Sentencia 5384 de agosto 19 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 5384

Consejera Ponente:

Dra. Olga Inés Navarrete Barrero

Actor: Guillermo Vargas y otro

Demandado: Oficina de registro de instrumentos públicos de Urrao y Superintendencia de Notariado y Registro.

Ref.: Apelación sentencia

Santafé de Bogotá, D.C., agosto diez y nueve de mil novecientos noventa y nueve.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora respecto de la sentencia de fecha septiembre diecisiete de mil novecientos noventa y ocho, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia —Sección Primera—, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda tendientes a la nulidad de la Resolución 36 de 1986 y del acto de fecha 21 de agosto de 1993, proferidos por la oficina de registro de instrumentos públicos de Urrao; y de la Resolución 3788 de julio 25 de 1994, expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante los cuales se procedió al desenglobe de los predios Palo Blanco y Ventiadero, asignándole a cada uno su correspondiente matrícula inmobiliaria, se excluyó la anotación 1 del folio de matrícula 036-0003004 referente al englobe y a la compraventa, y se adoptaron otras determinaciones.

Antecedentes

1. El departamento administrativo de valorización de Antioquia adelantó un proceso ejecutivo por jurisdicción coactiva en contra de Deli Antonio Vargas Quiceno; dentro de dicho proceso se decretó el embargo y secuestro de los inmuebles Palo Blanco y Ventiadero.

2. Tales inmuebles habían sido adquiridos por escrituras 36 de enero 26 de 1939, registrada el 31 de marzo de 1939, y 59 de enero 18 de 1964.

3. Comunicado el embargo, la oficina de registro de instrumentos públicos y privados procedió a efectuar la respectiva inscripción en los folios de matrícula inmobiliaria correspondientes a cada uno de los inmuebles.

4. El departamento administrativo de valorización departamental sacó a remate los bienes y los adjudicó a Delio Antonio Vargas Maya, en diligencia efectuada el 19 de febrero de 1975.

5. Para la diligencia de remate el departamento administrativo de valorización dijo unificar los inmuebles englobarlos, y así lo comunicó al registrador de instrumentos públicos de Urrao (Antioquia), como se había efectuado el remate y los inmuebles habían sido englobados en virtud de tal diligencia.

6. Como consecuencia del remate y de lo informado en el acta respectiva, la oficina de registro de Urrao abrió la matrícula inmobiliaria 036-0003004, la cual soportó, entre otras, las siguientes anotaciones:

001 El englobamiento por efecto de la sentencia de marzo 11 de 1975 proferida por el Juzgado de Ejecuciones Fiscales.

002 Adjudicación al rematante Delio de Jesús Vargas Maya.

003 Como propietario del inmueble rematado, Delio de Jesús Vargas Maya lo enajenó a Guillermo Elías Vargas Molina, mediante escritura 81 de enero 28 de 1977 de la Notaría 10 de Medellín.

004 Vargas Molina enajenó proindiviso, la mitad a José María Oliveros, mediante escritura 110 de junio 19 de 1978 de la Notaría de Betulia.

005 Venta parcial a María Fernely, Luis Hernando, Óscar Armando y María Elida Vargas González, mediante escritura 48 del 5 de agosto de 1980 de la Notaría Única de Betulia.

006 Venta parcial a María Adelfa Vargas viuda de Zapata.

7. Con posterioridad a la inscripción de las escrituras mencionadas, la oficina de registro de instrumentos públicos inscribió el oficio mediante el cual el departamento administrativo de valorización departamental transcribió una providencia aclaratoria sobre el remate. Posterior a esta anotación se registró la escritura 160 de marzo 28 de 1985 de la notaría de la concordia en la cual se hace una actualización de linderos, desenglobe de predios y venta parcial a Bertulfo Cardón Restrepo del predio Palo Blanco.

8. La oficina de registro de instrumentos públicos y privados de Urrao, invocando los oficios dirigidos por el departamento administrativo de valorización de Antioquia, dictó la Resolución 36 de noviembre 27 de 1986, mediante la cual dispuso, sin consentimiento de los titulares de los derechos, desenglobar los predios Palo Blanco y Ventiadero, asignado matrícula inmobiliaria al predio ventiadero y excluyendo del mismo folio de matrícula la anotación 1 sobre englobe de los predios y ordenando nuevas inscripciones en el orden establecido.

9. Así mismo se ordenó la corrección de la complementación de la tradición del folio de matrícula 036-0003004, de tal manera que allí solo apareciera la escritura 414 de junio 15 de 1961 de la Notaría de Urrao por la cual Jesús Ali Álvarez Gómez adquirió por venta que le hiciera Delio Vargas.

Se asignó nuevo número de matrícula al predio Palo Blanco y que se suprimió la anotación 1 que lo englobaba con Ventiadero y en el nuevo folio —036-0006183— se efectuaron nuevas inscripciones hasta llegar a la del oficio del departamento de valorización y después de este a la venta de Guillermo Vargas Molina a Bertulfo Cardona Restrepo (escritura 160, mar. 26/85) pero como venta de cosa ajena.

II. Normas violadas y concepto de su violación

En la demanda se citaron como violados el artículo 29 de la Constitución Política y los artículos 73 del Código Contencioso Administrativo y 35 del Decreto 1250 de 1970 .

En cuanto al artículo 29 de la Constitución Política se adujo que se había desconocido el debido proceso porque no se tuvieron en cuenta las normas que regulan el mantenimiento de situaciones de carácter particular y concreto.

Respecto del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo se afirma que no se puede desconocer que la inscripción en el registro genera situaciones jurídicas consolidadas que solo pueden cancelarse por expresa disposición judicial como consecuencia de una sentencia que, a su turno, debe ser inscrita. Tales derechos generados con la inscripción deben ser intocables a no ser que medie consentimiento del titular del derecho. En el caso planteado, con el pretexto de inscribir una providencia, no le es dado al registrador de instrumentos públicos modificar de manera sustancial un folio de matrícula inmobiliaria, porque al hacerlo desconoció la norma legal que prohíbe modificar el estado particular y concreto, sin que exista previamente consentimiento del titular del derecho.

Finaliza la argumentación manifestando, en relación con el artículo 35 del Decreto 1250 de 1970 , que el registrador podía, a lo sumo, inscribir la decisión judicial pero nada más y por ello si se había incurrido en error en la diligencia de remate, el error eventualmente pudo ser del juez pero no del registrador, y por ello sin autorización alguna, al efectuar cambios sustanciales en los folios de matrícula inmobiliaria, sin hacer resaltados y encierros entre paréntesis, desconoció el ordenamiento porque solo está facultado para corregir yerros, no para cancelar anotaciones.

I. Tesis de la parte demandada

En la contestación de la demanda se hizo la defensa de la legalidad de los actos acusados, con los siguientes argumentos:

1. Si bien es cierto que mediante la Resolución 36 de 1986 proferida por la oficina seccional de registro de Urrao y las confirmaciones de la misma, se cambia la situación jurídica de los inmuebles Palo Blanco y Ventiadero, también lo es que el error no crea derechos y que no es posible con una inscripción sanear un folio de matrícula inmobiliaria que adolece de imprecisiones.

