Sentencia 5360 de mayo 3 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES EN EL CONTRATO DE SEGURO

NULIDAD RELATIVA POR INEXACTITUD O RETICENCIA DEL TOMADOR

Magistrado Ponente:

Dr. Nicolás Bechara Simancas

Ref.: Expediente 5360

Santafé de Bogotá, Distrito Capital, tres (3) de mayo de dos mil (2000).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por las demandantes Maritza Guerrero de Álvarez y Elvira Calderón contra la sentencia de 18 de agosto de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia (en descongestión) dentro del proceso ordinario instaurado por las recurrentes contra la Aseguradora Grancolombiana de Vida S.A.

Antecedentes:

I. Por demanda presentada el 14 de julio de 1987, las demandantes solicitaron se declare que “con el fallecimiento del señor Ricardo Álvarez Calderón, ocurrió el riesgo trasladado a la Aseguradora Grancolombiana de Vida S.A., mediante la póliza de vida temporal de 20 años, número 30001 y en consecuencia está obligada a pagar el valor del seguro a las beneficiarias designadas”, con la correspondiente indexación e intereses moratorios a la tasa del 18% anual, desde el 15 de julio de 1986 y hasta la fecha del pago, y para que se le condene al pago de las costas.

II. Las demandantes apoyaron sus pretensiones en los hechos que a continuación se resumen:

a) Aseguradora Grancolombiana de Vida S.A. suscribió “póliza temporal de 20 años” el 1º de septiembre de 1980, siendo tomador y asegurado Ricardo Álvarez Calderón.

b) El valor del seguro fue por la suma de $ 10.646.100, figurando en la póliza Nº 30001 como beneficiarias por partes iguales Maritza Guerrero de Álvarez y Elvira Calderón, esposa y madre de Ricardo Álvarez Calderón, quien falleció en la ciudad de Miami el 15 de julio de 1986.

c) Ocurrido el siniestro (15 julio de 1986), las beneficiarias formalizaron la reclamación (5 agosto de 1986), objetando la demandada ésta el 7 de octubre de 1986, con el argumento que el contrato de seguro está viciado de nulidad relativa, por reticencia, argumento ratificado el 18 de marzo de 1987.

d) Desde la fecha del perfeccionamiento del contrato han transcurrido más de cinco años, sin que la aseguradora haya pagado el valor del seguro.

III. Enterada la sociedad demandada de las pretensiones de sus demandantes, en su escrito de contestación se opuso a ellas aceptando los hechos, salvo en cuanto a las calidades de esposa y madre de las beneficiarias, por lo que propuso la excepción de inexistencia de las obligaciones y pidió pruebas.

IV. La primera instancia culminó con sentencia de 22 de febrero de 1993, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, mediante la cual se declaró probada la excepción perentoria propuesta por la demandada, sociedad a la que absolvió, y condenó en costas a la parte actora.

V. Inconformes con lo así decidido, las demandantes apelaron de la sentencia, terminando el segundo grado con fallo confirmatorio de 18 de agosto de 1994.

VI. No conforme la parte demandante con la resolución del ad quem, interpuso contra ella el recurso de casación, que por estar tramitado, procede la Corte a decidir.

La sentencia impugnada:

Después de historiar el litigio, de tener por establecidos los presupuestos procesales y de constatar la ausencia de vicios que afecten la validez de lo actuado, emprende el tribunal las consideraciones de su sentencia anotando que la controversia se reduce a la discrepancia de las partes, en cuanto a “la obligación que tiene la aseguradora de pagar el valor del seguro por el acaecimiento del siniestro y que ella desconoce por razón de la nulidad relativa que, dice, afecta el contrato por reticencia en el tomador y que le sirve de fundamento a la excepción de fondo que denomina inexistencia de las obligaciones”, al paso que las demandantes la consideran surgida por haber ocurrido el riesgo asegurado.

Y teniendo por ciertos la celebración del contrato de seguro de vida y el acaecimiento del siniestro, expresa que es regla de oro la buena fe que debe presidir la celebración de los contratos, siendo obligación del tomador del seguro declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo.

Más adelante agrega que como el “tomador contestó negativamente el cuestionario de asegurabilidad que le fue propuesto por la compañía aseguradora a las preguntas sobre consulta de médicos durante los últimos cinco, años y tratamiento a que hubiere sido sometido, como cuando guardó silencio sobre la enfermedad que padecía, obró sin sinceridad, esto es, sin la gran buena fe, o ubérrima buena fe, requerida para la celebración válida del contrato de seguro y tenida como causa del consentimiento por parte de la aseguradora, al ocultar hechos o circunstancias sobre el estado de riesgo que de ser conocidas por ella la hubieran retraído de la celebración del negocio o lo hubiere hecho en condiciones más onerosas”.

En relación con la prescripción de la excepción de nulidad relativa del contrato de seguro, planteada por las demandantes con fundamento en el artículo 1081 del Código de Comercio y en el hecho de que transcurrieron más de 5 años desde la fecha de perfeccionamiento del contrato, el tribunal manifestó que “la prescripción alegada no se da por no haber transcurrido los términos indicados a partir del momento en que la aseguradora tuvo conocimiento del siniestro y de la falta de sinceridad en el asegurado al diligenciar el cuestionario de asegurabilidad, y que lo es de la reclamación debidamente formulada”.

