Sentencia AP-303 de febrero 20 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Exp. 54001-23-31-000-2002-00303-01

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Acción Popular

Recurso de Apelación contra la sentencia de 10 de octubre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

Actor: Dennis Omar Tarazona Rivera.

Bogotá, D.C., veinte de febrero de dos mil tres.

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el demandante contra la Sentencia de 10 de octubre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

I.1. El ciudadano Dennis Omar Tarazona Rivera, en ejercicio de la acción popular consagrada en el artículo 88 de la Carta Política, desarrollado por la Ley 472 de 1998, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander (fls. 3 a 9), contra el municipio de San José de Cúcuta y el registrador de dicho municipio, tendiente a que se protejan los derechos colectivos relacionados con el goce del espacio público, utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, la moralidad administrativa y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

Los hechos que motivaron la acción instaurada son, en resumen, los siguientes:

1. Expresa que obra publicidad política de los senadores Juan Fernando Cristo, de la Alianza con Serpa y de Juan Manuel Corzo en la zona del Malecón, en especial en la zona de tránsito del puente; igualmente de los senadores Chávez y José Luis Flórez en la zona del canal sobre la vía que cubre el puente de la Avenida 0 y sobre la zona de la Avenida 3ª con calle 13 donde quedaba el antiguo depósito de rentas departamental.

Que en el margen derecho sobre los muros que encierra la urbanización El Bosque también hay publicidad de los candidatos Juan Fernando Cristo, Chávez, Amaya y Benítez.

2. Sostiene que hay diferentes escuelas y colegios de la ciudad a cargo del municipio donde sus muros han sido utilizados para divulgar propaganda política, así como se ha difundido en bienes inmuebles del ente municipal como, por ejemplo, las instalaciones aledañas a la secretaría de obras públicas municipal y continuo a la secretaría de educación departamental.

3. Expresa que el famoso, pero deteriorado Paseo Negro de la ciudadela de Atalaya, está siendo usufructuado vilmente por propaganda política.

4. Finalmente, argumenta que en la ciudad transitan vehículos con propaganda política, no con calcomanías, sino con pancartas.

En consecuencia, solicita que se obligue al alcalde y a los registradores del municipio a comunicar a los partidos políticos debidamente inscritos en el Consejo Nacional Electoral, que no utilicen los muros que forman parte del espacio público de la ciudad para la publicidad de los candidatos.

Que se obligue a dichos funcionarios a publicar en un diario el lugar autorizado para la propaganda electoral; a impartir órdenes a los funcionarios o particulares que tengan a su cargo inmuebles de la administración municipal (clubes, colegios, escuelas, etc.), en el sentido de no permitir la divulgación de propaganda electoral en sus paredes o zonas aledañas.

Que se obligue al alcalde a retirar los pasacalles hasta que defina de manera concertada la utilización del espacio público, respetando la equidad; y que se retire del espacio público la contaminación visual.

Que se obligue al alcalde que solicite a los candidatos que suministren el permiso de utilización de los bienes privados, firmado por el propietario de los inmuebles, acompañado del certificado de libertad y tradición.

Que se obligue al alcalde retirar de los vehículos la publicidad depositada en su estructura, por contaminación visual y modificar el uso de los vehículos.

I.2. El municipio de San José de Cúcuta contestó la demanda para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, aduciendo, principalmente, que a través de la oficina de planeación cumple la normatividad vigente (Ls. 9ª/89, 130/94 y 388/97).

Que no se violan los derechos colectivos a que alude la demanda ya que la alcaldía expidió el Decreto 10 de 11 de enero de 2002 y viene tomando las medidas necesarias ante la autoridad competente para que la publicidad política se ajuste a lo normado o se elimine en caso de infringir la ley.

Destaca que el director de planeación ofició a los diferentes candidatos que participan en el debate electoral dándoles a conocer el decreto para facilitar su cumplimiento; y a través de la división de control físico y ambiental se han reportado 258 elementos con publicidad que no cumple con la autorización y que serán objeto de sanción.

