Sentencia 529 de junio 21 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Rad. 20001-23-31-000-2002-0529-01, jun. 21/2002, Ref.: 3325

C.P. Tarsicio Cáceres Toro

Actor: Margarita Contreras Durán

Demandado: Endupar S.A. ESP

Decide la Sala la impugnación formulada por la parte demandada, contra la providencia de 10 de abril de 2002 en el expediente 002-0529 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual tuteló los derechos a la Igualdad y al debido proceso de la actora.

Antecedentes

El escrito de tutela

La señora Margarita Contreras Durán en ejercicio de la acción de tutela, el 26 de noviembre de 2001 presentó demanda contra la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, “Emdupar S.A.”, por la presunta violación al debido proceso y a la igualdad.

En consecuencia pretende que se le ordene a la empresa demandada que le expida factura de cobro por costo del servicio de agua, alcantarillado y aseo consumidos durante los 3 primeros meses en que la arrendataria incumplió lo ordenado en el contrato de condiciones uniformes de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, incluyendo los intereses moratorios correspondientes a las tres primeras facturas más los gastos de reconexión de dichos servicios, si los hubiere, a la vivienda ubicada en la calle 19 6-70 de Valledupar.

Como hechos que sirven de sustento a la presente acción se narran los siguientes:

Manifiesta que el 31 de agosto de 1995 dio en arrendamiento a Esther Arrieta de Chima una casa de su propiedad, quedando consignado en el contrato el pago de los servicios públicos por parte de la arrendataria, lo cual no se hizo incumpliéndose las obligaciones con la empresa, lo que permitió a Emdupar S.A. acumular hasta 55 meses vencidos.

Que el 15 de septiembre de 2001 la inquilina Esther Arrieta de Chima abandonó dicha vivienda y el 26 de noviembre de 2001 presentó ante Emdupar derecho de petición o reclamo solicitando que le refacturara la obligación de acuerdo a las normas establecidas, o sea los 3 primeros meses de la deuda en que incurrió la arrendataria incumplida, para proceder a su cancelación.

Que Emdupar S.A. violó los artículos 140 y 141 de la Ley 142 de 1994, al no haber procedido en su oportunidad, o sea los 3 primeros meses a la suspensión al corte definitivo del servicio y no dejar que se acumulara la deuda para que la cancelara la propietaria del inmueble.

Que ignoraba el incumplimiento en el pago de agua, alcantarillado y aseo por parte de la arrendataria, ya que cuando iba a cobrar el canon de arrendamiento encontraba el servicio instalado y funcionando, lo que la hacía presumir que dicha arrendataria estaría a paz y salvo con Emdupar por concepto de servicios de agua, alcantarillado y aseo.

La sentencia de tutela

El a quo, el 10 de abril de 2002, tuteló los derechos a la igualdad y al debido proceso de la demandante y en consecuencia ordenó al gerente de la empresa demandada, que dentro del término de las 48 horas siguientes a la notificación de esa providencia, procediera a la reconexión del servicio de agua, aseo y alcantarillado en el inmueble ubicado en la calle 19 Nº 6-70 de Valledupar, previa cancelación por parte de la propietaria del inmueble, de los 3 primeros meses de mora en el consumo en que incurrió la arrendataria de ese inmueble y del valor de la reconexión, ello sin perjuicio a que Emdupar S.A. pueda cobrar al arrendatario, por vía judicial, el valor correspondiente a los otros meses de servicio.

Lo anterior por cuanto Emdupar S.A. aparece cobrando una factura de 55 períodos vencidos, sin que se hubiera suspendido el servicio dentro de los tres meses que señala el artículo 140 de la Ley 142 de 1994, siendo negligente la conducta de la empresa prestadora del servicio de agua, aseo y alcantarillado, la cual da lugar a que ésta no pueda cobrarle la deuda a la propietaria del inmueble, pudiendo la empresa iniciar las acciones judiciales correspondientes para hacerla efectiva en relación con la arrendataria.

La impugnación del fallo de tutela

La parte demandada recurrió la anterior providencia por considerar que la empresa le informó a la demandante que sí se habían realizado gestiones de suspensión y corte del servicio que presta Emdupar al inmueble ubicado en la calle 19ª Nº 6-70 y que se realizó gestión en terreno el 21 de julio de 2000 y suspensiones el 23 de agosto y el 14 de diciembre de 2000 entre otros.

Que por lo anterior mal puede afirmarse que la empresa haya incumplido con lo establecido en la ley ya que en ningún momento fue negligente ni descuidada en la gestión de cobro de la deuda que presentaba el inmueble.

Consideraciones

La acción de tutela fue consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional para que toda persona pueda reclamar la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten quebrantados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, estableciéndose que la protección consiste en una orden para que aquel, respecto de quien se solicita la tutela, actué o se abstenga de hacerlo.