Remata diciendo que

“... perfeccionado el contrato de seguro de vida celebrado entre el señor Ricardo Álvarez Calderón, como tomador y asegurado, y la Aseguradora Grancolombiana de Vida S.A., él se encuentra afectado de nulidad relativa por razón de las declaraciones falsas y reticencia en que incurrió el tomador al responder el cuestionario de asegurabilidad que le fue propuesto por la aseguradora, sobre hechos y circunstancias que determinaban el estado de riesgo, y que de haber sido conocidas por ella la hubieran determinado a retraer el contrato o a celebrarlo en condiciones más onerosas, y de las cuales apenas tuvo conocimiento con ocasión del siniestro y en razón de la reclamación de la indemnización correspondiente hecha por la cónyuge de la asegurado, oportunamente objetada, con fundamento precisamente en las declaraciones falsas y en la reticencia en que incurrió el asegurado, y que en últimas la eximen del pago de la indemnización acordada, mediante la declaración de la objeción propuesta y que denominó “inexistencia de la obligación”, que implica el fracaso de la pretensión principal...”.

El recurso de casación:

Tres cargos, todos dentro del ámbito de la causal primera de casación, formulan las recurrentes contra la sentencia del tribunal, de los cuales la Corte despachará únicamente el primero de ellos, por estar llamado a prosperar.

Cargo primero

Acúsase la sentencia “de ser directamente violatoria de la ley por aplicación indebida de los artículos 1058 y 1081 inciso 2º del Código de Comercio; falta de aplicación de los artículos 1054, 1080 y 1081 inciso 3º (sic)”.

Lo desarrolla la impugnante sobre los asertos siguientes:

a) Que es incontrovertible que el artículo 1058 del Código de Comercio sanciona con la nulidad relativa del contrato de seguro la inexactitud o reticencia del tomador en la declaración que haga sobre el estado del riesgo.

b) Que la acción para impetrar la nulidad relativa del contrato de usura con fundamento en dicho precepto “está sujeta a la prescripción extintiva de la misma cuando quien esté legitimado en causa para incoarla no la propone dentro de los plazos que perentoriamente ha señalado el legislador”, y al regular el artículo 1081 la prescripción de todas las acciones derivadas del contrato de seguro y teniendo la referida acción de nulidad su “fundamento en una disposición legal que regula los principios comunes a los seguros terrestres, ...” es aplicable a los seguros de personas.

c) Que es un hecho aceptado que “entre la celebración del contrato de seguros que sirve de fundamento a la acción y la proposición de la nulidad relativa transcurrieron más de 5 años”, pues el contrato de seguro “se perfeccionó el 1º septiembre de 1980 con la expedición de la póliza Nº 30001 y la compañía demandada sólo viene a aducir la nulidad relativa del contrato en forma extrajudicial en octubre 7 de 1986 y judicialmente el 29 de septiembre de 1987 cuando contestó la demanda...”.

d) Que no obstante la situación fáctica anterior, aceptada por el tribunal, éste rechazó la prescripción de la excepción de nulidad relativa del contrato de seguro alegada por las actoras, decretó la nulidad propuesta y desestimó las pretensiones, conducta con la cual dejó de aplicar el inciso 3º del artículo 1081 del Código de Comercio y aplicó en forma indebida su inciso 2º, lo mismo que el artículo 1058, cuando aceptó una nulidad relativa cuya acción se encontraba prescrita.

Se considera:

1. El artículo 1081 del Código de Comercio, que consagra la prescripción ordinaria y la extraordinaria de las acciones derivadas del “contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen” dispone que:

“La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personal; y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.

Estos términos no pueden ser modificados por las partes”.

Teniendo en cuenta el contenido del anterior precepto, el sentido del fallo y el de la impugnación formulada, es preciso hacer claridad sobre el momento en que empiezan a correr los términos de prescripción en ella consagrados.

No desconoce la Corte, para comenzar, que la citada disposición ha originado diversas interpretaciones a nivel doctrinal, que han impedido uniformidad en los criterios a seguir para computar dichos términos disparidad que las más de las veces ocurre al no hacerse una debida separación de los conceptos que entraña la prescripción bifronte (ordinaria-extraordinaria) introducida por el legislador de 1971, pues el artículo 692 del Código de Comercio derogado, ninguna distinción hacia entre las dos especies de prescripción.

La reforma vinculó la prescripción ordinaria al factor subjetivo, al disponer que los 2 años para ésta corren desde el momento “en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción”; al paso que ató al factor objetivo la prescripción extraordinaria, en tanto ordenó que el término de 5 años previsto para ella comienza a partir del momento en que “nace el respectivo derecho”.

En este sentido, la exposición de motivos del proyecto del año 1958 —relativo al Código de Comercio—, resulta meridianamente clara y diciente. De ahí que, con motivo del examen de su artículo 898 —hoy 1081 del Código de Comercio—, puntualizó que,

“Esta materia fue objeto de esmeradas cavilaciones. Se tuvo en mientes el principal fundamento filosófico-jurídico de la prescripción, que no es otro que la necesidad de darles consistencia y estabilidad a las situaciones jurídicas. Igualmente tuvimos en cuenta las conveniencias de las partes que intervienen en el contrato de seguros.

Optamos por establecer dos clases de prescripción, una ordinaria y otra extraordinaria... La ordinaria empieza a contarse desde el momento en que se tiene conciencia del derecho que da nacimiento a la acción. No corre contra los incapaces...

Para quien no tiene conocimiento de él, cualquier término puede considerarse corto, pero el orden jurídico exige que se fije uno cualquiera. El de cinco (5) años es razonable. Y debe correr contra toda clase de personas.

