Sentencia 5375 de julio 27 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

DECLARATORIA DE ILEGALIDAD DE UN PARO

REVOCATORIA DE LA RESOLUCIÓN

EXTRACTOS: «En atención al cese de labores protagonizado por los trabajadores de uno de los turnos nocturnos en la Sociedad Unión Industrial y Astilleros Barranquilla “Unial S.A.” el 1º de diciembre de 1989 entre las 6:45 p.m. y las 2:00 a.m. del día siguiente y ante el requerimiento de la empresa, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, luego de analizar las circunstancias en que se produjo la suspensión de actividades, consideró que quienes participaron en ella incurrieron en “violación irrefutable de las normas laborales vigentes” y, por consiguiente, por medio de la Resolución 2265 de 25 de mayo de 1990, resolvió:

“ART. 1º—Declarar ilegal el cese de actividades realizado en la Sociedad Unión Industrial y Astilleros Barranquilla “Unial S.A.”, llevado a cabo el día 1º de diciembre de 1989 entre las 6:45 p.m. y las 2:00 a.m. por los trabajadores del turno nocturno, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

ART. 2º—Una vez conocida la declaratoria de ilegalidad de que trata la presente resolución la Sociedad Unión Industrial y Astilleros Barranquilla “Unial S.A.”, queda en libertad de despedir a aquellos trabajadores que persistieran en el paro por cualquier causa.

ART. 3º—La presente resolución es de inmediato cumplimiento y contra ella sólo proceden las acciones pertinentes ante el honorable Consejo de Estado como lo preceptúa el numeral primero del artículo 451 del estatuto laboral” (fl. 12).

La anterior resolución fue comunicada a la sociedad demandante el 22 de junio de 1990 (fl. 12 vto.) y desde entonces “Unial S.A.”, quedó informada de que quedaba en libertad para terminar unilateralmente los contratos de trabajo de “aquellos trabajadores que persistieran en el paro por cualquier causa” (se subraya).

La resolución es sin duda un acto administrativo de contenido particular y concreto que colocó a la empresa demandante en una situación jurídica de carácter particular y concreto, toda vez que al declarar la administración la ilegalidad del cese de actividades de sus trabajadores, hizo surgir para ella la consecuencia jurídica dispuesta por el artículo 450 del C.S. del T., según la cual la empresa quedaba en libertad de despedir a los trabajadores que persistieran en el paro, dando por terminados sus contratos de trabajo por justa causa, sin indemnización alguna.

La trascendencia de tal declaración explica que el artículo 451 del mismo código, prescriba que la providencia es de inmediato cumplimiento y que contra ella sólo proceden las acciones jurisdiccionales, de tal manera que la declaración administrativa juega su papel jurídico en favor de la empresa desde el momento mismo de su comunicación y sólo puede ser discutida ante los jueces.

El artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, que se dice quebrantado por el acto acusado, es del siguiente tenor:

Revocación de actos de carácter particular y concreto. Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.

Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el articulo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales”.

La sociedad demandante sostiene que ella no otorgó el consentimiento expreso de que habla la norma preinserta, y la administración no alega lo contrario. Fácil es entonces colegir, que la resolución impugnada revocatoria de la número 2265 de 1990, que declaró la ilegalidad del paro y reconoció a la sociedad “Unial S.A.” la libertad de despedir a los trabajadores que persistieran en él, transgrede el artículo 73 del CCA, pues se repite, el Ministerio no contó para ello con la aquiescencia de la titular que al efecto exige esa disposición.

Finalmente, advierte la Sala que la resolución acusada no se fundamenta en que el acto revocado hubiere sido proferido como consecuencia de maniobras ilegales, circunstancia que, según voces del artículo 73 sí podría dar lugar a la revocatoria oficiosa del acto de carácter particular y concreto aún sin el consentimiento del particular afectado; la resolución únicamente invoca como motivo de la revocatoria un posible agravio injustificado a los trabajadores involucrados, por no haberse culminado una investigación por “retención de salarios por los descuentos efectuados a los trabajadores del turno comprendido entre las 4:30 p.m. y las 12:30 del día 1º de diciembre de 1989”, hecho que en forma alguna es imputable a la empresa, pues se trata de una omisión de la misma administración.

En mérito de lo expuesto, es el caso de anular la resolución acusada, tal como se impetra en el libelo».

(Sentencia de julio 27 de 1994. Expediente 5375. Consejera Ponente: Dra. Dolly Pedraza de Arenas).

________________________________