SENTENCIA 535 DE JUNIO 27 DE 1991

 

Sentencia 535 de junio 27 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

INHABILIDADES PARA SER ELEGIDO ALCALDE

CONDENADOS CON PENA SUSPENDIDA

EXTRACTOS: «En relación con este motivo de inconformidad del demandado recurrente frente a la aplicación del literal c) del artículo 5º de la Ley 78 de 1986, la Sala recuerda que en varias oportunidades ha tratado esa materia concluyendo siempre que, conforme al criterio expresado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 9 de junio de 1988, que precisamente declaró exequible el citado literal c) del artículo 5º de la Ley 78 de 1986, la inhabilidad tiene por objeto preservar principios de ética social a fin de que “ ... el ciudadano que aspire al cargo de alcalde, guarde una conducta irreprochable más aún cuando se cuestiona con tanta frecuencia el reducido nivel moral que en ocasiones caracteriza el ejercicio de la administración públicá''. Es decir, que la ley considera indigno de ser alcalde a quien al momento de la elección ha sido codenado a pena privativa de la libertad por delito o delitos no políticos. Se trata, como lo pone de presente la Corte Suprema en la citada sentencia “ ... de preservar la dignidad de las investiduras públicas en uno de los cargos de elección popular'''', que no es otra la filosofía que tuvo en mente el legislador al establecer la inhabilidad.

Igualmente, esta Sala ha compartido el criterio expresado por la Corte Suprema de Justicia en la misma sentencia, en el sentido de que la inhabilidad de que trata el literal c) del artículo 5º de la Ley 78 de 1986 “ ... debe predicarse sólo de aquellas condenas vigentes, no cumplidas, suspendidas en su ejecución o condicionales y no extinguidas”, sobre la base de que las penas no pueden tener efectos intemporales, frente a las cuales operan fenómenos como la prescripción, la rehabilitación y la extinción. Por manera que en ejercicio del control constitucional la Corte encontró que el literal c) del artículo 5º de la Ley 78 de 1986 no viola “... los artículos 14, 18, 16, 28 y 55 de la Constitución Nacional”.

En el caso concreto que hoy ocupa la atención de la Sala, resulta que al momento de la elección del doctor Vives Echeverría como alcalde de Santa Marta —11 de marzo de 1990— éste no podía ser elegido ni designado para dicho cargo por estar inhabilitado por virtud de condena a pena privativa de la libertad por delito no político, impuesta mediante sentencia proferida por el Juzgado 17 Superior de Bogotá, el 22 de febrero de 1985, confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 22 de agosto de 1986 y no casada por virtud de sentencia pronunciada el 25 de agosto de 1987, hecho probado documentalmente en el proceso y ampliamente aceptado por el demandado recurrente.

Ahora bien, es cierto que la sentencia condenatoria le impuso las penas principal de tres (3) años de prisión y accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un período igual al de la pena principal, pena principal que no se ha ejecutado por la aplicación del subrogado penal de la condena de ejecución condicional. Sin embargo, este beneficio como bien se supo de presente en auto pronunciado el 6 de abril de 1989 en el proceso radicado en esta Sección Quinta del Consejo de Estado bajo el número 0284, “ ... la suspensión de la ejecución de la sentencia no produce el agotamiento del ministerio punitivo ni constituye causa que ponga fin a la persecución penal”.

Así las cosas, es verdad comprobada que la sentencia impuesta de la manera anotada al doctor Vives Echeverría no ha producido el agotamiento del ministerio punitivo y continuará vigente hasta el vencimiento de los cinco (5) años del período de prueba que empezó a correr el 9 de septiembre de 1987, fecha de la ejecutoria de la sentencia, a menos que el condenado infrinja las condiciones impuestas para la suspensión de la ejecución de la sentencia, en cuyo caso ésta se hará efectiva en su totalidad mediante el encarcelamiento del condenado por el término de la condena.

Como desde cuando quedó en firme la sentencia condenatoria —9 de septiembre de 1987— hasta el 11 de marzo de 1990, fecha de la elección del doctor Vives Echeverría como alcalde, tan sólo habían transcurrido dos (2) años, seis (6) meses y catorce (14) días de los cinco (5) años de período de prueba, resulta obvio que por virtud de lo dispuesto en el literal c) del artículo 5º de la Ley 78 de 1986, estaba inhabilitado para esa elección, por lo cual la Sala comparte la decisión que al respecto adoptó el a-quo en la sentencia objeto del recurso de apelación y así la confirmará».

CONSEJO DE ESTADO