Sentencia 52770 de diciembre 4 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 52770

SL 886-2013

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Acta 40

Bogotá, D.C., cuatro de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Se considera

No asiste razón al replicante respecto a que se introduce un hecho nuevo en casación, pues es claro que lo debatido desde las instancias fue, justamente, lo relacionado con la dependencia económica, conforme a las pruebas recaudadas en el expediente.

En lo relacionado con el interrogatorio de parte, esta Corte ha estimado que dicha probanza es apta para fundar un examen en casación, siempre que se desprenda una confesión en los términos del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía.

Así las cosas solo cuando lo admitido como cierto por el absolvente, le produzca consecuencias negativas, o favorables a la parte contraria, puede predicarse tal confesión.

Ahora bien, escuchado el disco compacto que contiene dicho interrogatorio CD 1 (fl. 124, min. 15085), Mario Alfonso Rojas Mesa señala que cambió de residencia un año después del fallecimiento de su hijo, que la adquirió con el pago del auxilio que le brindó la empresa en la que aquel laboraba por ser beneficiarios; así mismo contextualizó que su hijo le entregaba bonos alimenticios, dinero para cumplir la hipoteca y otras ayudas; que en algunas oportunidades le prestaba, pero que no le exigía el cumplimiento, porque la situación era muy difícil (min. 17324); también hizo un estimativo de lo que recibía mensualmente de Rojas Raigosa $ 1.000.000, quien también le colaboraba a sus hermanos que para la época se encontraban estudiando (min. 19035), y que a veces el mayor de ellos les socorría en los arreglos del hogar; al responder sobre las necesidades que subvenía reiteró que pagaba la hipoteca, la alimentación, algunos medicamentos de su esposa no cubiertos por el régimen de salud, zapatos, vestidos y lo demás que surgieran en la familia (20441); afirmó que, en su caso, aunque también compraba medicamentos para su esposa lo fue a costa de adeudarse en una cooperativa.

En la misma diligencia admitió recibir pensión de invalidez de origen profesional y que reclama la devolución de los aportes por vejez o la prestación por ese riesgo (min. 21260); al contestar sobre los cambios en su nivel del vida tras el fallecimiento de su hijo, indicó que si bien mejoró la estabilidad económica por lo recibido por el Éxito, varió moralmente, y que ese avance en cierta forma lo fue a un precio muy alto (22463). Aclara que su hijo vivía solo, desde el año 2001 (23668), que para el momento del deceso no recibía arriendo; que cedió la vivienda a sus nietos, y que está acostumbrado a no vivir holgado, con tal de que su familia esté bien (25130); adujo que para el momento del deceso de Juan Pablo vivía del rebusque como tramitador y recibía más o menos $ 180.000 aunque alude que ese ingreso no era estable; que el crédito de la primera casa lo tomaron los tres, pero que el respondía; al contestar sobre quien procuraba todos los gastos respondió que él “cuando vivía en Aranjuez” pero que como el primero que se graduó fue Juan Pablo el ayudaba bastante y culminó sobre la ayuda con que: “mejor dicho eso solo lo sabemos sino nosotros, nadie sabe” (27272).

Tales afirmaciones, en contexto, no permiten predicar la confesión que pretende el censor, pues aunque en algunos apartes de su declaración Mario Alfonso Rojas Mesa dijo haber asumido los gastos del hogar, en todo momento clarificó que su hijo les ayudaba en casi todos los órdenes de la existencia, así como a sus hermanos, al punto de que cubría la cuota hipotecaria, y los gastos que se generaban en el hogar.

Por demás aun cuando en lo descrito por el absolvente habla de una mejoría tras el deceso de su hijo, lo que trasluce es una consecuencia obvia al haber recibido los seguros, las liquidaciones y los aportes que les fueron reconocidos por ser beneficiarios, sin que de ello deslinde en confesión, pues es evidente que el aspecto debatido es el de si los padres dependían de Rojas Raigosa al momento de su fallecimiento.

