Sentencia 53128 de mayo 2 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 53128

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Recurso de Anulación

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «VI. Se considera

A. La impugnación de la empresa

1. Constitución Tribunal de Arbitramento.

En primer término la empresa recurrente cuestiona la constitución del Tribunal de Arbitramento, por lo siguiente: (i) Que no se levantó acta final de terminación de la etapa de arreglo directo como lo dispone el artículo 436 del Código Sustantivo de Trabajo; (ii) Que no está acreditado que la solicitud de arbitramento se hubiera votado en asamblea de trabajadores dentro de los 10 días hábiles siguientes a la finalización de la etapa de arreglo directo, conforme a lo previsto en el artículo 444 del Código Sustantivo de Trabajo; (iii) Que se constituyó e instaló el tribunal sin que la etapa de arreglo directo hubiera llegado a su fin, además que la resolución del Ministerio de la Protección Social que ordenó su constitución, no suple la falta de la mencionada acta final; y (iv) Que el tribunal se extralimitó en sus funciones por fallar sin advertir previamente cuales fueron las diferencias no resueltas por las partes, precisamente por el incumplimiento de las formalidades para agotar la etapa de arreglo directo.

Al respecto cabe anotar, que según se puede observar, las omisiones o el incumplimiento de las formalidades propias del trámite del conflicto colectivo que la empresa está enrostrando, giran en torno a las presuntas irregularidades en la terminación de la etapa de arreglo directo y la consecuente convocatoria del arbitramento, que se debieron discutir ante el Ministerio de la Protección Social, que es a quien le corresponde verificar los pasos previos a la constitución del tribunal, los cuales para el caso en particular encontró satisfechos.

En efecto, en la resolución que para tal efecto se emitió 00003482 del 8 de septiembre de 2010 (fls. 36-38), la citada autoridad del trabajo entre otros puntos dejó sentado: “Que la etapa de arreglo directo se inició el día 20 de enero, fue prorrogada a partir del 9 de febrero y terminó el 28 de febrero de 2010, conforme a las actas y constancia del depósito de terminación de dicha etapa por parte del presidente de la mencionada organización sindical, obrantes dentro del expediente (fls. 5-9)”; que en asamblea general de los trabajadores afiliados a Sintraime - seccional Barranquilla celebrada el 7 de marzo de 2010, realizada “en acatamiento a lo dispuesto en el numeral 1º, del literal b) del artículo 452 del Código Sustantivo de Trabajo modificado por el artículo 19 de la Ley 584 de 2000, someten el conflicto colectivo de trabajo a la decisión de un Tribunal de Arbitramento Obligatorio” habiéndose allegado la documental respectiva; y que por reunirse los presupuestos de ley, era procedente acoger la solicitud de convocatoria del tribunal para asuntos como este “cuando la totalidad de las peticiones de los trabajadores en el conflicto colectivo de trabajo no han sido resueltas en la etapa de arreglo directo”; quedando de esta manera definidos los aludidos aspectos procesales.

La Corte Suprema de Justicia desde antaño ha enseñado que esta Sala y los árbitros no tienen la facultad de estudiar la legalidad y validez de las actuaciones surtidas en el desarrollo de un conflicto colectivo de estirpe económica previas a la instalación del Tribunal de Arbitramento, toda vez que su cuestionamiento debió hacerse ante el propio Ministerio de la Protección Social; al igual que para someter a un examen de tales características los ‘actos administrativos’ emanados de esa autoridad de trabajo que fueron expedidos en el curso del procedimiento legal de solución del diferendo colectivo de trabajo, cuyo control de legalidad está en cabeza de la jurisdicción especializada.

En lo concerniente a este último tópico, en sentencia de 30 de julio de 1998 Radicación 11.261, reiterada, entre otras, en decisiones de 31 de marzo de 2004 y 17 de octubre de 2008, radicaciones 23.556 y 36.147, respectivamente y, más recientemente en el fallo de anulación del 29 de noviembre de 2011 Radicado 49862, esta Sala sostuvo su incompetencia para pronunciarse acerca de vicios e irregularidades que se pudieron cometer en el trámite del conflicto colectivo de trabajo. En esa oportunidad, así razonó:

“... En efecto, respecto de la cuestión jurídica planteada en el recurso en diferentes oportunidades ha sostenido que los arbitradores no tienen la facultad de revisar la legalidad del “decreto de convocatoria” del tribunal, ni tampoco es el recurso extraordinario de homologación el instrumento ni la oportunidad para ejercer dicho control de legalidad. Al efecto basta citar los proveídos de 3 de mayo de 1996 (Gaceta Judicial, Tomo CCXXXV, pp. 239-245), 25 de julio de 1996 (Rad. 9033), 26 de febrero de 1997 (Rad. 9735), 30 de septiembre de 1997 (Rad. 10338), 6 de octubre de 1997 (Rad. 10263) y 9 de octubre de 1997 (Rad. 10381).

“La presunción de legalidad del acto administrativo mediante el cual el Ministerio de Trabajo ordena constituir un tribunal especial de arbitramento para que dirima un conflicto colectivo suscitado en una empresa que realiza actividades calificadas como de servicio público, o en cualquiera otro de los casos en los cuales es dado convocar tribunales de arbitramento obligatorio, impiden que los arbitradores puedan desconocer la orden de convocatoria; y tampoco la jurisdicción ordinaria es la encargada de juzgar sobre la legalidad de ese acto administrativo, o de cualquiera otro de los que eventualmente deba proferir dicho ministerio para resolver los recursos que hayan podido interponer las partes enfrentadas en el conflicto.

“El artículo 143 del Código Procesal del Trabajo es claro al fijar la competencia que se tiene dentro del trámite del denominado por la ley recurso de homologación, y que se reduce a verificar “la regularidad del laudo”; control sobre el fallo arbitral que actualmente permite a la Corte, en cuanto sustituyó en sus funciones al extinguido Tribunal Supremo del Trabajo, declararlo exequible, “confiriéndole fuerza de sentencia, si el Tribunal de Arbitramento no hubiere extralimitado el objeto para el cual se le convocó” (se subraya), o anularlo si se extralimitó al proferirlo.

“Por ser claro el sentido de la ley, en obedecimiento a la regla de interpretación establecida en el artículo 27 del Código Civil, no debe desatenderse su tenor literal a pretexto de consultar un supuesto sentido recóndito, dado que no hay ninguna expresión oscura que deba ser interpretada recurriendo a una intención o espíritu diferente al sentido que resulta de la literalidad de la norma.

“Es por ello que no le compete a la Corte indagar si corresponden o no a la verdad los asertos que hace la recurrente de haber sido equivocadamente adoptado el pliego de peticiones, o indebidos la convocatoria del Tribunal de Arbitramento y el nombramiento del árbitro designado por la organización sindical, sin que ello implique, desde luego, negar la vigencia de las normas relativas a la integración y constitución de esta clase de tribunales.

“Lo que en verdad ocurre, y para esta Sala no existe la menor duda sobre el punto de derecho, es que la competencia para conocer de la legalidad o ilegalidad de un acto administrativo está exclusivamente asignada a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues solo de manera excepcional le ha sido atribuida a la Corte Suprema de Justicia el juzgamiento de actos administrativos, a manera de ejemplo cabe citar los proferidos por el Consejo de Estado (CCA art. 128, ord. 16, inc. 2º) y la elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral (ibídem, art. 231, par.)”.

