Sentencia 53049 de octubre 16 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 53049

SL 730 - 2013

Magistrados ponentes:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Acta 33

Bogotá, D.C., dieciséis de octubre dos mil trece.

EXTRACTOS: «X. Consideraciones de la Corte

Primeramente, la Sala a de advertir que tal como lo manifiesta la réplica, la formulación de los cargos presenta algunas impropiedades. Sin embargo, las mismas son salvables, pues claramente se percibe que aquellos, en lo fundamental, apuntan a contradecir la tesis del tribunal en cuanto a la naturaleza jurídica de la entidad demanda y la calidad de trabajador particular del actor, a partir del 5 de julio de 1994. De modo que las imprecisiones en que haya podido incurrir la censura al calificar el sub motivo de quebranto de la ley son superables, en la medida que los planteamientos desplegados en la demostración de los cargos para rebatir el planteamiento vertido en el fallo recurrido, son claros e idóneos. De acuerdo con lo dicho, entonces, se estima que los ataques como vienen planteados, satisfacen las exigencias técnicas del recurso extraordinario.

Pues bien, se tiene que el recurrente discrepa de la sentencia de segunda instancia, en cuanto la considera violatoria de diversas disposiciones de carácter sustancial, entre las que incorpora la Ley 33 de 1985, artículo 1º y la Ley 100 de 1993, artículo 36, dado que no reconoció la prestación por él solicitada, bajo el entendido que durante la vigencia de la relación laboral, el actor no tuvo la calidad de trabajador oficial; conclusión a la que arribó al interpretar de manera errónea lo señalado por el Decreto 2331 de 1998, que tienen que ver con las variaciones de la naturaleza jurídica del banco y, en consecuencia, con la calidad de trabajador oficial o particular del demandante.

Entonces, la cuestión, centro del debate, se concreta a los efectos de los cambios sucedidos en el historial legal del ente demandado y en el régimen aplicable a sus trabajadores.

Ahora, el análisis del tribunal resulta equivocado, pues al señalar que el actor, solamente estuvo vinculado al ente demandado “en calidad de trabajador oficial 18 años, 7 meses y 3 días”, comoquiera que a partir del 5 de julio de 1994, la participación estatal del Banco Cafetero fue del 85.11%, y por tanto sus trabajadores pasaron a ser particulares, no observó que a la luz de la reiterada, actual y pacífica jurisprudencia de esta corporación, esa calidad de trabajadores privados se conservó hasta el 28 de septiembre de 1999, momento a partir del cual, se presentó una nueva variación del capital social de la demandada, debido a la inversión hecha por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, ente de naturaleza pública, lo cual modificó el carácter que tenía de sociedad de economía mixta regida por el derecho privado, al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado sometidas al derecho público.

Además, es preciso señalar que, aun cuando el Decreto 2331 de 1998, artículo 28, que modificó y adicionó el Decreto 663 de 1993, numeral 4º - Estatuto Financiero, indicó que: “Cuando quiera que el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras adquiera acciones, o en general, realice ampliación de capital en entidades financieras, que de acuerdo con la ley cambien de naturaleza por dicha adquisición de acciones o ampliación de capital, los trabajadores de tales entidades no verán afectados sus derechos laborales, legales o convencionales, por razón de la participación del fondo, por lo cual seguirán sujetos al régimen laboral que les era aplicable antes de dicha participación”, para esta Sala, es claro que los trabajadores del banco, luego de la capitalización realizada por Fogafín, volvieron a su carácter de trabajadores oficiales, dado que la naturaleza jurídica de la empresa a partir del 28 de septiembre de 1999, es de índole oficial.

En efecto, dichos puntos han sido examinado por la Sala de Casación Laboral de la Corte en varias oportunidades, entre ellas, en la sentencia 18 noviembre 2009, Radicación 38858, en la que se razonó:

1) Desde el 5 de julio de 1994, el Banco Cafetero mutó su naturaleza de empresa industrial y comercial del Estado, de carácter oficial, que hasta el día anterior había ostentado, para convertirse en sociedad de economía mixta, sometida al régimen de las empresas privadas por tener un capital estatal inferior al 90%. Por ello, las personas vinculadas al banco como trabajadores oficiales, a partir de esa fecha, cambiaron su estado jurídico laboral, para quedar sometidos al régimen general de los trabajadores particulares.

2) Esta calidad de trabajadores privados se conservó hasta el 28 de septiembre de 1999, porque desde ese momento, una variación del capital social de Bancafé, producido por la reinversión hecha por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), ente de naturaleza pública, trasmutó nuevamente su carácter de sociedad de economía mixta regida por el derecho privado, al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado sometidas al derecho público. Este hecho lo consideró la Corte como trascendental, para sumar el tiempo laborado con posterioridad a la citada fecha, a efectos de establecer el total de días servidos en la entidad, con miras a la pensión oficial reclamada con sustento en la Ley 33 de 1985.

