Sentencia 5367 de diciembre 10 de 1999 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

Ref.: Expediente 5367

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo

Santafé de Bogotá, D.C., diez de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS:«1. Teniendo en cuenta que el cargo formulado contra la sentencia del tribunal es la violación indirecta de la ley sustancial, como corolario de errores de derecho en la apreciación de las pruebas, importa destacar el concepto reiterado por la Corte sobre este tipo de error: “en esta clase de yerro puede hoy incurrir el fallador cuando aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producción; o cuando, viéndolas en la realidad que ellas demuestran, no las evalúa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente prohíbe para el caso; o cuando, requiriéndose por la ley una prueba específica para demostrar determinado hecho o acto jurídico, no le atribuye a dicho medio el mérito probatorio por ella señalado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificación de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere” (CXLVII, pág. 61)” (Sent., mayo, 20/97, exp. 4754). (...).

Sin embargo, teniendo en cuenta que debe preservarse siempre el derecho de defensa y su variante reconocida de la contradicción probatoria, es por lo que se exige para que puedan apreciarse las pruebas en el nuevo proceso que “se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen”, o por lo menos “con audiencia de ella” (CPC, art. 185), tanto más, cuanto que si la prueba tiene como finalidad “... determinar o producir la convicción o persuasión del juez; convencerlo o persuadirlo”, conforme lo enseña el profesor Santiago Sentís Melendo (La Prueba, E.J.E.A., Buenos Aires, 1979, pág. 39), es menester respetar el aquilatado principio ya aludido del derecho de defensa, con el propósito de generar una “convicción o persuasión” fidedignas en cabeza del juzgador, al fin y al cabo responsable de desatar el conflicto suscitado entre las partes, con arreglo a las pruebas incorporadas al proceso. De allí la significación de que puedan ser objeto de oportuna contradicción.

En caso contrario, esto es cuando no hubo participación de la parte contra la cual se pretendían aducir, si se desea utilizar dicho medio probatorio, será necesario practicar la prueba en el nuevo proceso, o bien en tratándose de testimonios obtener su ratificación, precisamente para darle la oportunidad de contradicción a la parte que no intervino en su producción, en guarda de la señalada regla informadora de la prueba judicial. (...).

Cuando los testimonios recibidos en un proceso no fueron incorporados con participación de la parte contra la que se pretende aducir y se desea que obren como elementos de convicción en otro trámite judicial, será necesario efectuar su ratificación, al tenor del artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. Sobre el particular, ha recordado la Corte que “El artículo 185 del Código de Procedimiento Civil se refiere a la prueba que ha sido válidamente practicada en un proceso, para establecer que ella puede ser allegada a un proceso distinto, reproducida en copia auténtica, siempre que en el mismo proceso figuren como partes las que tuvieron tal carácter en el primero; en cuyo caso no se exige formalidad adicional alguna. Pero si la prueba trasladada se practicó sin audiencia de la parte contra la cual se aduce en el nuevo proceso, es necesario que dentro de éste sea ratificada por los declarantes, a fin de darle oportunidad a quien no estuvo presente en el primer proceso, de contra-interrogar a los testigos o solicitar la práctica de pruebas adicionales, tendientes a desvirtuar el contenido de las declaraciones trasladadas, con lo cual se satisfacen los principios de publicidad y contradicción de la prueba. Sin este último requisito las declaraciones trasladadas carecen de valor probatorio” (1)

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 29 de agosto.

(...).

7. No obstante lo anterior al margen de las consideraciones jurídicas ya anotadas —inmersas en la argumentación inherente al recurso extraordinario de casación—, encuentra la Corte que frente a la situación probatoria del proceso oportunamente descrita, la labor del juez —predicable del tribunal en el caso concreto— no puede contraerse, como en veces desventuradamente acontece, a una actitud pasiva o de mero espectador, así su actuación, “prima facie”, esté formalmente en consonancia con lo dispuesto por una determinada norma. No, de conformidad con las disposiciones legales (CPC, art. 2º, 37, 38 y 179, entre varias), aunadas al mandato constitucional por virtud del cual debe buscarse la prevalencia del derecho sustancial (C.P., art. 228), las autoridades jurisdicciones deben en cada caso y de acuerdo con las circunstancias pertinentes, hacer uso de las facultades consagradas por el Código de Procedimiento Civil —y demás disposiciones concordantes y aplicables— para lograr, no sólo el impulso del proceso sino la comprobación de los supuestos fácticos dentro del mismo, para lo cual gozan, entre otras alternativas, de la posibilidad de decretar pruebas de oficio. Sobre este mismo particular, en reciente providencia, frente a un asunto similar, la Corte expresó que “el juez debe realizar esfuerzos por verificar la verdad histórica de los hechos que se le narran a efectos de dictar la sentencia” (Sent. nov. 11/99, exp. 6168), criterio éste que, contrastado con la pasiva —y también formal— actitud observada por el tribunal en el presente asunto, evidencia una actuación que, en rigor, no está acorde con los prenotados lineamientos, todos inscritos dentro del marco de un procedimiento jurisdiccional eficiente y dotado de plenas garantías para la prevalencia efectiva de los derechos sustanciales de los asociados, conforme a las circunstancias del caso objeto de examen».

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