I.3. La Registraduría Especial del Estado Civil de Cúcuta, mediante escrito visible a folios 87 y 88, contestó la demanda, aduciendo, en síntesis, lo siguiente:

Manifiesta que el acto administrativo que contempla la regulación de las características, forma, lugar y condición para la fijación de publicidad política ya se expidió.

Señala que la publicación de dicho acto administrativo corresponde al alcalde municipal, a quien también le compete señalar los sitios públicos autorizados para fijar la clase de propaganda, previa consulta con un comité integrado por representantes de los diferentes partidos, movimientos o grupos políticos que participen en las elecciones; y que de existir alguna violación a él también corresponde aplicar los correctivos necesarios.

Igualmente, en escrito visible a folios 90 a 93, manifestó que mediante resoluciones 965 de 5 de diciembre de 2001 y 2510 de 20 de febrero de 2002, el Consejo Nacional Electoral señaló el número de cuñas radiales, de avisos en publicaciones escritas y de vallas publicitarias de los candidatos políticos para las elecciones del Senado y Cámara de Representantes celebradas el 10 de marzo de 2002 y para Presidente de la República celebrada el día 26 de mayo del mismo año.

Menciona que el artículo 22 de la Ley 130 de 1994 permite la divulgación política y la propaganda electoral por los medios de comunicación, aunque el artículo 24 de la misma ley señala que solo se podrá realizar la propaganda política tres meses antes de la fecha de elecciones.

Afirma que el artículo 28 de la referida ley confiere la competencia para regular lo concerniente a la propaganda y publicidad política a los alcaldes y registradores municipales.

Comenta que según la Ley 140 de 1994 que reglamenta la publicidad exterior visual en el territorio nacional, en municipios de sexta, quinta, cuarta, tercera y segunda categoría se permiten 3 vallas para candidatos políticos y en los de primera categoría y categoría especial, las capitales de departamento y Bogotá, D.C., se tendrá derecho a 5 vallas para los candidatos políticos.

Señala que el Decreto 10 de 11 de enero de 2002 establece las características y forma de la publicidad de carácter político que puede intervenir el espacio público, así como las sanciones para quienes violen dichos parámetros; y concede 5 días hábiles a partir de la publicación del decreto para retirar o legalizar la publicidad o propaganda política.

Concluye expresando que las pretensiones del demandante no deben prosperar, porque bien podía solicitar por escrito el control al departamento administrativo de planeación municipal quien remite el caso a la autoridad policiva correspondiente en caso de observar alguna violación a las disposiciones mencionadas.

II. La sentencia recurrida

El a quo denegó las pretensiones de la demanda, con base en lo siguiente;

Que en desarrollo de la Ley 140 de 1993, expedida para mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante la descontaminación visual y del paisaje, la protección al espacio público y de la integridad del medio ambiente; y de la Ley 130 de 1994, que contiene el estatuto básico de los partidos políticos y regula la publicidad política, el alcalde municipal de San José de Cúcuta, expidió el Decreto 10 del 11 de enero de 2002 “Por el cual se regula la publicidad de carácter político en espacios públicos y privados”.

Destaca que en dicho decreto se definió la publicidad exterior visual como el medio masivo de comunicación destinado a informar o llamar la atención del público a través de elementos visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde las vías de uso o dominio público, bien sea peatonales o vehiculares, terrestres o aéreas; consagró los diferentes elementos como vallas, murales, afiches y demás con los cuales se podrá intervenir el espacio público, estableciendo para cada uno de ellos sus características, dimensiones, distancia y lugar de instalación.

Resalta el texto de los artículos 6º y 7º de dicho decreto, que es del siguiente tenor:

“El candidato a quien hace alusión la publicidad política y que no se ajuste a los requisitos del presente decreto y Ley 140 de 1994, se le aplicarán las máximas sanciones establecidas en la misma, Código de Policía y demás normas concordantes sin perjuicio de ser retirados por la secretaría de gobierno, quien ejercerá el control sobre el cumplimiento del presente decreto en colaboración con el departamento administrativo de planeación municipal, con los Bomberos y la Policía Nacional, o exigir a través de la autoridad policiva se restablezcan los espacios al estado que se encontraban antes del uso indebido”.