2. El artículo 5º del Decreto 1250 de 1970 prescribe que la matrícula es un folio destinado a un bien determinado y se distinguirá con un código. Por su parte el artículo 49 del mismo estatuto preceptúa que a cada matrícula inmobiliaria corresponderá una unidad catastral y a ella se referirán las inscripciones a que haya lugar; y el artículo 82 ibídem que el folio de matrícula inmobiliaria debe reflejar en todo momento la realidad jurídica de un bien.

3. De conformidad con las normas anotadas cuando el registrador de instrumentos públicos encuentre que un folio de matrícula inmobiliaria no cumple con los objetivos primordiales, debe adelantar la actuación administrativa tendiente a unificar los mismos, a excluir anotaciones y a trasladar otras, sin que necesariamente medie como antecedente la autorización, orden judicial o solicitud de parte interesada.

4. Si el registrador hiciera caso omiso de sus obligaciones se prestaría para que el registro inmobiliario dejara de cumplir con sus primordiales objetivos, como son servir de medio de tradición y dar publicidad a los actos inscritos.

IV. Sentencia de primera instancia

En la sentencia de primera instancia se denegaron las pretensiones, bajo las siguientes fundamentaciones:

1. Sobre la naturaleza jurídica de la inscripción en el registro se plantea que corresponde a un acto administrativo, porque los responsables del registro de instrumentos públicos deben previamente examinar el contenido de los actos sometidos a su consideración para luego decidir si procede o no la inscripción, y en qué forma.

2. La calificación del acto administrativo impone las siguientes conclusiones:

a) Los impugnadores tendrán razón cuando afirman que el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo no permite revocar los actos de carácter particular y concreto que hayan creado o modificado una situación jurídica, sin contar con el previo consentimiento del titular del derecho;

b) La revocación regulada en el aparte segundo del canon citado es viable únicamente respecto de los denominados actos fictos o presuntos, producto del silencio positivo si se dan las causales previstas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo.

c) Los actos cuya legalidad se discute no tienen relación con el silencio positivo, y

d) Ha de entender que si la entidad cumple funciones administrativas y estima que el acto es ilegal, deberá demandarlo si no cuenta con el previo consentimiento del titular del derecho.

3. Luego, analiza el artículo 2º del Decreto 1250 de 1970 para concluir que si se hace hincapié en tal texto habrá que admitir que allí se contempla, al contrario de lo que acontece con el Código Contencioso Administrativo, la posibilidad de rectificar errores en que se incurra al efectuar el registro de los instrumentos públicos. Tratándose, entonces, de dos estatutos diferentes, el del Código Contencioso Administrativo y el del Decreto 1250 de 1970, uno de ellos, debe prevalecer sobre el otro, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 57 de 1887.

Agrega que la facultad de mutar también se explica si se analiza la naturaleza particular del registro, el cual consiste en consignar en una de las columnas de matrícula inmobiliaria el contenido básico de los actos y providencias descritas en el artículo 2º del Decreto 1250 de 1970. Por lo anterior, no sería entendible que se omitiera plasmar el proveído del juzgado de ejecuciones fiscales mediante el cual se notificó al registrador que la información dada en principio era incorrecta, ya que si al juez le era dado subsanar el lapsus inicial, apenas obvio resulta que el funcionario competente deba obrar en consecuencia y ordenar las correcciones en las matrículas inmobiliarias.

4. Por último al estudiar el artículo 35 del Decreto 1250 de 1970 se consagran diversas formas de enmendar los errores, para concluir que el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo no es aplicable al caso en estudio y en cuanto al artículo 35 del estatuto registral se considera que fue vulnerado por los actos demandados.

V. Alegaciones de las partes

La parte actora, como fundamento de la apelación de la sentencia de primera instancia, adujo que si bien es cierto, como se advierte en la providencia, las decisiones de la Superintendencia de Notariado y Registro y de los registradores de instrumentos públicos y privados, son actos administrativos que están sometidos a un régimen específico diferente del que regula el Código Contencioso Administrativo, no es menos cierto que el estatuto respectivo — Decreto 1250 de 1970 — tiene regulada la forma de efectuar las correcciones en el registro.

Deduce que el registrador de instrumentos públicos de Urrao violó las disposiciones que regulan la revocación de los actos administrativos, pero principalmente el artículo 35 del Decreto 1250 de 1970, como se advierte del examen del acto que dispuso las correcciones que pretendió hacer el funcionario. Tal violación, en su parecer, se produjeron al no hacer las correcciones mediante resaltados, paréntesis, etc. Pero, igualmente concluye, para que tal yerro pudiera ser enmendado en la forma en que lo establece la norma, deben anularse los actos demandados y disponer la inscripción de la sentencia, restableciéndose, en esta forma, el derecho violado.

Culmina su alegato manifestando que el registrador de instrumentos públicos debió limitarse a inscribir la orden del juez de ejecuciones fiscales, pero nada más. De tal forma los adquirentes en el remate y los que adquirieron con posterioridad hubieran sabido a qué atenerse por el registro.

VI. Concepto del Ministerio Público

El señor procurador primero delegado ante esta corporación en su concepto aduce, en primer lugar que el problema jurídico que subyace en esta causa, consiste en determinar si el registrador de instrumentos públicos estaba facultado para efectuar las correcciones contenidas en la decisión examinada, de conformidad con el procedimiento especial fijado en el Decreto 1250 de 1970 y en la Resolución 4174 de 1984.

Analiza que la corrección en los folios de matrícula inmobiliaria pueden seguir dos procedimientos diferentes dependiendo de la naturaleza de las mismas. Las reguladas por el artículo 35 del Decreto 1250 de 1970, que consisten en la supresión o adición de palabras, frases o cifras, que se efectuarán a través de resaltados, encierros o insertos, y las diferentes a estas que se surtirán a través del trámite consagrado en el artículo 25 de la Resolución 4174 de 1984.

Considera que en el caso en estudio, las correcciones debían hacerse de conformidad con la norma últimamente citada, ya que con la decisión se estaba afectando a terceros; de allí que se hubiera ordenado la notificación personal de Delio Elías Vargas Quiceno o a sus herederos, Guillermo Elías Vargas Molina, María Zeneida Bolívar Estrada y Bertulfo Cardona Restrepo.

Pero como no obstante, el acto acusado fue expedido el 27 de noviembre de 1986 y la resolución de los recursos de reposición y de apelación, se produjo el 21 de agosto de 1993 y el 25 de julio de 1994 respectivamente, se impone verificar si se operó la caducidad de la acción.

A tal efecto encontró que dentro del expediente se echan de menos las constancias de notificación personal o por edicto de la Resolución 36 de 1986 o la copia de los recursos interpuestos, lo que impide establecer con claridad el debido agotamiento de la vía gubernativa.

Encuentra que la situación de los integrantes de la parte actora es completamente distinta y por ello la estudia por separado.

