Sentencia 5410 de febrero 10 de 2000 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 5410

Consejera Ponente:

Dra. Olga Ines Navarrete Barrero

Actor: Camilo Cortés Duarte

Santafé de Bogotá, D.C., diez (10) de febrero del dos mil (2000)

EXTRACTOS: «Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado origen al proceso de la referencia, instaurada por el ciudadano y abogado Camilo Cortés Duarte en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, con el fin de obtener de esta corporación la declaratoria de nulidad de los numerales 5.1.4 y 5.2 de la Instrucción Administrativa 0010 de 18 de julio de 1995, expedida por la subdirección de fiscalización de la Unidad Administrativa Especial-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, “... mediante la cual se pretende controlar el cumplimiento de las cláusulas estipuladas en los convenios firmados por la DIAN con los depósitos para la utilización del programa informático de aduanas en el proceso de levante de la mercancía, considerando las obligaciones, multas y sanciones que se deriven de su incumplimiento”.

Antecedentes

a) Los actos acusados

El texto de las normas cuya declaratoria parcial de nulidad se impetra, es del siguiente tenor:

“Instrucción Administrativa Número 0010

Fecha: 18 de julio de 1995

Código: “DD”

“La subdirección de fiscalización en uso de las facultades legales conferidas en el artículo 52 del Decreto 2117 de 1992, imparte la presente instrucción mediante la cual se propone controlar el cumplimiento de las cláusulas estipuladas en los convenios firmados por la DIAN con los depósitos para la utilización del programa informático de aduanas en el proceso de levante de la mercancía, considerando las obligaciones, multas y sanciones que se deriven de su incumplimiento.

1. Dependencias que intervienen

(...).

2. Objetivos

General

“Propugnar por el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los depósitos en los convenios celebrados con la DIAN para la utilización del programa informático en el proceso de almacenamiento y levante de las mercancías de importación”.

Específicos

“Detectar hechos constitutivos de incumplimiento a las obligaciones estipuladas en los convenios.

Determinar y aplicar las sanciones correspondientes sobre los depósitos que resulten infractores a las cláusulas establecidas en el convenio.

3. Fundamento legal

“Decreto 2117 de 1992

Decreto 1909 de 199(sic)

Decreto 969 de 1993 

Decreto 1800 de 1994 

Convenio suscrito por la DIAN con los depósitos.

Resolución de autorización para cada uno de los depósitos”.

4. Cobertura

(...).

5. Procedimiento

(...).

5.1.4. Resultados de la visita

“Si al analizar la información recopilada en la visita y la recibida de las fuentes de información mencionadas, las pruebas determinan el incumplimiento a las cláusulas del convenio, se profiere pliego de cargos, el cual debe contener como mínimo:

— Una relación de las faltas identificadas como incumplimientos al convenio.

— Cuantificación de cada falta. Si la multa está en función de salarios mínimos, se utilizará para el efecto el vigente en el momento en que se cometió la infracción.

— Una vez notificado el pliego de cargos, el depósito tiene un (1) mes para presentar descargos ante la división de liquidación”.

5.2. División de liquidación

Una vez analizados los descargos, si el depósito respondió aportando pruebas que son aceptadas por la división de fiscalización, se proferirá auto de archivo debidamente motivado.

Si dichos descargos no son total o parcialmente aceptados la división de liquidación proferirá la respectiva resolución de sanción.

En las administraciones donde no exista la división de liquidación, la división de fiscalización asume sus funciones”.

6. Control administrativo

Los jefes de las divisiones de fiscalización y liquidación serán los responsables directos del desarrollo de esta instrucción. Asegurarán la oportunidad, confiabilidad y consistencia de la información a incluir en los informes de gestión.

El administrador de impuestos y aduanas deberá realizar seguimiento continuo al cabal cumplimiento de esta instrucción.

(...).

Se han destacado en negrillas los acápites demandados de la instrucción administrativa acusada.

(...).