Ventajoso para el asegurador, porque después de transcurridos cinco años desde la fecha del siniestro, puede disponer de la reserva correspondiente. Desventajoso, porque al vencerse ese término, ya no podrá alegar la nulidad del contrato por vicios en la declaración de asegurabilidad” (El destacado es ajeno al texto original. Ministerio de Justicia, Bogotá, T. II, 1958).

Del mismo modo, en el año 1969, el subcomité de seguros —parte del comité asesor para la revisión del Código de Comercio—, enfatizó que,

“La prescripción ordinaria tiene lugar cuando el interesado al ejercer la acción, tiene conocimiento o ha debido tenerlo del hecho en la cual ella se origina. La prescripción extraordinaria, se produce en todos los casos, o sea, aun cuando no se pueda establecer si el interesado tuvo o no conocimiento del hecho en cuestión... en caso de duda en la aplicación de una u otra prescripción debería acudirse a la extraordinaria”.

Y más adelante, en relación con esta última modalidad, se anotó por parte del mismo subcomité que, su finalidad es la “... de fijar un término cierto para la definición de las acciones que pudieren nacer con ocasión del contrato de seguro, ya fueran favorables al asegurador o al asegurado, tomador o beneficiario” (Actas del subcomité de seguros, Acoldeser, Bogotá 1983).

Razones de indiscutible equidad que tienen manantial en la seguridad jurídica, fueron las que inspiraron entonces la reforma de 1971, pues fue en pos de dotar de certeza a las relaciones contractuales para, de paso, contribuir a la preservación del orden y de la paz sociales, que el legislador patrio consagró un criterio netamente objetivo para la prescripción extraordinaria, así, en principio, pudieren lesionarse, es cierto intereses jurídicos, ora del beneficiario del seguro, ya del asegurador, los que no obstante su indiscutible linaje, no pueden trascender su esfera privada, con el propósito de anteponerse al ordenamiento, y de derruir por consiguiente, el valor superior de aquel principio.

En este orden de ideas, resulta claro que el legislador colombiano del año 1971, siguiendo un criterio ciertamente diferente al establecido por la legislación civil nacional y buena parte de la comparada —en general—, prohijó para el contrato de seguro dos tipos de prescripción divergentes: la ordinaria y la extraordinaria, cimentadas en postulados disímiles a los que disciplinan este binomio en la prenotada codificación civil (arts. 2535 y 2512), no empece haber conservado la misma denominación asignada por ésta a la prescripción adquisitiva (C.C., art. 2527).

La primera, según se acotó en líneas anteriores, de estirpe subjetiva, y la segunda, de naturaleza típicamente objetiva, calidades estas que se reflejan, de una parte, en los destinatarios de la figura sub examine: determinadas personas —excluidos los incapaces— y “toda clase de personas” —incluidos estos—, respectivamente, y, de la otra, en el venero prescriptivo.

Es así, se reitera, cómo en punto tocante al inicio del referido decurso, se tiene establecido que la ordinaria correrá desde que se haya producido el conocimiento real o presunto del hecho que da base a la acción (el siniestro, el impago de la prima, el incumplimiento de la garantía, la floración —eficaz— de la reticencia o de la inexactitud en la declaración del estado de riesgo, etc.), al paso que la extraordinaria, justamente por ser objetiva, correrá sin consideración alguna el precitado conocimiento De allí que expirado el lustro, indefectiblemente, irrumpirán los efectos extintivos o letales inherentes a la prescripción en comento.

Quiere decir lo anterior, que al contrario de lo que acontece en un apreciable número de naciones, el legislador colombiano, ex profeso, le dio carta de ciudadanía a una prescripción (la extraordinaria) fundada en razonamientos absolutamente objetivos, haciendo, para el efecto, tabla rasa de aquel acerado y potísimo axioma de raigambre romana, conforme al cual “contra quien no puede ejercitar una acción no corre la prescripción” (contra non valentem agere, non currit praescriptio), también conocido a través del enunciado jurídico: “la acción que no ha nacido, no puede prescribir” (actionis nondm natae, non praescribitur), postulado éste que tiene como plausible cometido el garantizar que el término respectivo se inicie a partir de que la acción, siendo cognoscible por parte del interesado, pudo ser ejercida, eliminando por tanto, de raíz, la posibilidad de que una acción prescriba sin que el interesado, incluso, se haya enterado de su previa existencia. Como lo expresa M. Planiol, no sería consecuente, desde esta perspectiva, “... que el derecho se perdiera antes de haberlo podido ejercer, lo que sería tan injusto, como absurdo” (Traité elémentaire de Droit Civil, L.G.D.J., París, 1912, pág. 210).

2. Para determinar cabalmente el cómputo de estos términos, es preciso tener en cuenta la diversidad de acciones que surgen “del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen”, pues obviamente el artículo 1081 del Código de Comercio no está diseñado ni se agota exclusivamente frente a la indemnizatoria —o la encaminada a exigir la prestación asegurada— en manos del beneficiario del seguro, cuestión que obliga, en el marco de una cabal hermenéutica de ese precepto, establecer en cada caso concreto la naturaleza de la prestación reclamada, pues ésta ha de determinar a su turno cuál “es el hecho que da base a la acción” (tratándose de la prescripción ordinaria) y en qué momento “nace elrespectivo derecho” (cuando se invoque la prescripción extraordinaria); desde luego que esas acciones no siempre tienen su origen en un solo hecho o acontecimiento, pues éste varía conforme al interés de su respectivo titular (tomador, asegurado, beneficiario, o asegurador), y tampoco tienen siempre su fuente en el contrato mismo de seguro, sino algunas veces en la ley, como acontece con las acciones y las excepciones de nulidad relativa, la devolución de la prima etc. Lo anterior, es claro, sin perjuicio del régimen prescriptivo establecido en el artículo 1131 del Código de Comercio para el seguro de responsabilidad civil, en el que la prescripción corre frente al asegurado a partir del momento de la petición indemnizatoria, (judicial o extrajudicial), que efectúe la víctima, y, respecto de ésta, desde “el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado”, según lo esclareció el legislador del año 1990 (L. 45, art. 86).

