Sentencia T-551 de julio 5 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

C.P. Dra. Ligia López Díaz

Rad. 54001-23-31-000-2001-0551-01, jul. 5/2001

Actor: Fredy Alexánder Quintero Betancur

Acción de tutela

Nº Interno: 782

Fallo

Decide la Sala el recurso de impugnación interpuesto en contra de la Sentencia del 31 de mayo de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander, que negó la tutela instaurada en contra del Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y Laboratorio Gilete, con el propósito de amparar los derechos constitucionales del actor a la salud, la seguridad social, la incapacidad laboral, la sanidad, la dignidad, la vida, la protección a los débiles físicos y psíquicos, la recreación, la integridad física y de manera subsidiaria el derecho al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida.

Antecedentes

Los hechos que sirvieron de fundamento a la petición de tutela, se sintetizan así:

El actor prestó sus servicios a la Policía Nacional - Ministerio de Defensa Nacional, desde el día 5 de diciembre de 1990 hasta el día 26 de julio de 2000. Su último desempeño fue el de subintendente en la Estación de Policía del municipio de Sardinata, Norte de Santander.

La estación de policía en la que el actor prestaba sus servicios, fue atacada por miembros pertenecientes al XXXIII frente de las FARC. Como resultado del ataque, el actor sufrió la pérdida de su miembro inferior izquierdo.

Ante las lesiones del accionante, la junta de ortopedia y la junta quirúrgica del Hospital Central de la Policía Nacional, determinó que debía utilizarse una prótesis “modular con rodilla hidráulica”, según historia clínica Nº 13.174.526. (fl. 12)

Una vez rendido el dictamen médico y previa cotización a varios laboratorios encargados de esta clase de tratamientos, la dirección de sanidad de la Policía Nacional a través de su administradora la Dra. Alba Lucia Rojas Bernal, solicitó a “Laboratorios Gilete” a prestar la colaboración consistente en la valoración, tratamiento de rehabilitación y prótesis modular para amputación transfemoral miembro inferior izquierdo, al paciente.

Después de celebrado el contrato, al demandante le fue suministrada una prótesis neumática en lugar de la hidráulica.

En junta médica de fecha 2 de diciembre de 1999, los fisiatras adscritos a la dirección de sanidad del Hospital Central de la Policía Nacional concluyeron: “1. la junta considera que el cambio de rodilla neumática por una inteligente - teletorque como la que se solicita, no va a mejorar la capacidad funcional del paciente. 2. Debido a la información suministrada por el paciente referente a la falta de silicona, la junta considera que se debe completar la dotación de la prótesis, según lo estipulado en el contrato inicial, lo que implica cambio de socket”.

En ejercicio del derecho de petición en repetidas oportunidades, el actor se dirigió a la dirección de sanidad y dirección de la Policía Nacional para que le ordenara al laboratorio contratista (Laboratorios Gilete) el cambio de la rodilla neumática por la hidráulica, como elemento recomendado y finalmente contratado.

Afirmó que, han pasado 9 meses sin que se le hayan prestado los servicios de reparación y mantenimiento de la prótesis, así como el respectivo tratamiento médico, recomendado y ordenado por los médicos, es decir, que debían prestarse en plazos no superiores a 6 meses.

Señaló que no existe otro medio de defensa judicial para la protección de sus derechos.

Por su parte, el gerente administrativo y financiero y el coordinador de prótesis del Laboratorio Gilete, manifestaron que el cambio de suministro obedeció al ofrecimiento y recomendación de la Casa Blatchford de Inglaterra que al momento de la elaboración de la prótesis, junto con el laboratorio, realizaban un curso de actualización de “Técnicas y componentes ideales en el manejo de amputados de miembro inferior” en Bogotá, donde el actor se presentó como caso clínico y modelo para la utilización de esta tecnología. Señalaron que como resultado del caso en particular los expertos de la Casa Blatchford recomendaron la utilización de este tipo de rodilla. Aclararon que como invitados de la dirección de sanidad de la Policía Nacional, se contó con los doctores León Felipe Valencia, Julio Hernández, la teniente fisioterapeuta Claudia Patricia González, jefe de la unidad de rehabilitación y las fisioterapeutas de esta unidad.

Frente a la diferencia de costos, afirman que el laboratorio asumió el mayor valor y en cuanto a la eficiencia del elemento, argumentan su superioridad. Anexan: el contrato emitido por la dirección de sanidad; historia clínica del paciente; informe de remisión y aceptación del elemento por la dirección; recibido a satisfacción del paciente con fecha de mayo 7 de 1999; factura de venta Nº 3295 y por último la carta que se emitió para solicitud y trámite de la misma (fls. 37 a 51).

La dirección de sanidad de la Policía Nacional, solicitó negar la tutela al considerar que no existe la vulneración de los derechos alegados por el accionante.

Afirmó que en repetidas oportunidades el actor ha solicitado el cambio de la prótesis, por una con rodilla inteligente. Tal petición ha sido negada conforme al concepto de los médicos de fisiatría y del comité de remisiones especiales del Hospital Central de la Policía Nacional, en la que se asegura que tal cambio no mejora la capacidad funcional de la rodilla.

