•Sentencia 5358 de septiembre 22 de 1998

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

DERECHO A LA EDUCACIÓN

LA PROMOCIÓN ACADÉMICA NO ES AUTOMÁTICA

EXTRACTOS: «2. Al ser reconocida la educación como un derecho fundamental y siendo uno de sus objetivos, inherente en cuanto tal a su núcleo esencial así garantizado, el de brindar al estudiante el goce de una estabilidad mínima que necesita en cuanto hace a su permanencia dentro del sistema en el centro educativo al cual se ha vinculado, implica para aquél la correlativa obligación que se deriva del ejercicio de tal derecho, consistente en la sujeción al reglamento de la institución educativa y el cumplimiento de sus deberes académicos.

Ha de tenerse en cuenta, entonces, que de conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 12 de la Ley 115 de 1994 la educación formal está integrada por los niveles de preescolar, educación básica y educación media, los cuales a su vez lo están por grados en secuencia ordenada de manera tal que “sólo en la medida en que se alcancen satisfactoriamente los logros de cada grado, puede avanzarse al siguiente...” (C.S.J., sent. mar. 4/98), apreciación esta que lleva a colegir que, como ya ha tenido oportunidad de señalarlo esta Sala, la inteligencia que debe darse al artículo 52 del Decreto 1860(1) reglamentario de la Ley 115 de 1994, es que la promoción académica no es automática para ninguno de los grados.

(1) El artículo 52 del Decreto 1860 de 1994 dice:

“ART. 52.—Promoción en la educación básica. La promoción en la educación básica se fundamenta en el reconocimiento de la existencia de diferencias en el ritmo del aprendizaje de los alumnos. Por tanto los educandos deben tener oportunidades de avanzar en el proceso educativo, según sus capacidades y aptitudes personales.

El consejo académico conformará comisiones de promoción integradas por docentes, para definir la promoción de los alumnos que al finalizar los grados sexto o noveno presenten deficiencias en la obtención de los logros definidos en el presente decreto. Para tal efecto las comisiones revisarán las evaluaciones practicadas en los grados precedentes, con el fin de determinar las actividades complementarias especiales que requieran cumplir para satisfacer debidamente los logros.

Las comisiones también podrán decidir la promoción anticipada de los alumnos que demuestren persistentemente la superación de los logros previstos para un determinado grado.

PAR.—Los establecimientos educativos que no ofrezcan el sexto o el noveno grado transitoriamente definirán la promoción de los alumnos, al finalizar el quinto grado y el último que ofrezcan”. (N. del D.).

3. \/isto lo anterior y si como se sabe por información que emerge inequívoca de los autos, N... obtuvo nota “insuficiente” en cinco asignaturas: matemáticas, geometría, biología, físico-química y sociales; dejó “logros pendientes” en educación física, inglés y español y tampoco alcanzó las metas fijadas en las actividades de recuperación adelantadas en el transcurso del año escolar, sin duda había lugar a tomar la medida que para tal caso se consagra en el numeral 2º del artículo 53 del Decreto 1860 de 1994(2) el cual debe aplicarse en concordancia con los artículos 11 y 12 de la Ley 115 de 1994, luego la reprobación del año lectivo dispuesta, tal como se decidió en reunión del comité de evaluación llevado a cabo el 10 de junio de 1998 y que da cuenta el acta cuyo extracto obra a folios 64 a 66 del cuaderno de tutela, encuentra suficiente respaldo normativo y por lo tanto carece de fundamento la providencia objeto de impugnación.

(2) El numeral 2º del artículo 53 del Decreto 1860 de 1994 dice: “ART. 53.—Reprobación. Las comisiones de promoción de que trata el artículo anterior podrán determinar que un alumno ha reprobado cuando ocurra una de las siguientes circunstancias: (...).

2. Cuando después de cumplidas las actividades complementarias especiales señaladas según lo dispuesto en el artículo 52 del presente decreto, persiste la insuficiencia en la satisfacción de los logros” .(N. del D.).

En síntesis, sucede en la especie en estudio que no son de recibo las apreciaciones por virtud de las cuales el fallador de primer grado tuvo por acreditada la presunta violación del derecho a la educación de la accionante; en primer lugar, en lo referente al supuesto desconocimiento por parte del plantel de la promoción académica automática en el octavo grado, toda vez que, como quedó dicho anteriormente y reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional, la promoción académica no es automática en ningún grado escolar, en segundo lugar, en lo que hace referencia a lo sostenido por el tribunal en el sentido de que no obra en los autos prueba de que el establecimiento educativo hubiere cumplido con el requisito de adelantar actividades de recuperación con la alumna, éstas, como lo afirma el progenitor de la menor, se adelantaron en el transcurso del año con los resultados ya vistos, resultados cuya real significación lo muestran con rotunda claridad los once informes de los profesores, rendidos el finalizar el año escolar (fls. 35 a 44) en la medida en que dan cuenta, de la falta de interés de la alumna en cumplir con sus deberes académicos y de sus constantes faltas de disciplina, conductas éstas que a la ligera no pueden ser desconocidas o pasadas por alto, ya que implican una manifiesta transgresión al reglamento interno del centro educativo accionado, reglamento que tiene entre sus finalidades la de velar por la formación y convivencia pacífica de sus educandos, la cual sólo se logra en la medida en que se establezcan y observen normas mínimas de conducta.

Así, pues, no puede tacharse de arbitraria o caprichosa la decisión adoptada por el colegio accionado al considerar reprobado el grado octavo de educación básica y determinar, como consta en el acta citada, que “Se recomienda un cambio de colegio”, cambio que según lo sostiene la impugnación, se concertó con la madre de la menor querellante.

Como consecuencia de las anteriores motivaciones es que la sentencia impugnada habrá de revocarse, para en su lugar denegar la reclamación constitucional formulada».

(Sentencia de tutela, septiembre 22 de 1998. Expediente 5358. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss).

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