3) Sin embargo, por Decreto 092 de 2000 se reformó la estructura del banco y se dispuso expresamente que el régimen de personal sería el previsto en sus estatutos. Estos, habían sido autorizados y protocolizados mediante escritura pública 3497 del 28 de octubre de 1999, en cuyo artículo 29 se estableció que el presidente y el contralor del banco tenían la calidad de empleados públicos y el resto de personal vinculado se sujetaría al régimen laboral aplicable a los trabajadores particulares.

4) Para la Corte, la transformación de la naturaleza del vínculo laboral de los servidores del banco en 1994, esto es, de trabajadores oficiales a trabajadores particulares, no puede concebirse en perjuicio de los derechos adquiridos de personas que, antes del 5 de julio de 1994, ya habían completado al menos el tiempo de servicios exigido en la Ley 33 de 1985 para obtener derecho a la pensión oficial, consagrada en tal estatuto. De suerte que al cumplir la edad requerida en dicha ley, en nada le afectaba la mutación societaria acaecida en 1994.

5) De otro lado, lo dispuesto tanto por el numeral 3º del artículo 28 del Decreto 2331 de 1998 (que modificó el num. 4º del art. 320 del D. 663/93), como por el Decreto 092 de 2000, tampoco puede afectar los derechos de aquellos trabajadores que, hallándose cobijados por el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hubieren permanecido vinculados al banco y completado los 20 años de servicios después del 28 de septiembre de 1999, cuando reasumió el carácter de empresa industrial y comercial del Estado.

Es decir, los empleados que el 1º de abril de 1994 ostentaban la condición de trabajadores oficiales, si reunían los requisitos exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, podían agregar, al tiempo completado hasta el 5 de julio de 1994 como trabajadores oficiales, el que laboraron a partir del 28 de septiembre de 1999. De modo que si, al momento de su retiro, la sumatoria de los dos periodos trabajados como servidores oficiales (el anterior a 1994 y el posterior a 1999) arroja los 20 años de servicios, es de recibo la pensión jubilatoria de la Ley 33 de 1985, al cumplir 55 años de edad (resaltado por la Sala).

De conformidad con lo precedente, se tiene que para efectos del cómputo de tiempo oficial a considerar dentro del reconocimiento de la pensión de los servidores de la entidad accionada, se debe tener en cuenta el transcurrido desde el 28 de septiembre de 1999 hasta la fecha del retiro del servicio; más aún, en la adición introducida al artículo 28 del Decreto 2331 de 1998 por el artículo 32 de la Ley 510 de 1999, se dispuso que: “Para estos efectos el fondo podrá suscribir la porción de capital que considere necesario. En tal evento si la inversión del fondo llegare a representar más del cincuenta por ciento del capital de la institución inscrita, esta adquirirá el carácter de oficial...”.

Es decir, los empleados que el 1º de abril de 1994 ostentaban la condición de trabajadores oficiales, si reunían los requisitos exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, podían agregar, al tiempo completado hasta el 5 de julio de 1994 como trabajadores oficiales, el que laboraron a partir del 28 de septiembre de 1999. De modo que si, al momento de su retiro, la sumatoria de los dos periodos trabajados como servidores oficiales (el anterior a 1994 y el posterior a 1999) arroja los 20 años de servicios, es de recibo la pensión jubilatoria de la Ley 33 de 1985, al cumplir 55 años de edad. Acierta pues, el censor en la cita de la sentencia de 19 de julio de 2007, Radicación 31110, en la que, valga la reiteración, se dijo:

“Luego, es claro que a partir del 5 de julio de 1994 el régimen de los servidores del Banco Cafetero fue el propio de los trabajadores particulares, razón por la cual el demandante no cumplió 20 años como trabajador oficial, no obstante que estuvo dentro del régimen de transición, pues, se reitera, que a la fecha indicada solamente tenía laborados en tal calidad 17 años, 11 meses y 18 días, y, con posterioridad al 28 de septiembre de 1999, cuando ocurrió el cambio de la naturaleza jurídica del banco, a oficial —por la capitalización de Fogafín—, el accionante solo sumó 9 meses y 5 días, hasta la fecha de la desvinculación (dic. 3/2000). Dicha sumatoria resulta procedente, si se tiene en cuenta que las normas legales y estatutarias reseñadas garantizan los derechos de los trabajadores, logrados bajo el régimen del sector particular, para que no se vean afectados con la variación de aquella naturaleza de la entidad, sin que ello impida acceder a una prestación como la jubilación oficial, bajo el supuesto de haber cumplido servicios en ese sector, de modo discontinuo, en distintas etapas de la vinculación del trabajador al Banco” (resalta la Sala) (sic).