En este orden de ideas, resulta patente que la sociedad impugnante debió controvertir en la instancia pertinente, a través de los recursos y demás medios de defensa, las actuaciones y actos administrativos proferidos por el Ministerio de la Protección Social, habida cuenta que el recurso de anulación no es el escenario propicio para hacerlo.

De suerte que, al no corresponderle a esta corporación pronunciarse sobre las presuntas irregularidades endilgadas por la empresa y a las cuales se ha hecho mención, no es dable anular el laudo arbitral en los términos pretendidos para este punto, ya que como se explicó son materias que escapan de la competencia trazada por la ley laboral.

2.- Competencia del Tribunal de Arbitramento.

En segundo lugar, la empresa manifestó su inconformidad con el término que emplearon los árbitros para proferir el laudo, pues sostiene que la decisión se dictó extemporáneamente dos meses y un día después de instalado el tribunal, es decir, vencidos los diez (10) días que señala el artículo 459 del Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo 188 del Decreto 1818 de 1998, lo cual conduce a la carencia de competencia para decidir y a la anulación total del laudo.

Debe comenzar la Sala por advertir, que la citada norma y el artículo 135 del Código Procesal del Treabajo y de la Seguridad Social, compilado este último por el artículo 177 del Decreto 1818 de 1998, disponen: “Término para fallar. Los árbitros proferirán el fallo dentro del término de diez (10) días, contados desde la integración del tribunal. Las partes podrán ampliar este plazo”,

Lo anterior quiere decir, que el laudo arbitral ha de proferirse dentro del término de los diez (10) días que estatuyen dichos preceptos legales o dentro de la prórroga que convengan las partes. Debe aclararse, que tratándose de arbitramentos obligatorios, como en este caso ocurre, esa facultad de ampliar el plazo para decidir, también la tiene el Ministerio de la Protección Social. Vencidos estos plazos, cesa la misión arbitral y el laudo extemporáneo carece de validez por incompetencia de jurisdicción.

La Sala en sentencia del 15 de septiembre de 2009 Radicado 40817, sobre esta temática, puntualizó lo siguiente:

“... Esta corporación, en desarrollo del artículo 135 del Código de Procedimiento Laboral, de tiempo atrás clarificó el asunto aquí propuesto. Mediante fallo de 5 de noviembre de 1992, Radicación 5651, precisó:

En cuanto al término para proferirse el laudo, se tiene:

a) Debe ser dictado dentro de los diez días contados desde la integración del tribunal.

b) El plazo puede ser ampliado por las partes en conflicto y tratándose de arbitramentos obligatorios, que es el caso, esa facultad también la tiene el Ministerio de Trabajo.

c) La solicitud de prórroga o ampliación debe ser presentada antes de la expiración del plazo inicial o de una prórroga previa, aún cuando la concesión se haga después del vencimiento de dichos términos.

“Con el cumplimiento de estos requisitos se estima que un laudo arbitral no adolece del vicio de la extemporaneidad y no afecta, por lo tanto, uno de los presupuestos procesales comunes como lo es de la competencia.

Esta Sala de la Corte en sentencia de homologación del 20 de agosto de 1970 se expresó así:

Por ser la actividad de los árbitros, dentro de los conflictos laborales colectivos sujetos a su decisión, una actividad que no es permanente, sino transitoria y ocasional, ella está condicionada a que el pronunciamiento de sus fallos se haga no en cualquier tiempo sino dentro de las precisas circunstancias de temporaneidad rigurosamente establecidas en la ley. Así, si el tribunal arbitral se convoca, integra y constituye debidamente y si pronuncia el fallo, además, en la oportunidad legal, habrá obrado entonces con plenitud de jurisdicción, sin que pueda dudarse entonces de su competencia al dirimir el conflicto. (G. J., CXXXV, 427).

Y con anterioridad la corporación había consignado esta enseñanza:

En relación a la jurisdicción y competencia de los árbitros en los conflictos laborales, los artículos 459 del Código Sustantivo del Trabajo y 135 del Código de Procedimiento Laboral disponen que ellos deben proferir el fallo dentro del término de diez (10) días, contados desde la integración del tribunal, plazo que es susceptible de ser prorrogado o ampliado siempre que la solicitud de prórroga se haga antes de expirar el plazo preclusivo que la ley concede al tribunal para pronunciar su fallo. (G. J., Tomo 127, pág. 52)”.

Siguiendo las directrices precedentes, la solicitud para ampliar el término legal en comento, debe ser presentada antes de la expiración del plazo inicial o de una prórroga previa, además contar con la autorización de las partes o del Ministerio de la Protección Social cuando se trate de un arbitramento obligatorio, que son quienes están facultados por la ley para conceder esos plazos.

Descendiendo al asunto a juzgar, ninguna validez puede restársele al laudo que dictó el Tribunal de Arbitramento, ya que, contrario a la extemporaneidad que aduce la sociedad recurrente, el mismo se ajustó al cumplimiento de los plazos de ley y a las prórrogas que le concedieron las partes en conflicto, conforme a lo previsto en los artículos 459 del Código Sustantivo de Trabajo y 135 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Ciertamente, el tribunal se instaló el 27 de julio de 2011 según se observa en el acta 01 de esa fecha (fl. 1-4, cdno. ppal.), y por consiguiente, el término para emitir el laudo vencía el 9 de agosto de igual año. Antes de esa última data, los árbitros solicitaron una primera prórroga por 10 días hábiles que se extendía hasta el 24 de agosto de 2011, tal como aparece en el acta 2 del día 1º de ese mes y año (fls. 7-12), la que fue concedida por el sindicato en esa misma sesión y por la empresa dentro del acta 4 correspondiente a la reunión llevada a cabo el 4 de agosto de 2011 (fls. 81-85 vto.).

Del mismo modo, con antelación al vencimiento de la primera prórroga, se reunió el Tribunal de Arbitramento el 22 de agosto de 2011 y decidió solicitar otra prórroga de 20 días hábiles hasta el 21 de septiembre de la misma anualidad, con el propósito de poder practicar una inspección ocular en las instalaciones de Comdistral S.A. por considerarla necesaria, conforme a lo señalado en el acta 7 (fl. 144 y vto.), para lo cual se informó al Ministerio de la Protección Social (fl. 145) y se solicitó autorización a las partes con las misivas de folios 146 y 147. Aun cuando las partes no dieron respuesta al pedimento de los árbitros, su presencia y colaboración en la práctica de la diligencia de inspección ocular el 5 de septiembre de 2011, incluso representada la empresa por su abogado, como se lee en el acta 8 (fls. 162-166), son claros indicativos de la aceptación de la ampliación del término.