En cuanto a Bertulfo Cardona Restrepo no existe prueba de que haya agotado vía gubernativa, pues los actos acusados resuelven la impugnación presentada por Guillermo Elías Vargas. En consecuencia, respecto de este, solicita se profiera fallo inhibitorio.

En lo referente a la situación de Guillermo Elías Vargas encuentra que interpuso los recursos mediante escrito del 15 de noviembre de 1991 y solo hasta el 21 de agosto de 1993, acatando un fallo de tutela, la oficina de registro de Urrao decidió no reponer la Resolución 36.

La Superintendencia de Notariado y Registro, mediante Resolución 3788 de 1994, desató la impugnación, confirmando la decisión inicial. Dicho acto se notificó mediante edicto desfijado el 2 de septiembre de 1994.

De las fechas anotadas, deduce que entre la interposición de los recursos y la resolución de los mismos transcurrió un término superior a los dos meses sin haber obtenido respuesta de la administración, de donde se presume, de conformidad con lo estipulado en el artículo 60 del Código Contencioso Administrativo, que la decisión es negativa.

Luego analiza el contenido del artículo 23 del Decreto 2304 de 1989, que subrogó el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, para deducir, de conformidad con la norma, que una vez configurado el silencio administrativo frente a los recursos, empezaba a correr el término de caducidad de cuatro meses para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que, cuando se presentó la demanda, la acción ya había caducado.

Finalmente encuentra que si bien la administración resolvió el recurso de reposición, lo hizo por la obligación de cumplir un fallo de tutela, pero que dicho pronunciamiento no tenía la virtud de revivir los términos y si el actor esperó una decisión extemporánea ya había precluido la oportunidad para demandar.

VII. Consideraciones de la Sala

Primeramente debe la Sala pronunciarse sobre el planteamiento realizado por el Ministerio Público en su concepto de fondo respecto de la solicitud de fallo inhibitorio por caducidad en el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Se afirma que, habida cuenta de que aunque no figura en el expediente constancia de la diligencia de notificación de la Resolución 36 de 1986, si se parte de las fechas citadas por la propia administración en los actos acusados, se infiere, que la demanda fue introducida por fuera del término de caducidad. Aclara que como no obra constancia de que Bertulfo Cardona Restrepo haya agotado la vía gubernativa mediante la interposición de los recursos de ley, pues los actos resuelven la impugnación interpuesta por Guillermo Alías Vargas, por ello deberá inhibirse la jurisdicción respecto de las pretensiones de aquel.

En relación con el otro demandante se argumenta que entre la interposición de los recursos y la decisión de los mismos, transcurrió un término superior a los dos meses sin haber obtenido respuesta, de donde se presume que la decisión le fue adversa, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 del Código Contencioso Administrativo. Tal conclusión se sustenta en la tesis de que bajo la vigencia de artículo 23 del Decreto 2304 de 1989, como quiera que los recursos en la vía gubernativa se interpusieron durante la misma, una vez configurado el silencio negativo empezaba a transcurrir el término de caducidad; por lo tanto el actor solo podía ejercitar la acción hasta el día 16 de mayo de 1992, mientras que la demanda fue introducida el día 3 de enero de 1995.

Para la Sala no resulta de recibo la tesis planteada por el Ministerio Público en cuanto a la procedencia de un fallo inhibitorio, respecto de uno de los demandantes bajo el entendido de que no agotó la vía gubernativa, y del otro, por haber introducido la demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por fuera del término de caducidad. En efecto, el artículo 14 de la Resolución 36 de 1986 expedida por la oficina de registro de instrumentos públicos de Urrao, ordenó la notificación personal de dicho acto administrativo, entre otros, a Bertulfo Cardona Restrepo y en los artículos 16 y 17 del citado acto administrativo se indicó la procedencia de los recursos de reposición y de apelación, el plazo dentro del cual debían interponerse y ante cuales funcionarios, es decir, se cumplió con lo previsto en el artículo 47 del Código Contencioso Administrativo, pero como quiera que no existe constancia de diligencia de notificación personal o por edicto de la Resolución 36 respecto del señor Cardona, pues no aparece tal constancia dentro de la documentación anexa, y como, de otro lado, en la contestación de la demanda tampoco se alude a este punto, no puede partir la Sala del hecho de que efectivamente a este demandante se le hubiera notificado personalmente o por edicto del acto administrativo en determinada fecha y, en tal orden de ideas, no puede, por lo tanto, deducirse que aun habiendo sido notificado de la misma e informado sobre la procedencia de recursos en la vía gubernativa, no hizo ejercicio oportuno de ellos.

Con respecto a los actos administrativos que decidieron los recursos interpuestos en la vía gubernativa, aparece que fueron interpuestos solamente por Guillermo Elías Vargas Molina y resueltos luego de cinco años contados desde la expedición de la primera decisión administrativa. Si se tiene en cuenta que no aparece fecha de notificación de la Resolución 36 de 1986, pero sí que el recurso de reposición fue decidido mediante resolución de agosto 21 de 1993, dictada en cumplimiento de un fallo de tutela, no resulta congruente, que luego de la declaratoria de inexequibilidad, entre otros, de los artículos 7º y 23 del Decreto 2304 de 1989, proferida en sentencia de junio 20 de 1990 por la Corte Suprema de Justicia, se dé aplicación a dichas normas, pues lo cierto es que al momento de presentación de la demanda, cuando fue contestada esta y ahora, cuando se procede a fallar el asunto, resultan inaplicables, a partir del fallo de inconstitucionalidad referido, la norma en referencia.

En efecto, mediante el artículo 7º del Decreto 2304 de 1989, se consagraba un término dentro del cual se debían decidir los recursos interpuestos en la vía gubernativa y, en el evento de no existir pronunciamiento expreso dentro del mismo, se entendía que la administración había perdido competencia para pronunciarse, conllevando irremediablemente a que se debía contabilizar, a partir de dicha fecha, el término de caducidad para demandar el acto ficto o presunto producto del silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por 23 del Decreto 2304, pues no existía ya posibilidad de pronunciamiento de parte de la administración por pérdida de su competencia.

El punto ha sido objeto de debate en el seno de la sección, pero en esta oportunidad la Sala opta por la tesis antes expuesta, para lo cual, igualmente, trae a colación los argumentos expuestos en salvamento de voto suscrito por el consejero doctor Juan Alberto Polo Figueroa a la decisión adoptada dentro del Expediente 5267, actor Julio César Chávez Pantoja:

“... no concibo que el transcurso del tiempo, que da lugar a la ocurrencia del silencio administrativo procesal, haga perder a la autoridad administrativa su competencia para decidir sobre el recurso sometido a su consideración.

“Es cierto que el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo establecía que: “Si se demanda un acto presunto, el término de caducidad será de cuatro meses contados a partir del día siguiente a aquel en que se configure silencio negativo”. También lo es que la Corte Suprema de Justicia declaró exequible esta disposición.

Sin embargo, esta norma no puede considerarse aislada sino del contexto del ordenamiento que regula la institución del silencio de la administración.