Así, el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción (prescripción ordinaria), será distinto en cada caso concreto, según sea el tipo de acción a intentar, y quien su titular, y otro tanto es pertinente predicar del “momento en que nace el respectivo derecho”, cuando se trate de la prescripción extraordinaria, pues en ésta ese momento tampoco es uno mismo para todos los casos, sino que está dado por el interés que mueve a su respectivo titular.

Consecuente con lo anotado, cuando se está en frente de acciones “derivadas del contrato” como sucede con la de reconocimiento de la indemnización (o de la prestación asegurada) a que tiene derecho el beneficiario, el momento a partir del cual ha de correr contra él la prescripción ordinaria, es distinto al que ha de tenerse en cuenta para computar idéntica prescripción contra el asegurador en el supuesto de que éste, apoyado en acciones “derivadas de la ley”, demande o excepcione, según el caso, la nulidad relativa del contrato de seguro por inexactitud o reticencia del tomador en la declaración de asegurabilidad, pues en estos supuestos “el hecho que da base a la acción” o el nacimiento del “respectivo derecho” es necesariamente diferente.

En efecto, en el primer caso, como lo dijo la Corte en sentencia de 7 de julio de 1977 (G.J. T. CIV, pág. 139 y ss.), el término prescriptivo ordinario correrá a partir del conocimiento —real o presunto— y el extraordinario a partir del acaecimiento del siniestro; mientras que en el segundo caso, operará a partir del momento en que el asegurador conoció o debió conocer el hecho generador de la rescisión del contrato, es decir la inexactitud o reticencia comentadas; la misma distinción es preciso hacer, en el ejemplo referido, respecto del término prescriptivo extraordinario, porque, en el primer caso, ese término correrá contra el asegurado demandante a partir del acaecimiento del siniestro, cual lo precisó igualmente esta corporación en la sentencia señalada; mientras que, en el segundo caso los cinco años con los que se consuma dicha prescripción extraordinaria correrán contra el asegurador desde la fecha de materialización de la inexactitud o reticencia que, en sede contractual, será estrictamente aquella en la cual se perfeccione el contrato viciado por la mediación de tales irregularidades, llamadas a eclipsar el asentimiento de la entidad aseguradora que, aun cuando ontológicamente son anteriores, no puede perderse de vista que el derecho a impugnarlo, surge luego de su celebración, de suerte que con antelación, en puridad, no hay aún contrato y, por sustracción de materia, nada que atacar. Al fin y al cabo, dicha acción persigue impugnar la eficacia de un negocio jurídico previamente viciado. De ahí que cuando el inciso 3º del artículo 1081 del Código de Comercio alude al nacimiento del respectivo derecho, hay que entender que se está refiriendo al derecho de impugnar su validez a través de la formulación de una acción o de una excepción orientadas a su declaratoria por el aparato judicial, lo cual supone su perfeccionamiento. Por ello es por lo que la reticencia o la inexactitud adquirirán virtualidad negocial y, por tanto, relevancia jurídica, en la medida en que efectivamente se celebre el contrato de seguro.

3. Puntualización adicional requiere la distinción entre una y otra especie de prescripción, por cuanto a términos del referido artículo 1081 del Código de Comercio, los cinco años que se exigen para la extraordinaria correrán “contra toda clase de personas”; mandato este último cuyo alcance definió la Corte al sostener que “La expresión “contra toda clase de personas” debe entenderse en el sentido de que el legislador dispuso que la prescripción extraordinaria corre aun contra los incapaces (C.C., arts. 2530, num. 1º y 2541), así como contra todos aquellos que no hayan tenido ni podido tener conocimiento...” del hecho que da base a la acción (sentencia citada de 7 de julio de 1977), esto es, en los casos de los ejemplos analizados, que el término de la prescripción extraordinaria corre, según el evento, desde el día del siniestro, o desde cuando se perfeccionó el contrato viciado por una reticencia o inexactitud, háyase o no tenido conocimiento real o presunto de su ocurrencia, y no se suspende en ningún caso, como sí sucede con la ordinaria (C.C., art. 2530).

Luego de fenecido el quinquenio en referencia, la relación jurídica se tornara inescrutable, con todo lo que ello supone, como quiera que no podrá acudirse, con éxito, al expediente prescriptivo, así se compruebe fehacientemente que el asegurador, por vía de elocuente ejemplo, no conoció el hecho detonante del surgimiento de su derecho impugnaticio (la reticencia o la inexactitud que autorizan la petición de nulidad relativa del contrato celebrado (C. de Co., art. 1058), sino luego de expirado dicho período, en tal virtud fatal, concretamente cuando se le formuló la reclamación respectiva, acto este que, de ordinario, es el que le permite enterarse al empresario, según las específicas circunstancias, de que su asentimiento fue arrancado en desarrollo de una declaración de asegurabilidad vacía de fidelidad o de sinceridad (Ib., art. 1.058).