Igualmente existe constancia de la secretaria del Tribunal de Arbitramento que data del 20 de septiembre de 2011, obrante a folio 171, que informa de los quebrantos de salud e incapacidad del árbitro designado por la empresa, y por este motivo en reunión efectuada en la misma fecha con los otros dos árbitros, dicho tribunal solicitó a las partes un tercer plazo adicional de 10 días hábiles que vencía el 5 de octubre de 2011 para poder dictar el laudo, ello de acuerdo al acta 9 de folio 172. Esta petición fue acogida por el sindicato con la comunicación del 21 de septiembre de 2011, en la cual manifestó “... autorizamos la prórroga en los términos solicitados” (fl. 176), y por la empresa con la carta de igual fecha en la que expresó “... no tenemos ningún inconveniente para que se proceda con esta solicitud”. Esta aceptación de ambas partes, ratifica el consentimiento de las prórrogas anteriores, que como quedó visto, se solicitaron en tiempo por el Tribunal de Arbitramento.

Así las cosas, teniendo en cuenta la secuencia de los actos procesales que se surtieron en el trámite del proceso arbitral y que se acaban de reseñar, queda al descubierto que por haberse proferido el laudo objeto de los recursos de anulación impetrados durante la última de las prórrogas que admitieron las partes, esto es el 27 de septiembre de 2011 (acta 10, fls. 178-189) y, aclarado el mismo en sesiones del 28 de septiembre y el 11 de octubre de igual año (fls. 192 y 226), sumado a la justificación válida que tuvieron los plazos adicionales que se presentaron, fácil resulta inferir que el fallo se dictó dentro del término establecido legalmente, sin que el tribunal hubiera perdido en momento alguno su competencia, siendo en consecuencia improcedente la aspiración de que se anule totalmente el laudo.

3. Grave situación financiera o económica de la empresa.

La empresa se duele del reconocimiento que hicieron los árbitros de ciertas cláusulas económicas, bajo el argumento que resultan notoriamente inequitativas, dada la grave o crítica situación financiera que viene atravesando la compañía y que aparece debidamente acreditada en los autos, y solicita la nulidad de los artículos 4º, 6º parcialmente, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26 y 34 del laudo arbitral. En lo que tiene que ver con la cláusula 6º relativa al aumento de salario, frente a la cual la empresa pide su anulación parcial, por cuestiones de método se estudiará conjuntamente con el recurso del sindicato que igualmente la impugnó.

Ahora bien, primeramente cabe recordar, que en sede de anulación, a la Corte solamente le es permito injerirse en los pronunciamientos de los árbitros, cuando se exhiban abierta, franca y protuberantemente inequitativos, o desconozcan derechos mínimos de los trabajadores o vulneren derechos constitucionales o legales de las partes.

Los árbitros al dirimir el conflicto colectivo de trabajo de estirpe económica o de intereses, se encuentran facultados para pronunciarse sobre todos los puntos del pliego de peticiones que no fueron objeto de arreglo directo por las partes, y no obstante gozan de un generoso marco de acción en la búsqueda de la paz laboral a través de una solución justa y al compás de los criterios de equidad, la verdad es que no es dable que estos impongan cargas a espaldas de la realidad económica de la empresa, que comprometan la subsistencia de la misma.

En efecto, aún cuando el Tribunal de Arbitramento tiene la potestad de aumentar la cuantía de las prestaciones o beneficios extralegales, e, incluso, también para crear nuevos derechos, tiene el deber de observar las circunstancias objetivas, sociales y económicas que rodean el conflicto, ponderando los argumentos de una y otra parte, porque de no ser así podría conllevar su anulación.

Bajo esta perspectiva, al analizar el caso en particular, se tiene que en el plenario se encuentra demostrada la insoslayable realidad económica de la sociedad recurrente, que el propio tribunal verificó durante el trámite del proceso arbitral, hasta el punto de que expresamente en las consideraciones del laudo dijo: “Actualmente, la empresa Comdistral S.A. se encuentra atravesando una grave situación económica, que se desprende de los balances e informe presentado por el representante legal de la empresa Álvaro Espinel Quintero y la carta de fecha marzo 26 de 2011 presentado por la señora Alix Sánchez Correa en su calidad de revisora fiscal, donde da cuenta del patrimonio negativo que tiene la empresa...”, situación que se extrae de la prueba documental de folios 102 a 122 del cuaderno principal y de lo certificado por el revisor fiscal de la compañía según la comunicación de folios 168 a 170 ibídem, probanzas que muestran un estado financiero deplorable de la compañía, valga decir, para el 31 de diciembre de 2010: un “capital de trabajo negativo, -3.220.121.495, razón corriente inferior a 1,0,63, endeudamiento total de 57 %, margen de utilidad negativo de -17,07 %”, y para febrero 28 de 2011: un “capital de trabajo negativo, -3.985.502.402, razón corriente inferior a 1,0,52, un endeudamiento total del 57 %, una margen de utilidad negativo de -109,29 %”, para una pérdida que asciende a la suma de tres mil ciento dieciséis millones ochocientos doce mil trescientos veintiocho pesos ($ 3.116.812.328).

En el acta 4 del 4 de agosto de 2011, se lee que el representante legal de la empresa al hacer referencia a la parte financiera, informa al tribunal que “Comdistral S.A., tiene la (sic) agravante de que posee unas instalaciones supe dimensionadas cuyo costo de sostenimiento es alto paga mensualmente en estos momentos 70.000.000 por arriendo y carga como depreciación mensual a su balance unos 58.000.000. Esto como consecuencia de la depreciación de sus naves y equipos muchos de los cuales no han sido utilizados desde que abrió la sociedad su operación porque proyectos que se realizaban en la antigua empresa distral ahora le son esquivos a Comdistral. Continuando con la parte financiera la empresa ha registrado en el 2009 y 2010 pérdidas acumuladas por unos 2.800.000.000 y en lo corrido del año a junio 30 se suman unos 700.000.000 más de pérdida, esto ha llevado a que el patrimonio que al 2008 se encontraba en 9.500.000.000 a la fecha haya disminuido a unos 6.000.000.000...” (fls. 84 y 85); y en el acta 5 del 5 de agosto de 2011, el mismo representante de la empresa precisó que: “Esto como consecuencia de presentar pérdidas acumuladas de los periodos 2009, 2010 y julio 2011 por unos $ 3.535.000.000 (tres mil quinientos treinta y cinco millones de pesos), igualmente y como consecuencia de lo anterior el valor intrínseco de la acción ha disminuido de 1.182 pesos a 709 pesos” (fls. 99-101 vto.).

Y la resolución de la Superintendencia de Sociedades 630-000133 de fecha 24 de mayo de 2010, obrante a folios 86 a 97, también da cuenta de la difícil situación económica de la empresa Comdistral S.A., pues dentro de la investigación que se adelantó aparece un diagnostico de la situación financiera de la compañía que puso de presente sus pasivos por obligaciones laborales, de seguridad social y de índole financiero, que poco a poco se vienen solventando, siendo por ahora viable su recuperación.