En efecto,

a) Al declarar la Corte Suprema de Justicia la inexequibilidad del artículo 7º del Decreto 2304 de 1989, que establecía que: “El silencio negativo implica pérdida de la competencia de la administración para resolver los recursos”, la norma volvió a su concepción prístina inicial, conforme a la cual “la ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en el inciso 1º no exime a la autoridad de responsabilidad, ni le impide resolver mientras no se haya acudido ante la jurisdicción contencioso administrativo”, y

b) La norma anterior, declarada inexequible por la Corte, era armónica y coherente con el artículo 136 en la parte atrás citada. De suerte que, habiendo vuelto la normatividad sustancial al mantenimiento de la competencia administrativa, no es lógico ni jurídico que la disposición procedimental persistente mantenga su vigencia. Es esta la que debiera acompasarse a la norma sustantiva subsistente, sin que se vea justificación para mantener un divorcio entre lo sustancial y lo procedimental, con una razón adicional y es la de que la norma de procedimiento significa una cortapisa al ejercicio del derecho de acceso a la justicia, constitucionalmente consagrado.

(...).

Lo acertado de la interpretación que sirve de sustento a este salvamento de voto encuentra respaldo en lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, al disponer precisamente que: “La acción sobre los actos presuntos que resuelven un recurso podrá interponerse en cualquier tiempo”, corrigiendo así la inequitativa, e incluso inconstitucional, interpretación de que la ocurrencia del silencio negativo hace perder competencia a la autoridad, lo cual tenía como consecuencia inexcusable que el administrado quedara, primero, inexorablemente obligado a demandar tan pronto hubiesen transcurrido los cuatro meses de ocurrido el silencio administrativo o, segundo, a quedarse cruzado de brazos cuando la administración, que no había perdido competencia, osara decidir sobre el recurso”.

Como en el caso en estudio finalmente los recursos se decidieron de manera expresa, corresponde a la jurisdicción pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos que fueron proferidos por la Oficina de Registro de Urrao (Antioquia) y por la Superintendencia de Notariado y Registro, en su orden, y que aparecen demandados en el presente caso.

Definido el punto anterior, encuentra la Sala que el tema sobre el cual giró el debate planteado en este proceso es el referente a la facultad de las oficinas de registro de instrumentos públicos y privados para la corrección de errores en las anotaciones efectuadas en los folios de matrículas inmobiliarias, sin que previamente se produjera el agotamiento del procedimiento previsto en el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo.

Pues bien, mediante los actos demandados la oficina de registro de instrumentos públicos de Urrao (Antioquia), aduciendo la facultad consagrada en el artículo 35 del Decreto 1250 de 1970 , procedió a desenglobar los predios El Ventiadero y Palo Blanco y asignó a cada uno de estos su correspondiente matrícula inmobiliaria, los números 036-0003004 y la 036-0006183, respectivamente.

Como consecuencia de la anterior determinación, se excluyó la anotación 1 correspondiente al folio de matrícula del predio El Ventiadero en cuanto al englobe del mismo, “por no corresponder a la realidad jurídica de ese predio” y en su reemplazo se inscribió como anotación 1 la escritura 59 de enero 18 de 1964 de la notaría de Urrao, registrada el 27 de enero del mismo año, contentiva de la compraventa de Álvarez Jesús a Vargas Quiceno Delio.

Luego, se indicó el orden de las anotaciones a realizar sobre el folio de matrícula inmobiliaria, según aparece discriminado a folio 17 del cuaderno principal.

Como anotación 9 se ordenó la inscripción del Oficio 73-004490 de agosto 24 de 1983, procedente del departamento administrativo de valorización de la gobernación de Antioquia, señalándose en la columna de especificación: “Transcribe providencia aclaratoria por la cual se concreta remate sobre lote El Ventiadero adquirido por Delio Antonio Vargas Quiceno mediante escritura 59 de enero 18 de 1964 debidamente registrada.

Luego como anotación 10 se inscribió la escritura 160 de marzo 26 de 1985 de la Notaría Única de La Concordia registrada el 28 del mismo mes y año, por la cual, Vargas Molina Guillermo Elías procedió al desenglobe y agregando las palabras actualización de linderos. Además se ordenó la supresión de la matrícula 036-0006183 por no corresponder a dicho folio, para en su lugar ordenar la de los números 036-0001499, 036-0001803 y 036-00031119, correspondientes a ventas parciales.

De manera que en el folio 036-0003004 se corrigió la complementación de la tradición inscribiendo solamente la escritura 414 del 15 de junio de 1961 de la Notaría de Urrao, por la cual Delio Vargas dio en venta varios predios a Álvarez Gómez Jesús Elí.

Y en cuanto al predio Palo Blanco se le asignó la matrícula inmobiliaria 036-0006183; se suprimió la anotación 1 referente al desenglobe por escritura 160 de marzo 26 de 1985 de la Notaría Única de La Concordia a favor de Vargas Molina Guillermo Elías. Luego se hizo la relación cronológica como debían realizarse las anotaciones en dicho folio de matrícula inmobiliaria de las escrituras 197 del 22 de abril de 1937, 36 del 26 de enero de 1939, 677 de octubre 1º de 1965 y de los oficios 119 de 1971 —embargo por jurisdicción coactiva— y 73-0004490 de agosto 24 de 1983, mediante el cual se transcribe la providencia aclaratoria por la cual se concreta el remate sobre el predio El Ventiadero.

Como consecuencia de lo dispuesto, en el texto de la Resolución 36 se dice que Vargas Molina Guillermo Elías no era ya titular del predio identificado con la matrícula inmobiliaria 036-0006183, corrigiendo la especificación de la venta que a favor de Cardona Restrepo Bertulfo este había realizado mediante escritura 160 de marzo 26 de 1985, agregando la frase cosa ajena y haciendo la salvedad correspondiente conforme a lo señalado en el artículo 35 del estatuto registral.

De lo anotado infiere la Sala que dentro del proceso por jurisdicción coactiva tramitado por la dirección de valorización del departamento de Antioquia, en relación con el predio El Ventiadero, y a pesar de ser un inmueble diferente, se hizo un englobe con el predio Palo Blanco en la diligencia de remate celebrada en el año de 1975. En dicho remate se adjudicaron a Delio de Jesús Vargas Maya los dos predios, como si fueran uno solo. En estas condiciones luego le vendió a Guillermo Elías Vargas Molina, quien mediante escritura 160 de marzo 25 de 1985 de la Notaría Única de la Concordia, además de actualizar linderos y de dar en venta el predio Palo Blanco, desenglobó los predios, hecho que sirvió de base para que la oficina de registro abriera los folios de matrícula inmobiliaria 036-0006182 para El Ventiadero y 036-0006183 para Palo Blanco.

Por razón del citado englobamiento se desconoció el embargo que pesaba sobre el predio Palo Blanco y que había sido comunicado mediante oficio DVSL 119-71, del cual no se había ordenado cancelación de la medida y, además, generó error en cabeza del adjudicatario del remate en el sentido de que había adquirido los dos predios, cuando en la realidad se trató solo del denominado El Ventiadero, dada la precisión que de sus linderos se hizo en el acta donde consta la diligencia, permitiendo el registro de la venta del predio Palo Blanco a Guillermo Elías Vargas Díaz quien a su vez lo vendió a Bertulfo Cardona Restrepo.

