Sentencia 16238 de agosto 31 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

DAÑOS OCASIONADOS POR DETONACIÓN DE GRANADA

No se presume que una granada abandonada sea de dotación oficial

EXTRACTOS: «Si bien fue acreditado que Jesús Ignacio Chacón Mora, José Alirio González y Álvaro Mora Guerrero resultaron lesionados como consecuencia de la explosión de una granada, el daño no es imputable a la administración comoquiera que el escaso material probatorio recopilado no permite establecer que dicho artefacto explosivo fuera de propiedad del Ejército Nacional.

Si bien es cierto que las pruebas testimoniales son coincidentes en señalar que el ejército estuvo asentado en la zona y que la guerrilla no incursionó en ese lugar, no es menos cierto que al apreciar dichas declaraciones se advierte que tomadas en conjunto no permiten establecer con exactitud las circunstancias de tiempo en que se percibió lo narrado (CPC, art. 228 num. 3º en consonancia con el art. 277 ejusdem).

En efecto, Guillermo Villamizar aseguró que el ejército había estado en el lugar de los hechos un mes antes y que “permaneció como un año aproximadamente”; en contraste, Jorge Alirio Pabón Bautista manifestó que el ejército se había ido del lugar “hacía tres meses” y que había permanecido acantonado “más o menos dos años”; en tanto que María Elena Ortiz observó que el ejército había permanecido en la finca por espacio de más de dos años, pero que para la fecha del incidente ya había abandonado el lugar: “tiempo no recuerdo, por ahí unos seis meses, aclaro por ahí dos meses, no recuerdo la fecha en que estuvo radicado ahí el ejército”; a su vez Jorge Enrique Leal Parra no precisó circunstancia alguna de tiempo de permanencia del ejército como tampoco hacía cuánto había abandonado el lugar; al paso que José Rafael Martínez Cáceres afirmó que el ejército había permanecido “más o menos dos meses” en el lugar de los hechos, pero no indicó cuándo se había ido de allí. Por lo demás, llama la atención de la Sala que ninguno de los declarantes dé cuenta que en esa región circulan grupos alzados en armas.

Al calificar dichos testimonios, se tiene que los mismos no concuerdan en las circunstancias de tiempo y por el contrario acusan no sólo vaguedad, sino también incoherencias y contradicciones, por lo que no es posible establecer la responsabilidad de la administración por vía indiciaria.

Por otra parte, la prueba documental conduce a conclusiones diferentes en cuanto señala para la época de los hechos cuadrillas de las Farc y del ELN delinquían en el lugar, por lo que las tropas integrantes del Batallón de Infantería Nº 1 Bolívar en esa jurisdicción tenían por misión realizar operaciones de contraguerrilla. Esta prueba no fue tachada de falsa por la parte actora.

De manera que los elementos de juicio, legalmente acopiados en este proceso, no permiten establecer con certeza que la granada fuera de propiedad de las Fuerzas Militares.

Si bien es cierto que ese tipo de armamento es de uso exclusivo de las Fuerzas Militares en virtud del poder monopolizador de la coerción material en cabeza del Estado (art. 216 superior) (1) —conforme al cual la seguridad individual y colectiva de los asociados se le confía únicamente a este (C.P., art. 2º) como rasgo esencial del poder público en un Estado de Derecho (Hauriou) (2) — no es procedente “presumir la propiedad del arma” (3) , toda vez que —ha dicho la Sala— aunque esas armas sean de uso exclusivo de las fuerzas armadas, la realidad del país indica que “también están en manos de grupos subversivos” (4) .

En términos de la jurisprudencia si las pruebas recopiladas no permiten, como sucede en el sub lite, acreditar que la granada fuera de dotación oficial no es posible deducir responsabilidad alguna de la administración. En efecto, la doctrina mayoritaria de la Sala ha sido consistente en señalar:

“En casos como el que ocupa la atención de la Sala, no basta que se demuestre que varios días antes miembros de la fuerza pública transitaron por el sector donde posteriormente se halló el artefacto explosivo ni que la muerte fue consecuencia directa de la manipulación que las víctimas hubieran hecho de él, únicas circunstancias que se hubiesen podido acreditar eventualmente mediante la prueba testimonial negada. Debe establecerse además, de manera esencial, que en realidad se trataba de una granada de fragmentación asignada a la fuerza pública, pues no es suficiente el predicado general de que así debía ser en virtud del monopolio de las armas que constitucionalmente se radica en el gobierno, tanto menos en cuanto que del ilícito comercio internacional de ellas se benefician sin duda los grupos que al margen de la ley operan en el país.

No tuvieron los demandantes el cuidado de recoger los restos del explosivo para ser sometidos a examen técnico, ni en los hechos de la demanda se afirma que alguna persona hubiera presenciado el momento en que el artefacto fue abandonado por la fuerza pública, de suerte que no resulta posible ahora recaudar la prueba que se echa de menos” (5) (se resalta).

Así mismo, en un caso similar a este en que unos niños murieron por la detonación de una granada que encontraron en una zona en la que había estado el ejército, la Sala advirtió:

“El tema fundamental a definir por la Sala es si está probado que la granada que produjo la muerte de los menores era de dotación oficial.

