SENTENCIA 535 DE MAYO 17 DE 1991

 

•Sentencia 535 de mayo 17 de 1991

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

SEGUNDA INSTANCIA DE PROCESOS ELECTORALES

NO TIENE TÉRMINO PROBATORIO

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Penen Deltieure

Ref.: Expediente 0535

Actor Oswaldo Rafael Martínez Mindiola

Bogotá, D.E., diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y uno.

Durante el término de traslado para alegar los demandantes Augusto Hernández Becerra y Jorge Eduardo Chemás Jaramillo hicieron las siguientes peticiones:

1. Se ordene al Tribunal Administrativo del Magdalena el envío de “... los originales de las actas de escrutinio de los jurados de votación ...” que, presumen involuntariamente no fueron remitidas en su oportunidad con el expediente (fls. 322 y 323).

2. Que con fundamento “... en el artículo 361, ordinal segundo del Código de Procedimiento Civil...” se ordene “... la práctica del dictamen pericial por parte de expertos en documentología (grafólogos) del Departamento Administrativo de Seguridad, sobre las actas de escrutinio anteriormente señaladas (se refiere a “... las actas de los jurados de votación ...”), con el propósito de verificar la autenticidad de las firmas de los jurados de votación que las suscribieron, en especial de las que aparecen en la segunda y en la última hoja de cada acta. (Formulario E-17)” (fls. 324 a 326).

3. Que tal prueba no se ordene si se “... considera legalmente posible tener en cuenta para efectos del fallo (se refieren a la sentencia de segunda instancia) el dictamen pericial practicado ... que no alcanzó a ser considerado en la sentencia de primera instancia ...”.

Para resolver,

Se considera

Respecto de la primera de las citadas peticiones, ya la Secretaría del Tribunal Administrativo del Magdalena con oficio Nº 240 de abril 10 del año en curso, remitió la documentación correspondiente (fl. 327), por lo que resulta innecesario el requerimiento.

Por lo que hace a la segunda petición, sobre práctica de dictamen pericial, se tiene:

El Código Contencioso Administrativo dispone en materia de “pruebas admisibles”, lo siguiente:

“ART. 168.—Pruebas admisibles. En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso-administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este código, las del Procedimiento Civil, en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”.

El mismo estatuto al referirse a los “aspectos no regulados”, estatuye:

“ART. 267.—Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo”.

El procedimiento aplicable a “los procesos electorales” está determinado, de manera especial, en los artículos 223 a 251 del Código Contencioso Administrativo.

La materia probatoria está regulada en los artículos 234 y 242, por manera que no existe al respecto “materia no regulada” que dé lugar a la aplicación del Código de Procedimiento Civil por virtud de la remisión de que trata el transcrito artículo 267 del Código Contencioso Administrativo. Y por lo que hace a la aplicación del artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, del texto de esta disposición, es claro que debe aplicarse en lo relacionado con la “admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”. La “admisibilidad”, como se desprende del significado mismo de la palabra, tiene que ver con la factibilidad procesal y la oportunidad, es decir, con la posibilidad de decretarla y en caso tal incorporarla al proceso.

En el caso de la prueba pericial objeto de la solicitud de los mencionados demandantes, es evidente que no es posible decretarla porque el artículo 251 del Código Contencioso Administrativo, que regula el “trámite de la segunda instancia de los procesos electorales”, no permite practicar pruebas en esta etapa del proceso, lo que se aviene a la intención del legislador que no es otra distinta a obtener que en esta clase de procesos las sentencias se produzcan oportunamente, de manera que la tutela de la legalidad objeto de la acción pública electoral sea efectiva para garantizar a su vez la efectividad del voto popular como expresión del ejercicio de un derecho consagrado en la Constitución Política como base del sistema democrático de gobierno, en dos sentidos: que se restablezca la legalidad oportunamente y como consecuencia accedan, también oportunamente, a los cargos quienes resultaron correctamente elegidos. Si el legislador hubiera tenido intención diferente al expedir el Código Contencioso Administrativo, habría posiblemente consagrado para el trámite del proceso electoral prescripción similar a la contenida en el artículo 214 del mismo estatuto en el sentido de hacer posible en el caso “de apelación de sentencias” la oportunidad para las partes de pedir pruebas y la consecuencia correlativa de decretarlas y practicarlas.

Hasta tal punto la intención del legislador es la que aquí se advierte, que en la regulación del trámite del proceso electoral se han dispuesto, con miras a obtener el pronunciamiento oportuno de sentencias, previsiones de esta naturaleza: “En los procesos que se refieren a elecciones de corporaciones públicas de origen popular, por ningún motivo podrán prorrogarse los términos” señalados en la misma norma para registrar proyecto de sentencia y para proferirla (CCA, art. 242). “El incumplimiento de lo previsto en este artículo constituirá causal de mala conducta, que se sancionará con la pérdida del empleo ...”. “Los términos para fallar se reducirán a la mitad de los señalados en el artículo 242” para registrar proyecto de sentencia de segunda instancia y para proferirla (CCA, art. 251).

Y con la misma finalidad, es decir, para buscar la celeridad del proceso electoral, el artículo 60 del Decreto 2304 de 1989, redujo de diez (10) a cinco (5) días el término de fijación del edicto, de treinta (30) a veinte (20) días la comprobación de la publicación de prensa y de cinco (5) a tres (3) días el de fijación del negocio en lista, al subrogar el artículo 233 del Código Contencioso Administrativo.

Es claro, se repite, que al proveer el legislador el trámite de la segunda instancia de los procesos electorales “... no ha contemplado término probatorio alguno, ni siquiera con las restricciones consagradas en el artículo 214 para el procedimiento ordinario”.

Ciertamente, el trámite especial señalado para los procesos que tienen su origen en la utilización de la acción pública electoral es incompatible con la aplicación de disposiciones del Código de Procedimiento Civil en cuanto puedan referirse a la posibilidad de decretar y admitir pruebas en la segunda instancia (CCA, art. 251).

Por lo que hace a si habrá de considerarse en la sentencia de segunda instancia la prueba consistente en experticio grafológico arrimado al proceso con posterioridad al pronunciamiento de sentencia de primera instancia, planteada como alternativa por los demandantes, es asunto que deberá decidirse al proferir el fallo de segunda instancia.

Por lo expuesto, se decide:

No ordenar la práctica del dictamen pericial pedido en la forma anotada por los demandantes Augusto Hernández Becerra y Jorge Eduardo Chemás Jaramillo; tampoco requerir al Tribunal Administrativo del Magdalena para que remita las actas de escrutinio.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Jorge Penen Deltieure.

Octavio Galindo Carrillo, Secretario.

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