Para subsanar el error y dado que en realidad solo se había adjudicado por remate el predio El Ventiadero, el Departamento de Valorización de la Gobernación de Antioquia, ocho años después, remitió los oficios 004490 de agosto 24 de 1983, 005780 de enero 30, 006474 de abril 10 y 007271 de julio 17 de 1984. Mediante el primero de los anotados, la juez de ejecuciones fiscales del departamento administrativo de valorización de la gobernación de Antioquia, transcribe la providencia aclaratoria del remate llevado a cabo el diecinueve de febrero de 1975, en el sentido de limitar la diligencia al lote denominado El Ventiadero, con cabida superficiaria de 20 cuadras, inmueble adquirido por Delio Antonio Vargas Quiceno mediante escritura 59 de enero 18 de 1964; agregando que después de reunir los requisitos para llevar a cabo la diligencia, se adjudicó el bien a Delio de Jesús Vargas Maya.

La oficina de registro, procedió oportunamente a registrar los oficios aclaratorios a los que se ha aludido, permitiendo con tal omisión que sobre el equívoco de que la adjudicación por remate también había comprendido el predio Palo Blanco, se realizarán con posterioridad, respecto a este inmueble, ventas a terceros cuyas anotaciones aparecieron luego suprimidas por efecto de los actos acusados.

Para la parte actora, la administración no podía entrar a revocar las anotaciones mediante las cuales se perfeccionó la tradición del inmueble Palo Blanco en cabeza de Guillermo Elías Vargas Molina, por cuanto en tratándose de actos creadores de situaciones jurídicas particulares y concretas ameritaba el procedimiento descrito en los artículos 73 y siguientes del Código Contencioso Administrativo y ante la negativa del titular del derecho, solo le quedaba el camino de ejercitar la respectiva acción contenciosa para que el juez administrativo anulara tales anotaciones registrales.

La Sala no comparte la tesis esgrimida en la demanda base de la presente actuación procesal y que constituye, igualmente el eje central del sustento de la apelación, por las siguientes razones:

1. En el caso concreto la oficina de registro de Urrao, dando cumplimiento a lo normado en el artículo 40 del Decreto 1250 de 1970, hizo la anotación del acta de remate adelantado por el juzgado de ejecuciones fiscales del departamento de valorización de la Gobernación de Antioquia.

2. En el texto del acta de remate de fecha 19 de febrero de 1975 el juez de ejecución citó: “... del siguiente bien inmueble: Un lote situado en el corregimiento de Altamira, jurisdicción del municipio de Betulia, conocido con el nombre de El Ventiadero, con cabida superficiaria de veinte cuadras, con dos casas de habitación, con los siguientes linderos .... Delio Antonio Vargas Quiceno adquirió dicho inmueble, según escritura 36 del 26 de marzo de 1939, registrada el 31 de marzo de 1939 y 59 de enero 18 de 1964, registrada el 27 del mismo mes y año... (fls. 6 y ss., cdno. ppal.); ordenó la cancelación de gravámenes que pudieran pesar sobre el bien objeto de remate y el envío del acta de remate a la notaría competente y su inscripción en el circuito de registro de instrumentos públicos y privados de Urrao.

Previamente, la división de valorización de la secretaría de obras públicas del departamento de Antioquia había ordenado el embargo y secuestro de los inmuebles denunciados como de propiedad del ejecutado, inmuebles que se identificaron: “dos fincas territoriales con sus mejoras y anexidades, ubicadas en los parajes de Palo Blanco y Ventiadero de los municipios de Anzá y Betulia, con los siguientes linderos: Finca Palo Blanco... Finca El Ventiadero”.

3. Conforme al texto del acta mencionada la oficina de registro de instrumentos públicos de Urrao procedió a englobar los predios El Ventiadero y Palo Blanco, explicando que en Oficio DVSL-119-71 de agosto 23 de 1971, expedido por la división de valorización de la secretaría de obras públicas del departamento de Antioquia, se decretaba el embargo de las fincas territoriales denominadas Palo Blanco y El Ventiadero de los municipios de Anzá y Betulia, con sus respectivos linderos individuales, a más de los títulos de adquisición, escrituras 36 de marzo 26 de 1939 y 59 de enero 18 de 1964. Tal oficio se registró el 2 de septiembre de 1971.

Luego mediante Oficio DVJEF-050-75 de marzo 25 de 1975 emanado de la secretaría de obras públicas dirección de valorización, Juzgado de ejecuciones fiscales, se ordenó la cancelación de los gravámenes que pudieran afectar el bien objeto de remate; por ello la oficina de registro interpretó que se trataba de dos inmuebles pero que dentro del texto del remate solo se había hecho mención a un solo bien con linderos actualizados, citando como títulos de adquisición del señor Delio Antonio Vargas Quiceno, las escrituras 36 de 1939 y 59 de 1969, que corresponden a los predios Palo Blanco y El Ventiadero, respectivamente. Como en la diligencia de remate no se excluyó ninguno de los inmuebles, se procedió al englobe.

4. Tal situación se mantuvo hasta cuando a instancias del señor Alberto Cárdenas González, la oficina de registro de Urrao explicó la situación mediante comunicación de julio 11 de 1983, provocando la expedición de la providencia aclaratoria por parte del juzgado de ejecuciones fiscales, oficio que no se registró en su oportunidad, tal como se explicó con anterioridad en esta providencia.

5. Bajo la situación mencionada se hizo la anotación correspondiente a la escritura de compraventa 81 de 1977 de la Notaría Décima de Medellín de Delio de Jesús Vargas Maya, a quien se le adjudicó en remate, a Guillermo Elías Vargas Molina. Este dio en ventas parciales el predio a José María Oliveros (escritura 110, jun. 19/78), María Ferleny Vargas González y otros (escritura 48, feb. 18/80) y a María Adelfa Vargas viuda de Zapata (escritura 592, sep. 21/81), todo esto respecto del predio El Ventiadero.

Posteriormente mediante escritura 160 de marzo 25 de 1985 de la Notaría de La Concordia, Guillermo Elías Vargas Molina manifestó que como dueño y poseedor inscrito de dos predios Ventiadero y Palo Blanco los cuales, por sentencia de marzo 11 de 1975 del Juzgado de Ejecuciones Fiscales de Medellín, formaron uno solo, desenglobaba los predios enunciados. Indicó además que el predio El Ventiadero tiene una extensión superficiaria de 20 hectáreas y Palo Blanco de 70 hectáreas y, además, por medio de la citada escritura vendió este último predio a Bertulfo Cardona Restrepo.

6. El departamento de valorización mediante oficios 004490 de agosto 24 de 1983, 005780 de enero 30, 006474 de abril 10 y 007271 de julio 17 de 1984, transcribió la providencia aclaratoria sobre remate, los que no fueron registrados oportunamente.

