Sentencia 5383 de agosto 8 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

CORREDORES DE SEGUROS

LABORES ACCESORIAS QUE NO CONSTITUYEN CONTRATO DE CORRETAJE

EXTRACTOS: «1. Según lo declara el artículo 1340 del Código de Comercio, corredor, en términos generales, es la persona que, “por su especial conocimiento de los mercados, se ocupa como agente intermediario en la tarea de poner en relación a dos o más personas, con el fin de que celebren un negocio comercial, sin estar vinculado a las partes por relaciones de colaboración, dependencia, mandato o representación”. A su vez, el artículo 1347 ibídem, identifica como corredores de seguros, “las empresas constituidas o que se constituyan como sociedades comerciales, colectivas o de responsabilidad limitada, cuyo objeto social sea exclusivamente ofrecer seguros, promover su celebración y obtener su renovación a título de intermediarios entre el asegurado y el asegurador”.

Examinadas sendas definiciones de corredor, la general y la específica del seguro, emerge como elemento común, sin duda el que caracteriza el contrato de corretaje, la labor de intermediación que cumple el sujeto, cuya finalidad, como bien se sabe, no es otra que la de poner en contacto, “poner en relación”, o acercar “a dos o más personas”, “con el fin de que celebren un negocio comercial”, conforme lo expresa el primero de los artículos. Tratándose del corredor de seguros la labor de intermediación se muestra en el “acercamiento” que se logra entre el futuro asegurado y el asegurador, mediante el ofrecimiento o la promoción de seguros con el objeto de obtener la celebración original o la renovación de contratos de este linaje.

El corredor, dicen las actas de la comisión revisora del proyecto de Código de Comercio (1958), “toma la iniciativa del negocio y busca a los interesados a quienes proponérselo o insinuárselo, e, igualmente, relaciona a estos con todas las personas que pueden servir a los fines del negocio en proyecto”. La labor del corredor se encamina a facilitar a las personas el acercamiento entre sí, la búsqueda, hallazgo y conclusión de los negocios, agregan las mismas actas.

De manera que los corredores son aquellas personas que por virtud del conocimiento del mercado, y con él la idoneidad y el grado de calificación que éste otorga, tienen como rol profesional y funcional, amén de típico, la intermediación que se ha venido explicando, sin vinculación con ninguna de las partes del futuro contrato, ya por trabajo, ora por mandato o representación, puesto que son independientes, y los de seguros, constituidos como empresa con ese objeto social. Con todo, vinculaciones como el mandato pueden surgir una vez celebrado el contrato de seguro, por cuanto la limitación legal se ubica en la etapa previa al citado perfeccionamiento.

Conforme a la doctrina del tratadista Efrén Ossa Gómez, los elementos esenciales al corretaje de seguros que es el que incide en el presente caso, son: a) El sujeto, quien tiene la calidad de “corredor de seguros”, que debe ser persona jurídica constituida bajo alguna de las modalidades de sociedad colectiva o de responsabilidad limitada, sometida al “control y vigilancia” de la Superintendencia Bancaria (C. de Co., art. 1348); b) El objeto, “ofrecer seguros, promover su celebración y obtener su renovación” en calidad de intermediario entre el tomador y el asegurador, siendo esa la actividad profesional y exclusiva del corredor, y c) Relaciones con las partes. Esencial a la actividad del corredor en general y del “corredor de seguros” en particular, es que éste no esté vinculado a los contratantes por relaciones de “colaboración, dependencia, mandato o representación”. (Teoría General del Seguro, La Institución, págs. 485 a 488).

Por lo demás, volviendo sobre la intermediación como rol característico del corredor, resulta importante anotar que en los tiempos de hoy se admite como labor apropiada, sin que tal circunstancia afecte la esencia de la institución, aquella que se sitúa en la fase precontractual de promoción del contrato de seguro, o en la ejecución y desarrollo del mismo, como ejercicio de una asesoría encuadrada dentro de un ámbito de conexidad o complementariedad del objeto social exclusivo de los corredores de seguros; descartándose, eso sí, en consideración a esa capacidad jurídica y al objeto social, gestiones de asesoramiento desligadas de la actividad fundamental y principal.

De otro lado, también debe dejarse por averiguado, que de conformidad con el artículo 1341 inciso 2º del Código de Comercio, la remuneración del corredor de seguros, “será pagada… por el asegurador”, bajo el supuesto de la celebración efectiva del “negocio en que intervenga”, o sea, en otras palabras, que la remuneración, como derecho del corredor de seguro por la tarea intermediadora, nace como resultado de la eficacia de la promoción, la cual sólo admite una mensura objetiva, cual es la realidad del contrato de seguro y los servicios prestados en el curso de su vigencia. “…Obligaciones y derechos nacen sólo del hecho de que el intermediario hubiera contribuido eficazmente a que las partes concluyan el negocio”, dice Alberto Trabucchi en las Instituciones de Derecho Civil, T. II.

