Sentencia 53763 de octubre 23 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 53763

Acta Nº 38

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá, D.C., veintitrés de octubre de dos mil doce.

EXTRACTOS: « Consideraciones de la Corte

No fueron hechos materia de controversia que el Banco de la República y la Asociación Nacional de Empleados de esa entidad bancaria, suscribieron convención colectiva de trabajo vigente a partir del 13 de diciembre de 1973, consagrando en su artículo 13 el reconocimiento de una pensión de jubilación en los siguientes términos:

“Los trabajadores que se retiren a partir del 13 de diciembre de 1977, a disfrutar de la pensión jubilatoria con los requisitos legales de tiempo mínimo de servicios de 20 años y de edad mínima de 55 si son varones, y de 50 años si son mujeres, tendrán derecho a la liquidación, según la siguiente tabla:

Años de servicios% de liquidación sobre el salario
2075
2177
2279
2381
2483
2585
2688
2791
2894
2997
30 y más100”

 

Con base en lo anterior, el banco reconoció al actor pensión de jubilación a partir del 1º de noviembre de 1982 cuando cumplió 22 años de servicios y 55 de edad; tampoco suscita discusión que el Instituto de Seguros Sociales otorgó pensión de vejez al demandante desde el 10 de julio de 1993, y que el demandado ha compartido la jubilación con la de vejez desde la fecha en que fue otorgada.

Afirma el censor que la equivocada valoración que el ad quem efectuó a la documental aportada al plenario, lo condujo a concluir que la pensión de jubilación reconocida por el banco era de naturaleza legal, no obstante ser de origen convencional.

De las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, se colige que fueron dos los aspectos que llevaron al tribunal a la decisión que ahora se cuestiona; el primero se refiere a la identificación que las partes dieron a la pensión de jubilación en los diferentes documentos evaluados, en donde la anuncian como legal, y el segundo, a la exigencia convencional de cumplir con requisitos legales para acceder al derecho pensional, por lo que la controversia se circunscribe a determinar la naturaleza de la pensión que la demandada reconoció al actor, y como consecuencia de dicha definición, la procedencia de la compatibilidad o compartibilidad con la de vejez otorgada por el ISS.

Advierte esta Sala que le asiste razón al recurrente, pues la naturaleza legal o extralegal de un derecho no deviene de las apreciaciones o referencias que las partes puedan hacer del mismo, sino del acto que lo consagra, entendiéndose que es la fuente de la que se origina la que le otorga su invariable carácter y la aplicación de los efectos jurídicos, prestacionales o económicos que consagra, que bien pueden ser de alcance general o limitados a un grupo que así lo consagró en una negociación, acuerdo o convención colectiva de trabajo, caso en el que se obligan única y exclusivamente los intervinientes quienes procuran a través de esta forma de negociación un beneficio mayor al otorgado al resto de la población.

De otra parte, así los requisitos convencionales para una pensión coincidan con los exigidos por la ley, la primera prestación tendrá naturaleza extralegal, justamente por su origen sin que pueda confundirse con la que se regula legalmente. Así lo ha definido la Corte en Sentencia 39401 del 17 de abril de 2012, cuando estudió un caso de similares características fácticas, en donde precisó:

“En efecto, en primer término, una convención colectiva es la que se celebra entre uno o varios empleadores o asociaciones de patronos, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. En segundo lugar, un convenio de esa naturaleza subsiste mientras no sea remplazado por otro nuevo, de manera que una prestación reconocida en una convención colectiva de trabajo, tendrá en principio, vigencia mientras no sea enervada por la voluntad misma de los contratantes. Es decir, que esa prestación contractual tiene autonomía propia, pues así la disposición legal que consagre el derecho en idénticos términos sea derogada, aquella continuará rigiendo.

Ahora, no escapa a la Sala que en casos similares al aquí estudiado, se había dejado definido que cuando una norma convencional que consagraba una pensión de jubilación, tenía los mismos requisitos de causación que los contemplados por la ley, la prestación era de naturaleza legal. Sin embargo, un nuevo examen del tema en cuestión, permitió que la tesis que se venía exponiendo fuera dejada atrás para concluir en lo que ya quedó dicho anteriormente en esta providencia.