7. La oficina de registro de instrumentos públicos, para proceder mediante los actos acusados al registro de la providencia aclaratoria, debió retrotraerse en el tiempo y, una vez verificado el orden que le correspondía a la mencionada aclaración, dejó sin efecto las anotaciones realizadas con posterioridad a la fecha de los oficios referentes a la providencia aclaratoria del juzgado de ejecuciones fiscales, para luego, en su orden, proceder a realizarlas, quedando, finalmente, sin efecto la correspondiente a la escritura 160 de marzo 26 de 1985 mediante la cual Guillermo Elías Vargas Molina dio el inmueble Palo Blanco en venta a Bertulfo Cardona Restrepo, anotando venta de cosa ajena, ya que, para el momento de la suscripción de tal escritura pública, el vendedor no era propietario del predio.

El asunto, tal como se definió en la primera instancia, quedó circunscrito a si so pretexto de ejercitar la facultad de que trata el artículo 35 del Decreto 1250 de 1970 pueden las oficinas de registro de instrumentos públicos dejar sin efecto o anular anotaciones que consagran en favor de particulares derechos subjetivos, en este caso, quien tiene la calidad de propietario de un derecho real en virtud de un contrato de compraventa de inmueble. Al respecto, el tribunal de Antioquia llegó a la conclusión de que tal corrección resultaba procedente, para lo cual se fundamentó en el Decreto 1250 de 1970 que contempla, en la disposición mencionada, contrariamente a lo consignado en el Código Contencioso Administrativo, la posibilidad de rectificar los errores en que se incurra al efectuar el registro de los instrumentos públicos, tratándose entonces de un estatuto de naturaleza especial.

La norma, base de la decisión que se revisa, es del siguiente tenor:

“Corrección de errores. Los errores en que se haya incurrido al realizar una inscripción, se corregirán subrayando y encerrando entre paréntesis las palabras, frases o cifras que deban suprimirse o insertando en el sitio pertinente y entre líneas las que deban agregarse y salvando al final lo corregido, reproduciéndolo entre comillas e indicando si vale o no vale lo suprimido o agregado. Podrá hacerse la corrección enmendando lo escrito o borrándolo o sustituyéndolo y así se indicará la salvedad que se haga. Las salvedades serán firmadas por el registrador o su delegado. Sin dichos requisitos no valdrán las correcciones y se tendrán por verdaderas las originales”.

Para la cabal interpretación del asunto en estudio, debe la Sala, en primer lugar, hacer precisión sobre el alcance del artículo 35 del Decreto 1250 de 1970. Vale la pena acotar al respecto, que los errores a los que se refiere el precepto en mención son los cometidos, en principio, por la misma oficina de registro, que interpreta erróneamente un acto o contrato, equivoca los nombres de los participantes en el mismo, da el alcance que no le corresponde al documento objeto de registro, etc., es decir cuando la comisión del error le es imputable directamente; pero, en el caso en estudio, se infiere que los errores que luego fueron corregidos a instancia de otra autoridad, fueron inducidos por el juzgado de ejecuciones fiscales, situación esta que torna diferente el aspecto fáctico a considerar, ya que provino del contenido de la providencia o mandato judicial que debía ser inscrito en la oficina de registro y, en tal caso, no imputable directamente a esta última.

En estos eventos, a juicio de la Sala, la competencia de la administración está delimitada al cumplimiento del deber legal contenido en el artículo 31 del estatuto de registro que establece:

“Inscripción por mandato judicial. Para la inscripción de autos de embargo, demandas civiles, decretos de separación de patrimonio, de posesión provisoria, definitiva o efectiva, prohibiciones, y en general, de actos jurisdiccionales que versen sobre inmuebles determinados, la medida judicial individualizará los bienes y las personas, de modo de facilitar el registro y evitar toda confusión”.

Por su parte, el artículo 40 del mismo estatuto preceptúa:

“El registrador procederá a cancelar un registro o inscripción cuando se le presente la prueba de la cancelación del respectivo título o acto, o la orden judicial en tal sentido”.

Y el artículo 41:

“La cancelación de una inscripción se hará en el folio de matrícula en la columna correspondiente y con referencia al acto, contrato o providencia que la ordene o respalda, en los respectivos índices y en la copia del título cancelado que repose en el archivo.

(...).

Las normas transcritas, se deduce, imponen a las oficinas de registro el deber de inscribir las decisiones judiciales a que hacen referencia.

Con la tesis de la parte actora no podía entonces la oficina de registro de instrumentos públicos de Urrao anotar la providencia aclaratoria expedida por la jurisdicción coactiva, hasta tanto la contencioso administrativa declarara la nulidad de los actos de registro referentes a la compraventa suscrita entre los dos componentes de la parte actora dentro de este proceso o, en su defecto, hasta tanto se declarara por el juez la nulidad del contrato de compraventa sobre la base de los hechos plasmados, cuando lo cierto es que de una parte el error lo provocó el juez de ejecuciones fiscales al dar entender que los dos predios en adelante se tendrían como uno solo, precediéndose al englobe por parte de la oficina de registro y, de otra parte, en la tardanza en el registro de la providencia aclaratoria que precisamente hacía relación a este punto, hechos estos generadores de hechos y omisiones, en su orden, de los cuales se derivan perjuicios que deben ser reclamados a través de la vía de la acción de reparación directa.

Pues bien, en su oportunidad la oficina de registro de Urrao inscribió el contenido del acta de remate que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 530 del Código de Procedimiento Civil ordenó el juez de ejecución fiscal protocolizar. Del texto de tal diligencia y del auto aprobatorio del remate se dio a entender que hacía relación a un mismo predio, pese a haber indicado los números de escrituras mediante las cuales el ejecutado había adquirido los inmuebles, y por tal razón, al hacer la respectiva inscripción, se procedió a hacer el englobe en uno solo de los dos predios, otorgándole un solo número de matrícula inmobiliaria. Tal situación se mantuvo hasta cuando, a instancias de uno de los interesados se procedió a solicitarle al juez de ejecuciones fiscales claridad sobre el punto, produciéndose la expedición de los oficios citados con antelación en el texto de esta providencia.

De conformidad con las normas citadas, también era deber de la oficina de instrumentos públicos proceder a registrar la providencia aclaratoria expedida por el juez de ejecuciones fiscales, que como ya se vio fue expedida y comunicada con antelación a la suscripción de la escritura 160 de marzo 25 de 1985, mediante la cual quien aparecía como titular del derecho real de dominio del predio Palo Blanco dio en venta el mismo a Bertulfo Cardona.