2. A partir del anterior esbozo teórico, descendiendo al caso se tiene:

Concretando el raciocinio del tribunal éste podría ser compendiado en los siguientes términos: ciertamente la sociedad demandante prestó asesoría para efectos de la licitación pública a la entidad demandada, pero tal labor de asesoramiento no configura contrato de corretaje y la remuneración que se pretende en la demanda “directamente” de la demandada se hace derivar de este contrato, cuando quien estaría obligado a ella sería la aseguradora. Por supuesto, agrega el ad quem, que el pago de la remuneración por el asesoramiento no fue propuesto. Por su parte, el recurrente denunciando los errores de hecho traídos a colación en la presentación de los cargos, argumenta que la pretensión de condena que se planteó contra la demandada es a título de indemnización del daño que le causó a la demandante al impedirle obtener el pago del precio del corretaje, cuya celebración pregona, al señalar culposamente como corredores sociedades que no habían cumplido la labor intermediadora, quienes fueron las remuneradas.

En conclusión, el problema está en definir si hubo o no contrato de corretaje y si las pretensiones de condena tenían como objeto el pago de la remuneración de la labor de corretaje, o la indemnización por la culpa de la demandada al haber impedido con su conducta la solución de la remuneración por las aseguradoras a la demandante. En estos dos puntos estriban los errores de hecho atribuidos al tribunal.

3. Razones de lógica imponen definir en primer lugar si el tribunal incurrió en error cuando entendió que la asesoría que para efectos de la licitación de los seguros de la demandada, la demandante prestó a ésta, no constituía labor propia de un contrato de corretaje, sino aquello, es decir, “una asesoría jurídica”, extraña al señalado contrato de intermediación. Desde luego que si en este raciocinio no se verifica yerro, relevada queda la Sala de abordar el otro aspecto de la acusación, porque el supuesto de ella es el contrato de corretaje, pues según el casacionista, lo que él está pretendiendo es el pago de la remuneración del contrato de corretaje “directamente” de la demandada, y en esto radica el error que se predica en la lectura de la demanda por parte del ad quem, por cuanto ésta por su culpa impidió que el reconocimiento de ese derecho se obtuviera de las aseguradoras, que sin duda alguna eran las primigenias obligadas, como el propio recurrente lo afirma.

El contrato de corretaje, según se dejó expuesto, supone un acuerdo de voluntades encaminado a que una de las partes, el corredor, acerque o ponga en relación a dos o más personas con el fin de que éstas celebren un negocio mercantil determinado. En el campo de los seguros, como igualmente quedó explicado, la gestión del corredor, profesional en la materia por exigencia legal, se encuentra fundamentalmente orientada a ofrecer seguros, promover su celebración y obtener su renovación, radicando en tales conductas la tarea intermediadora que la misma norma indica.

Ahora bien, vistas las circunstancias fácticas del caso bajo la perspectiva legal (Código de Comercio y normas complementarias), al rompe se advierte que la asesoría prestada por Proviseguros a la Empresa Licorera de Santander, no encuadra en la tipología del contrato investigado, puesto que no estaba dirigida a poner en relación a las futuras partes del contrato de seguro, ni mucho menos a ofrecerlo para efectos de su celebración o renovación, porque esta labor funcional de intermediación que es la típica del corretaje implica un contacto directo entre el personal de la empresa corredora y las partes del contrato corrido, esto es, con el tomador y el asegurador, pues de otra manera no se entiende cómo puede llevarse a cabo la gestión de acercamiento, de persuasión, y por ende de convencimiento de las partes para provocar la celebración o renovación del contrato de seguros. Claro está que ese contacto no supone en los tiempos de ahora un trato personal inmediato, pues los avances en la comunicación permiten otro tipo de acercamientos, igualmente idóneos, tales como los que hoy día ofrece la electrónica: intercambio electrónico de datos (EDI), internet, correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax (comercio electrónico).

Lo realizado por la parte demandante, según lo informa el acervo probatorio obrante en el expediente, no fue otra cosa que la descubierta por el ad quem, es decir, el asesoramiento del futuro tomador en el diseño de un instrumento que le permitiera, autónomamente, elegir a su asegurador de conformidad con los postulados legales. Como la misma demanda lo señala la Empresa Licorera de Santander solicitó de Proviseguros Ltda., “la asesoría en la nueva licitación que se abra”, “asesoría especializada en los aspectos jurídicos”, dado que un pliego licitatorio anterior había fracasado, por la incompetente asesoría de otra empresa.

