alguna, las normas que se encargan de establecer ese procedimiento son de derecho público y por ende de imperativo cumplimiento en los términos de los artículos 16 y 1519 del Código Civil.

En fin, las formalidades consagradas por los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 9ª de 1989, como procedimiento administrativo “previo”, o “etapa de la adquisición por enajenación voluntaria directa”, según la calificación de la propia ley, a las claras constituyen solemnidades ad substantiam actus, o sea prescritas por la ley para el valor del acto de enajenación (compraventa), de las cuales no se puede sustraer la administración, porque como ya quedó expresado, se trata de normas de derecho público en cuya validez y eficacia está comprometido el interés general, pues al fin de cuentas se está frente a una negociación reglada en consideración a los fines sociales que informan la legislación en comentario, no sólo porque se trata de la adquisición de inmuebles para adelantar programas de vivienda de interés social, sino llevarlos a cabo en condiciones de dignidad y seguridad, como lo garantiza el “requisito previo” de la certificación de planeación o de la oficina correspondiente, previsto por el artículo 12, acerca de la incorporación del lote a la regulación urbanística del municipio, con el fin de evitar que se adelanten programas en zonas de riesgo o que generen la subnormalización de la vivienda.

7. Aunque con referencia a otros preceptos, ya la Corte había tenido oportunidad de ocuparse de un caso, que mutatis mutandis, guarda similitud con el que ahora se examina. En aquella ocasión, la corporación en sentencia de 7 de noviembre de 1980 (G.J., t. CLXVI, págs. 203 a 209), calificó como nulo absolutamente un contrato de compraventa celebrado por escritura pública, acerca de un bien inmueble de propiedad municipal, pero sin que se hubieran cumplido previamente los requisitos señalados para ese tipo de acto por el artículo 204 de la Ley 4ª de 1913. En aquel momento dijo la Corte:

“Para llevar a cabo la venta del inmueble de propiedad municipal, en principio y como regla general, según está dispuesto por el artículo 204 citado, a más de otorgamiento de escritura pública que es solemnidad propia del contrato de venta de fincas raíces (C. C., art. 1857), previamente deben ser satisfechos, entre otros los siguientes requisitos: avalúo judicial del bien, publicación en el periódico oficial del departamento de anuncio sobre la venta...

Viene de lo anterior que para sustraer la venta de un inmueble municipal de la regla general del artículo 204 de la Ley 4ª de 1913, se requiere demostrar que ella está regulada por una disposición posterior que exija solemnidades diferentes. Puede, pues, sentarse esta regla: si no se acredita que el inmueble municipal vendido tenía al momento de celebrarse el contrato, una especial calidad que lo somete a un tratamiento diferente, entonces las solemnidades que se deben llenar en su enajenación, a más de la escritura pública, son las detalladas en las ocho reglas que da el artículo 204 del Código de Régimen Político y Municipal”. (La negrilla no es original).

8. En este orden de ideas, válidamente se puede concluir que el cargo examinado no puede prosperar, por cuanto el Tribunal no incurrió en los errores de juzgamiento que la censura denuncia, pues en este particular caso, las partes contratantes omitieron todo el procedimiento previo, destinado como se dijo, a la formación del consenso entre los contratantes.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 28 de septiembre de 1994 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, en el proceso ordinario promovido por José Luis Cortés Zambrano contra el Municipio de Pamplona.

Costas a cargo del recurrente. Tásense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase oportunamente al Tribunal de origen.

Silvio Fernando Trejos Bueno—Manuel Ardila Velásquez—Nicolás Bechara Simancas—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros.

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