III. Consideraciones de la Sala

1. La excepción de inepta demanda. En lo referente a la excepción de ineptitud de la demanda, propuesta por la parte demandada, conforme a la cual, en el libelo demandatorio no se identifican concretamente los actos administrativos cuya declaratoria de nulidad se impetra, lo cual le impidió el ejercicio de una contestación efectiva de la demanda, la Sala considera que no tiene vocación de prosperar, no sólo por cuanto en la parte inicial de dicho libelo se solicita expresamente”... la nulidad de los numerales 5.1.4 y 5.2 de la Instrucción Administrativa 0010 del 18 de julio de 1995, proferida por el subdirector de fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”, y a continuación de ello se transcribe el contenido de los mismos (fls. 17 a 18), y en todo el tenor del referido libelo el actor refiere sus acusaciones a “...los numerales atacados de la Instrucción 010 de 1995, proferida por el subdirector de fiscalización de la DIAN...” (fl. 19), sino también habida cuenta que la apoderada judicial designada por la DIAN, concreta todas sus argumentaciones en defensa de la legalidad de dicho acto, y en el acápite del escrito de contestación de la demanda titulado “acto demandado”, precisa que “el acto administrativo demandado es la instrucción 0010 de 1995 en los numerales 5.1.4 y 5.2, a saber: ....”.

En consecuencia, en la parte dispositiva de esta providencia se declarará no probada la excepción propuesta.

2. Naturaleza del acto demandado. De manera previa al análisis de la cuestión de fondo, la Sala se pronunciará sobre la competencia para conocer de la legalidad de la instrucción administrativa acusada, teniendo presente que de acuerdo con el inciso 3º del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 14 del Decreto 2304 de 1989, “También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro”.

Sobre el particular, han sido copiosas las precisiones jurisprudenciales y doctrinarias sobre el alcance jurídico de las circulares externas y las instrucciones de servicio. A manera de ilustración, basta citar algunas así:

“El alcance jurídico de los actos administrativos de servicio, es el de instruir, orientar o coordinar a la administración, pero, jamás tienen la virtualidad de obligar, ejemplo los conceptos de los asesores jurídicos; los certificados de tiempo de servicio. (1)

(1) Penagos, Gustavo. El Acto Administrativo. Ediciones Librería del Profesional. Bogotá. 1987. pág. 85.

“(...)”.

“Puede ocurrir, que por extralimitación de funciones, o por error de técnica administrativa, en una circular o carta de instrucción, se expidan decisiones, que son verdaderos actos administrativos, en tal caso se deben reconocer, y pueden ser demandables por vicios en su formación, ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo, lo cual ocurre con demasiada frecuencia” (2) .

(2) Penagos, Gustavo. Op. Cit. pág. 84.

De la misma manera, la jurisprudencia del Consejo de Estado, en reiteradas ocasiones ha sostenido que si las circulares o las cartas de instrucción, tienen por objeto dar a conocer el pensamiento o concepto del superior jerárquico a sus subalternos, en relación con determinadas materias, o impartir instrucciones a los empleados de las distintas dependencias sobre la mejor manera de cumplir las disposiciones normativas, sin que se contengan decisiones, se está en presencia de simples actos de servicio. “Pero si en las circulares de servicio, o con ocasión de ellas, se adoptan nuevas prescripciones, no comprendidas en disposiciones precedentes, se trata de actos administrativos ordinarios, que crean situaciones jurídicas, susceptibles de invalidarse por las causas generales” (3) . (destacado fuera del texto)

(3) Consejo de Estado. Auto de abril 23 de 1975. Citado por el Dr. Gustavo Penagos. Op. Cit. pág. 89.

Y en reciente providencia emanada de esta Sala se manifestó sobre el particular: “Esa posibilidad de demandar las circulares de servicio está condicionada a que las mismas contengan una decisión de la autoridad pública, capaz de producir efectos jurídicos y puedan, en consecuencia, tener fuerza vinculante frente al administrado, pues de no ser así, si la circular se limita a reproducir lo decidido por otras normas, para efectos de instruir a los funcionarios encargados de ejercer determinadas competencias, entonces la circular no será un acto pasible de demanda” (4) .

(4) Consejo de Estado. Sección Primera. Exp. 5064. M.P. Manuel Urueta Ayola. Sentencia de 14 de octubre de 1999.