4. Resulta por ende de lo dicho, que los dos años de la prescripción ordinaria corren para todas las personas capaces, a partir del momento en que conocen real o presuntamente del hecho que da base a la acción, por lo cual dicho término se suspende en relación con los incapaces (C.C., art. 2541), y no corre contra quien no ha conocido ni podido o debido conocer aquel hecho; mientras que los cinco años de la prescripción extraordinaria corren sin solución de continuidad, desde el momento en que nace el respectivo derecho, contra las personas capaces e incapaces, con total prescindencia del conocimiento de ese hecho, como a espacio se refirió, y siempre que, al menos teóricamente, no se haya consumado antes la prescripción ordinaria.

5. No puede predicarse entonces de manera general, cual lo hizo erróneamente el tribunal, que en todas las acciones derivadas del contrato de seguro o de la ley el término de prescripción ordinario y extraordinario tenga como punto común de partida “la ocurrencia del siniestro”, pues como lo indicó la Corte en la sentencia ya citada de 7 de julio de 1977, ese punto de partida sólo es viable tratándose, como allí se dijo, de una excepción de prescripción opuesta por la aseguradora contra el beneficiario del seguro, muy distinto de lo que aquí ocurre, porque en este proceso quienes alegan la prescripción son las beneficiarias del seguro contra la excepción de nulidad relativa del contrato presentada por la compañía aseguradora, todo sin perjuicio del régimen especial consagrado en el nuevo texto del artículo 1131 del Código de Comercio, para el seguro de responsabilidad civil, inaplicable al presente asunto.

De ahí que la Corte, una vez precisó en dicho fallo que las expresiones “tener conocimiento del hecho que da base a la acción” y “desde el momento en que nace el respectivo derecho” (utilizadas en su orden por los incs. 2º y 3º del art. 1081 del C. de Co.) comportan “una misma idea”, esto es, que para el caso allí tratado no podían tener otra significación distinta que el conocimiento (real o presunto) de la ocurrencia del siniestro, o simplemente del acaecimiento de éste, según el caso, pues como se aseveró en tal oportunidad “El legislador utilizó dos locuciones distintas para expresar una misma idea”, esta corporación pasó a decir a continuación y con sujeción obviamente a la situación fáctica en aquel proceso ventilada, que:

“5. En consecuencia, la prescripción ordinaria y la extraordinaria corren por igual contra todos los interesados. La ordinaria cuando ellos son personas capaces, a partir del momento en que han tenido conocimiento del siniestro o han podido conocerlo y su término es de dos años; no corre contra el interesado cuando éste es persona incapaz según los artículos 2530 y 2541 del Código Civil, ni tampoco contra el que no ha conocido ni podido conocer el siniestro.

Pero contra estas personas sí corre la prescripción extraordinaria, a partir del momento en que nace el derecho o sea desde la fecha del siniestro. Por tanto, las correspondientes acciones prescriben en contra del respectivo interesado así: a) cuando se consuma el término de dos años de la prescripción ordinaria, a partir del conocimiento real o presunto del siniestro; y b) en todo caso, cuando transcurren cinco años a partir del siniestro, a menos que se haya consumado antes la prescripción ordinaria; la extraordinaria —se repite— corre aún contra personas incapaces o aquellas que no tuvieron ni pudieron tener conocimiento del hecho que da origen a la acción” (sent. de 7 de julio de 1977, G.J. CLV pág. 139).

Entonces, la realización del siniestro, acompañada de su conocimiento real o presunto, como punto de partida para contabilizar el término de prescripción ordinario o el solo fenómeno de su ocurrencia (desprovisto de su conocimiento), tratándose del extraordinario, sólo es viable, en la forma en que lo dijo la Corte en la sentencia comentada para el evento en que dicho fenómeno jurídico sea propuesto por la compañía aseguradora contra la acción promovida por el beneficiario del seguro, a raíz de la materialización del siniestro. En consecuencia, si la excepción de prescripción recae sobre conducta diversa, v. gr. la que aquí proponen las beneficiarias del seguro contra la aseguradora que planteó la nulidad relativa del contrato el punto de partida para establecer el término prescriptivo ya no es el siniestro, sino el motivo que da base a esa nulidad, que para el presente caso no puede ser otro que las inexactitudes o reticencias del tomador y asegurado, tal cual lo adujo en esta actuación la aseguradora como soporte del citado vicio contractual. Otras excepciones de prescripción, según lo visto, tienen término prescriptivo ordinario o extraordinario a partir de la ocurrencia de hechos diversos al siniestro o al de la inexactitud o reticencia en la declaración de asegurabilidad, según sea la acción o la conducta a la que se enfrente la excepción, y, obviamente, de acuerdo con el titular que la promueva o la adopte.