Tampoco pudo haber variado de manera notoria la conclusión del ad quem, de haber apreciado los documentos de folio 39 y 40, en los que aparecen entregados $ 809.301 a Luz Stella Raigosa de Rojas, ni lo percibido por concepto de los seguros raíz de la muerte de su hijo (fls. 41 a 46), ni de la liquidación del contrato de trabajo (fl. 49) que el censor cuantifica en más de $ 230.000.000, en tanto el requisito de dependencia económica se constata previo al fallecimiento y no a posteriori, y es evidente que la sentencia acusada edificó el convencimiento en que los padres tenían una subordinación económica respecto de su hijo, el cual les daba los elementos suficientes para llevar una vida modesta.

Resultan desafortunadas, por no decirlo menos, las afirmaciones del censor en punto a que los demandantes bien podían continuar con la vida que llevaban antes de la mejora que supuso el empleo de Rojas Raigosa con su carrera y empleo, y que, con todo, no vieron alterada su situación durante el período en el que su hijo estuvo desaparecido; es evidente que una de las características de esta situación a la que se ven sujetas las familias, ante el desprendimiento del ser querido, es la de no poder procurarse las mismas condiciones de existencia que aquel permitía, y que les brindó progreso, lo que fue más doloroso ante el largo trayecto antes de enterarse de la muerte violenta de la que había sido objeto.

Sobre el tema de que el requisito que aquí se estudia debe ponderarse para la fecha de la muerte y no después, esta Sala de la Corte, entre otras, en decisión de 24 de mayo de 2011 consideró:

“(...) es oportuno destacar que la dependencia económica de los beneficiarios frente al pensionado o al afiliado, se debe definir y establecer al momento del deceso a este y no con posterioridad, pues desde ese momento trasciende a la vida jurídica y no es revisable. Precisamente, esta Sala de la Corte al examinar el punto relacionado con la oportunidad en que los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes deben acreditar los requisitos para acceder a tal prestación <y la dependencia económica es uno de ellos>, en pronunciamiento del 30 de agosto de 2005, radicación 25919, dijo:

<El otorgamiento de una prestación a la madre por la desafortunada coincidencia de acaecer las muertes de los dos hijos el mismo día, con capacidad cada una de ser fuente de un derecho prestacional, no altera la posición jurisprudencial según la cual los requisitos exigidos para el beneficiario de la pensión de sobrevivientes son los que se tenían en el momento de la muerte, y no los que se puedan sobrevenir con posterioridad a ella>.

Ahora, el juicio que hizo el fallador de segundo grado, según el cual el hecho de que uno de los demandantes percibiera pensión de invalidez en cuantía de un salario mínimo, no impedía predicar la dependencia en tanto esta no debía ser total y absoluta, no puede estimarse desacertado, y por el contrario, guarda estrecha armonía sobre la posición que ha mantenido esta Corte, en la que se ha resaltado que la finalidad de la pensión de sobrevivientes es procurar el alivio al que se ve sometida la familia ante el desaparecimiento de un miembro de su núcleo, en la medida en que se ve desprovista de aquello que le brindaba y que coadyuvaba a su congrua subsistencia.

Con respecto a los testimonios que cita el censor, debe decir que su estudio solo resulta procedente cuando se ha demostrado el error con pruebas calificadas, las cuales están indicadas en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, los documentos auténticos, la inspección judicial y la confesión, como ello no aconteció en el sub lite no es posible su ponderación.

En tal orden y al no estar demostrados los errores con el carácter de manifiesto que conduzcan al quiebre de la decisión, no prospera el cargo.

Costas en el recurso a cargo de la parte recurrente en cuantía de seis millones de pesos ($ 6.000.000) m/cte.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 14 de marzo de 2011, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que Mario Alfonso Rojas Mesa y Luz Stella Raigosa de Rojas promovieron contra la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.

Costas a cargo de la recurrente. Se fijan agencias en derecho en la suma de $ 6.000.000.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».