Bajo la perspectiva señalada, el tribunal superior equivocó el entendimiento de las reglas de privatización, primero, y oficialización del banco, después, como consecuencia de darle un sentido errado a la decisión que la Corte emitió en el fallo que el ad quem trajo a colación en la sentencia impugnada, y que creyó servía de fundamento a su decisión.

La acusación, en consecuencia, deviene en próspera, por lo que habrá de casarse la sentencia recurrida.

En sede instancia, resulta suficiente señalar que, conforme a lo indicado atrás, procede la sumatoria del tiempo laborado por el actor desde 1º de diciembre de 1975 hasta el 4 de julio de 1994 y del 28 de septiembre de 1999 al 25 de junio de 2005, de donde se tiene que estuvo vinculado por un periodo de 24 años y 4 meses, con carácter de trabajador oficial y, en consecuencia, al superar los 20 años de servicio oficial para la entidad accionada, ser beneficiario del régimen de transición, y haber cumplido los 55 años de edad el 27 de julio de 2008; tiene derecho a que se le reconozca la pensión de jubilación oficial de que trata la Ley 33 de 1985 artículo 1º, tal como lo resolvió el juez de primera instancia.

Ahora bien, superado el aspecto atinente a la naturaleza jurídica de la entidad, la calidad de sus trabajadores y el tiempo de servicio oficial prestado por el actor, procede la Corte, a estudiar los otros aspectos alegados por la parte demandada en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo del a quo; y que en su sentir acarrean la absolución de su representada.

A) Refiere la apelante que el actor, perdió el beneficio de la transición establecido en la Ley 100 de 1993 artículo 36, toda vez que se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, y que si bien, retornó al régimen de prima media a partir del 1º de junio de 2004, tal situación no conlleva la persistencia de la transición, pues no se dieron los supuestos que para el efecto, estableció la Corte Constitucional en la Sentencia C-789 de 2002.

Al respecto, basta recordar lo asentado en Sentencia de la Corte Suprema de Justicia Laboral, 17 octubre 2008, Radicado 33.287, toda vez que las circunstancias jurídicas y fácticas son de similares contornos:

“Afianzado en esta disposición, el juez de segunda instancia estimó que la demandante, al tener, el 1º de abril de 1994, más de treinta y cinco (35) años de edad, era, en principio, beneficiaria de ese régimen de transición pensional. Tal conclusión queda fuera de toda discusión, dado el sendero directo elegido para atacar el fallo.

Ahora bien; los incisos 4º y 5º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cuya inteligencia equivocada se atribuye al tribunal, son del siguiente tenor literal:

“Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.

“Tampoco será aplicable a quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida”.

Contemplan estos dos textos legales, la pérdida del régimen de transición para quienes, siendo sus beneficiarios, se trasladasen al régimen ahorro individual con solidaridad, así decidan cambiarse luego al de prima media con prestación definida.

La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-789 de 24 de septiembre de 2002, declaró ajustados a los mandatos de la Carta Política estas dos disposiciones legales. Empero, condicionó su constitucionalidad a que se entienda que no se aplican a las personas que tenían quince (15) o más años de servicios cotizados, en el momento de entrada en vigencia del sistema de pensiones.

Sin duda, la demandante, Blanco Soto de Hincapié, que, en principio, era beneficiaria del régimen de transición, por tener más de treinta y cinco (35) años de edad el 1º de abril de 1994, perdió el beneficio de la transición, al trasladarse voluntariamente, el 8 de octubre de 1998, al régimen de ahorro individual con solidaridad, que no recuperó, así hubiese retornado, el 1º de enero de 2002, al régimen solidario de prima media con prestación definida.

Como la actora no contaba, a 1º de abril de 1994, con quince (15) o más años de servicios cotizados, no se actualiza frente a ella la consecuencia jurídica de la modulación de la constitucionalidad de los incisos 4º y 5º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de la conservación del régimen de transición en cabeza de las personas que, a la fecha en que cobró aliento jurídico el sistema de pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993, llevasen quince (15) o más años de servicios cotizados, no obstante haberse trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad.