6. El término dispuesto para la prescripción ordinaria corre, pues, en relación con la acción de nulidad relativa (C. de Co., art. 1058) del contrato de seguro, a partir del conocimiento real o presunto que tenga el titular acerca de los vicios que lo afectan, al paso que el de la extraordinaria (5 años) corre desde el momento que nace el derecho a demandar esa nulidad. No hay duda, entonces, de que cuando el motivo de esa acción son las reticencias o inexactitudes respecto de las manifestaciones del tomador, el interesado en promoverla debe hacerlo dentro de los dos años siguientes a la fecha en que conoció o debió conocer esas conductas, sin que en ningún caso pueda promoverla pasados cinco años desde cuando se produjo el perfeccionamiento del contrato, que dio nacimiento al derecho a demandar la rescisión, según se reseñó. Lo propio debe decirse en torno a la excepción de nulidad emergente de las citadas circunstancias, toda vez que ésta es disciplinada, igualmente, por el artículo 1081 del Código de Comercio, así la norma se refiera, latosensu, a las acciones, vocablo dentro del cual, en línea de principio, deben quedar cobijadas este tipo de excepciones, pues conforme quedó expuesto en los antecedentes legislativos de la citada disposición transcritos al inicio de estas consideraciones, al vencerse el término de los cinco (5) años el asegurador “... ya no podrá alegar la nulidad del contrato por vicios en la declaración de asegurabilidad” ni por vía de acción ni de excepción, se agrega.

7. No es ajena la Corte al criterio doctrinal de distinguir entre el término de consumación de la prescripción, según se trate de una acción o de una excepción. Ese criterio que, en síntesis, está inspirado en la máxima de que la acción es temporal y la excepción perpetua (quoe tenporalia sunt ad agendam, perpetua sunt ad excipiendum), propugna porque la “excepción” no puede extinguirse antes del momento en que es preciso hacerla valer, esto es, mientras no se dé una acción que justifique esa defensa, pues entre tanto “no puede imputarse negligencia a quien no ha podido actuar mientras no ha sido inquietado...” (M. Argañarás, La prescripción extintiva, Tea, pág. 45); y agregan sus adeptos, dentro del marco de esa concepción, que el término de prescripción corre en este caso a partir del momento en que, como respuesta a un ataque, es pertinente excepcionar. Sin embargo, estima esta corporación que tan particular y, si se quiere, lógica manera de razonar, no tiene aplicación en el evento normativo previsto por el artículo 1081 del Código de Comercio, por lo menos en lo que a la nulidad se refiere, como quiera que allí no se regula únicamente la prescripción ordinaria, terreno en el cual pudiera tener cabida en gracia de discusión ese planteamiento, sino además la prescripción extraordinaria, ante cuyo claro y perentorio mandato no es posible darle aplicación, pues, como quedó dicho, para ésta se fijó un término máximo de cinco años que corre “contra toda clase de persona” y no está atada a consideración subjetiva alguna.

Y se dice que la perpetuidad de las excepciones no tendría cabida en lo tocante con la prescripción asegurativa, por lo menos tratándose de la nulidad, básicamente por dos concretas circunstancias. La primera, ligada con su funcionamiento general, el de la nulidad, toda vez que la legislación colombiana acogió, por regla general, el sistema del saneamiento de las nulidades (arts. 1683 del C.C. Chileno; 1742 y 1743, C.C. Colombiano), lo que supone que expirado el período legal respectivo (4 años para la relativa y 20 para la absoluta), el negocio devendrá intocable, o simplemente se regularizará. En este sentido, como lo avala el profesor chileno Arturo Alessandri Bessa, “... el saneamiento de la nulidad relativa por el transcurso del tiempo extingue por completo el derecho de alegarla, sea como acción o como excepción” (La nulidad y la rescisión en el derecho civil, Imprenta Universitaria, T.II, pág. 952). A la misma conclusión arriban, sin perjuicio de reconocer la fuerza de la perpetuidad de las excepciones en punto a otros supuestos diversos de la nulidad, los doctrinantes, Ramón Meza Barros (Manual de derecho civil. De las obligaciones, T. I, pág. 495) y René Abeliuk (Las obligaciones, T II, pág. 1003). Y la segunda, vinculada con el carácter definitivo asignado a la prescripción extraordinaria en el seguro, como se manifestó, en atención a que ella envuelve el término límite para dotar de firmeza al contrato o a determinadas situaciones jurídicas. Por lo demás, como ya se dijo, nótese que la nulidad relativa no tiene en nuestro ordenamiento jurídico un cariz exclusivamente de excepción, por supuesto que el artículo 1742 del Código Civil expresamente dice que ella da derecho a pedir la rescisión del contrato, lo que hace patente respecto de ella otra cara, esta vez de acción; es decir, la nulidad relativa es controvertible tanto por acción como por excepción.

8. En el caso de este proceso, las actoras como beneficiarias del seguro de vida adquirido por Ricardo ÁIvarez Calderón, fallecido el 15 de julio de 1986, accionaron contra la compañía aseguradora por el reconocimiento y pago de esa prestación, mediante demanda presentada el 10 de julio de 1987. Al contestar ese libelo (sep. 29/87), la aseguradora planteó que “hubo reticencia por parte del asegurado en la declaración rendida por él... lo cual conIleva a que opere en el presente caso, la nulidad relativa del contrato de seguro, tal como establece el artículo 1058 del Código de Comercio...”. Al descorrer el correspondiente traslado las actoras plantearon la prescripción de ésta por haber transcurrido más de cinco años desde el momento en que se perfeccionó el contrato de seguro (sep. 1º/80) y nació el derecho a formular la excepción; ante lo cual el tribunal desestimó la prescripción argumentando que ésta “no se da por no haber transcurrido lo términos indicadas a partir del momento en que la aseguradora tuvo conocimiento del siniestro y la falta de sinceridad en el asegurado al diligenciar el cuestionario de asegurabilidad...”.