La Sala advierte que para proceder a dar cumplimiento a la orden del juzgado, no tenía necesidad de adelantar actuación administrativa tendiente a lograr el consentimiento expreso y escrito de quienes aparecían inscritos como titulares del derecho de propiedad, pues en esta materia existe regulación especial, Decreto 1250 de 1970 aplicable a esta materia, conforme lo establece el artículo 1º del Código Contencioso Administrativo, al regular el campo de aplicación de dicho código. En esta oportunidad se reiteran los lineamientos jurisprudenciales adoptados con anterioridad, así:

“La Sala comparte las apreciaciones hechas por el a quo , en el sentido de que la oficina de registro de instrumentos públicos cometió un error al registrar la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá que adjudicó el bien ubicado en la calle 22A Nº 14-31 a los herederos de la señora María Elisa Ramírez Viuda de Sánchez, pues la propiedad de dicho bien la ostentaba el señor Jesús Alberto Ramírez Suárez, según sentencia proferida por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Bogotá de 23 de marzo de 1966, la cual sí fue registrada mediante el sistema anterior al previsto en el Decreto-Ley 1250 de 1950 el 25 de mayo de 1966. Como consecuencia de la petición elevada por el señor Ramírez Suárez, la entidad demandada procedió a corregir el error en el que había incurrido, debiéndose hablar de corrección y no de cancelación, ya que, como lo disponen los artículos 39 , 40 y 41 del Decreto-Ley 1250 de 1970 , esta última deja sin efecto el registro y solo procede mediante la presentación de la prueba de la cancelación del respectivo título o acto, o la orden judicial en tal sentido, cuestión que no se presentó en el asunto que ocupa la atención de la Sala. Lo anterior por cuanto de acuerdo con el artículo 52 ibídem, “Para que pueda ser inscrito en el registro cualquier título se deberá indicar la procedencia inmediata del dominio o del derecho respectivo, mediante la cita del título antecedente, con los datos de su registro ...”, teniéndose en el presente caso que la sentencia del Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá no podía constituir el antecedente inmediato del derecho de dominio, ya que, se reitera, la causante, señora Ramírez viuda de Sánchez, no era la propietaria del inmueble adjudicado en su sucesión. Por consiguiente, no podía transferir algo de lo cual no era dueña” (Sent. 19, mar./98 , M.P. Libardo Rodríguez Rodríguez, Exp. 4634).

De igual forma los planteamientos esbozados de la siguiente forma:

“Las acusaciones a que se contraen los cargos bajo estudio adolecen en absoluto de vocación de prosperidad, pues es incuestionable que ellas tienden exclusivamente a controvertir la legalidad del acto de inscripción del embargo que le fue comunicado a la oficina de registro de instrumentos públicos de Armenia por el Juzgado 37 Civil Municipal de Bogotá, la cual no se debate en este proceso y en momento alguno tampoco las razones con base en las cuales se adoptó la decisión recurrida, sintetizadas en el acápite II de esta providencia. De otra parte, la Sala advierte que el hecho de que la demandante haya provocado un pronunciamiento de la administración en relación con el acto de inscripción del referido embargo, de ninguna manera le permite revivir la controversia sobre la legalidad en este proceso, pues es evidente que todos los cargos formulados en la demanda guardan relación con dicho acto y no con los acusados. Sin perjuicio de lo anterior, se hace notar al apelante que la norma del artículo 681-1 del Código de Procedimiento Civil vigente al momento de producirse el acto de inscripción de dicha medida cautelar imponía al respectivo registrador de instrumentos públicos proceder al estricto cumplimiento de la orden impartida, sin que le fuera posible abstenerse de ello bajo ninguna circunstancia, ya que en el evento de que del certificado sobre la situación jurídica del inmueble que remitiera al juez que decretó el embargo apareciera que el bien no pertenecía a la persona contra quien se decretó la medida, este funcionario debería solicitar su cancelación ... de oficio a solicitud de las partes” (Sent., jul. 7/95, M.P. Libardo Rodríguez Rodríguez, Exp. 3188).

Lo que sucedió en la práctica, fue que la oficina de registro, a pesar de tener el deber de hacer la inscripción de la providencia aclaratoria y de proceder de inmediato a desenglobar nuevamente los dos predios otorgándole a cada uno sus respectivos números de matrícula inmobiliaria, omitió tal deber provocando con tal omisión la posterior inscripción de la escritura referente a la compraventa del predio Palo Blanco, respecto del cual luego se hizo claridad mediante los actos acusados, mantenía aún medida cautelar. Con la expedición de los actos demandados, además precisó que en la realidad nunca había ingresado tal inmueble al patrimonio de quien había sido adjudicatario en la diligencia de remate.

Fue, finalmente, la tardanza u omisión en el registro oportuno de los oficios mediante los cuales se transcribió por el juzgado de ejecuciones fiscales la providencia aclaratoria en el sentido de establecer que los dos predios objeto de remate no formaban para efectos de tal diligencia uno solo sino que continuaban manteniendo sus individualidades, la que causó que se hicieran posteriores registros de compraventa del inmueble Palo Blanco. Empero, tal anotación tardía fue la que produjo claridad frente a la situación final que dejó plasmada la expedición de los actos acusados que, en relación con el inmueble aquí mencionado se había producido entre Vargas Molina y Cardona Restrepo, un negocio de compraventa de cosa ajena, con los indudables perjuicios que tal hecho genera para las dos partes.

Así las cosas que, concluye la Sala, como los oficios emanados del juzgado de ejecuciones fiscales del departamento de valorización de la gobernación de Antioquia fueron recibidos, los primeros en el mes de agosto de 1983, debió precederse a su registro e inscripción con antelación al registro de la escritura 160 de marzo 25 de 1985 y como no se hizo en forma oportuna provocó que bajo la falsa apariencia de la tradición en cabeza de Vargas Molina este hiciera venta del inmueble a Bertulfo Cardona Restrepo.

De manera que en el caso en estudio, la oficina de registro con su actuar, solo dio cumplimiento a su obligación de registrar una providencia judicial, pero al hacerlo con tal tardanza —tres años después— provocó que con posterioridad a la expedición y comunicación de la providencia aclaratoria se hubiesen producido inscripciones de contratos sobre los inmuebles, los que jurídicamente no podían inscribirse, pues ciertamente quien aparece luego dando en venta el inmueble Palo Blanco mediante ventas parciales no era su propietario. De manera que los perjuicios alegados en la demanda no tienen una relación de dependencia directa con la actuación de la oficina de registro de Urrao (Antioquia) sino con omisión del cumplimiento del deber de registro de la providencia aclaratoria en forma oportuna, tardanza que permitió la situación fáctica reflejada en este proceso.

Se deduce, entonces, de todo lo expuesto, que en el caso en estudio no es bajo la perspectiva de la demanda de los actos acusados la vía procedente para reclamar perjuicios derivados, de una parte por el yerro en que incurrió el juzgado de ejecuciones fiscales y, de otra, por la omisión en la inscripción oportuna de la providencia aclaratoria del mencionado juzgado, pues para registrar la providencia aclaratoria expedida por el juzgado de ejecuciones fiscales debía proceder a examinar el orden cronológico de las anotaciones. Tal reclamo debe hacerse en ejercicio de la acción de reparación directa.