Analizando el acto acusado, la Sala considera que la Instrucción 0010 de 1995, proferida por la subdirección de fiscalización de la DIAN, es un acto de contenido general, susceptible de enjuiciamiento a través de la acción pública de nulidad, cuyos efectos afectan genéricamente a todos los depósitos que, desde la fecha de expedición del acto o hacia futuro, celebren convenios con la Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales.

En efecto, el tenor literal de la Instrucción Administrativa 0010 de 1995 muestra a las claras que no se trata de la simple opinión personal de un funcionario sobre el alcance o interpretación de algunas normas consagradas en el Decreto 1800 de 1994, o en otras disposiciones aduaneras, sino que equivale a una instrucción general impartida por el subdirector de fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a subalternos suyos, que afecta a los depósitos habilitados para realizar funciones inherentes al proceso de nacionalización de mercancías, en tanto en los acápites demandados se contiene el procedimiento para establecer hechos constitutivos de incumplimiento a las obligaciones estipuladas en convenios suscritos entre la DIAN y los referidos depósitos, así como la determinación y aplicación de las sanciones por infracciones derivadas de las cláusulas de dichos convenios. Es decir, sus disposiciones trascienden más allá del ámbito interno de la organización de la administración, conllevando efectos hacia el exterior de la misma, en la medida en que adopta una mecánica aplicable a los administrados para efectos de la imposición de determinadas sanciones.

Constituye pues, la Instrucción Administrativa 0010 de 1995, un verdadero acto administrativo emanado de autoridad del orden nacional, susceptible de afectar derechos de los terceros y acusable, por ende, ante esta corporación, entre otras cosas, porque punto central del análisis de fondo será el relativo al hecho de si la regulación contenida en el acto demandado se aparta o no del procedimiento que el Decreto 1800 1994 establece en relación con las sanciones que allí se estipulan, teniendo en cuenta que mediante dicho Decreto se unificaron los procedimientos en materia aduanera.

3. Marco de referencia. El actor hace derivar la violación de las normas superiores que invoca en sustento de sus pretensiones anulatorias, con el argumento central y genérico de que mediante el acto acusado, el subdirector de fiscalización de la unidad administrativa especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, expidió unos “procedimientos administrativos” que son del resorte exclusivo de legislador o, en su defecto, del Gobierno Nacional, por tratarse del régimen de aduanas; que tales procedimientos son diferentes de los establecidos en el Decreto 1800 de 1994, puesto que en éste se establece el procedimiento para la aplicación de las sanciones y multas previstas en la legislación aduanera, y no, para lograr el cumplimiento de las cláusulas estipuladas en los convenios a que se refiere el acto administrativo parcialmente acusado.

Como marco de referencia para el análisis de dichas acusaciones, a continuación se reseñan las normas que la Sala estima indispensables para tal efecto, en atención a que han sido citadas por la entidad demandada, con el carácter de fundamentos del acto parcialmente acusado.

Decreto 1657 de 17 de agosto de 1988, “por medio del cual modifica el régimen aduanero, en materia procesal”.

ART. 12.—Sanciones para personas y entidades bajo control aduanero. Las personas y entidades que se encuentren con autorización, licencia o permiso de la Dirección General de Aduanas para adelantar actividades que se encuentren bajo su control y vigilancia, responderán administrativamente por el incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente decreto y en la legislación aduanera en general. La infracción de tales normas acarreará las sanciones de suspensión o cancelación de la autorización, licencia o permiso respectivo, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

“Para la aplicación de las sanciones mencionadas se seguirá el procedimiento contemplado en el presente capítulo”.

ART. 13.—Procedimiento. Para la realización de las investigaciones a que se refiere el artículo anterior se aplicará el siguiente procedimiento:

“El jefe de la división de inspección o la dependencia que haga sus veces, o el funcionario delegado para el efecto, de oficio o en virtud de queja presentada, procederá a poner en conocimiento, por escrito, al representante legal de la persona o entidad autorizada por la Dirección General de Aduanas, acerca de las acciones u omisiones presuntamente constitutivas de faltas.

El representante legal de la sociedad, dentro de un término máximo de diez (10) días calendario siguientes a la notificación de la comunicación escrita, podrá presentar las explicaciones que considere necesarias y las pruebas en las cuales las fundamente.