Es evidente, entonces, de acuerdo con las consideraciones precedentes, que el tribunal interpretó erróneamente el artículo 1081 del Código de Comercio, al concluir con arreglo a su texto que en el caso de este proceso el nacimiento del correspondiente derecho está determinado por el momento en que la aseguradora tuvo conocimiento de la ocurrencia del siniestro y no por el de la reticencia comentada, referida al momento de la celebración del contrato, a consecuencia de lo cual infringió directamente las normas legales que se mencionan en el inicio de la acusación.

9. El cargo, por consiguiente, es próspero.

Sentencia sustitutiva

Para abordar la sentencia de reemplazo es importante anticipar que entre las partes y por razón de la relación contractual que las convoca en este litigio, no ha sido materia de controversia la celebración del contrato de seguro de vida entre el señor Ricardo Álvarez Calderón como tomador y asegurado, y la compañía aseguradora “Gran Colombiana de Vida S.A.”. No lo ha sido tampoco la ocurrencia del siniestro amparado, pues está acreditado el fallecimiento del asegurado, ni la condición de beneficiarias de las demandantes Maritza Guerrero de Álvarez en su condición de esposa del asegurado, y de la señora Elvira Calderón, como madre del mismo.

Presupuesto igualmente conocido y demostrado, lo constituye el monto del valor asegurado que es la suma de $ 10.646.100.

El punto de enfrentamiento proviene de la consideración del asegurador de hallarse relevado del pago convenido ante la ocurrencia del siniestro, amparado en el argumento de la existencia de una nulidad relativa que en su parecer y con los argumentos que expuso, afectaron el contrato de seguro, por haber incurrido el tomador en reticencia en la información previa a la celebración del contrato, hecho que le ha permitido sustentar la excepción de inexistencia de la obligación.

La Corte al despachar el cargo que resultó próspero, se pronunció respecto de la interpretación que erróneamente hizo el tribunal del artículo 1081 del Código de Comercio, y esta decisión, cuyo fundamento señalado al motivar el cargo se da por reproducido, provoca desde luego que sea procedente reconocer la consumación de la prescripción propuesta por las actoras, frente a la nulidad relativa del contrato de seguro que contra la acción impetrada propuso la aseguradora demandada, decisión que justamente deja sin piso esta excepción, pues demostrado que la declaración de asegurabilidad que da origen a la reticencia tuvo lugar el día 1º de septiembre de 1980, fecha que se considera concurrente con la del perfeccionamiento del contrato de seguro de vida, según lo expuesto en el despacho del cargo, y que la excepción de nulidad se interpuso extrajudicialmente el 7 de octubre de 1986 y judicialmente el 29 de septiembre de 1987, daba lugar a considerar ya consumada la prescripción extraordinaria para promover dicho medio exceptivo, según quedó expuesto allí, porque aun en el primer caso ya estaba extinguido el término máximo de prescripción.

Resulta de lo anterior, que debe accederse al reconocimiento de la pretensión demandada, cuyo fundamento fáctico queda acreditado, pues así lo recoge el contrato celebrado entre las partes para el evento en que ocurriera el siniestro, circunstancia que genera una obligación a cargo del asegurador, y su pago, según las voces del artículo 1080 del Código de Comercio, vigente para la época, debió efectuarse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que el beneficiario acreditó, extrajudicialmente su derecho ante el asegurador. Mas como así no sucedió, tal cual quedó expuesto a lo largo de esta actuación, las demandantes tienen derecho a que el pago de la prestación asegurada a cargo de la compañía aseguradora se les haga con los correspondientes intereses moratorios, a cuyo propósito son pertinentes las siguientes reflexiones:

De conformidad con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 se entienden incorporadas al contrato de seguro “las leyes vigentes al tiempo de su celebración”, salvo que se trate, entre los eventos allí previstos, de leyes “que señalen penas para el caso de infracción de lo estipulado”, que tendrán aplicación en lugar de aquéllas así sean posteriores, pues la excepción segunda de ese precepto manda que la “infracción será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido”. Lo anterior significa, que los intereses de mora por el no pago oportuno de la prestación aquí reclamada y que tienen evidentemente connotación de “pena” al tenor del artículo 6º del Código Civil, deben comenzar a contabilizarse a la tasa prevista por el original texto del artículo 1080 del Código de Comercio vigente para el momento en que se produjo la infracción contractual por falta del pago, sin olvidar que, como dicha infracción continuó prolongándose en el tiempo y simultáneamente el legislador mediante el artículo 83 de la Ley 45 de 1990 y 111 de la Ley 511 de 1999 modificó la tasa del interés moratorio impuesta por aquel precepto, esas modificaciones también deben tenerse en cuenta para ser aplicadas a cada uno de los períodos de infracción (falta de pago) que por esas leyes posteriores, de aplicación inmediata, estuvieron regidos; lo que significa que “(...) la liquidación no puede en verdad efectuarse aplicando a todo el período (de incumplimiento, se agrega) la nueva norma, lo que sin duda importaría inaceptable retroactividad, pero tampoco cabe hacer obrar la primera como si la señalada modificación nunca hubiera tenido lugar...” (sent., ago. 12/98; exp. 4894); ello sin dejar de lado el evidente carácter de orden público económico que esas disposiciones ostentan y las implicaciones que para el caso tienen. Así, en conclusión, dado que al tenor del artículo 35, numeral 2º, de la Ley 153 de 1887 los preceptos posteriores que regulen distintamente los intereses moratorios durante la persistencia de la infracción, son de aplicación inmediata (...) la solución que en la práctica se impone es la de calcular con base en la tasa antigua los intereses del período anterior al tránsito de legislación, mientras que los devengados con posterioridad a esa misma fecha, se determinarán por la nueva tasa...” (sent. citada).