La anterior conclusión se corresponde con lo que sobre ese específico asunto explicó esta Sala de la Corte en la sentencia proferida el 21 de enero de 2007, en la cual se dijo lo que a continuación se transcribe:

“De todo lo dicho, concluye la Sala que una persona que se encuentre en el régimen de ahorro individual con solidaridad, tendrá derecho a que se le apliquen los beneficios de la transición, sí, y solo si cumple con dos condiciones: la primera, que se devuelva al sistema de prima media con prestación definida; y, la segunda, que al haber entrado en vigencia la Ley 100 de 1993, el 1º de abril de 1994, hubiere tenido 15 o más años de servicios cotizados en el régimen de reparto simple al que estaba afiliado, sin consideración a la edad”.

Tampoco, al amparo de las previsiones de los artículos 2º de la Ley 797 de 2003 y del 3º del Decreto 3.800 de 2003, le asiste a la promotora del pleito el derecho al régimen de transición, desde luego que tales cánones legales se limitan a plasmar la constitucionalidad condicionada de los incisos 4º y 5º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, contenida en la Sentencia C-789 de 2002, bajo el entendimiento, se repite, de que el régimen de transición lo mantienen las personas que, a la fecha en que entró a regir el sistema general de pensiones, tuviesen quince (15) o más años de servicios prestados o cotizados. No es el caso de quien estimuló la jurisdicción del Estado, conforme se dejó precisado” (el resaltado es de la Sala).

Así las cosas, tal como lo señaló el juez de conocimiento, el actor para el 1º de abril de 1994, no solo tenía más de 40 años de edad, si no que llevaba más de 15 años de servicios prestados o cotizados, por lo que, como quedó dicho, se aplica frente a su situación pensional la consecuencia jurídica de la modulación de la constitucionalidad de los incisos 4º y 5º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y lo antes adoctrinado, en el sentido de la conservación del régimen de transición bajo los presupuestos antes mencionados. Por tal motivo, su derecho pensional efectivamente se regula por la Ley 33 de 1985, por virtud del régimen de transición, como en efecto se dispuso en la sentencia apelada.

B) Manifiesta la entidad convocada a juicio, que el despacho desconoció el contenido del Decreto 4937 de 2009 artículo 18, bajo la argumentación de que “en el evento hipotético que tuviera derecho el aquí demandante a la pensión que le es reconocida por el despacho, de manera taxativa en el artículo 18 del mismo Decreto, señaló que quienes tuvieran la calidad y estuvieran dentro del régimen de transición a partir de la vigencia del citado decreto, que fue el 18 de diciembre de 2009, el ISS sería el único encargado del reconocimiento de dicha pensión a través de la financiación de un bono pensional tipo T, que lo expedirá la entidad que se encuentre obligada para tal efecto para con el pensionado (...)” (cdno. 3).

En torno a este punto de discusión trazado por el accionado, es de señalar que el citado Decreto 4937 de 2009, fue expedido con posterioridad a la fecha en la cual se consolidó el derecho pensional del actor —jul. 27/2008—; por lo que no es de recibo el argumento planteado por el apelante, de que el juez de primera instancia desconoció lo normado por dicha disposición, pues de conformidad con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo artículo 16, “las normas sobre trabajo, (...) no tienen efecto retroactivo, esto es, no afectan situaciones definidas o consumadas conforme a leyes anteriores.; y en consecuencia, tal preceptiva legal no puede afectar la situación consolidada del derecho pensional del actor, lo que lleva a concluir que el a quo dio cabal aplicación al principio de la irretroactividad de la ley.

C) Resuelto el tema de la procedencia del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación oficial deprecada por el accionante, a cargo del banco demandando, se procede a continuación, a estudiar el alcance subsidiario de la apelación, en cuanto a que en el evento de mantenerse la condena al reconocimiento y pago de la pensión, esta “deberá ser liquidado de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, (...), el IBL deberá ser liquidado con el tiempo que le hiciere falta al demandante para adquirir dicho derecho, entre el momento de retiro de la entidad y de adquirido el derecho a la pensión, (...) y de acuerdo con lo establecido por la honorable Corte Suprema de Justicia en Sentencia 27382 del 4 de julio de 2006, que dispuso cual era la fórmula para liquidarla”.

Sobre este punto propuesto por el apelante, esta Sala de la Corte ha definido en repetidas oportunidades, que el ingreso base de liquidación no es el promedio del último año de servicios, dado que el demandante cotizó y laboró en vigencia de la Ley 100 de 1993, y como le faltaban más de diez (10) años, para cumplir los requisitos para acceder a la pensión de jubilación de la Ley 33 de 1985, pues la edad mínima la cumplió el 27 de julio de 2008, el ingreso base de liquidación se determina en este caso con el promedio de los salarios pagados por el banco demandado durante los últimos diez años de servicios, esto es, del 25 de junio de 1995 al 24 de junio de 2005, conforme a la Ley 100 de 1993 artículo 21, con la consiguiente indexación anual.