Transcurrido el término anterior, el funcionario investigador dentro de un lapso que no podrá exceder de los veinte (20) días hábiles siguientes, decretará y practicará las pruebas que fueren conducentes y pertinentes respecto del esclarecimiento de la verdad de los hechos materia de investigación.

Cuando el funcionario investigador estime que las pruebas solicitadas oportunamente por el representante legal de la persona o entidad o por su apoderado no sean conducentes o pertinentes, las negará mediante auto motivado, dentro del término de tres (3) días hábiles siguientes a su petición. Este auto se notificará por estado y contra él no procede recurso alguno.

El subdirector de investigación y control o el funcionario que haga sus veces, oído el concepto que rinda el jefe de la división de inspección o el funcionario que haga sus veces, decidirá dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a su recibo, lo relacionado con la exoneración o sanción correspondiente.

Estas decisiones son susceptibles de recurso de reposición y de apelación, en el efecto suspensivo”.

Decreto 0915 de 2 de mayo de 1990, por medio del cual se modifica el artículo 12 del Decreto 1657 del 17 de agosto de 1988”.

“ART. 1º—El artículo 12 del Decreto 1657 de 1988, quedará así:

Sanciones para personas y entidades bajo control aduanero.

Las personas y entidades que cuenten con autorización, licencia o permiso de la Dirección General de Aduanas para adelantar actividades que se encuentren bajo su control y vigilancia, responderán administrativamente por el incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente decreto y en la legislación aduanera en general. La infracción de tales normas acarreará las sanciones de suspensión hasta noventa (90) días, o la cancelación de la autorización, licencia o permiso respectivo, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

Para la aplicación de las sanciones mencionadas, se seguirá el procedimiento contemplado en el artículo siguiente, salvo cuando se trata de falta de renovación o ajuste de la fianza bancaria, o de compañía de seguros que se haya constituido a favor de la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público — Dirección General de Aduanas—, con el objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, en cuyo caso, el jefe de la oficina de control procederá inmediatamente tenga conocimiento de la misma, mediante auto motivado a imponer la correspondiente sanción, siendo ésta susceptible de recurso de reposición y de apelación en el efecto suspensivo”.

Decreto 1909 de 27 de noviembre de 1992, “por el cual se modifica parcialmente le legislación aduanera:

“ART. 104.—Depósitos autorizados. La Dirección de Aduanas Nacionales podrá autorizar a los depósitos habilitados y a las zonas francas, para realizar, de conformidad con la descentralización de los sistemas informáticos de la aduana y las instrucciones que se expidan para el efecto, actuaciones tales como: recibo de las declaraciones presentadas en las entidades financieras, transcripción de las mismas, verificación de determinados documentos, del peso y número de bultos, así como la entrega de las mercancías.

Los requisitos adicionales para la conexión al sistema informático se señalarán por la Dirección de Aduanas Nacionales”.

“ART. 107.—Responsabilidad de los depósitos. Sin perjuicio de la responsabilidad frente a terceros de conformidad con las normas del Código de Comercio y el Código Civil, los depósitos serán responsables ante la Nación por las sanciones a que haya lugar por el incumplimiento de las normas aduaneras”.

Decreto 1800 de 3 de agosto de 1994, “por medio del cual se unifican procedimientos en materia aduanera y se dictan otras disposiciones”.

“ART. 2º—Procedimiento para la aplicación de sanciones y multas previstas en la legislación aduanera. En todos los casos, para la aplicación mediante resolución independientemente de las sanciones y multas previstas en la legislación aduanera, se seguirá el siguiente procedimiento:

Una vez identificada la posible falta administrativa o los hechos constitutivos de posible infracción administrativa aduanera de acuerdo con la legislación vigente, la división de fiscalización formulará el correspondiente pliego de cargos al presunto infractor. A su turno, el destinatario deberá presentar los descargos dentro del mes siguiente a la fecha de notificación del mencionado pliego.

Cuando el destinatario del pliego de cargos, dentro del término previsto para dar respuesta, acepte los hechos expuestos en el mismo, la sanción o multa que deba imponerse se reducirá en un treinta por ciento (30%) del monto establecido en la norma pertinente.