“Toda publicidad deberá ser retirada dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la realización de los comicios electorales, en caso de incumplimiento se remitirán a la inspección de policía competente para su respectiva sanción y exigir que restablezcan el espacio al estado que se encontraba antes de su uso. También podrá realizarse el retiro por parte de la secretaría de gobierno, en colaboración con el departamento administrativo de planeación municipal, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Policía Nacional.

PAR. 1º—Todo muro utilizado para pintar publicidad política deberá ser restituido a su estado original en el término establecido en este artículo.

PAR. 2º—Quien no diere cumplimiento a lo aquí dispuesto se le aplicarán las sanciones previstas en la Ley 140 de 1994 y demás normas concordantes por la inspección de policía competente”.

Por lo anterior el tribunal estimó que la administración municipal cumplió con la obligación de expedir el acto administrativo por el cual se reguló lo concerniente a la publicidad de carácter político; además de que adelantó actividades de retiro de la propaganda que no cumplió con las especificaciones señaladas, e impuso las sanciones previstas para el caso.

Aduce que sólo a través de un proceso policivo se podría proceder al retiro de la propaganda política que no se ajuste a los lineamientos trazados en el Decreto 10 del 11 de enero de 2002; y que el municipio de Cúcuta ya había adelantado el correspondiente proceso policivo ante la Inspección Sexta Superior Promiscuo de Policía.

III. Fundamentos del recurso

El demandante adujo como motivo de inconformidad, en síntesis, que los carteles y letreros políticos siguen con la contaminación visual y continúan las violaciones al plan de ordenamiento territorial.

De la misma manera, alega que la Resolución de 9 de abril de 2002, obrante a folio 144, constituye prueba del fraude procesal que se hizo para obtener una providencia favorable.

IV. Consideraciones de la Sala

Estima la Sala que la providencia recurrida merece su confirmación pues no existe prueba dentro del expediente de la omisión de la alcaldía de San José Cúcuta en tomar las medidas necesarias para evitar que la propaganda electoral se desarrolle en lugares no habilitados para ello.

En efecto, invocando las facultades conferidas en la Ley 140 de 1994, 130 de 1994 y 315 de la Constitución Política, el alcalde de San José de Cúcuta expidió el Decreto 10 de 11 de enero de 2002 “por el cual se regula la publicidad de carácter político en espacios públicos y privadas” (fls. 27 a 34).

Conforme lo resaltó el a quo, en los artículos 6º y 7º de dicho decreto se dispuso:

“El candidato a quien hace alusión la publicidad política y que no se ajuste a los requisitos del presente decreto y Ley 140 de 1994, se le aplicarán las máximas sanciones establecidas en la misma, Código de Policía y demás normas concordantes sin perjuicio de ser retirados por la secretaría de gobierno, quien ejercerá el control sobre el cumplimiento del presente decreto en colaboración con el departamento administrativo de planeación municipal, con los Bomberos y la Policía Nacional, o exigir a través de la autoridad policiva se restablezcan los espacios al estado que se encontraban antes del uso indebido”.

“Toda publicidad deberá ser retirada dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la realización de los comicios electorales, en caso de incumplimiento se remitirán a la inspección de policía competente para su respectiva sanción y exigir que restablezcan el espacio al estado que se encontraba antes de su uso. También podrá realizarse el retiro por parte de la secretaría de gobierno, en colaboración con el departamento administrativo de planeación municipal, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Policía Nacional.

PAR. 1º—Todo muro utilizado para pintar publicidad política deberá ser restituido a su estado original en el término establecido en este artículo.

PAR. 2º—Quien no diere cumplimiento a lo aquí dispuesto se le aplicarán las sanciones previstas en la Ley 140 de 1994 y demás normas concordantes por la inspección de policía competente”.

A folios 35 a 47 obran copias de las comunicaciones dirigidas a cada uno de los candidatos a través de las cuales se remitió copia del Decreto 10.

