Sentencia 5320 de diciembre 10 de 1999 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL

PRUEBA DE LA PATERNIDAD MEDIANTE INDICIOS

EXTRACTOS: «Ahora bien, tratándose de procesos de filiación extramatrimonial, cuya pretensión se soporta en la presunción de paternidad contemplada en la causal cuarta del artículo 6º de la Ley 75 de 1968, referida a las relaciones sexuales entre la madre y el presunto padre para la época en que según el artículo 92 del Código Civil pudo tener lugar la concepción, las que podrán inferirse de numerosos hechos indicadores o del trato personal y social entre ellos, según lo previsto en la ley, ha precisado esta corporación que “... el trato del cual han de inferirse las relaciones íntimas de la pareja, no sólo debe quedar plenamente establecido en lo atinente a su naturaleza, intimidad y continuidad, como lo exige la ley, sino que el material probatorio debe acreditar con igual celo que ese trato se presentó además en la época en que se presume la concepción” (Sent., abr. 23/98).

Y es por la misma naturaleza del hecho a probar, la existencia del trato carnal, por lo que adquiere esencial importancia la prueba de indicios, si se tiene en cuenta que la ocurrencia de ese acto de contenido sexual —de ordinario— se desdobla en un entorno de intimidad, estereotipado por la privacidad, cuyo conocimiento suele llegar a terceros por la aplicación de máximas de la experiencia, que permitirán colegirlo con cierto grado de certeza. Corresponderá pues al juez, a partir de hechos debidamente acreditados, deducir si la relación sexual se pudo materializar, labor en la que, se repite, no puede inmiscuirse el juzgador de casación, a menos que por las fallas en la apreciación —protuberantes y trascendentes— en el medio de prueba, el resultado haya sido contrario a la evidencia.

En este orden de ideas, se ha puntualizado suficientemente que el dictamen pericial antropoheredo-biológico que se obtiene dentro de una investigación de filiación extramatrimonial, en el que se concluye únicamente con la indicación de compatibilidad entre el hijo y su presunto padre o madre, sólo es susceptible de una valoración eventual y, de suyo, relativa, amén que circunstancial, pues la ley ordena que se “... valorará, según su fundamentación y pertinencia” (L. 75/68, art. 7º, inc. 1º). De allí que si bien sea una prueba determinante y concluyente para excluir la presunta filiación cuando se niegue la compatibilidad, no es menos cierto que, en caso de afirmarse, no constituye una prueba necesaria e inequívoca de la paternidad, menos directa y, por contera, irrefragable de la misma, esto es, con virtualidad suficiente para excluir la convergencia de otras pruebas. Lo anterior, habida cuenta de que ese medio de probanza resulta impotente, per se, para acreditar con éxito y, sobre todo con certeza, la paternidad, al contrario de lo que tiene lugar en punto tocante con pruebas científicas más modernas y sofisticadas, así como reveladoras, entre otras la denominada del DNA, divergente de las que obran en el plenario.

Es por ello, entonces, que la aludida experticia podrá catalogarse como un indicio que, si bien facilita o coadyuva a la valoración positiva de las demás apreciaciones probatorias, también lo es que, en sí misma, no contribuye al establecimiento certero de la paternidad, razón por la cual no puede valorarse como prueba capaz de inferir, con alto grado de probabilidad, la filiación reclamada. Porque si la referida conclusión encierra la mera posibilidad de que el hijo pueda serlo o no de su respectivo padre, ello está indicando, in abstracto, que —en igualdad cuantitativa— puede ser tanto lo uno como lo otro, situación que, por consiguiente, excluye una mayor probabilidad de carácter positivo o directo de la filiación. Lo anotado explica que esta corporación haya señalado que “el indicio que se deduce de la compatibilidad de caracteres genéticos entre el presunto padre y quien respecto de él reclama ser su hijo, no es en el estado actual de la ciencia un indicio necesario, sino meramente contingente, razón esta por la cual, por sí solo no puede servir de fundamento de una sentencia que declare la filiación paterno-filial que se investiga, y sólo puede apoyar un fallo favorable a esa pretensión cuando sea concurrente y convergente con otros hechos indicadores de la paternidad impetrada...”. (Sent., nov. 24/94).