En relación al cambio de la rodilla hidráulica por la neumática, afirmaron que tal situación ocurrió por aceptación de las diferentes partes y porque la casa productora recomendó la utilización de este tipo de prótesis.

La providencia impugnada

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander mediante Sentencia del 31 de mayo de 2001, negó la acción argumentando que el derecho a la salud no es un derecho fundamental de protección directa.

Afirmó que el accionante no es una persona en estado de indefensión que haga viable considerar un trato preferencial o especial.

Por último, argumentó que al no estar de por medio la afectación del derecho a la vida, no procede por conexidad el amparo al derecho a la salud.

Recurso de impugnación

El apoderado del actor impugnó la providencia afirmando que no sólo se vulnera el derecho a la vida cuando se está frente a un peligro de muerte. Señaló que el a quo hizo alusión al derecho a la vida y la salud, pero no a los derechos de la seguridad social, la incapacidad laboral - la sanidad, la dignidad, la protección a los débiles físicos y psíquicos, la recreación, la integridad física, el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida.

En lo que concierne a lo expresado por los demandados en el sentido de manifestar que el cambio de rodilla neumática por la hidráulica no mejoraría la capacidad funcional del paciente, solicita tener en cuenta que la junta médica que inicialmente valoró al actor, recomendó la rodilla hidráulica y no la neumática, por la que se contrató y pago.

Por último, advierte que la Constitución Política establece una especial protección a los débiles físicos y psíquicos, por lo mismo debe considerarse que el actor se encuentra en un estado de indefensión.

Consideraciones de la Sala

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política puede ejercerse con el objeto de reclamar ante la jurisdicción, a través de un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos se vean amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.

En el presente caso, la inconformidad del actor estriba en que la prótesis que tiene: “rodilla neumática” no corresponde a la que la junta de médicos inicialmente recomendó, ni la que la dirección de sanidad de la Policía Nacional contrató y pago. En efecto, alega que la prótesis recomendada, contratada y pagada era una “rodilla hidráulica”.

La discusión central refiere al concepto de cuál es el tratamiento más adecuado para el señor Fredy Alexánder Quintero Betancur, por la pérdida de su miembro inferior izquierdo.

En primer lugar, la Sala encuentra la afirmación del demandante en el sentido que la prótesis más adecuada a su caso es la “rodilla hidráulica”. De otro lado, con ocasión a la solicitud de una “rodilla inteligente - teletorque”, la junta médica conformada por 4 médicos fisiatras de la dirección nacional de sanidad del Hospital Central de la Policía Nacional concluyó que el cambio de rodilla neumática por una rodilla inteligente - teletorque como la que se solicita, no va a mejorar la capacidad funcional del paciente (fls. 66 y 67).

En el sub examine, la Sala advierte que por regla general mediante la acción de tutela no se pueden obtener cambios en los tratamientos médicos. En efecto, cuando la vida o la existencia digna se halle amenazada o vulnerada, puede el juez constitucional amparar por conexidad el derecho a la salud, pero sin llegar a indicar cuál es el tratamiento médico apropiado para el paciente.

Para la Sala, carece de fundamento la solicitud del actor en el sentido de tener en cuenta el concepto de la junta médica que inicialmente lo valoró, dado que del expediente se evidencia que la sustitución de la rodilla hidráulica por la neumática obedeció a una serie de conceptos científicos, sin que sea predicable una arbitrariedad por parte del Laboratorio Gilete o de la dirección de sanidad de la Policía Nacional.

La acción de tutela al ser un mecanismo preferente y sumario parte del principio de la buena fe, por ello en tal sentido deben valorarse tanto las afirmaciones y las pruebas de la parte actora como de la parte demandada. En este sentido, cuando se trata de amparar el derecho a la salud en conexidad con la vida, debe el actor demostrar, así sea en forma sumaria, que la conducta médica que ha dado origen a la tutela, corresponde a una determinación arbitraria, peligrosa o causante de dolores innecesarios.

En el expediente, no se encuentra acreditado que la dirección de sanidad de la Policía Nacional o del Laboratorio Gilete, hayan decidido en forma arbitraria el cambio de la rodilla hidráulica por la neumática; por el contrario, se evidencia que dicha decisión fue adoptada con base en conceptos idóneos de médicos especialistas en beneficio del actor.

En cuanto a los demás derechos alegados por el actor, no se demostró siquiera en forma sumaria su conexidad con un derecho fundamental como lo es la vida.

En consecuencia, no se accede al amparo de los derechos alegados, por lo cual habrá de confirmarse el fallo de primera instancia que negó la tutela.

Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la providencia impugnada del treinta y uno (31) de mayo de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, envíese copia al tribunal de origen y cúmplase.

Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

Magistrados: Juan Ángel Palacio Hincapié—Germán Ayala Mantilla—Ligia López Díaz—María Inés Ortiz Barbosa.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General.

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