Recibidos los descargos o cumplido el término otorgado para el efecto, la administración, a través de la división de liquidación, o de quien haga sus veces, dispondrá de tres (3) meses, prorrogables por una sola vez y hasta por el mismo término, para proferir la respectiva resolución de sanción o multa.

Contra el respectivo acto administrativo únicamente procede el recurso de reconsideración, el cual deberá interponerse dentro del mes siguiente a la fecha de su notificación. A su turno, la administración contará con seis (6) meses para resolver dicho recurso a través de la división jurídica o de quien haga sus veces”.

Decreto 2117 de 29 de diciembre de 1992, “por el cual se fusionan la Dirección de Impuestos Nacionales y la Dirección de Aduanas Nacionales en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales y se dictan disposiciones complementarias”.

“ART. 52.—Subdirección de fiscalización. Conforme a las políticas e instrucciones del subdirector general, son funciones de la subdirección de fiscalización, para ejercerlas directamente o a través de sus divisiones, las siguientes:

a) Dirigir y controlar las actividades relacionadas con la investigación, determinación, aplicación y liquidación de los tributos nacionales, de las sanciones, multas y de los demás gravámenes o emolumentos de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y en general las actividades de fiscalización para el adecuado control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias;”...

d) Establecer los manuales, métodos y procedimientos, así como diseñar las herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades técnicas de fiscalización para el adecuado control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, y cambiarias;”...

1. Programar, dirigir y controlar las labores de prevención, investigación, determinación y sanción de las infracciones a los regímenes tributario, de aduanas y cambiario;

(...)”.

4. Análisis de fondo. Luego del detenido estudio de los fundamentos del acto impugnado, de las razones expresadas por el actor y del acto parcialmente acusado, la Sala advierte que le asiste razón al impugnante cuando expresa que en la instrucción en comento se crean unos procedimientos enderezados a la imposición de sanciones a los depósitos, que no han sido consagrados por la ley.

Sin embargo, la Sala observa que mediante el Decreto 1800 de 1994 se unificó el procedimiento en la materia, como quiera que, conforme al inciso 1º del artículo 2º de la norma en cita, “En todos los casos, para la aplicación mediante resolución independientemente de las sanciones y multas previstas en la legislación aduanera, se seguirá el siguiente procedimiento...” ( Subraya la Sala).

Lo anterior indica que, con independencia de los procedimientos previstos en normas especiales para la imposición de sanciones y multas previstas en la legislación aduanera, todos los demás asuntos en que deba imponerse sanción deben seguir el procedimiento indicado en el Decreto 1800 de 1994, fue expedido por el Gobierno Nacional con base en las atribuciones que el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política confiere al Presidente de la República.

No resulta válido sostener que como el artículo 2º del referido decreto, contiene el procedimiento en mención, ya que dicho precepto se refiere a “infracciones administrativas aduaneras de acuerdo con la legislación vigente”, y, a la aplicación de “sanciones y multas previstas en la legislación aduanera”, se hizo una copia del mismo, pues si se compara el contenido de la instrucción demandada con el texto del artículo 2º del Decreto 1800 de 1994, se encuentra, de una parte, que en aquella se incluyeron disposiciones que el decreto no contiene y, de otra, se omitieron las regulaciones que la demanda se encarga de precisar.

Además debe tenerse en cuenta, que una es la situación atinente a “pactar sanciones”, respecto de la cual, como lo expuso esta misma Sala al declarar la nulidad del artículo 6º de la Resolución 2762 de 1993, mediante el cual se disponía la imposición de sanciones previstas en los citados convenios, “Es evidente, entonces, que la DIAN no podía crear una sanción a través de una resolución, así afirme dicha entidad que esa sanción está contemplada en un convenio que es ley para las partes, pues, con ello está contraviniendo el artículo 189, numeral 25, de la Constitución Política, que radica en el Gobierno Nacional la facultad sancionatoria, con sujeción a la respectiva ley marco” (5) .

(5) Consejo de Estado. Sección Primera. Exp 5223. magistrado ponente Olga Inés Navarrete. Sentencia de 12 de agosto de 1999.

