Sentencia 5324 de octubre 29 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

DESPIDO DEL TRABAJADOR

CAUSAL SEGUNDA

Radicación 5324

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Iván Palacio Palacio

Santafé de Bogotá, D.C., veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y dos.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por Pedro Alfonso Cruz, frente a la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., de 27 de marzo de 1992 en el juicio promovido por éste contra Crem Helado Limitada.

Antecedentes

Actuando por intermedio de apoderado el señor Pedro Alfonso Cruz instauró demanda contra la sociedad Crem Helado Limitada, a fin de que fuera condenada a reintegrarlo al cargo que venía desempeñando cuando fue despedido, al pago de las primas legales y extralegales causadas durante el tiempo cesante, y al de los aumentos legales o extralegales de salarios que se efectuaren durante dicho lapso. En subsidio, al pago de la indemnización por despido, pensión sanción y a las costas del proceso.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones el actor afirma, en síntesis que ingresó al servicio de la demandada en el cargo de oficios varios, el día 4 de julio de 1970 hasta el 18 de julio de 1989, fecha en que fue despedido; y, que devengaba un salario de $ 42.954 mensuales.

Surtido el trámite correspondiente, la demandada contestó la demanda oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones de la misma; en cuanto a los hechos afirmó ser ciertos algunos y negó otros; y, propuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones, cobro de lo no debido, falta de título y de causa, prescripción de la acción de reintegro sin que implique reconocimiento de derechos.

El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá, por medio de la sentencia de 22 de enero de 1992, puso fin a la primera instancia, condenado a Crem Helado Limitada a pagar en favor del señor Pedro Alfonso Cruz los siguientes conceptos: $ 837.603 por indemnización por despido injusto, pensión sanción a partir del 12 de marzo de 1999. Declaró probada la excepción de prescripción en cuanto al reintegro; y, no probadas las demás excepciones, condenando en costas en el 70%.

El Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, por medio de la sentencia objeto del recurso extraordinario, desató la apelación revocando en todas sus partes el fallo apelado y absolviendo a la demandada de todas las pretensiones. Condenó en costas de la primera instancia al actor, no así de las de segunda.

El recurso extraordinario

Fue interpuesto por el apoderado del actor y como ha sido debidamente tramitado, procede la Sala a resolverlo, tomando en consideración la demanda respectiva y el escrito de réplica que en tiempo oportuno se presentó.

Alcance de la impugnación

Dice:

“Aspiro, para mi asistido, a que esa Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia case totalmente la providencia gravada para que, en su lugar, y en sede de instancia, revoque la del a quo y condene a la demandada conforme a las pretensiones principales que le fueron formuladas por él en el libelo originario de la litis; o, en subsidio, la modifique en consonancia con las subsidiarias, esto es, señalándole cuantía concreta a la pensión-sanción, sin perjuicio de la mínima legal o de los ajustes de ley, según el caso, e incluyendo la excepción de prescripción de la acción de reintegro entre las que declaró no probadas; una u otra cosas, con la provisión sobre costas que corresponda”.

Cargo único

Se presenta de esta manera:

“La providencia gravada infringió directamente, por aplicación indebida el artículo 7º, literal a), numeral 2º del Decreto 2351 de 1965, a consecuencia de lo cual dejó de aplicar, siendo pertinentes, los artículos 8º, numerales 1º, 2º, 4º, literal d) y 5º ibídem y 8º de la Ley 171 de 1961.

La acusación está de acuerdo con el ad-quem en que la bofetada que le propinó mi procurado a una compañera suya de trabajo aconteció en la sede de la empresa, con ocasión del trabajo y del horario de servicio, o sea, inmediatamente finalizados aquél y éste, cuando se encontraban saliendo de sus dependencias, en un acto de violencia y grave indisciplina que produjo alteración del orden.

Solo que esta situación fáctica el fallador la subsumió en una norma que no la regulaba, ni la regula. Porque es evidente que el numeral 2º del literal a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965 lo que sanciona como justa causa de despido es el acto de violencia contra un compañero de trabajo o la grave indisciplina en que incurra un trabajador ‘en sus labores’ y no acabados éstos y el horario dentro del cual se cumplen, con ocasión de las unas y del otro, aunque se den todavía dentro y no fuera de la sede de la empresa, según sucedió, como quedó visto, en el caso sub examine.

De no haber sido por esta indebida aplicación del precepto de que se acaba de hacer mérito, el sentenciador de la alzada habría concluido en la inexistencia de justa causa para el despido de que fue objeto mi acudido y, en vez de inaplicar los artículos 8º, numerales 1º, 2º, 4º literal d) y 5º del Decreto 2351 de 1965 y 8º de la Ley 71 de 1961, dado que previamente había encontrado acertadamente no prescrita la acción de reintegro, los habría utilizado, por su pertinencia indudable, para condenar a la demandada conforme a las peticiones principales de la demanda con que se inició el pleito; o, en últimas, con arreglo a las subsidiarias.