Así lo ha sostenido la reiterada jurisprudencia de esta Sala, entre otras, en la sentencia del 6 de marzo de 2011, Radicado 40552, en la cual se dijo:

“Como quedó visto en sede de casación, para el caso de quienes les faltaba ‘menos’ de 10 años para adquirir el derecho de la pensión, al momento en que entró a regir el sistema general de pensiones, se les aplica a fin de establecer el IBL, las reglas contenidas en el inciso 3º del artículo 36 de la citada Ley 100. Empero, para quienes les faltare ‘más’ de 10 años, el IBL será el previsto en el artículo 21 ibídem, norma que el censor también enunció en la proposición jurídica del cargo, esto es, el “promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión”, o el promedio del ingreso base de cotización, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del afiliado, si resulta superior al anterior, siempre y cuando este haya cotizado 1250 semanas como mínimo.

Así las cosas, descendiendo a la situación pensional del demandante, para cuantificar el ingreso base de liquidación de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, se tomará el promedio de lo devengado y sobre lo cual hubiera cotizado el afiliado, durante los 10 años que anteceden al reconocimiento de la pensión, que equivale a 3.600 días; se identifica la última cotización del accionante, que en este caso corresponde al 1º de febrero de 1995, y a partir de ella, se efectúa un conteo —retrocediendo en la historia laboral o salarial— que obra en el expediente a folios 9-10, 16-21, 24, 26-31, 55-59, 65-68, 72-73, 79-84 y 87, hasta completar un lapso igual a 10 años de tiempo cotizado, que se remonta en esta ocasión al 1º de enero de 1984. Dichos salarios base se actualizan a la fecha de la pensión, que lo es el 25 de mayo de 2004, y se promedian. Su sumatoria constituye el IBL”.

Pues bien, hechas las operaciones respectivas, se tiene lo siguiente:

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DesdeHastaDíasSalario devengadoSalario indexadoPromedio
25/06/199530/06/19956$ 1.142.383,00$ 4.057.575,59$ 6.762,63
01/07/199530/07/199530$ 366.587,00$ 1.302.062,85$ 10.850,52
01/08/199530/08/199530$ 366.587,00$ 1.302.062,85$ 10.850,52
01/09/199530/09/199530$ 366.587,00$ 1.302.062,85$ 10.850,52
01/10/199530/10/199530$ 366.587,00$ 1.302.062,85$ 10.850,52
01/11/199530/11/199530$ 366.587,00$ 1.302.062,85$ 10.850,52
01/12/199530/12/199530$ 1.618.455,00$ 5.748.512,98$ 47.904,27
01/01/199630/01/199630$ 496.206,30$ 1.475.255,09$ 12.293,79
01/02/199629/02/199630$ 496.206,30$ 1.475.255,09$ 12.293,79
01/03/199630/03/199630$ 496.206,30$ 1.475.255,09$ 12.293,79
01/04/199630/04/199630$ 496.206,30$ 1.475.255,09$ 12.293,79
01/05/199630/05/199630$ 496.206,30$ 1.475.255,09$ 12.293,79
01/06/199630/06/199630$ 1.469.934,30$ 4.370.214,68$ 36.418,46
01/07/199630/07/199630$ 508.439,30$ 1.511.624,63$ 12.596,87
01/08/199630/08/199630$ 508.439,30$ 1.511.624,63$ 12.596,87
01/09/199630/09/199630$ 508.439,30$ 1.511.624,63$ 12.596,87
01/10/199630/10/199630$ 508.439,30$ 1.511.624,63$ 12.596,87
01/11/199630/11/199630$ 508.439,30$ 1.511.624,63$ 12.596,87
01/12/199630/12/199630$ 2.084.800,30$ 6.198.253,13$ 51.652,11
01/01/199730/01/199730$ 600.333,30$ 1.467.317,76$ 12.227,65
01/02/199728/02/199730$ 600.333,30$ 1.467.317,76$ 12.227,65
01/03/199730/03/199730$ 600.333,30$ 1.467.317,76$ 12.227,65
01/04/199730/04/199730$ 600.333,30$ 1.467.317,76$ 12.227,65
01/05/199730/05/199730$ 600.333,30$ 1.467.317,76$ 12.227,65
01/06/199730/06/199730$ 1.823.296,30$ 4.456.449,53$ 37.137,08
01/07/199730/07/199730$ 615.690,30$ 1.504.852,91$ 12.540,44
01/08/199730/08/199730$ 615.690,30$ 1.504.852,91$ 12.540,44
01/09/199730/09/199730$ 615.690,30$ 1.504.852,91$ 12.540,44
01/10/199730/10/199730$ 615.690,30$ 1.504.852,91$ 12.540,44
01/11/199730/11/199730$ 615.690,30$ 1.504.852,91$ 12.540,44
01/12/199730/12/199730$ 2.566.223,30$ 6.272.290,80$ 52.269,09
01/01/199830/01/199830$ 723.775,30$ 1.503.201,91$ 12.526,68
01/02/199828/02/199830$ 723.775,30$ 1.503.201,91$ 12.526,68
01/03/199830/03/199830$ 723.775,30$ 1.503.201,91$ 12.526,68
01/04/199830/04/199830$ 723.775,30$ 1.503.201,91$ 12.526,68
01/05/199830/05/199830$ 723.775,30$ 1.503.201,91$ 12.526,68
01/06/199830/06/199830$ 2.185.027,30$ 4.538.062,05$ 37.817,18
01/07/199830/07/199830$ 742.835,30$ 1.542.787,44$ 12.856,56
01/08/199830/08/199830$ 742.835,30$ 1.542.787,44$ 12.856,56
01/09/199830/09/199830$ 742.835,30$ 1.542.787,44$ 12.856,56
01/10/199830/10/199830$ 742.835,30$ 1.542.787,44$ 12.856,56
01/11/199830/11/199830$ 742.835,30$ 1.542.787,44$ 12.856,56
01/12/199830/12/199830$ 3.057.826,30$ 6.350.769,85$ 52.923,08
01/01/199930/01/199930$ 849.827,30$ 1.512.383,69$ 12.603,20
01/02/199928/02/199930$ 849.827,30$ 1.512.383,69$ 12.603,20
01/03/199930/03/199930$ 849.827,30$ 1.512.383,69$ 12.603,20
01/04/199930/04/199930$ 849.827,30$ 1.512.383,69$ 12.603,20
01/05/199930/05/199930$ 849.827,30$ 1.512.383,69$ 12.603,20
01/06/199930/06/199930$ 2.600.999,30$ 4.628.833,33$ 38.573,61
01/07/199930/07/199930$ 872.668,30$ 1.553.032,37$ 12.941,94
01/08/199930/08/199930$ 872.668,30$ 1.553.032,37$ 12.941,94
01/09/199930/09/199930$ 872.668,30$ 1.553.032,37$ 12.941,94
01/10/199930/10/199930$ 872.668,30$ 1.553.032,37$ 12.941,94
01/11/199930/11/199930$ 872.668,30$ 1.553.032,37$ 12.941,94
01/12/199930/12/199930$ 3.437.460,30$ 6.117.429,87$ 50.978,58
01/01/200030/01/200030$ 947.169,30$ 1.543.157,45$ 12.859,65
01/02/200029/02/200030$ 947.169,30$ 1.543.157,45$ 12.859,65
01/03/200030/03/200030$ 947.169,30$ 1.543.157,45$ 12.859,65
01/04/200030/04/200030$ 947.169,30$ 1.543.157,45$ 12.859,65
01/05/200030/05/200030$ 947.169,30$ 1.543.157,45$ 12.859,65
01/06/200030/06/200030$ 2.922.227,30$ 4.760.982,89$ 39.674,86