Piénsese que de lo contrario, le hubiera resultado imposible a la oficina de registro de instrumentos públicos de Urrao dar cumplimiento al deber legal de registrar la providencia aclaratoria, una vez realizadas anotaciones posteriores, para lo cual finalmente debió dejar sin efecto la inscripción referente a la compraventa suscrita entre Guillermo Elías Vargas Molina y Bertulfo Cardona Restrepo contenida en la escritura 160 de marzo 25 de 1985, pues tal fue el resultado lógico acorde al espacio temporal en que tuvieron ocurrencia unos y otros hechos ya que quien figuró como vendedor de Palo Blanco en realidad no era su propietario dada la forma de alinderación, tal cual se inscribió, en su oportunidad, el documento de acta de remate. Solamente, luego de la aclaración que hizo el juzgado de ejecuciones fiscales, quedó esclarecido que el inmueble Palo Blanco nunca estuvo comprendido dentro del denominado El Ventiadero y por lo tanto tampoco nunca figuró dentro del patrimonio de quien adujo calidad de vendedor.

Como conclusión final de todo lo expuesto, precisa la Sala, en primer lugar, que en el caso objeto de estudio no resultaba posible hacer la inscripción de los oficios mediante los cuales se aclaró la situación del inmueble objeto de remate, mediante simples anotaciones entre paréntesis o resaltados colocados al final del documento y, en segundo lugar, que no resultaba necesario adelantar actuación administrativa tendiente a obtener el consentimiento previo, escrito y expreso de los titulares de derechos para poder proceder a efectuar las correcciones, pues para tales eventos el Decreto 1250 de 1970 consagra un procedimiento especial aplicable al caso.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE el fallo el 17 de septiembre de 1998 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha diez y nueve de agosto de mil novecientos noventa y nueve.

Consejeros: Juan Alberto Polo Figueroa, El presidente— Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Olga Inés Navarrete Barrero—Manuel S. Urueta Ayola.

Salvamento de voto

Considera la sentencia que es objeto de este salvamento que la norma sobre operancia de la caducidad de la acción frente a actos que han sido objeto de recursos de la vía gubernativa y respecto de los que había tenido ocurrencia el silencio administrativo, a pesar de haberse producido dicho fenómeno bajo la vigencia de la normatividad de 1989, no resulta hoy aplicable, por cuanto en el interregno se produjo la declaratoria de inexequibilidad de la norma que preveía la obligación de demandar dentro del término de caducidad, después de configurado el silencio.

Dice el fallo comentado en la parte pertinente: “Con respecto a los actos administrativos que decidieron los recursos interpuestos en la vía gubernativa, aparece que fueron interpuestos solamente por Guillermo Elías Vargas Molina y resueltos luego de cinco años contados desde la expedición de la primera decisión administrativa. Si se tiene en cuenta que no aparece fecha de notificación de la Resolución 36 de 1986, pero sí que el recurso de reposición fue decidido mediante resolución de agosto 21 de 1993, dictada en cumplimiento de un fallo de tutela, no resulta congruente, que luego de la declaratoria de inexequibilidad, entre otros, de los artículos 7º y 23 del Decreto 2304 de 1989, proferida en sentencia de junio 20 de 1990 por la Corte Suprema de Justicia, se dé aplicación a dichas normas, pues lo cierto es que al momento de presentación de la demanda, cuando fue contestada esta y ahora, cuando se procede a fallar el asunto, resultan inaplicables, a partir del fallo de inconstitucionalidad referido, la norma en referencia”.

Las razones del disentimiento del suscrito son las expuestas en la sentencia de 20 de mayo de 1999 (Exp. 5267, actor: Julio César Chávez, M.P. Ernesto Ariza), cuando en un caso similar la Sala dijo lo siguiente:

“Conforme al artículo 22 del Decreto-Ley 2304 de 1989, que subrogó al artículo 135 del Decreto-Ley 1ª de 1984, es un presupuesto de procedibilidad para incoar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo definitivo y de carácter particular, el previo agotamiento de la vía gubernativa por acto expreso o presunto por silencio negativo; y que el silencio negativo en relación con la primera petición también agota la vía gubernativa, dando a entender con esto último que los dos silencios negativos previstos en los artículos 40 y 60 del Código Contencioso Administrativo (frente a la petición y a los recursos) pueden producir dicho agotamiento.

Al estatuir este artículo, que fue declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 12 de junio de 1990, que tanto el silencio negativo frente a los recursos, como en relación con la primera petición, agotan la vía gubernativa, ello implica que por la ocurrencia de uno u otro fenómeno la autoridad administrativa pierde competencia, por el factor temporal, para pronunciarse sobre la petición y sobre los recursos, quedando así habilitado el administrado para instaurar la citada acción de nulidad resarcitoria.

Tan cierto es ello que el artículo 23 del Decreto-Ley 2304 de 1989, subrogatorio del artículo 136 del Decreto-Ley 1ª de 1984, vigente cuando se expidieron los actos administrativos acusados y se presentó la demanda, prevé que el término de caducidad para incoar dicha acción será de cuatro meses contados a partir del día siguiente a aquel en que se configure el silencio negativo.

El texto de los artículos 22 y 23 del Decreto 2304 de 1989 resulta así incompatible con los incisos 2º del artículo 40 y 3º del artículo 60 del Código Contencioso Administrativo, que autorizan a la administración para pronunciarse sobre la petición inicial o los recursos, mientras no se haya acudido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dado que el agotamiento de la vía gubernativa que consagra el artículo 22 implica, como ya se dijo, que por ministerio de la ley la autoridad no puede pronunciarse sobre la petición o los recursos, es decir, que pierde competencia por el aspecto temporal, por atribuírsele una consecuencia jurídica a su silencio; y por mandato del artículo 23, al día siguiente de la ocurrencia del silencio negativo debe computarse el plazo perentorio e improrrogable para el ejercicio de la acción contencioso administrativa enunciada.

Por tal incompatibilidad debe estimarse insubsistente o derogado tácitamente el inciso 3º del artículo 60 del Código Contencioso Administrativo, por el artículo 22 del Decreto-Ley 2304 de 1989, según la regla de hermenéutica consagrada en el artículo 3º de la Ley 153 de 1887, el cual prevé que una disposición legal se estima insubsistente por declaración expresa del legislador o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores.

Dicha incompatibilidad surgió dado que al declararse inexequibles por la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 20 de junio de 1990, los artículos 1º y 7º del Decreto-Ley 2304 de 1989, que habían subrogado los artículos 40 y 60 del Decreto-Ley 1º de 1984, ello trajo como consecuencia que recobraran vigencia estos últimos, pues las normas compatibles con los artículos 22 y 23 del Decreto-Ley 2304 de 1989 (subrogatorios de los arts. 135 y 136 del D.L. 1/84) eran los precitados artículos 1º y 7º.

“Dichos artículos 1º y 7º establecían que ocurridos, en su orden, los silencios negativos frente a la petición y frente a los recursos, la autoridad administrativa perdía competencia para pronunciarse en relación con la petición y los recursos, lo cual hacía posible, por ministerio de la ley en ambos casos, el agotamiento de la vía gubernativa previsto en el artículo 22, y que al día siguiente de ocurrido el silencio negativo empezara a correr el término de caducidad consagrado en el artículo 23”.

Las razones expuestas son suficientes para sustentar el disentimiento frente a la decisión que se ha tomado.

Manuel S. Urueta

Fecha ut et supra