(...) es claro que, para imputarle al Estado un daño antijurídico causado con armas, municiones de guerra, explosivos u otros elementos que por su propia naturaleza o funcionamiento representen un peligro para la comunidad, debe encontrarse probado que ellos son de dotación oficial.

(...) Es cierto que obran varias declaraciones de vecinos del sector, según las cuales miembros del Ejército Nacional acantonados en la base de Churuyaco patrullaron en la noche anterior y en la mañana de los hechos el lugar, pero resulta muy curioso que ninguno de ellos se refiera a que también por dicha región circulan grupos de alzados en armas (...).

En conclusión, como los actores no han logrado demostrar que el artefacto explosivo que mató a los menores era de dotación oficial del Ejército Nacional acantonado en esa región, sus pretensiones indemnizatorias no pueden prosperar, por lo que la Sala confirmará las sentencias que negaron las peticiones de la demandas y revocará la que accedió a las mismas” (6) (la Sala destaca).

Una conclusión se impone: ninguna prueba acredita que la granada que causó las lesiones a Jesús Ignacio Chacón Mora, José Alirio González y Álvaro Mora Guerrero era de dotación del Ejército Nacional y por lo mismo no es procedente declarar la responsabilidad de la administración, en tanto no se encontró probado que el artefacto fuese de dotación oficial».

(Sentencia de 31 de agosto de 2006. Expediente 16238. Consejera Ponente: Dra. Ruth Stella Correa Palacio).

(1) Sobre este principio constitucional recientemente la Sala precisó: “Hay que señalar que acorde con las voces del artículo 2º constitucional las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, fines del Estado que encuentra una de sus concreciones más caracterizadas en el principio de exclusividad de la fuerza pública previsto en el artículo 216 superior, como que uno de los rasgos esenciales del poder público lo configura justamente el monopolio del ejercicio de la coacción del Estado”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 1º de marzo de 2006, radicación 25000-23-3100010649-01 (16.587), Actor: Eusebio Alarcón Lozano y otros, demandados: Nación-Min. Defensa-Policía Nacional, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(2) El primer autor en hacer la enunciación de este postulado fue Hobbes, cuando señaló que los contratos políticos sin la espada son palabras huecas, sin fuerza alguna (“Leviatán”, Colección clásicos del pensamiento, Madrid, Tecnos, 4ª ed., 1996), la idea sería luego reforzada por Maquiavelo —quien no solo según Prelot inició la politología moderna, sino que también utilizó en su célebre texto El Príncipe por vez primera la voz ‘lo stato’ (Estado) para designar al cuerpo político soberano (Sabine)— propuso la existencia de milicias nacionales al finalizar El arte de la guerra: “como uno de los pilares del Estado moderno” (GARZÓN, Edgar A. El pensamiento político de Maquiavelo, en Liber Amicorum en homenaje a Alirio Gómez Lobo, Colegio Mayor del Rosario, Bogotá, 2006, pág. 342 y ss.).

(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 12 de diciembre de 1996, rad. 11221, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, T. 326, fls.154 a 165: “Es verdad que en reiteradas oportunidades la Sala ha manejado casos similares al presente, con la tesis de la falla presunta del servicio, o (sic), por vía indiciaria. Sin embargo, ni una, ni la otra pueden ser aplicadas al presente caso. En cuanto a la primera, porque no se acreditó que la granada era de dotación del ejército, y si bien es cierto es procedente, en algunos casos presumir la falla, no lo es, presumir la propiedad del arma (...). La Sala ha señalado que en la época de violencia que padece el país, en la cual con frecuencia se registran enfrentamientos de las fuerzas del orden con grupos al margen de la ley, no se puede desconocer que estos últimos se encuentran fuertemente armados, y por ello, los daños ocasionados a la población pueden originarse en material de guerra-minas, granadas, municiones abandonados por uno u otro extremo, sin que por esto se pueda predicar que la Nación deba responder en todos los casos”. En sentido contrario, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 5 de agosto de 1994, rad. 8744, C.P. Carlos Betancur Jaramillo, T. 245, fls. 72 a 79: “Se presume, cuando alguien perece o sufre lesiones con un artefacto explosivo de uso privativo de las fuerzas armadas, la responsabilidad de la Nación. Presunción que hace que la defensa de la entidad tenga que tener especial poder de convicción, como que no podrá contentarse con afirmar, pura y simplemente, que la guerrilla también maneja granadas de fragmentación, sino que tiene que acreditar una causa extraña, o sea la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o el hecho de un tercero, también exclusivo o determinante”.

(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 16 de febrero de 1996, rad. 10514, C.P. Daniel Suárez Hernández, T. 300, fls. 171 a 187: “El hecho de que en esa lucha [que adelanta el Estado contra la subversión] no se logre el objetivo buscado, no puede calificarse como falla del servicio por omisión. La noción de falla por omisión debe referirse a un hecho concreto que la administración se haya negado a cumplir a pesar del requerimiento que se le haya realizado para el efecto”.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 11 de septiembre de 1997, ref.: expediente 10.277, actores: Jonys de Jesús Jaraba y otros, demandada: Mindefensa-Ejército Nacional, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 15 de marzo de 2001, rad. 52001-23-31-000-1994-6040-01 (11222), Actor: Luis Yela Samboni y otros, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

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