01/07/200030/07/200030$ 972.931,30$ 1.585.129,70$ 13.209,41
01/08/200030/08/200030$ 972.931,30$ 1.585.129,70$ 13.209,41
01/09/200030/09/200030$ 972.931,30$ 1.585.129,70$ 13.209,41
01/10/200030/10/200030$ 972.931,30$ 1.585.129,70$ 13.209,41
01/11/200030/11/200030$ 972.931,30$ 1.585.129,70$ 13.209,41
01/12/200030/12/200030$ 3.842.175,30$ 6.259.790,56$ 52.164,92
01/01/200130/01/200130$ 962.494,00$ 1.441.978,07$ 12.016,48
01/02/200128/02/200130$ 962.494,00$ 1.441.978,07$ 12.016,48
01/03/200130/03/200130$ 962.494,00$ 1.441.978,07$ 12.016,48
01/04/200130/04/200130$ 962.494,00$ 1.441.978,07$ 12.016,48
01/05/200130/05/200130$ 962.494,00$ 1.441.978,07$ 12.016,48
01/06/200130/06/200130$ 3.176.230,00$ 4.758.527,32$ 39.654,39
01/07/200130/07/200130$ 991.369,00$ 1.485.237,68$ 12.376,98
01/08/200130/08/200130$ 991.369,00$ 1.485.237,68$ 12.376,98
01/09/200130/09/200130$ 991.369,00$ 1.485.237,68$ 12.376,98
01/10/200130/10/200130$ 991.369,00$ 1.485.237,68$ 12.376,98
01/11/200130/11/200130$ 991.369,00$ 1.485.237,68$ 12.376,98
01/12/200130/12/200130$ 3.866.339,00$ 5.792.426,80$ 48.270,22
01/01/200230/01/200230$ 991.369,00$ 1.379.738,03$ 11.497,82
01/02/200228/02/200230$ 991.369,00$ 1.379.738,03$ 11.497,82
01/03/200230/03/200230$ 991.369,00$ 1.379.738,03$ 11.497,82
01/04/200230/04/200230$ 991.369,00$ 1.379.738,03$ 11.497,82
01/05/200230/05/200230$ 991.369,00$ 1.379.738,03$ 11.497,82
01/06/200230/06/200230$ 3.271.518,00$ 4.553.135,92$ 37.942,80
01/07/200230/07/200230$ 1.021.110,00$ 1.421.130,07$ 11.842,75
01/08/200230/08/200230$ 1.021.110,00$ 1.421.130,07$ 11.842,75
01/09/200230/09/200230$ 1.021.110,00$ 1.421.130,07$ 11.842,75
01/10/200230/10/200230$ 1.021.110,00$ 1.421.130,07$ 11.842,75
01/11/200230/11/200230$ 1.021.110,00$ 1.421.130,07$ 11.842,75
01/12/200230/12/200230$ 3.982.329,00$ 5.542.407,29$ 46.186,73
01/01/200330/01/200330$ 1.021.110,00$ 1.328.248,65$ 11.068,74
01/02/200328/02/200330$ 1.021.110,00$ 1.328.248,65$ 11.068,74
01/03/200330/03/200330$ 1.021.110,00$ 1.328.248,65$ 11.068,74
01/04/200330/04/200330$ 1.021.110,00$ 1.328.248,65$ 11.068,74
01/05/200330/05/200330$ 1.021.110,00$ 1.328.248,65$ 11.068,74
01/06/200330/06/200330$ 3.369.663,00$ 4.383.220,54$ 36.526,84
01/07/200330/07/200330$ 1.051.743,00$ 1.368.095,72$ 11.400,80
01/08/200330/08/200330$ 1.051.743,00$ 1.368.095,72$ 11.400,80
01/09/200330/09/200330$ 1.051.743,00$ 1.368.095,72$ 11.400,80
01/10/200330/10/200330$ 1.051.743,00$ 1.368.095,72$ 11.400,80
01/11/200330/11/200330$ 1.051.743,00$ 1.368.095,72$ 11.400,80
01/12/200330/12/200330$ 4.101.798,00$ 5.335.573,70$ 44.463,11
01/01/200430/01/200430$ 1.051.743,00$ 1.284.709,85$ 10.705,92
01/02/200428/02/200430$ 1.051.743,00$ 1.284.709,85$ 10.705,92
01/03/200430/03/200430$ 1.051.743,00$ 1.284.709,85$ 10.705,92
01/04/200430/04/200430$ 1.051.743,00$ 1.284.709,85$ 10.705,92
01/05/200430/05/200430$ 1.051.743,00$ 1.284.709,85$ 10.705,92
01/06/200430/06/200430$ 3.580.784,00$ 4.373.947,33$ 36.449,56
01/07/200430/07/200430$ 1.083.295,00$ 1.323.250,79$ 11.027,09
01/08/200430/08/200430$ 1.083.295,00$ 1.323.250,79$ 11.027,09
01/09/200430/09/200430$ 1.083.295,00$ 1.323.250,79$ 11.027,09
01/10/200430/10/200430$ 1.083.295,00$ 1.323.250,79$ 11.027,09
01/11/200430/11/200430$ 1.083.295,00$ 1.323.250,79$ 11.027,09
01/12/200430/12/200430$ 4.224.851,00$ 5.160.678,71$ 43.005,66
01/01/200530/01/200530$ 1.083.295,00$ 1.254.295,61$ 10.452,46
01/02/200528/02/200530$ 1.083.295,00$ 1.254.295,61$ 10.452,46
01/03/200530/03/200530$ 1.083.295,00$ 1.254.295,61$ 10.452,46
01/04/200530/04/200530$ 1.083.295,00$ 1.254.295,61$ 10.452,46
01/05/200530/05/200530$ 1.083.295,00$ 1.254.295,61$ 10.452,46
01/06/200524/06/200524$ 3.388.941,00$ 3.923.893,13$ 26.159,29
Ingreso base de liquidación=$ 2.055.650,61
Porcentaje de pensión=75%
Valor primera mesada a 27 de julio de 2008=$ 1.541.737,96