Esta realidad que antecede debió sopesarla el Tribunal de Arbitramento al momento de estudiar cada uno de los puntos del pliego de peticiones, respecto de los cuales la empresa al cierre de la etapa de arreglo directo no llegó a ningún acuerdo, tal como se colige de la documental de folios 141 a 143, en la que la empresa puso de manifiesto su imposibilidad para conceder los beneficios, auxilios, incrementos y prestaciones extralegales solicitados por la organización sindical, precisamente por las deudas a corto plazo que aseveró para ese momento “ascienden a seis mil millones de pesos M.L. ($ 6.000.000.000)”; y en estas condiciones, no es de recibo lo expuesto en el laudo en el sentido de que la ‘grave’ situación financiera de la sociedad Comdistral S.A., “no es razón para que este tribunal no pueda estudiar y analizar el pliego de peticiones presentados por los trabajadores y proferir el fallo que corresponda en aras de mejorar sus condiciones laborales que supere el mínimo que tienen a través de las leyes sustantivas laborales” dejando de lado dicha circunstancia, que como se verá más adelante, al tenerla en cuenta la Corte, determina que algunas de las cláusulas impugnadas efectivamente afectan la supervivencia y recuperación económica de la empresa, lo que amerita la nulidad de las mismas.

Antes de entrar a definir, que artículos del fallo censurado pueden atentar contra la sostenibilidad financiera de la sociedad recurrente, es necesario previamente señalar que de las pruebas obrantes en el expediente, se desprende que en esta oportunidad se trata del laudo arbitral que define el primer pliego de peticiones presentado por el sindicato nacional de trabajadores de la industria metalmecánica, metálica, metalúrgica, siderúrgica, electrometálica, ferroviaria, transportadora y comercializadoras del sector “sintraime”, seccional Barranquilla, a la Compañía Colombiana de Ingeniería Metalmecánica S.A., Comdistral S.A., con el propósito de obtener una convención colectiva de trabajo; habida consideración que esta empresa es distinta a la antigua Distral Industrial S.A. que fue liquidada, pues así lo informan las partes al Tribunal de Arbitramento, concretamente la organización sindical a través de su presidente en reunión del 1º de agosto de 2011 (acta 2) en la que dijo: “El pliego de peticiones que fue presentado es de la empresa Comdistral S.A.... recoge unas mínimas condiciones para mejorar el nivel de vida de los trabajadores y teniendo en cuenta el talante a la empresa que le fue presentado que si bien es una empresa nueva es una estructura de una empresa que habla de 40 años por cuanto Comdistral fue el resultado de la liquidación de la empresa Distral Industrial S.A. que colapsó (...) en el proceso liquidatorio a finales del año 2003 se hace la dación en pago de las instalaciones y equipos de Distral Industrial, es decir activos que nosotros recibimos de manera proindiviso los cuales aportamos como capital para constituir a Comdistral S.A., adquiriendo la calidad de socios fundadores...” (fls. 7-11 vto.); lo cual coincide con lo expuesto por el representante legal de Comdistral S.A. en reunión del 4 de agosto de 2011 (acta 4), en el sentido de que por el cierre y liquidación de la anterior Empresa Distral Industrial S.A. “Como filosofía el sindicato y las directivas de la nueva sociedad que creamos denominada Comdistral S.A., siempre fue la de además de recuperar las acreencias laborales con el recibo de bienes en dación de pago que recibimos del liquidador y de la superintendencia era el de conformar y conservar una fuente de empleo para los socios que podían vincularse a Comdistral como trabajadores y a la vez darle oportunidad a los hijos de los trabajadores. Estos objetivos se lograron, Comdistral vinculó a unos 165 socios a laborar en sus instalaciones porque el principio era conformar esta empresa para el beneficio de los mismos socios trabajadores y a la vez Comdistral logró formar unos 100 hijos de trabajadores como armadores soldadores, ayudantes, etc...” (fls. 81-88 vto.).

El hecho de que la empresa Comdistral S.A. es una sociedad nueva constituida en el año 2003, se corrobora con el certificado de existencia y representación legal que corre a folios 221 a 224 del cuaderno principal, en el que se deja constancia que su constitución lo fue por “escritura pública 2.611 del 24 de noviembre de 2003, otorgada en la Notaría 2 de Barranquilla, inscrito (as) en esta cámara de comercio, el 26 de noviebre de 2003 bajo el número 108,082 del libro respectivo”.

Volviendo a los puntos del pliego de peticiones presentado, que estrictamente interesan al recurso de anulación interpuesto por la empresa, excepto el artículo 6º relativo al aumento salarial que se estudiará conjuntamente con la impugnación del sindicato, los árbitros profirieron su decisión en los siguientes términos:

“Artículo cuarto (4º). Permisos sindicales: la empresa concederá 180 horas de permiso mensual sindical remunerado a los miembros de la junta directiva del sindicato Sintraime y a su comisión de reclamos, para cumplir con las actividades inherentes al sindicato. Igualmente se reconocerá permiso sindical remunerado para asistir a asambleas de delegados a aquellos trabajadores que salgan elegidos hasta dos (2) veces al año, en igual sentido para asistir a congresos de las organizaciones de segundo y tercer grado, por el tiempo que dure cada evento, sin que exceda de tres (3) trabajadores y en todo caso no serán trabajadores de la misma sección, para evitar que se afecte la producción de la empresa. Cuando una y otra actividad se realice fuera del departamento del Atlántico, la empresa le concederá viáticos a cada uno de los delegados, a razón de $100.000 diarios y los tiquetes aéreos de ida y regreso.

Artículo octavo (8º). Auxilio por muerte de un trabajador: En caso de muerte de un trabajador al servicio de la empresa y beneficiario del laudo arbitral que resultare del presente pliego, la misma otorgara un auxilio por la suma de $ 1.500.000, que serán entregados a los herederos reconocidos por la ley y que estén inscrito en la oficina de recursos humanos de la compañía.

Artículo noveno (9º). Auxilios por muerte de un familiar de un trabajador: En caso de muerte de los padres, esposa o compañera permanente o hijos legítimos o naturales reconocidos o hermanos que dependan económicamente del trabajador y que se encuentren inhabilitados o inhábiles para trabajar y que se beneficien del laudo arbitral, que resulte del presente pliego de peticiones, la empresa concede un auxilio por la suma de $ 250.000 durante la vigencia del laudo arbitral. Este auxilio se cancelara con la presentación del certificado de defunción expedido por la oficina correspondiente de la alcaldía distrital o municipal.

Artículo décimo (10). Auxilio de Matrimonio: La empresa reconocerá un auxilio por la suma de $200.000 al trabajador que contraiga matrimonio, suma que será entregada a este último, previa presentación del registro civil de esta ceremonia.

Artículo décimo primero (11). Auxilio de maternidad: En caso de nacimiento de un hijo del trabajador, con su esposa o compañera permanente e inscrita en la oficina de recursos humanos, la empresa reconocerá a este un auxilio por la suma de $ 200.000 por cada hijo que le nazca, suma esta que se entregara previa presentación del certificado de la entidad hospitalaria donde conste que la criatura nació vivo. Este auxilio se reconocerá en caso de aborto no provocado a partir del tercer mes de gestación, previa presentación de certificación médica.

Artículo decimosegundo (12): Auxilio de anteojos: Durante la vigencia del laudo arbitral resultante de este pliego de peticiones, la empresa auxiliaría al trabajador que se le haya prescrito anteojos por un especialista, con la suma de $ 90.000 pesos m/cte., con destino exclusivo a la compra de los anteojos. En caso de rotura o daño por accidente de trabajo debidamente comprobado, la empresa reconocerá una vez al año el valor correspondiente a este auxilio. La empresa dotara de vidrios de aumentos a las caretas de soldar y gafas para cortes, cuando el trabajador lo requiera.

