Sentencia 1998-0324 de octubre 18 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

Procede sobre bien embargado.

EXTRACTOS: «2. En este caso la actora persigue, conforme aparece textualmente en el libelo, que se declare que “... ha adquirido el derecho de dominio pleno...” del inmueble litigioso, por prescripción extraordinaria, materia en la que deben configurarse cabalmente los siguientes elementos: a) posesión material del demandante; b) que esta haya durado, como mínimo, veinte años —hoy 10, Ley 791 de 2002—; c) que la posesión haya sido pública y continua; y d) que la cosa o derecho sobre el cual se ejerce sea susceptible de adquirirse por usucapión.

Como se reseñó, el tribunal centró su atención en el último presupuesto enlistado, por cuanto, en apretada síntesis, estimó que no era “... prescriptible este bien por estar temporalmente fuera del comercio por decisión judicial...”, al encontrarse afectado por una orden de embargo, raciocinio este que constituyó el eje de la decisión confirmatoria de la de primera instancia que, a su turno, había denegado las pretensiones.

Para estos efectos, el ad quem se apoyó fundamentalmente en el hecho que de manera previa a la presentación de la demanda de pertenencia fue inscrita una orden de embargo sobre la cuota de dominio —50%— de Germán Nayick Guerrero Vargas, emitida por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cúcuta dentro de un proceso ejecutivo mixto promovido en su contra por el Banco Ganadero.

3. Ahora bien, de entrada emerge un notorio y trascendente yerro jurídico en la posición del sentenciador, pues, tras entender acertadamente, como requisito, que el bien pretendido debía ser susceptible de este modo de adquirir el dominio, terminó por dar un desafortunado alcance a esta exigencia, consistente en que el bien no podía hallarse sometido a medida cautelar en el momento de introducción del libelo, pues tal situación restringía temporalmente el poder de disposición del titular.

Ciertamente, se trata de una confusión inaceptable, en tanto que una cosa es que el artículo 1521 del Código Civil disponga que habrá objeto ilícito en la “enajenación” de las cosas embargadas por orden judicial, salvo que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ella y otra, bien distinta, que una medida semejante tenga como efecto la alteración de la calidad, destinación, o naturaleza jurídica del bien sobre el que ella recae, al punto de tornarlo en imprescriptible o excluirlo de la órbita del derecho privado, al estilo de lo que invariablemente ocurre con los bienes fiscales, de uso público, ejidales, parques naturales, entre otros.

Es evidente que cualquier acto de enajenación de un bien embargado queda viciado de objeto ilícito, mas no lo es que la medida cautelar resulte opuesta o contraria al fenómeno fáctico de la posesión que sobre él se ejerce, pues tal cautela no es motivo de interrupción natural o civil, sin que, por lo mismo, tenga el alcance de coartar o eliminar al poseedor la posibilidad o vocación de adquirir el dominio de la cosa sobre la que recaen sus acciones.

Por demás, la enajenación tiene una naturaleza diversa a la usucapión y a los hechos posesorios que la anteceden, habida cuenta que la primera supone generalmente un acto voluntario de disposición de intereses, mientras que la segunda corresponde al efecto originario o constitutivo que por ministerio de la ley se produce sobre el dominio de un bien, siempre que se haya cumplido previamente con una serie de presupuestos modales y temporales.

De antiguo esta corporación ha precisado que “... el embargo y depósito de una finca raíz no impide que se consume la prescripción adquisitiva de ella. Por el embargo no se traslada ni se modifica el dominio ni la posesión de la cosa depositada; y si bien es cierto que la enajenación de los bienes embargados está prohibida por la ley, bajo pena de nulidad, el fenómeno de la prescripción es cosa muy distinta de la enajenación. Si la posesión no se pierde por el hecho del embargo, no hay disposición alguna del Código Civil, que se oponga a la usucapión o prescripción adquisitiva, la cual, por ser título originario de dominio, difiere esencialmente de la enajenación” (sentencia de 4 de julio de 1932, G.J. t. XL, pag. 180; cfr. sentencias de 16 de abril de 1913, XXII, 376; 30 de septiembre de 1954, LXXVIII, 698; 28 de agosto de 1963, CIII - CIV, 101; 26 de junio de 1964, CVII, 365; 22 de enero de 1993, CCXXII, 11; 7 de marzo de 1995, CCXXXIV, 333; 23 de noviembre de 1999, CCLXI, 1097; y 3 de diciembre de 1999, CCLXI, 1252; entre otras).

Por último, no está de más anotar que admitir semejante tesis, como con notorio desacierto lo entendió el tribunal, en tanto que encontró suficiente una orden judicial para impedir que se consolidara la prescripción adquisitiva, ciertamente vendría a constituir un medio expedito y riesgoso para que cualquiera pudiera obstaculizar los derechos legítimos de los poseedores que se encuentran en camino de consumar tal fenómeno y obtener la respectiva declaración.

4. En este orden de ideas, desatinó el sentenciador al concluir que el embargo de la cuota de dominio del inmueble lo volvía imprescriptible y, consiguientemente, frustraba las súplicas de la actora, yerro que claramente resulta relevante, pues, de no haberse cometido, el ad quem habría procedido al estudio integral de los elementos necesarios para el suceso de la acción de pertenencia».

(Sentencia de casación, 18 de octubre de 2005. Expediente 54001-3103-003-1998-0324-01. Magistrado Ponente: Dr. César Julio Valencia Copete).

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