Por lo tanto, como puede verse el ingreso base de liquidación actualizado de los últimos 10 años, asciende a la suma de $ 2.055.650,61 y, en consecuencia, la primera mesada pensional del demandante, a partir del 27 de julio de 2008, cuando cumplió 55 años de edad, arroja el valor de $ 1.541.737,96, que corresponde al 75% de dicho IBL.

Establecido el correcto monto de la mesada pensional que debió reconocérsele al actor, es decir de $ 1.541.737,96, las diferencias insolutas a cargo de la demandada causada entre el 27 de julio de 2008 y el 30 de enero de 2013, arrojan un total de $ 101.169.040,68, lo cual está reflejado en el siguiente cuadro:

AñoIPC Valor mesadaNº pagosValor mesadas/año
20087,67%$ 1.541.737,966,13$ 9.455.992,81
20092,00%$ 1.659.989,2613$ 21.579.860,36
20103,17%$ 1.693.189,0413$ 22.011.457,57
20113,73%$ 1.746.863,1413$ 22.709.220,78
20122,44%$ 1.812.021,1313$ 23.556.274,71
2013 $ 1.856.234,451$ 1.856.234,45
Total$ 101.169.040,68

Por consiguiente, el Banco Cafetero debe reconocerle al actor como mesada inicial de la pensión de jubilación oficial la suma de $ 1.541.737,96, a partir del 27 de julio de 2008, fecha en que cumplió los 55 años de edad.

Dicha pensión estará a cargo del banco hasta cuando el sistema general de pensiones asuma la pensión de vejez, momento a partir del cual solamente quedará a su cargo la diferencia entre una y otra si llegara a existir.

En cuanto a la condena que por concepto de intereses moratorios impuso el juez de primera instancia, la misma se mantendrá incólume comoquiera que en la sustentación del recurso de apelación, la apoderada de la demandada no manifestó ningún tipo de inconformidad sobre el particular, por lo que se entiende que se conformó con la misma, en tanto no atacó los argumentos que tuvo el juez de primera instancia para imponerla.

Por todo lo anotado, se modificará la sentencia de primera instancia, en cuanto fijó el monto de la pensión de jubilación reconocida al demandante en la suma de $ 1.569.680, mensuales, y en su lugar se fija el valor de $ 1.541.737,96, a partir del 27 de julio de 2008 y, como consecuencia de lo anterior, se condenará a la entidad demanda a pagarle al actor la cantidad de $ 101.169.040,68, por concepto de mesadas pensionales causadas, incluidas las adicionales, entre el 27 de julio de 2008 y el 30 de enero de 2013; siendo el monto de la pensión, a partir de esta última fecha el guarismo de $ 1.856.234,45 moneda corriente. En lo demás se confirmará.

La excepción de prescripción propuesta por la demandada, no está llamada a prosperar, pues si lo que se pretende es que tal fenómeno opere frente al derecho pensional, basta señalar que jurisprudencialmente se ha aceptado la imprescriptibilidad del mismo. Pero si su proposición se dirige hacia las mesadas pensionales causadas, es de advertir, que respecto de las mismas no ha trascurrido el término trienal consagrado en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, artículo 151, en la medida en que la reclamación administrativa fue presentada el 8 de marzo de 2010 (fls. 13 a 16) y la demanda lo fue el 23 de marzo de igual año (fl. 85).

Los demás medios exceptivos formulados quedaron implícitamente resueltos con lo decidido tanto en la sede de casación, como en la sede de instancia.

Sin costas en el recurso extraordinario por haber salido avante, la acusación que presentó la parte demandante recurrente. Las de primera instancia corren por cuenta de la parte vencida que es la entidad accionada, y en la segunda no se causaron.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley CASA la sentencia dictada el 30 de junio de 2011 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogotá, en el proceso que Guillermo García Tamayo promovió contra el Banco Cafetero - En Liquidación.

En sede de instancia MODIFICA la sentencia de primer grado proferida por el Juzgado Treinta y Dos Laboral del Circuito de Bogotá, del 9 de agosto de 2010, en cuanto fijó como monto inicial de la pensión reconocida al actor, la suma de $ 1.569.680, mensuales, y en su lugar se fija el valor de $ 1.541.737,96, a partir del 27 de julio de 2008 y, como consecuencia de lo anterior, se condenará a la entidad demanda a pagarle al actor la cantidad de $ 101.169.040,68, por concepto de mesadas pensionales causadas, incluidas las adicionales, entre el 27 de julio de 2008 y el 30 de enero de 2013; siendo el monto de la pensión a partir de esta última fecha el guarismo de $ 1.856.234,45, moneda corriente. Se CONFIRMA en lo demás.

Costas se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».