Por supuesto que la elaboración de una propuesta de licitación pública (pliego licitatorio), constituye un mecanismo de contratación diferente del que surge del acercamiento de las partes por la gestión de un tercero, como lo es el corredor, porque tratándose de la licitación la labor del asesor en principio finaliza con el diseño del pliego, su revisión o la presentación de recomendaciones, lo cual sucede en una etapa anterior al conocimiento de las personas que presentarán sus propuestas, pues, sin duda alguna que se está en una fase preparatoria de la contratación pública.

Claro está que la asesoría para la licitación, cumplida como se dijo en esa etapa preliminar, en principio no se opone a una ulterior labor de acercamiento entre la aseguradora y el tomador para efectos de la celebración o renovación del contrato de seguro al cual convoca la licitación, que sería la actividad propia del corredor con cada una de las partes antes de la celebración del contrato corrido, pero que es la que se echa de menos en el evento presente, porque como quedó anotado antes, al lado de las gestiones que identifican y tipifican el contrato de corretaje de seguros (ofrecer seguros, promover su celebración u obtener su renovación, que son manifestaciones de la intermediación-resultado), los corredores desempeñan una serie de labores accesorias o adicionales, antes, durante y aún después del contrato de seguro, tales como la asistencia al asegurado en caso de siniestro, la asesoría pertinente para actualizaciones o modificaciones del contrato, o el cobro de la prima, las cuales en modo alguno se oponen al corretaje, pero tampoco participan de su esencia.

En este orden de ideas, la Corte considera que sólo en la medida en que se verificara una actividad dirigida a ofrecer seguros, promover su celebración y obtener su renovación, que es la actividad intermediadora que establece el artículo 1347 del Código de Comercio, se estaría en presencia de un contrato de corretaje. Otras funciones, entre ellas la asesoría para la elaboración del pliego de licitación, pueden adicionar o complementar la actividad del corredor, pero per se y aisladamente consideradas, no pueden estructurar el contrato de corretaje. De modo que la asesoría así prestada, como fue la que la parte demandante desarrolló frente a la demandada, tomadora de los seguros con ocasión del llamado público de la licitación, correspondería con independencia de su eficacia a un contrato de prestación de servicios o a otro de naturaleza similar, pero no a uno de corretaje, pues se repite como colofón, las labores propias del corredor como actividad subsiguiente a la asesoría para la elaboración del pliego de licitación, no se logran verificar, así sea cierto que el resultado de la convocatoria pública haya sido la celebración de diferentes contratos de seguros con varias compañías aseguradoras. De ahí que cuando el casacionista sostiene que “el tribunal estima probado que en el caso hubo una asesoría de Proviseguros a la licorera encaminada a acercar a tomador y aseguradores a través de la licitación de los seguros”, pero que no obstante, calificó de negocio distinto al corretaje, de alguna manera tergiversa el raciocinio del tribunal, porque éste nunca entendió como intermediación para acercar a tomadora y aseguradoras, aunque no la descartó para otros eventos, la asesoría para la licitación pública, que en efecto se prestó; antes, contrariamente, consideró, que si al lado del corretaje, “el corredor de seguros “asesora” a su potencial cliente, ese es otro servicio que puede o no ser remunerado en la medida en que se pacte o el corredor encuentre satisfacción plena en la comisión que el asegurador le pagará por acercarle el cliente. Pero concluir —dice el tribunal— que hay corretaje porque hubo asesoría es una necedad, porque bien puede distinguirse una labor de otra y en modo alguno son excluyentes”.

En cuanto al argumento concerniente con el alcance del artículo 13 del Decreto 371 de 1972, debe observarse que las operaciones “transitorias y accidentales”, a que se refiere la citada norma atañen privativamente a los intermediarios, sujetos estos caracterizados, como se explicó, por la labor de promoción que desarrollan, ajena por completo a la gestión que la parte demandante realizó en este caso.

Por último, debe aclararse el criterio del tribunal en el sentido de que “el contrato de corretaje de seguros es contrato que se celebra entre el corredor y el asegurador”, porque como el censor acertadamente lo predica la relación jurídica en comento vincula o puede vincular al asegurado, con independencia de que por ministerio de la ley sea el asegurador quien deba pagar la remuneración.

Por consiguiente, los cargos no prosperan».

(Sentencia de casación, agosto 8 de 2000. Expediente 5383. Magistrado Ponente: Dr. José Fernando Ramírez Gómez).

________________________________