Y situación diferente es la de “establecer procedimientos” para la imposición de las “sanciones pactadas”, pues en todo caso, como expresamente lo dice el Decreto 1800 de 1994, debe aplicarse el procedimiento allí descrito para los eventos en que no exista uno especial en la legislación aduanera.

Ahora bien, en la instrucción administrativa parcialmente acusada, ...se propone controlar el cumplimiento de las cláusulas estipuladas en los convenios firmados por la DIAN con los depósitos para la utilización del programa informático de aduanas en el proceso de levante de la mercancía, considerando las obligaciones, multas y sanciones que se deriven de su incumplimiento” (fl. 1) pero como, en realidad, se establece un procedimiento no dispuesto en el Decreto 1800 de 1994 para la aplicación de multas, para la Sala es indudable que el cargo planteado debe prosperar.

Lo anterior porque, así mismo, resulta claro que el subdirector de fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ordena a sus subalternos, mediante el acto acusado, aplicar un procedimiento tendiente a sancionar a los depósitos por el incumplimiento de los convenios suscritos, evidenciando el carácter obligatorio y vinculante de la Instrucción Administrativa 0010 de julio 18 de 1995 (fl. 5) y, con ello, desconociendo, a más de la facultad del gobierno para dictar los reglamentos aduaneros, el artículo 1º del Código Contencioso Administrativo, a cuyo tenor, “Los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por éstas; en lo no previsto en ellas se aplicarán las normas de esta parte primera que sean compatibles”.

Como lo afirma el demandante, esta corporación ha definido que es al Gobierno Nacional a quien corresponde dictar los reglamentos en materia aduanera, con sujeción a la ley marco, dentro de los cuales se incluyen tanto los aspectos sustanciales, como los procesales del régimen aduanero.

Precisamente, sobre el tópico en cuestión, mediante sentencia de 22 de agosto de 1996, con ponencia del Consejero, Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, esta misma Sala ha dejado plenamente establecido que:

“Así las cosas, cabe reiterar que donde la Constitución defiera a la ley determinada regulación, ha de entenderse que tratándose de asuntos propios del régimen aduanero y de comercio exterior y cuyas normas sean de aplicación o ejecución directa por parte de la administración, tal regulación compete al gobierno, mediante reglamentos, de modo que si el punto es la regulación de la tarifa de que se habla, o de los hechos y conductas que en el giro de las importaciones deban ser sancionadas administrativamente, incluyendo las correspondientes sanciones, todo lo cual involucra aspectos sustanciales y procesales del régimen aduanero, ello sólo procede por vía de los comentados reglamentados” (6) (Se destaca).

(6) Consejo de Estado. Sección Primera. Exp. 3481. Magistrado Ponente. Dr. Juan Alberto Polo Figueroa.

Concluye la Sala de lo anteriormente anotado que, en realidad, mediante el acto demandado no se hacen precisiones acerca de la forma como debe aplicarse el procedimiento reseñado en el Decreto 1800 de 1994, sino que se establece un procedimiento distinto sobre el punto regulado en la instrucción demandada que atañe a las sanciones derivadas del incumplimiento de los convenios suscritos entre la DIAN y los depósitos, las que, como ya se anotó, fueron declaradas por fuera del ordenamiento jurídico, mediante la sentencia de esta sección, anteriormente mencionada.

Dadas las anteriores consideraciones, es indudable que, con los acápites demandados de la Instrucción 0010 de 1995, proferida por el subdirector de fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se abrogó este funcionario facultades radicadas en cabeza del Gobierno Nacional, violando de esta manera, el artículo 189, numeral 25 de la Constitución Política, razón por la cual la Sala declarará la nulidad de los numerales 5.1.4 y 5.2 de dicho acto administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, a través de su Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE no probada la excepción de ineptitud de la demanda, propuesta por la parte demandada.

2. DECLÁRASE la nulidad de los numerales 5.1.4 y 5.2 de la Instrucción Administrativa 0010 de julio 18 de 1995, expedida por el subdirector de fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

3. Devuélvase la suma depositada para gastos ordinarios del proceso o su remanente.

4. En firme esta providencia archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 10 de febrero del dos mil.

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