En sentido similar se pronunció la Corte en providencia del 6 de junio de 1995, señalando que si “...bien el resultado positivo de grupos sanguíneos, no excluye la posibilidad de que una persona es el padre de un niño, ello no puede resolverse en la tesis de que tal resultado sea prueba científica de la paternidad de aquella. Sin duda que lo científico de la prueba es tan sólo su carácter negativo o excluyente, o como recientemente se reiteró: el resultado de la prueba no señala paternidad, sino que la descarta”.

5. Una vez establecidas las anteriores premisas de tipo general, pertinentes para el examen puntual del caso sometido a la consideración de la Corte, aborda seguidamente la Sala las acusaciones segunda y tercera, que, por su inescindible conexión jurídica y fáctica, serán estudiadas y despachadas conjuntamente, como ya se anunció.

El tribunal, para confirmar el fallo del a quo, apoyó su decisión en dos indicios, uno de ellos fundado en dos hechos. En efecto, de un lado, afirmó que existe un indicio “importante” en el resultado de los exámenes genéticos practicados en la primera instancia (fl. 60, cdno. 1) y en el de HLA, que obra a folio 44 del cuaderno 5, cuya conclusión fue la “compatibilidad” entre el presunto padre y la menor Andrea Gómez y, del otro, dedujo un indicio de la inasistencia injustificada del demandado a las audiencias de interrogatorio de parte que debían practicarse los días 19 de noviembre de 1990 y 10 de abril de 1992 (fls. 41 y 119, cdno. 1), el cual calificó como grave.

El censor, por su parte, reprocha que el primero de tales indicios no tiene la gravedad que le asignó el sentenciador, pues es contingente, mientras que el segundo de ellos es un simple indicio, tampoco grave, según lo precisa el inciso segundo del artículo 202 del Código de Procedimiento Civil. Tales los errores de hecho y de derecho que, en su orden, se predican del fallo.

Así las cosas, no están llamadas a prosperar las censuras formuladas a la sentencia, pues el tribunal, mediante un razonamiento que en casación, con prescindencia de su validez cualitativa, se presume atinado —en desarrollo de la presunción de acierto que reviste la sentencia dictada por el fallador de segundo grado—, encontró probada la filiación con base en la articulación de esos dos indicios, cuya apreciación no estructura un error de hecho, harto exigente, como se sabe, por las siguientes razones básicas:

a) En cuanto a los dictámenes periciales, aunque por regla general —tratándose de la materia que ocupa la atención de la Sala— tan solo sirven como un indicio llamado a corroborar las demás pruebas positivas, máxime si no van acompañados de razones excepcionales o puntuales que les otorguen “fundamentación y pertinencia” (L. 75/68, art. 7º), como atrás se dijo, no constituye un error evidente o manifiesto su calificación como “importante”, en la medida en que esa ponderación no raya con lo absurdo o ilógico, de forma tal que eclipse el entendimiento, independientemente de que se comparta o no el raciocinio judicial —como también se anotó en líneas preliminares—, pues como lo ha sostenido en el pasado esta Sala, del hecho cierto consistente en que no prospere un determinado ataque contra un fallo, no puede decirse que la Corte esté avalando los cimientos de la sentencia o la sensatez de los juicios que en ella se plasman, dados los rasgos tan singulares que, ab initio, estereotipan la casación. Lo anterior adquiere mayor relieve, si se tiene en cuenta que el tribunal no dedujo la paternidad de la sola circunstancia de la compatibilidad sanguínea, situación que de haber ocurrido, ciertamente provocaría el quebranto inmediato de la sentencia.

Para los efectos del reproche que se formula contra la decisión del tribunal, no puede afirmarse la equivalencia o simetría entre el indicio grave y el señalamiento de importante que a uno de ellos le haya dado el juzgador, pues este adjetivo tan solo refleja que para el tribunal dicha compatibilidad adquiere relevancia en la medida en que existen otros medios de prueba que asisten a la conclusión. Si, como es sabido, “Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica” (CPC., art. 187) —principio de unidad que en materia de indicios reitera el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, según el cual el juez deberá valorarlos “teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso”—, nada impide, entonces, que el juzgador le otorgue a uno de ellos una especial significación atendiendo el convencimiento que, en conjunto, los diversos medios de prueba le generen. Ello es consecuencia natural del sistema de valoración probatoria que prohíja el ordenamiento procesal civil, fundado en la aplicación de reglas de sana crítica que no han sido dictadas y que le permiten al juez persuadirse racionalmente, “con arreglo a principios lógicos y de experiencia, ordenados de acuerdo con las reglas que hoy se admiten para juzgar las cosas; es decir, de acuerdo con los principios admitidos por la lógica y de acuerdo con las máximas de la experiencia que nos da la observación diaria de la vida” (Eduardo J. Couture. En Estudios de Derecho Procesal Civil. Ediciones Depalma. Buenos Aires, T. II, pág., 320).