En concordancia con todo lo antes expuesto, les reitero las solicitudes contenidas en ‘el alcance de la impugnación”’.

Se considera

El cargo lo dirige la censura por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida del artículo 7º, literal a), numeral 2º del Decreto 2351 de 1965.

El casacionista acepta los fundamentos fácticos en que está cimentada la sentencia del tribunal, esto es, que “la acusación está de acuerdo con el ad quem en que la bofetada que le propinó mi procurado a una compañera suya de trabajo aconteció en la sede de la empresa, con ocasión del trabajo y del horario de servicio, o sea, inmediatamente finalizados aquel y éste, cuando se encontraban saliendo de sus dependencias, en un acto de violencia y grave indisciplina que produjo alteración del orden” (fl. 8 C. Corte).

La inconformidad del recurrente se basa en el hecho de haber enmarcado el ad-quem la situación fáctica en una disposición que no la regula. Aduce que lo previsto por el numeral 2º, literal a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965 es todo acto de violencia contra un compañero de trabajo o la grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores “y no acabados estos y el horario dentro del cual se cumplen, con ocasión de las unas y del otro, aunque se den todavía dentro y no fuera de la sede de la empresa, según sucedió, como quedó visto”.

El numeral 2º, letra a), artículo 7º del Decreto 2351 de 1965 expresa que es justa causa para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo “todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores, contra el patrono, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo” (subrayas no del texto).

Considera esta Sala de la Corte que la normatividad aludida no puede interpretarse en forma restrictiva, circunscribiéndola a las ocho horas de trabajo, pues si así se entendiera tal disposición, quedarían fuera de su órbita aquellos actos del trabajador, originantes de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina cometidos en contra del empleador, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo, que se cometan por el asalariado una vez hubo entrado a la empresa y se prepara a empezar su labor, o también en aquellos momentos de descanso autorizados por las empresas para que los trabajadores tomen un refrigerio, o bien se fumen un cigarrillo, o se encuentren dentro del establecimiento recibiendo la alimentación, o se hallen en el sitio de cambio de ropa de la empresa alistándose para salir de la factoría por haber terminado su trabajo. No. Su entendimiento ha de ser más amplio, y debe comprender aquellos actos en que incurra el trabajador desde que ingrese a la entidad para desempeñar sus labores y hasta que se retire, una vez finalice su actividad del día. Incluso, en oportunidades la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte ha ido más lejos, pues ha expresado que si bien “el bus de la empresa no puede considerarse como sitio de trabajo, (pero) sí como prolongación de la misma para efectos disciplinarios” (Radicación 7049, sentencia del 26 de agosto de 1983, Magistrado Ponente doctor Ismael Coral Guerrero).

Reitera la Sala en esta oportunidad que el contrato de trabajo impone al trabajador unas normas de conducta mínimas que posibiliten un cierto orden de convivencia en una empresa, pues es sabido que en toda entidad medianamente organizada debe haber disciplina que permita a ésta cumplir su cometido. Por ello, en principio, las faltas en que incurra el trabajador fuera del sitio de trabajo, no deben tomarse en cuenta para efectos de su sanción, toda vez que las conductas originantes de castigo tienen que ver con la vida profesional del asalariado, esto es, que aquellos actos estén referidos con el servicio, pero en asuntos como el presente, el insuceso acaeció dentro de las instalaciones en donde el trabajador desempeñaba sus labores.

Además, la disciplina es un concepto que dice relación a la observancia no sólo de los reglamentos de la empresa en lo tocante al servicio material, sino que abarca aspectos atinentes a la conducta misma del trabajador. Si las relaciones entre empleadores y trabajadores deben desenvolverse sobre planos de entendimiento y lealtad recíprocos, no es satisfactoriamente explicable que un asalariado infiera agresiones a un compañero de trabajo, como sucede en el subjudice (asunto aquí no discutido), lo que configura una falta contra la indispensable disciplina que debe ser observada para el buen suceso de las actividades de la entidad empresarial que utiliza sus servicios. No puede olvidarse que el trabajador debe observar buenas costumbres mientras se halle dentro de las instalaciones de la empresa y guardar a sus superiores y compañeros el debido respeto.

No puede entonces arguirse que el Tribunal aplicó indebidamente la norma que sirve de sustento al cargo.

En virtud de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, D. C., de 27 de marzo de 1992 en el juicio promovido por Pedro Alfonso Cruz contra Crem Helado Ltda.

Costas a cargo del recurrente.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Jorge Iván Palacio Palacio—Ramón Zúñiga Valverde—Manuel Enrique Daza Álvarez.

Javier Antonio Fernández Sierra, Secretario.

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