Sentencia 5323 de abril 7 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

EFECTOS DE LA NULIDAD DE UN ACTO DE CARÁCTER GENERAL

RESPECTO DE ACTOS PARTICULARES TAMBIÉN DEMANDADOS

EXTRACTOS: «Es innegable desde cualquier punto de vista que si el acto administrativo de carácter general con base en el cual la administración profiere una decisión de carácter individual, es impugnado en acción de nulidad, y el acto particular y concreto también se demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, debe presentarse en el proceso que respecto de este último acto curse, la suspensión por prejudicialidad, pues la decisión que se tome en relación con el acto general que sirvió de fundamento para la expedición del acto particular es definitiva para decidir en el otro proceso, o lo que es lo mismo, la senten-cia que debe proferirse dentro del juicio de nulidad y restablecimiento del derecho depende de la decisión que se tome en el juicio de nulidad.

Así las cosas, si en el proceso de nulidad la autoridad jurisdiccional resuelve anular el acto administrativo de carácter general, si la decisión aquí tomada es determinante para la suerte del proceso que se sigue en relación con el acto particular, y si este último fue suspendido precisamente para fallar en armonía con lo resuelto en el otro juicio, la conclusión es obvia, debe la jurisdicción anular el acto administrativo particular.

En consecuencia, comparte la Sala la decisión del a quo de anular las Resoluciones números 1256 del 13 de diciembre de 1991 y 0259 del 11 de marzo de 1992, emanadas de la Superintendencia Nacional de Salud, dado que el acto general que sirvió de base para su expedición, es decir la Resolución 0329 de 1991, fue también anulado por esta corporación, habida cuenta que consideró que la misma fue expedida con base en normas declaradas inexequibles, y que en ese orden de ideas la Superintendencia Nacional de Salud carecía de facultades para proferir la resolución en mención.

En este orden de ideas, es preciso entender que si se expide un acto administrativo de carácter particular con base en un acto de carácter general que se presume válido al momento de la expedición del primero, y el acto que le sirve de fundamento es anulado, y por lo tanto se considera que no ha existido jamás, con mayor razón debe anularse el acto particular, pues el acto que le sirvió de base desapareció del mundo jurídico desde el momento mismo de su creación, y es lógico que el acto particular, al carecer de fundamento, también debe ser eliminado del ámbito jurídico desde el instante mismo de su expedición, es decir, debe ser anulado también, pues sólo con dicha medida “se logra la plenitud de la tutela jurídica que no se obtendría por la vía de la revocación o de la derogación, pues estas modalidades de extinción dejan intactos los efectos producidos anteriormente”, tal como lo sostuvo la corporación en sentencia del 13 de marzo de 1979, con ponencia del doctor Carlos Galindo Pinilla».

(Sentencia de abril 7 de 1995. Expediente 5323. Consejero Ponente: Dr. Delio Gómez Leyva).

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