En armonía con lo que acaba de exponerse, la aseguradora demandada deberá pagar a cada una de las demandantes, sobre el respectivo importe de la prestación asegurada, las siguientes tasas de intereses moratorios: el 5 de noviembre de 1986, día siguiente a aquel en que vencieron los 60 días de que disponía la empresa demandada para pagar el valor de la indemnización según la fecha de la reclamación (ago. 5/86), y hasta el 18 de diciembre de 1990, día anterior a la publicación y entrada en vigencia de la Ley 45 de 1990, al 18% anual, que era la tasa prevista en el artículo 1080 del Código de Comercio; del 19 de diciembre de 1990 hasta el 3 de agosto de 1999, que precede a la fecha en que empezó a regir la Ley 511 de 1999 (ago. 4), a la tasa máxima vigente para ese período, respetando las fluctuaciones que tuvieron lugar durante él (L. 45/90, art. 83); y desde el 4 de agosto de 1999 y hasta cuando se verifique el pago definitivo de la obligación, de conformidad con lo ordenado en el parágrafo del artículo 111 de la precitada Ley 511 de 1999, a la tasa del “bancario corriente aumentado en la mitad”.

No habrá de accederse a la pretensión que persigue la recomposición indemnizatoria de intereses moratorios adicionales a los señalados, pues ha sido doctrina de la Corte que “Las deudas pecuniarias con fuente contractual se rigen por el principio nominalista hasta el momento en que el deudor no cumple, la mora en que incurre lo obliga a tener que indemnizar al acreedor los perjuicios que sufre”; a lo que se agregó que el deterioro monetario “se entiende incluido en los intereses legales de mora, a menos que pruebe que el perjuicio por este concepto fue mayor. No son pues acumulables intereses de mora y corrección monetaria”. (Sent. 080/90). Desde luego que, siendo así, el fenómeno inflacionario está incorporado en dichos intereses.

Decisión:

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 18 de agosto de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia (por descongestión), en este proceso ordinario instaurado por las señoras Maritza Guerrero de Álvarez y Elvira Calderón contra la Aseguradora Grancolombiana de Vida S.A. Constituida la Corte en tribunal de instancia,

RESUELVE:

REVOCAR en todas sus partes la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, el 22 de noviembre de 1993, que declaró probada la excepción de inexistencia de las obligaciones propuesta por la parte demandada y la absolvió, de los cargos formulados en la demanda, condenando en costas a la actora. En su lugar. DISPONE:

1. Declarar infundada la excepción de inexistencia de lasobligaciones propuesta por la Aseguradora Grancolombiana de Vida S.A.

2. Declarar que la compañía Aseguradora Grancolombiana de Vida S.A., está obligada a pagar a las señoras Maritza Guerrero de Álvarez y Elvira Calderón, el valor del seguro a que hace referencia la póliza número 30001, por la ocurrencia del riesgo ante el fallecimiento del asegurado Ricardo Álvarez Calderón.

3. Condénase a la Compañía Aseguradora Grancolombiana de Vida S.A., a pagar a Maritza Guerrero de Álvarez, la suma de cinco millones trescientos veintitrés mil cincuenta pesos ($ 5.323.050), correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del seguro de vida suscrito en la citada póliza 30001, en su condición de beneficiaria por dicho porcentaje.

4. Condénase a la Compañía Aseguradora Grancolombiana de Vida S.A., a pagar a Elvira Calderón, la suma de cinco millones trescientos veintitrés mil cincuenta pesos ($ 5.323.050), correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del seguro de vida suscrito en la misma póliza 30001, en su condición de beneficiaria por dicho porcentaje.

5. Condénase a la Compañía Aseguradora Grancolombiana de Vida S.A., a pagar a las señoras Maritza Guerrero de Álvarez y Elvira Calderón, intereses moratorias sobre el monto del capital reconocido a cada una de ellas en los numerales 2º y 3º de la parte resolutiva de esta sentencia, así: del 5 de noviembre de 1986 al 18 de diciembre de 1990, a la tasa del 18% anual, que era la prevista en el artículo 1080 del Código de Comercio; del 19 de diciembre de 1990 el 3 de agosto de 1999, a la tasa máxima vigente para ese período, respetando las fluctuaciones que tuvieron lugar durante él (L. 45/90, art. 83); y desde el 4 de agosto de 1999 y hasta cuando se verifique el pago definitivo de la obligación, a la tasa del “bancario corriente... aumentado en la mitad”, de conformidad con lo ordenado en el parágrafo del artículo 111 de la precitada Ley 511 de 1999.

6. No se accede a las pretensiones quinta y sexta de la demanda, en las que se persigue la indexación de los valores reconocidos como capital, por las razones aducidas.

7. No se accede a las pretensiones séptima y octava principales de la demanda, en lo que refiere a los intereses moratorios allí reclamados con fundamento en el artículo 886 del Código de Comercio.

8. Condénase a la demandada Aseguradora Grancolombiana de Vida S.A., al pago de las costas causadas en primera y segunda instancia. Liquídense en su oportunidad.

Sin costas en el recurso extraordinario ante la prosperidad del mismo.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Silvio Fernando Trejos Bueno—Manuel Ardila Velásquez—Nicolás Bechara Simancas—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros.

_______________________________