Por tanto, el mérito otorgado al indicio en cuestión no puede considerarse como emergente de su propia naturaleza, sino como dimanante de la apreciación que, en conjunto, hizo el tribunal de las pruebas obrantes en el expediente. Y esa ponderación, se repite, es del fuero del sentenciador de instancia, intocable en casación cuando no existe contraevidencia. De ahí que el yerro que se enrostra a la sentencia no sea manifiesto, pues, como atrás se señaló, no se advierte a simple vista como una flagrante equivocación del fallador de segundo grado.

b) En lo que atañe al indicio que derivó el fallador de la inasistencia del demandado a los interrogatorios de parte para los cuales fue convocado, tanto a solicitud de la demandante (fl. 41, cdno. 1), como el que ordenara de oficio el juez a quo (fl. 117, cdno. 1), aunque podría estimarse que el tribunal incurrió en error al calificarlo como grave, puesto que el inciso segundo del artículo 202 del Código Procedimiento Civil tan solo permite apreciar esa conducta remisa como indicio, en todo caso este reproche sólo resulta válido frente a la última de las hipótesis mencionadas, esto es, por la no comparecencia del señor Trujillo al llamado que motu proprio le hizo el juez, en uso de las facultades oficiosas que le confieren los artículos 179 y 180 del Código Procedimiento Civil. Pero en nada afecta, desde esta específica y puntual acusación, el indicio que creyó ver el sentenciador por la observancia de igual comportamiento frente a la diligencia en la que la parte demandante pretendió interrogar a su demandado (CPC, art. 249), independientemente de si ese era el efecto probatorio concreto señalado por la ley.

Por consiguiente, si el indicio en cuestión se sostiene en dos hechos que no se pueden confundir por la simple coincidencia en el efecto probatorio señalado por el juzgador, el ataque a uno solo de ellos, por pertinente y exitoso que sea, impide que la acusación pueda realmente prosperar, sobreviviendo el fallo combatido con amparo en el medio que le sirve de piedra de toque, pues, como en otra parte se anotó, “... cuando la sentencia impugnada se funda en varios pilares de orden probatorio y la acusación viene montada por la causal primera de casación por vía indirecta, es menester que se ataque y destruyan todos los soportes de ella para poder infirmarla, pues si la impugnación no comprende la totalidad de los puntos de apoyo que le sirven de fundamento, o si aún atacándolos queda por lo menos uno que sea suficiente para respaldar la sentencia, esta no puede ser quebrada (Cas. Civ., abr. 15/97).

c) Adicionalmente, si en gracia de discusión se admitiera que en la apreciación de los informes de compatibilidad el tribunal incurrió en evidente error de hecho, en todo caso sería intrascendente, dada la fuerza de los restantes medios de prueba, que aparejados al mérito que a aquellos legalmente corresponde, conducirían a la misma decisión que, como tal, es menester preservar en guarda de las exigencias que caracterizan a la casación, en un todo de acuerdo con lo reseñado en las consideraciones de tipo general, ya esgrimidas.

En efecto, si a la inasistencia del demandado a la diligencia de interrogatorio de parte que debía llevarse a cabo el 19 de noviembre de 1990 (fl. 41, cdno. 1), por petición de la demandante, se le otorga la consecuencia probatoria de confesión presunta que la ley procesal invariablemente le asigna, pues así lo establece el inciso 2º del artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, con irrefragable carácter general, tendría que tenerse como hecho probado que entre la madre y el presunto padre existieron relaciones sexuales “en mayo de 1979” (hecho cuarto de la demanda, fl. 5 cdno. 1), tiempo probable de la concepción de Andrea Gómez, lo que conduce a establecer la presunción de paternidad consagrada en la causal cuarta del artículo 6º de la Ley 75 de 1968 y, con soporte en ella, provocar la declaración de filiación solicitada. Esta es la consecuencia, de suyo severa, que fluye de la “...no comparecencia del citado a la audiencia”, situación de hecho predicable, justamente, de la conducta asumida por el señor Trujillo, quien dejó de asistir al interrogatorio que debía adelantarse el 19 de noviembre de 1990, convocado por petición de su demandante, efecto aquél que debió mensurar, en la medida en que “la ley no tiene en absoluto en cuenta en la rebeldía el elemento subjetivo de la voluntariedad, sino sólo el elemento objetivo de la no comparecencia” (Giuseppe Chiovenda. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Vol. III. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid. 1940, pág., 266).