Cabe observar que el decreto en mención se expidió el 11 de enero de 2002, esto es, con anterioridad a la presentación de la demanda (31 de ene./2002, fl. 9).

Al contestar la demanda el 20 de febrero de 2002 el municipio de San José de Cúcuta alegó que viene tomando las medidas necesarias ante la autoridad competente para que la publicidad política se ajuste a lo normado o se elimine en caso de infringir la ley; y según consta a folio 144, en virtud de querella de 30 de enero de 2002, proveniente de la secretaría de gobierno municipal se adelantó actuación de carácter policivo por los mismos hechos que denuncia el actor en este proceso, lo que dio lugar a la expedición de la Resolución 74 de 9 de abril de 2002, en cuya parte resolutiva se dispuso:

“ART. 1º—Ordénase la refacción de los avisos descritos en la parte motiva de esta providencia, cuyos responsables son: Isabel Celis, Iván Clavijo, Guillermo Chávez, José Luis Flórez, Juan Francisco Cristo, Basilio Villamizar T., Juan Manuel Corzo, Albino García Fernández y Horacio Serpa.

PAR.—Conmínase a los precitados en el artículo anterior para que procedan a la refacción de los avisos, so pena de efectuarlo por este despacho dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

ART. 2º—Imponer a los precitados anteriormente, una multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes ...”.

Según se infiere de lo consignado a folio 36 del cuaderno de anexos número 2, el director de planeación municipal mediante oficio 1242 de 20 de marzo de 2002 indagó ante la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria sobre el número de solicitudes para instalación de vallas con publicidad política y sanciones por violación al Decreto 10 de 2002 y Ley 140 de 1994.

Se afirma a folio 37, ibídem, que para el 7 de marzo de 2002 el departamento administrativo de planeación municipal, a través de la división de control físico ambiental estaba adelantando inventario a nivel del municipio de San José de Cúcuta de la publicidad política instalada, tomando medidas pertinentes ante la autoridad competente.

A folio 49, ibídem, consta que el inspector sexto de policía solicitó al director de planeación municipal el 4 de junio de 2002, asignar el equipo contratado por el despacho para remoción de vallas y avisos y cubrir con pintura los murales relacionados con publicidad política.

A folio 58, ibídem, consta que para el 20 de agosto de 2002, la división de control físico ambiental del municipio de San José de Cúcuta comunicó la programación a seguir en los diferentes sectores de la ciudad, del 20 al 23 de agosto; del 26 de agosto al 30 de agosto del 2 al 6 de septiembre y del 9 al 13 de septiembre para descontaminar el espacio público, ocupado con elementos no permitidos.

Igualmente, a folio 60, ibídem, aparece la programación comprendida entre el 29 de julio al 2 de agosto; del 5 de agosto al 12; del 13 de agosto al 20; del 20 de agosto al 26 y del 26 de agosto al 30, con la misma finalidad de descontaminar el espacio público en los sectores que allí se relacionan.

A folio 68, ibídem, consta el informe de 22 a 26 de julio de 2002 sobre “Operativo espacio público retiro publicidad”; y a folio 69, ibídem, obra el informe de 5 de julio de 2002, rendido por la división de control físico ambiental sobre los avisos, vallas, murales y pasacalles retirados y borrados en la ciudad.

Lo anterior pone de manifiesto que al municipio de San José de Cúcuta no se le puede endilgar omisión de su deber de velar por el espacio público o la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, pues, como quedó demostrado, desde antes de la presentación de la demanda ya había empezado a tomar las medidas tendientes a su protección, como fue promover la querella policiva que culminó con la Resolución de 9 de abril de 2002, así como la realización de los distintos operativos para el retiro de las vallas y pasacalles y pintura de muros.

Es preciso resaltar que el actor también menciona como vulnerado el derecho colectivo a la moralidad pública, pero frente al mismo no aduce hechos concretos ni mucho menos allega pruebas tendientes a su demostración. Por el contrario, los hechos y pruebas que militan en el expediente se circunscriben a la vulneración del espacio público, que, como ya se dijo, aparece desvirtuada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de febrero de 2003.

________________________________