Artículo decimotercero (13). Auxilio semana santa: Para los trabajadores que se encuentren al servicio de la empresa el día lunes de semana santa correspondiente al año 2010, la empresa reconocerá un auxilio por la suma de $ 50.000, con el pago de salario correspondiente de esa fecha.

Artículo decimocuarto (14) Auxilio de alimentación: Para los trabajadores que se beneficien del presente laudo arbitral, la empresa le reconocerá por cada día laborado un auxilio para alimentación por la suma de $ 3.750. Para tomar la alimentación, concederá un descanso remunerado de media (1/2) hora por turno de trabajo.

La empresa mejorará las condiciones locativas del actual comedor y dispondrá de equipos de conservación de alimentos.

Parágrafo. El horario para tomar la alimentación es el siguiente: turno a 12:00 m., turno b 6:00 p.m. y turno c 2.00 a.m.

Artículo decimoquinto (15). Auxilio educativo: Entre los trabajadores que se beneficien del presente laudo y/o sus hijos, la empresa le concederá 25 becas anuales para estudios universitarios, carreras técnicas, cursos de capacitación no inferior a 6 meses, en institutos o facultades aprobadas por el Estado colombiano, por la suma de $ 700.000 pesos anuales cada una, por la vigencia del laudo arbitral.

Por otra parte, la empresa concederá 38 becas anuales a razón de $ 150.000 pesos cada una, por la vigencia del laudo arbitral, para los trabajadores y/o sus hijos que cursen estudios de bachillerato.

El valor correspondiente a estas becas los entregará la empresa en los meses marzo y septiembre.

Las becas serán para uso de los trabajadores que se beneficien del presente laudo y/o sus hijos. Se entiende que si las becas no son utilizadas en su totalidad por los trabajadores, las restantes serán utilizadas por los hijos de estos.

Este auxilio se entregará una vez el trabajador presente el respectivo certificado de matrícula del semestre o año escolar a cursar.

El trabajador o hijo que pierda el semestre universitario o el año escolar, perderá el derecho a este auxilio.

En caso que el número de becas pactadas en uno y otro caso, no llegaren a alcanzar, para beneficiar a la totalidad de los aspirantes se tendrá en cuenta para su adjudicación los puntajes y calificaciones que aparezcan más altas entre los estudiantes que aspiran a estas becas.

Artículo decimosexto (16). Auxilio sindical: La empresa dará un auxilio de seis millones de pesos una sola vez durante la vigencia del laudo dentro de los treinta días a partir de la firma, para los gastos que demande la organización sindical, los cuales entregará a la tesorería del sindicato dentro de los primeros cinco días de cada mes.

Artículo decimoséptimo (17). Primas: Durante la vigencia del presente laudo arbitral, la empresa pagará las siguientes primas:

— Prima extralegal, dentro de los quince primeros días del mes de junio la empresa cancelara una prima extralegal de 15 días de salario a cada trabajador;

— Prima de navidad, dentro los primeros días del mes de diciembre, la empresa cancelará a sus trabajadores una prima extralegal de navidad de 15 días de salario a cada trabajador.

— Prima de vacaciones, la empresa cancelará una prima extralegal de vacaciones de 7 días de salario que el trabajador devengue en la fecha de disfrute de sus vacaciones.

Artículo décimo octavo (18). Préstamo por calamidad doméstica: En caso de calamidad doméstica, la empresa concederá un préstamo por valor de $ 500.000. Se entiende por calamidad doméstica, la enfermedad sufrida por la esposa o compañera permanente, hijos legítimos o naturales, por los padres o hermanos que se encuentre física y mentalmente incapaces para trabajar y dependan económicamente del trabajador. Así como examen de diagnósticos para clínicos, el incendio, pérdida de vivienda y el robo comprobado mediante copia del denuncio formulado. Este préstamo será cancelado en 10 meses sin intereses, descontado directamente del salario mensual del trabajador a quien se le haga el préstamo, quedando autorizado la empresa para hacer los correspondientes descuentos mensuales.

Artículo vigésimo segundo (22). Permiso y descansos remunerados: En caso de enfermedad de la esposa o compañera permanente, hijos y/o padres del trabajador, le empresa concederá dos (2) días hábiles de permiso remunerados, previa presentación de la constancia respectiva.

Artículo vigésimo tercero (23). Lunes y martes de carnaval y artículo vigésimo cuarto (24º). Sábado de gloria: La empresa podrá acordar jornadas de trabajo durante los días lunes y martes de carnaval, así como los sábado de gloria, y la remuneración por estas labores será liquidada como trabajo en días festivos, sin ser contabilizados estos días como hábiles en los periodos de disfrute de vacaciones, cuando las labores se presten en la ciudad de Barranquilla.

Artículo vigésimo quinto (25). Jornada de trabajo los días 24 y 31 de diciembre: La empresa concederá en los turnos B de los días 24 y 31 de diciembre media jornada de trabajo como permiso remunerado.

Artículo vigésimo sexto (26). Permiso de matrimonio: En caso de matrimonio de un trabajador, la empresa concederá 2 días hábiles como permiso remunerado.

Artículo trigésimo cuarto (34). La empresa Comdistral S.A. concederá permiso remunerado a los miembros de la comisión negociadora en representación de los trabajadores por el tiempo que dure la negociación y hasta el depósito del laudo arbitral en la regional del Ministerio de la Protección Social. La empresa editara el laudo arbitral en folletos que será entregado a cada trabajador y cincuenta folletos para el sindicato”.

Y conforme al acta 11 del 11 de octubre de 2011, el Tribunal de Arbitramento aclaró los artículos 13, 16, 23 y 24 del laudo (fls. 226 y 227), de la siguiente manera:

“... artículo 13 del laudo auxilio de semana santa. Se considera que es claro en el sentido que el auxilio hay (sic) consagrado no retroactivo sino a partir de la vigencia del laudo. En cuanto al artículo 16 auxilio sindical se amerita una aclaración en el sentido que la empresa dará un auxilio de $ 6.000.000 una sola vez durante la vigencia del laudo dentro de los treinta días a partir de la firma, para los gastos que demande la organización sindical. En cuanto al artículo 23 lunes y martes carnaval y 24 sábado de gloria se aclara que el permiso remunerado será otorgado durante esos días pero que cuando la empresa por necesidades de la producción requiera programar jornadas de trabajo durante esos días esta deberá remunerar esos días como si fuera trabajo en días festivos”.