A este respecto cabe recordar, que no se puede asimilar la prueba del estado civil con la de los hechos que pueden dar lugar a su establecimiento. En el primer caso, debiendo constar en el registro respectivo, la ley ha estatuido que para acreditarlo es necesaria la “copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos” (D. 1260/70, art. 105). En la segunda hipótesis, cualquier medio de prueba es útil para ese propósito, entre ellos la confesión, sea real o ficta, tal como lo ha señalado la Corte en otros fallos, como es de apreciar en el calendado en noviembre 29 de 1982, en el cual se afirmó, en torno a la causal de filiación de que se trata, que “si el demandado, en proceso de filiación natural propuesto con base en que existe la cuarta de las presunciones de paternidad, acepta que es una misma la persona con quien tuvo las relaciones sexuales durante la época en que fue concebido el demandante, y la madre de este, tal prueba es suficiente para hacer la declaración de paternidad sin que sea necesario el aporte de copia de la partida o folio del libro de nacimientos o el certificado notarial correspondiente” (G.J. CLXV págs. 327, 328).

Es de señalar, por su relevancia, que ninguna distinción legal cabe hacer entre el poder de convencimiento que se asigna a la confesión que directamente hace el señalado padre, de aquella que se presume como efecto de la inasistencia injustificada a la audiencia en que su contraparte pretende provocarla, o de la renuencia a responder o de las respuestas evasivas, sea que la presunción de ser ciertos se predique de los hechos “sobre los cuales versan las preguntas asertivas admisibles, contenidas en el interrogatorio escrito”, o, en defecto de éste, de los contenidos en la demanda o la contestación a las excepciones de mérito que se hubieren propuesto (CPC, art. 210). Ese es el costo, se reitera, que probatoriamente asume la parte rebelde al llamado legítimo de su contraria, que no podría ser premiado —a juicio del legislador procesal—, con un efecto distinto del que inspira la convocatoria.

Siendo así las cosas, resulta claro que ninguna incidencia en la parte dispositiva de la sentencia tienen los errores que se predican de ella, “lo que cuando acaece determina que la Corte no debe ocuparse del examen de los errores delatados, dada su inocuidad” (G.J. CCXLIX. 2º. Sem. 1997. Vol. II, pág. 1605).

d) Finalmente, si el juzgador de segunda instancia consideró, dentro de su amplia, a fuer que lícita, facultad de apreciación de las pruebas, que con base en los prenombrados dos indicios (el que dedujo de los informes periciales y el que advirtió por la inasistencia del demandado a los interrogatorios de parte), encontraba acreditados los elementos que deban prosperidad a las pretensiones, se insiste, ese juicio se enmarca dentro de la soberanía hermenéutica otorgada por las disposiciones legales que en Colombia rigen la materia, sin que sea posible su desconocimiento en esta sede extraordinaria, con mayor razón si no se acreditó que a ellos se opone de manera categórica la evidencia de los hechos.

6. En síntesis, los errores de hecho que se endilgan a la sentencia cuestionada no son evidentes, ni trascendentes, en sí mismos considerados, a la luz de lo que la ley y la jurisprudencia tienen establecido. Lo primero, porque el juicio de valor que hizo el tribunal, muy a pesar de las falencias y reproches que ciertamente se le pueden atribuir, no vulnera —por lo menos con la evidencia necesaria— el recto entendimiento que le corresponde a las pruebas recaudadas; lo segundo, porque ninguno de ellos conduce a una decisión diferente de la que se adoptó, si se justiprecian los medios de prueba en su real mérito.

7. De todo lo señalado, entonces, se impone que los cargos no prosperan».

(Sentencia de casación, diciembre 10 de 1999. Expediente 5320. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo).

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