La actora presentó acción de tutela contra la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, “Emdupar S.A., por cuanto la misma toleró una deuda de 55 períodos acumulados sin que haya suspendido el servicio de agua, alcantarillado y aseo a la arrendataria del inmueble de propiedad de la demandante, cuando la deuda era de 3 períodos, dejando de esta forma acumular la deuda en los 55 meses anotados.

Ahora bien, en el expediente se observa una factura del inmueble mencionado en donde aparece se adeudan 55 períodos de consumo de los servicios mencionados, por valor de $ 2.126.036, correspondientes a 55 períodos (fl. 1 del exp.). Y en dicha época el inmueble se encontraba arrendado.

Así es claro que Emdupar S.A. está cobrándole a la demandante 55 períodos vencidos sin haber suspendido el servicio dentro de los tres meses que señala la ley.

El artículo 140 de la Ley 142 de 1994 prevé:

“Suspensión por incumplimiento. El incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio en los eventos señalados en las condiciones uniformes del contrato de servicios y en todo caso en los siguientes:

La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de tres períodos de facturación, y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas ...” (negrilla de la Sala).

El inciso 2º del artículo 140 de la Ley 142 de 1994 constituye una “regla de equilibrio contractual entre la empresa y los usuarios (o suscriptores y responsables solidarios)”, por cuanto beneficia tanto a la empresa como a los usuarios y los propietarios del inmueble. El provecho para estos últimos se cristalizaría en el hecho de que los propietarios no usuarios no pueden ser llamados a responder solidariamente por aquellas facturas de servicios públicos que sean posteriores a la tercera impagada, es decir, por aquellas cuentas que se originan luego del momento en el que la empresa de servicios públicos ha incumplido su obligación legal de suspender el servicio, momento que se define cuando se acumulan tres facturas sin pagar.

Obra en el expediente que la empresa demandada tenía conocimiento del incumplimiento en el pago del servicio de energía por más de tres períodos de facturación sobre varios de los inmuebles de propiedad de los actores y sin embargo, no procedió al corte del mismo.

Entonces, para la Sala es claro, según el acervo probatorio que se encuentra en el expediente, que la entidad demandada no procedió a la suspensión del servicio de energía, una vez transcurridos los tres meses de incumplimiento en el pago del mismo, como lo exige el precitado artículo 140 de la Ley 142 de 1994.

Y a pesar de que el propietario de los inmuebles no hubiese estado atento a la situación de incumplimiento de los usuarios en ese entonces, por encontrarse el bien arrendado, tal conducta no redime la obligación ineludible que tenía la empresa prestadora del servicio de suspender éste.

La negligencia en que incurrió la demandada conculcó ciertamente los derechos del propietario —no usuario del servicio—, pues al permitir que los arrendatarios continuaren usufructuando el servicio de energía, no obstante el período de mora en que se encontraban, afectó patrimonialmente al propietario quien una vez se percató de la deuda, ésta ya era de una magnitud considerable, lo que hacía imposible atender su pago.

Como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la razón de ser del artículo 140 de la Ley 142 de 1994 es proteger al propietario no usuario, suspendiendo el servicio a los usuarios a la tercera facturación de servicios no pagados, con el fin de que no resulten lesionados en su patrimonio debido al suministro voluntario de la empresa. Por tal virtud, si la prestadora del servicio acata el mandamiento expreso del precitado artículo 140, asume el riesgo que implica dicha omisión.

Es suficiente para argumentar lo anterior la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la Sentencia T-1432 de 2000, en donde acogió la interpretación que hizo la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, en un caso similar, sobre el artículo 140 de la Ley 142 de 1994.

Dijo la sentencia en mención:

(…).

2.2. La Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, al conocer en sede de tutela de un caso similar al que ahora analiza esta Sala, interpretó el artículo 140 de la Ley 142 de 1994, en los siguientes términos:

“De allí que cuando la empresa desatienda la responsabilidad que le impone el inciso segundo del artículo 140 de la Ley 142 de 1994, vulnere entonces los parámetros del derecho a la prestación del servicio público domiciliario amparado por la Carta Política, sin perjuicio de que se acuda a las acciones ordinarias pertinentes. En efecto, cuando este precepto señala que hay lugar a la suspensión en caso de “la falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin que exceda en todo caso de tres períodos de facturación”, inequívocamente está consagrando una regla de equilibrio contractual entre la empresa y los usuarios (o suscriptores y responsables solidarios). De un lado, para que la empresa obtenga y satisfaga el derecho al cobro oportuno; y, del otro, para garantizar a los usuarios el derecho a obtener igualmente la prestación del servicio correspondiente.