Planteadas así las cosas, atendiendo las particularidades propias del presente conflicto existente entre Sintraime seccional Barranquilla y Comdistral S.A., se observa que el Tribunal de Arbitramento al tener en cuenta los intereses de los trabajadores, más no los de la empresa, y crear nueve beneficios contenidos en los siguientes artículos del laudo arbitral proferido el 27 de septiembre de 2011, que resultan manifiestamente inequitativos y desproporcionados, dada la situación económica y financiera de la sociedad, la Sala los deberá anular, el 4º, 12, 14 parcialmente, 15, 17, 22, 23, 24 y 34 parcialmente, como se pasa a explicar:

a) El artículo 4º, estipula permisos sindicales de 180 horas mensuales remuneradas a los miembros de la junta directiva del sindicato Sintraime y a la comisión de reclamos, a fin de que estos puedan cumplir actividades inherentes a la organización sindical, lo que se traduce en 22,5 días de permiso al mes, siendo en la práctica permisos permanentes que conllevan a que no exista la prestación del servicio por parte de estos trabajadores, lo cual resulta contrario a la finalidad de esta clase de beneficio, máxime que tratándose de los empleados de una empresa en crisis económica la mano de obra es de vital importancia para lograr su recuperación financiera, y por tanto tales permisos son exagerados, debiéndose anular dicha cláusula.

Lo dicho no obsta para que la empresa en aras del principio de lealtad, otorgue permisos sindicales remunerados a los miembros de la junta directiva o la comisión de reclamos, para poder atender las responsabilidades inherentes a la ejecución del derecho de asociación y libertad sindical, cuando lo requieran en los términos que encuentre razonablemente concederlos.

b) El artículo 12, señala un auxilio de anteojos, que en la forma que está concebido merma la capacidad económica de la empresa en crisis, y por consiguiente se anulará.

c) El artículo 14, consagra entre otros aspectos, el pago de un auxilio de alimentación para los trabajadores que se beneficien del laudo, el cual no resulta aconsejable por la grave situación económica de la empresa, y por ende se anulará parcialmente, en la parte de que se “reconocerá por cada día laborado un auxilio para alimentación por la suma de $ 3.750”.

d) El artículo 15, establece auxilios educativos para los trabajadores y/o sus hijos, representados en 25 becas anuales para estudios universitarios o carreras técnicas por la suma de $ 700.000 cada una, y 38 becas anuales a razón de $ 150.000 cada una para estudios de bachillerato; los cuales desde el punto de vista financiero desbordan los límites de la proporcionalidad y equidad, al convertirse en un carga exorbitante para una empresa con pérdidas económicas significativas, lo que amerita su anulación.

e) El artículo 17, instituye primas extralegales denominadas: prima extralegal de junio equivalente a 15 días de salario, prima extralegal de navidad de 15 días de salario, y prima extralegal de vacaciones por 7 días de salario; las que son representativas económicamente y el concederlas en este momento a cada trabajador, empeoraría la, ya difícil, situación financiera de la empresa, y por consiguiente se anulará.

f) El artículo 22, fijó permisos y descansos remunerados en caso de enfermedad de la esposa o compañera permanente, hijos y/o padres, previa presentación de la respectiva constancia. Y por virtud de que, esa cláusula alude a “enfermedad” sin especificar a cuál de ellas, ni exige al menos que tenga cierta incapacidad que requiera del acompañamiento del trabajador, siendo “permisos” creados de manera indefinida sin ninguna limitación, puede prestarse a excesos, trayendo consigo a que esta carga económica para la empresa es onerosa por tener la connotación de ser remunerados, situación que no se acompasa con el estado crítico financiero que atraviesa la compañía, y en consecuencia también se anulará.

g) Los artículos 23 y 24, que plasman en su orden permisos remunerados durante los días lunes y martes de carnaval y sábados de gloria, cuando las labores se presten en la ciudad de Barranquilla; deberán anularse por razón de que el estado financiero de la empresa no permite su reconocimiento, a más que son inequitativos por la misma situación económica del país, máxime que en nuestro calendario nacional hay un elevado número de días festivos para descansar.

h) El artículo 34, implanta un permiso remunerado a los miembros de la comisión negociara que actúan en representación de los trabajadores por el tiempo que dure la negociación, extendiéndolo hasta el depósito del laudo arbitral, y adicionalmente impone la obligación de la empresa de editar en folletos dicho laudo para ser entregados a los trabajadores y al sindicato. Como este permiso tiene justificación únicamente mientras duren las negociaciones, que atañe al tiempo que requiere la comisión para estudiar o discutir el pliego de peticiones o atender el desarrollo de las conversaciones y demás actuaciones hasta que se decida el conflicto, se anulará parcialmente la parte que mantiene el permiso “hasta el depósito del laudo arbitral en la regional del Ministerio de la Protección Social”, pues es obvio que en esta última fase mientras se espera cumplir con la formalidad legal del depósito, no se necesita de estar tal comisión negociadora en permiso remunerado, que implica cubrir salarios con afectación a la realidad económica de la compañía.

Como consecuencia de lo anterior, de los otros artículos atrás reseñados y también denunciados por la empresa recurrente, no se anularán el 8º, 9º, 10, 11, 13, 16, 18, 25 y 26, en la medida que si bien representan erogaciones económicas, no son de tal magnitud o descomunales frente a la delicada situación financiera de la empleadora, por lo siguiente:

— Los artículos 8º, 9º, 10, 11 y 26, relativos en su orden a los auxilios por muerte del trabajador o sus familiares tales como los padres, esposa o compañera permanente, hijos legítimos o naturales reconocidos y, hermanos que dependan económicamente del empleado y que se encuentren inhabilitados o inhábiles para trabajar; el auxilio y permiso remunerado por matrimonio que contraiga el trabajador; y, el auxilio por maternidad en caso de nacimiento de un hijo del empleado con su esposa o compañera permanente o aborto no provocado a partir del tercer mes de gestación; resultan equitativos, por corresponder todos ellos a actos de la vida con carácter eventual y ocasional, valga decir, que no son frecuentes o repetitivos en relación a cada trabajador, como tampoco gravan exageradamente al empleador por ser su reconocimiento equivalente a sumas módicas, y en estas condiciones no resienten la estabilidad económica de la empresa. En lo concerniente con las garantías que cubre la seguridad social integral, se encuentra que eventos tales como el nacimiento o fallecimiento de las personas, generan unas erogaciones para sus parientes más cercanos que superan los auxilios económicos previstos en la ley, lo cual justifica que hubieran sido concedidos los beneficios aquí analizados.

— Los artículos 13 y 25, que consagran respectivamente un auxilio de semana santa por valor de $ 50.000, a partir de la vigencia del laudo, para los trabajadores que se encuentren al servicio de la empresa el día lunes de esa semana, y un permiso remunerado de media jornada de trabajo para los turnos b de los días 24 y 31 de diciembre, respectivamente, no se muestran inequitativos ni excesivos para que la empresa no pueda soportar esa carga, que atañe a un único valor razonable a pagar en semana santa y a media jornada remunerada para los dos días de diciembre enunciados.

— El artículo 18, que creó un préstamo en caso de calamidad doméstica por valor de $ 500.000 a cancelar en 10 meses sin intereses, razonablemente no es posible tenerlo como desproporcionado de cara a la situación financiera que atraviesa la empresa, ya que se trata de una suma que no tiene una mayor significación económica y fundamentalmente porque ostenta el carácter de un ‘prestamo’, respecto del cual a la empleadora se le concede autorización para deducirlo del salario mensual del trabajador a quien se le otorgue con la finalidad de brindarle un apoyo, en caso de situaciones que no son muy frecuentes.