Precisamente, en la sentencia del 15 de febrero de 2011, radicación 36318, dijo esta Sala lo siguiente:

“En ese sentido, la mayoría de la Sala considera que la pensión consagrada en el convenio colectivo de trabajo, como lo admite la empresa recurrente, determina el origen extralegal, aún cuando por las normas legales vigentes sobre la pensión, para ese momento, previeran los mismos requisitos de edad y tiempo de servicios. Ello es así, porque si las partes negociadoras de un pliego de peticiones, se reúnen y acuerdan consagrar el derecho a la pensión en un precepto convencional, con los mismos presupuestos señalados en la ley, para su disfrute, es indudable que su motivación no es otra que la de prever que, si eventualmente desaparece o se modifica la norma legal, continúe vigente el beneficio convencional, en la medida en que los contratantes no pueden ignorar la existencia y vigencia del principio del mínimo de derechos consagrados en la ley, y su superación por otras fuentes del derecho como es la convención colectiva, medio de negociación que indefectiblemente tiende siempre a mejorar los beneficios previstos en la ley para los trabajadores”.

En el sub lite, como ya se dijo, la convención colectiva de trabajo estableció en su artículo 13 que los trabajadores que se retiran del servicio a partir del 13 de diciembre de 1973 tendrá derecho a disfrutar de la pensión de jubilación por cumplimiento de los requisitos legales, y a que se les liquide tal prestación en un porcentaje superior al establecido en la ley, en consideración al tiempo de servicio cumplido para esa fecha.

Conforme a lo anterior, aunque el texto convencional alude al cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la pensión de jubilación, tal situación no muta la naturaleza extralegal de la misma, precisamente porque al incluirse ese derecho en el acuerdo se garantiza a los trabajadores la perdurabilidad de las exigencias allí establecidas aunque las legales varíen. Es así como al quedar establecido que la pensión de jubilación reconocida por el Banco de la República al actor tiene indudablemente carácter extralegal, debe determinarse lo relativo a si es compatible con la de vejez concedida por el ISS.

Sobre el punto, resulta pertinente reproducir la norma referida por la censura; esto es, el artículo 5º del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, el cual señala:

“Los patronos inscritos en el Instituto de Seguros Sociales, que a partir de la fecha de publicación del decreto que apruebe este acuerdo, otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral, o voluntariamente, continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía siendo pagada por el patrono.

La obligación de seguir cotizando al seguro de invalidez, vejez y muerte, de que trata este artículo, solo rige para el patrono inscrito en el Instituto de Seguros Sociales”.

Con fundamento en el anterior texto normativo, la Sala ha sostenido que las pensiones voluntarias o extralegales reconocidas antes del 17 de octubre de 1985, cuando entró en vigencia la norma transcrita, por regla general, son compatibles con las de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales, salvo que se disponga lo contrario en el mismo acto que originó la jubilación extralegal. Así lo precisó esta corporación en las sentencias 36773, 36790 y 37217 del 26 de enero y 25 de mayo de 2010, también en las radicadas 39720 y 51616, del 31 de enero y 6 de marzo de 2012. Además es preciso advertir que como se trata de un derecho legítimamente adquirido con las reglas pensionales vigentes antes de entrar a regir el Acto Legislativo 1 de 2005, no se encuentra afectado por esta normatividad.

En ese orden, si la pensión de jubilación se dio con anterioridad al 17 de octubre de 1985, cuando entró en vigencia el Acuerdo 029 del mismo año, y no estuvo condicionada a la compartibilidad, la conclusión que sigue es que la referida prestación convencional es compatible con la pensión de vejez.

En consecuencia prospera el cargo, lo que impone que la sentencia del tribunal se case y en sede de instancia se deba confirmar parcialmente la proferida por el a quo, pues no resulta procedente la condena por intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 de acuerdo con el criterio de esta Sala de la Corte, según el cual no aplica para las pensiones convencionales causadas antes de la precipitada ley. En tal virtud, se revocará la condena por intereses moratorios impuesta en la sentencia de primer grado.

Encuentra viable la Sala disponer que las sumas adeudadas se indexen.

Costas de segunda instancia a cargo del Banco de la República. Sin costas en casación dada la prosperidad del recurso.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 7 de julio de 2011 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en el proceso ordinario de Efraín Ortiz Méndez contra Banco de la República. En sede de instancia, se confirma parcialmente la sentencia de 23 de agosto de 2010, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la misma ciudad, en cuanto condenó al Banco de la República a pagar completamente la pensión convencional aludida, a partir del 1º de octubre de 2004. Se revoca la condena por intereses moratorios conforme a lo expuesto en las consideraciones, se absuelve por ese concepto; las sumas adeudadas se indexarán.

Costas de segunda instancia a cargo del Banco de la República. Sin costas en casación dada la prosperidad del recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».