Luego, se trata igualmente de una regla en beneficio de los propietarios —no usuarios del servicio— del inmueble, que a pesar de catalogársele como deudor solidario (L. 142/94, art. 130, inc. 2º), también tienen derecho a que el servicio del cual se benefician los usuarios sean suspendidos a las tres (3) facturaciones (art. 140 ibíd.), a fin de no resultar afectado por el suministro voluntario adicional de la empresa. De allí que si esta norma imperativa obliga a la empresa a proceder a la suspensión del servicio, su omisión, además de indicar la asunción de los riesgos de no pago posterior, si bien no le impide suspender posterior y tardíamente el servicio prestado en forma condescendiente y tolerada sin pago del mismo; no es menos cierto que en manera alguna puede alegar su demora o desidia, para exigir en la reinstalación de los servicios no sólo el pago de las tres facturas iniciales sino también las demás posteriores. Porque estas últimas obedecen a una omisión de la suspensión imputable sólo a la empresa, cuya alegación, al ser injustificada, parece constituir en principio un abuso de su posición dominante en el contrato, prohibido expresamente por la ley (L. 142/94, arts. 133, 23), al no proceder a la reinstalación de los servicios, al parecer, por fuera del marco legal y, por tanto, de las prescripciones constitucionales. Por ello, en tal evento debe ampararse al propietario en su derecho, protegido por la Constitución y la ley, consistente en obtener la reinstalación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, cancelando únicamente la deuda causada durante las tres facturaciones iniciales, con los gastos de reinstalación o reconexión (L. 142/94, arts. 142 y 140) y los recargos durante ese período (art. 96, ibíd.), en vista de que las restantes facturas obedecen a una omisión de la empresa en su deber imperativo de suspensión.

(…).

2.4. La Sala acoge la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, contenida en la sentencia a que antes se hizo referencia, en el sentido de que cuando la empresa a cargo del servicio público domiciliario no suspende éste, en caso de falta de pago por el término señalado en el inciso 2º del artículo 140 de la Ley 142 de 1994, e impone en forma arbitraria a los responsables solidarios de la obligación la suspensión del servicio, y el cobro de la deuda acumulada, les vulnera sus derechos a la vida, a la salud, a la dignidad, y a la igualdad”.

De la sentencia transcrita, queda claro que los propietarios tienen el derecho de exigir a las empresas de servicios públicos domiciliarios el cumplimiento de su obligación de suspender el servicio a sus arrendatarios, cuando éstos han incumplido en el pago de tres períodos de facturación.

Aunque no corresponde a un enunciado constitucional, puede en el plano legal estimarse plausible la tesis según la cual las empresas de servicios públicos pierden su derecho a exigir del propietario el pago total de la deuda causada por la prestación de un servicio cuando han omitido suspenderlo luego de que el usuario ha incumplido en el pago de tres facturas.

La ley impone a las empresas la obligación de suspender el suministro, a más tardar, en ese momento. Y si la empresa no lo hace, debe asumir los riesgos que ello le genera. Pero, obviamente, esta salvaguardia para los propietarios opera únicamente en los casos en los que el propietario ignora que su inmueble se encuentra en mora en el pago, o cuando, conociendo esta circunstancia, no ha logrado que la empresa proceda a suspender el servicio, a pesar de las solicitudes elevadas en este sentido.

Se reitera, la mencionada garantía tiene por fin proteger a los propietarios no usuarios que han sido asaltados en su buena fe por parte de los arrendatarios. En la práctica colombiana, el propietario pone a la disposición de los arrendatarios el inmueble con todos los aditamentos básicos que posee, entre los que se encuentran las conexiones a los servicios públicos domiciliarios.

Además, corrientemente se acuerda que el arrendatario debe pagar las facturas originadas en el consumo de los servicios públicos domiciliarios con los que cuenta la residencia. Así, el propietario deposita su confianza en que el arrendatario cumplirá con esta obligación contractual y no cuenta con mecanismos que le permitan controlar fácilmente si el arrendatario honra su deber de pagar las facturas.

Es por eso que la tantas veces mencionada norma del artículo 140 de la ley de servicios públicos puede ser entendida como una “regla de equilibrio contractual”, tal como lo asegura la Corte Suprema de Justicia, en la medida en que tiende a proteger tanto a la empresa como a los propietarios y a establecer la base sobre la cual se prestará el servicio a los usuarios.

Por las anteriores razones el proveído impugnado será confirmado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la Sentencia del 10 de abril de 2002 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, en el trámite de la acción de tutela incoada por la señora Margarita Contreras Durán contra la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, “Emdupar S.A.”, por las razones expuestas en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese y remítase copia al tribunal de origen y envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la fecha.

Magistrados: Tarsicio Cáceres Toro—Jesús María Lemos Bustamante—Alejandro Ordóñez Maldonado, (ausente).

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General.

__________________________________