— Y el artículo 16, que tiene que ver con el auxilio sindical a cargo de la empresa y a favor de la organización sindical, por la suma de $ 6.000.000 a cancelar dentro de los 30 días siguientes a la firma del laudo arbitral; está ajustada, por corresponder a un pago por “una sola vez” y durante la vigencia del laudo, conforme se especificó en la aclaración al laudo (fl. 226), además que ese aporte tiene como finalidad que el sindicato pueda cumplir cabalmente sus funciones, siendo un valioso estímulo a la asociación sindical y a la negociación colectiva, cuyo reconocimiento está amparado por los artículos 39 y 55 de la Constitución Política, según se adoctrinó en sentencia de anulación del 25 de julio de 2006 Radicación 29962, en la que se precisó:

“... El tema relativo a los auxilios o aportes sindicales establecidos en un laudo arbitral, también ha sido analizado por la jurisprudencia de la Corte en su función de verificar su legalidad, para precisar que ellos sí resultan procedentes. En este caso, imponer la obligación a la empresa de otorgar sumas de dinero a la organización sindical, se muestra ajustada, pues los mismos sirven como mecanismo de capacitación y financiación para que el sindicato desarrolle su función, en procura de obtener unas mejores condiciones laborales de los trabajadores. Sobre el punto es pertinente recordar que esta corporación en sentencia de diciembre 9 de 2004, Radicación 25514, expuso:

“... en sentencias de octubre 26 de 1993, Radicación 6407, enero 22 de 1997, Radicación 9648 y últimamente en la del 15 de febrero de 2000, Radicación 14048, ha precisado sobre la competencia de los árbitros para imponer auxilios sindicales, en cuanto dijo:

“Los auxilios sindicales que los empresarios pueden otorgar a los trabajadores son una herramienta importante para el cabal cumplimiento de las variadas funciones asignadas a las organizaciones profesionales en los artículos 373 y 374 del código sustantivo del trabajo y una fuente de armónica colaboración y convivencia entre los dos protagonistas de las relaciones laborales. Ni la Constitución Política ni la Ley prohíben al empleador la concesión de esos beneficios cuando quiera que ellos están encauzados hacia los fines legales de gran significación social. Como lo ha adoctrinado la jurisprudencia, el Estado como patrono, dentro del diálogo social con sus interlocutores naturales, no está sujeto a la prohibición del artículo 355 de la Carta Fundamental, porque ella tiene una razón de ser y propósitos distintos, y además porque tales auxilios sindicales, por el contrario son un valioso estímulo a la asociación sindical y a la negociación colectiva, igualmente garantizados en los artículos 39 y 55 ibídem.

“Sobre este particular esta corporación el 26 de octubre de 1993 (Rad. 6407) analizó el punto aquí debatido, y posteriormente también se pronunció, entre otras, en sentencia, del día 22 de enero de 1997 (Rad. 9648), así:

“Es procedente recordar que el artículo 65 de la Carta garantiza el derecho a la negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley, sin que pueda entenderse válidamente que actualmente exista prohibición para su reconocimiento a través de un laudo arbitral, que se equipara a la convención colectiva en cuanto a las condiciones de trabajo.

“Otra cosa sería que a través de cláusulas obligacionales se establecieran beneficios o financiaciones directas para la organización sindical en perjuicio de sus afiliados sacrificando la posibilidad que estos tendrían de obtener mejores condiciones de trabajo...”.

4. Estabilidad - procedimiento disciplinario; y costumbre.

El Tribunal de Arbitramento sobre estos dos puntos decidió lo siguiente:

“Artículo vigésimo séptimo (27). Estabilidad: Para garantizar la estabilidad de los trabajadores, se llevará a cabo el siguiente procedimiento: para efectuar sanciones disciplinarias y despidos por justa causa, la empresa convocará al trabajador inculpado, el cual podrá hacerse acompañar de 2 representantes del sindicato dentro de los 3 días hábiles siguientes, de recibida la citación de la empresa, en cuya diligencia se levantará acta de cargos y descargos, con la participación de las partes. Si la decisión de la empresa afecta al trabajador, este podrá apelar ante el gerente de la empresa en efecto suspensivo, en el mismo acto, o dentro de los 3 días siguientes a la diligencia de descargos. No surtirá efecto la sanción o el despido que se efectúe pretermitiendo esta cláusula, y en consecuencia el trabajador podrá remover (sic) las acciones legales que considere para que le sean restablecidos sus derechos y resarcir el daño que considere se le ha causado.

En todo caso, cuando se trate de una sanción disciplinaria esta no podrá ser mayor a 5 días, cuando la falta sea por primera vez, y de 10 días en caso de reincidencia. (Con salvamento de voto Sergio Becerra)”.

“Artículo trigésimo sexto (36) costumbres y derechos: Todas las costumbres y derechos que beneficien en todo o en parte a los trabajadores, continuarán vigentes para todos los efectos legales pertinentes”.

Comenzando por el artículo 27 de estabilidad, lo primero que hay que decir, es que esta disposición del laudo al ser votada, obtuvo la mayoría para poderse aprobar, dado que si bien el árbitro designado por la empresa salvo el voto (fls. 199-203), el otro árbitro nombrado por el sindicato manifestó en el escrito visible a folio 193 que presentaba era “aclaración de voto”, lo cual también se dejó consignado en el acta 10 de la reunión del tribunal celebrada el 28 de septiembre de 2011, en cuya parte pertinente se dijo: “... el árbitro el doctor Sergio Becerra Moreno no presenta salvamento de voto en el artículo vigésimo séptimo (27) Estabilidad, si no que presentará una aclaración”.

En cuanto a la imposición que ese artículo del laudo hizo de un procedimiento disciplinario, aplicable tanto para sanciones como para despidos, habiéndose creado una ineficacia para el despido cuando se pretermita el trámite allí establecido, se tiene que desborda las atribuciones y facultades de los árbitros, pues este aspecto está reservado directamente a las partes involucradas en el conflicto, además que la propia ley garantiza un procedimiento para que el trabajador inculpado pueda ejercer su consabido derecho de defensa, a fin de evitar decisiones injustas del empleador. Sobre el tema, conviene rememorar lo expresado por la Sala, en sentencia de anulación del 19 de mayo de 2010 Radicado 43951: “... el legislador para proteger la estabilidad laboral de los trabajadores, ha consagrado que previamente a su despido, se adelante un procedimiento, sin que le sea dable al Tribunal de Arbitramento instituir trámites adicionales no previstos en el ordenamiento jurídico existente. Ello sería posible, por acuerdo entre las partes contratantes a través de las convenciones colectivas de trabajo o pactos colectivos, pero no puede ser impuesto al empleador mediante un laudo arbitral, como aquí se pretende”.

Por lo dicho, el citado artículo 27 se anulará.

Pasando al artículo 36, que estipuló lo referente a mantener la costumbre y derechos que benefician al trabajador, este precepto resulta inaplicable, porque los árbitros no definieron o especificaron cuáles son los derechos que la empleadora viene reconociendo a sus trabajadores por costumbre, no siendo la simple invocación genérica prueba de lo usual en la empresa o de la pluralidad y continuidad de determinadas prácticas adoptadas que desarrollen una regla o sean fuente de derecho, y en estas circunstancias no es posible disponer la aplicación y obligatoriedad de la costumbre de la manera que lo hicieron los árbitros, debiéndose anular.

B. Impugnación del sindicato - retrospectividad del aumento salarial

Como atrás se advirtió, en lo atinente al punto del aumento o incremento salarial, dado que el artículo 6º del laudo arbitral que lo consagró, fue impugnado parcialmente por ambas partes; por la organización sindical, a fin de que se disponga su pago en los términos solicitados en el pliego de peticiones, esto es, con retrospectividad a partir de la fecha de su presentación y no como lo ordenaron los árbitros desde la firma y una vez ejecutoriado el laudo; y por la empresa, para que se anule la parte del artículo que establece el incremento con un porcentaje mayor al IPC, esto es, en dos puntos más, por virtud de que la sociedad Comdistral S.A. carece de capital de trabajo y con un aumento superior no es factible que continúe subsistiendo dada su grave situación económica; se estudiará su acusación en forma conjunta.

Dicho artículo 6º es del siguiente tenor literal:

“Artículo sexto (6º). Aumento de salario: A partir de la firma y una vez quede ejecutoriado el presente laudo arbitral, la empresa aumentará el salario básico de sus trabajadores en un porcentaje igual al IPC, acumulado 31 de diciembre de 2010, más dos (2) puntos”.

Pues bien, cabe recordar, que los árbitros no están obligados a ceñirse rigurosamente a los porcentajes de aumento salarial planteados por las partes en el juego dialéctico de propuestas y contrapropuestas propio del conflicto de trabajo, por cuanto la ley no obliga a resolver positivamente todo el tema económico propuesto por estas, sino solo en la medida en que dichas aspiraciones permitan una solución equitativa del diferendo.

La retrospectividad del aumento salarial, no es un deber de los árbitros sino una mera facultad que bien pueden adoptar de acuerdo a las propias y específicas situaciones que ocurran en el conflicto colectivo que deben solucionar ante el fracaso de la autocomposición. Al respecto, es del caso traer a colación la sentencia de anulación del 1º de octubre de 2002 Radicación 19870, reiterada en decisiones del 31 de julio de 2006 y 9 de septiembre de 2008, radicados 29961 y 36739 respectivamente, en la que la Sala señaló:

“... en principio el laudo arbitral produce efectos hacia el futuro, valga decir, a partir de la fecha de su expedición, toda vez que con arreglo a lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 14 del Decreto-Ley 616 de 1954, la convención colectiva denunciada rige hasta cuando se firme una nueva o se expida un laudo que tiene el carácter de tal de acuerdo con lo previsto en el artículo 461 ibídem.

A pesar de lo anterior, la jurisprudencia de la Corte a partir del fallo de 19 de julio de 1982 proferido por la Sala Plena de Casación Laboral, ha aceptado que los aumentos salariales puedan tener efecto retrospectivo con el fin de corregir el desequilibrio económico que eventualmente puedan sufrir los trabajadores con la prolongación de la solución del conflicto colectivo, cuando las partes no lleguen a un arreglo directo y sea necesaria su definición por un Tribunal de Arbitramento, mediando incluso en algunos casos la huelga (sentencia de 6 de mayo de 2002, Rad. 18380).

Sin embargo, ello no comporta una camisa de fuerza, sino que corresponde a una potestad de los árbitros, quienes no están obligados a decretar en forma automática en todos los casos incrementos salariales retrospectivos, sino que tal decisión dependerá de las circunstancias específicas del conflicto sometido a su conocimiento, deberá adoptarse esencialmente en equidad, y en esa óptica puede analizar aspectos tales como el conjunto de prerrogativas otorgadas en el laudo, la situación salarial de los trabajadores y la disponibilidad económica de la empresa”.

Lo precedente significa, que el aumento salarial con efectos retrospectivos, esto es, a partir de una fecha anterior a aquella en que se profiera el laudo, no es imperativo, precisamente por razones de equidad.

En el sub examine, debe concluirse que no se evidencia que la decisión arbitral, de decretar el incremento salarial sin retrospectividad, sea contraria al equilibrio económico que debe regir todas las relaciones laborales individuales como colectivas, para el caso las de las partes implicadas en la presente negociación colectiva, habida cuenta que de acuerdo con la “potestad” de los árbitros, estos establecieron en equidad un aumento del salario básico de los trabajadores “en un porcentaje igual al IPC, acumulado 31 de diciembre de 2010, más dos (2) puntos” a partir de la firma y ejecutoria del laudo arbitral; lo cual al confrontarse con la capacidad económica de la empleadora, que ampliamente se analizó al resolverse los otros puntos del recurso de anulación de la empresa, queda al descubierto que ese aumento de la manera en que se concibió, no luce desproporcionado, ya que ordenarlo desde la fecha de presentación del pliego resultaría muy gravoso y empeoraría la deficitaria situación financiera de la compañía empleadora, no siendo en consecuencia de recibo lo argumentado por el sindicato Sintraime en su recurso de anulación.

De otro lado, en lo que tiene que ver con el reproche de la empresa recurrente en torno a la misma cláusula de incremento salarial, en el sentido de que no es equitativo imponer dos puntos por encima del IPC, tampoco puede ser atendible. Lo anterior, porque como quedó visto, el Tribunal de Arbitramento no hizo uso de la figura de la retrospectividad, siendo razonable entonces, que ese porcentaje o puntos adicionales de aumento que fijaron los árbitros de acuerdo a sus facultades, entre a compensar el desequilibrio económico que eventualmente pueden sufrir los trabajadores con la prolongación del conflicto colectivo, como en esta oportunidad acontece, que fue necesaria su definición por medio del laudo arbitral que se profirió tiempo después a la presentación del pliego de peticiones.

Por lo expresado en este punto, se rechazará tanto el recurso de anulación del sindicato como la inconformidad de la empresa en torno al aumento salarial, conservándose íntegramente el artículo 6º del laudo arbitral, que no se anulará.

En lo restante, valga decir, los puntos del laudo arbitral que no fueron impugnados por las partes, es de anotar que mantienen su legalidad.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. ANULAR los artículos 4º, 12, 15, 17, 22, 23, 24, 27 y 36 del laudo arbitral de fecha 27 de septiembre de 2011, aclarado el 28 de septiembre y 11 de octubre de 2011, proferido por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo económico suscitado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metalmecánica, Metálica, Metalúrgica, Siderúrgica, Electrometálica, Ferroviaria, Transportadora y Comercializadoras del Sector, Sintraime, - seccional Barranquilla, y la sociedad Compañía Colombiana de Ingeniería Metalmecánica S.A., Comdistral S.A.”.

2. ANULAR PARCIALMENTE los artículos 14 del laudo arbitral en cuanto dispuso que se “reconocerá por cada día laborado un auxilio para alimentación por la suma de $ 3.750”, y 34 en la expresión “hasta el depósito del laudo arbitral en la regional del Ministerio de la Protección Social”.

3.- NO ANULAR en lo demás el referido laudo.

Devuélvase el expediente al ministerio de la protección social para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, publíquese».