Sentencia 5422 de septiembre 20 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

DEMANDA DE PATERNIDAD FRENTE A HEREDEROS

NOTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN CULPA DEL DEMANDANTE

EXTRACTOS: «Como lo tiene definido la jurisprudencia de esta corporación desde las sentencias de 19 de noviembre de 1976 (Gaceta CLII, págs. 497 a 509 y 510 a 521), en materia de petición de herencia es preciso distinguir entre la acción que se incoa como pretensión autónoma (C.C., art. 1321), regida en su ejercicio por una prescripción de 20 años (C.C., art. 1326, en asocio con la L. 50/36, art. 1º), de la acción derivada de la declaratoria judicial de paternidad extramatrimonial (pretensión consecuencial), gobernada en cuanto a su vigencia por el artículo 10 inciso 4º de la Ley 75 de 1968.

En el segundo caso, es decir, cuando muerto el presunto padre la acción de la investigación de la paternidad se dirige contra sus herederos y su cónyuge, la sentencia que declare la paternidad, no produce efectos patrimoniales sino “en contra de quienes hayan sido parte en el juicio, y únicamente cuando la demanda se notifique dentro de los dos años siguientes a la defunción”.

La limitación temporal que establece la norma antes citada, se justifica en el principio de seguridad jurídica, porque como también lo tiene advertido la doctrina de la Corte, “no es justo someter a los herederos del difunto y a su cónyuge al deber de afrontar una demanda calculadamente tardía, intencionalmente demorada con el definido propósito de hacer más difícil la defensa de quienes desconocen actos claramente íntimos o reservados de su causante, o en espera de que el tiempo borre huellas que pudieran servir de escudo a los sucesores…” (sentencias atrás referenciadas).

Es así, como de conformidad con el texto legal citado, muerto el presunto padre la acción que se apoya en el derecho fundamental de saber quién es el padre, sigue siendo una facultad que se puede hacer valer en cualquier tiempo por ser una de sus características la imprescriptibilidad, pero si se quiere que ella apareje efectos patrimoniales, debe ejercitarse dentro de los dos años siguientes a la muerte del presunto padre y notificarse el auto admisorio de la demanda a los herederos del difunto y su cónyuge dentro del mismo término bienal, pues el interés perseguido por el legislador que no era otro que el de garantizar la defensa de los demandados, según lo explica la Corte en el texto precedentemente transcrito, no se cumplía con la simple formulación de la demanda, sino que era indispensable “que los sucesores del difunto y su cónyuge conocieran oportunamente la existencia de esas pretensiones y pudieran oponer en tiempo sus defensas…”.

Si la demanda contentiva de las respectivas pretensiones se plantea por fuera de los dos años, indefectiblemente opera la caducidad establecida por el inciso 4º del artículo 10 de la Ley 75 de 1968, esto es, la declaración judicial de paternidad no produce efectos patrimoniales. Ese también sería el resultado, sin duda alguna, cuando no obstante la oportuna presentación de la demanda, la notificación del auto admisorio de la misma ocurre por fuera del bienio, como consecuencia de la negligencia, incuria o despreocupación del demandante, que por tal conducta deja incompleta la compleja carga impuesta por el artículo 10 citado: presentar la demanda y notificarla a los demandados “dentro de los dos años siguientes a la defunción”.

El punto que ofrecería duda estaría en la notificación extemporánea, a pesar de la normal diligencia del demandante, por ocultación, escollos u obstáculos de los demandados, o negligencia de los funcionarios judiciales. Pues bien, este aspecto quedó elucidado en las sentencias de 19 de noviembre de 1976. En ellas expuso la Corte:

“Partiendo de que nadie está obligado a lo imposible (ad impossibilia nemo tenetur), la Corte, meditando nuevamente sobre la inteligencia que debe darse al precepto comentado, llega a la conclusión de que, si ejercitado oportunamente el derecho de acción con la presentación de la demanda, la notificación del auto admisorio de ésta, sin culpa posterior del demandante, se hace vencido el bienio a que la ley se refiere en la norma mencionada, entonces la sola presentación del libelo en tiempo tendría el efecto de impedir la caducidad de los efectos patrimoniales de la declaración de paternidad. Proceder de otro modo sería cohonestar el fraude premiando al demandado que se oculta o que intencionalmente estorba que se le notifique en tiempo el auto admisorio, posturas estas que atentan contra la lealtad procesal, o sería hacer responsable de la negligencia de los funcionarios judiciales al mismo demandante que ha realizado una normal actividad para que la notificación se lleve a cabo en oportunidad.

Como la Ley 75 de 1968 ciertamente buscó mejorar la condición de hijo natural, so pretexto de una exégesis muy ceñida a la ley, cual ha sido la que hasta ahora venía pregonando la Corte, no se podría insistir en una interpretación que daña patentemente a quien fue el objeto de la complacencia del legislador.

La inteligencia, pues, que debe darse al texto legal citado es la de que él se refiere al caso preciso en que los funcionarios respectivos o los demandados de ninguna manera han impedido o dificultado la normal notificación del auto admisorio de la demanda. Pero cuando es palmario que no obstante la diligencia del demandante, y a pesar de haberse presentado en tiempo la demanda, la notificación no pudo realizarse, ya sea porque los demandados se ocultan, se ausenten del lugar donde se adelanta el proceso o porque la eluden o dificultan de alguna manera, entonces la notificación por fuera de tiempo no alcanza a generar la caducidad de los efectos patrimoniales, desde luego que esa tardanza tiene su génesis en actos u omisiones de los demandados o en desidia o morosidad culpable de los funcionarios que deben realizar la notificación”.

Esta interpretación no solamente aboga por la protección de los derechos de quien quiso amparar la Ley 75 de 1968 (el hijo extramatrimonial), sino por la tutela de principios tan caros al proceso, como lo son la lealtad y la buena fe procesal de las partes, hoy enaltecidos al rango de constitucionales.

La doctrina así expuesta, que pudiera calificarse como tradicional, ha sido ratificada por la Corte en sentencias de más reciente data, entre ellas la de 9 de octubre de 1995 (exp. Nº 4524).

(...).

La presentación de la demanda un mes antes de cumplirse los dos años de la muerte del presunto padre y por ende el término para la caducidad de la acción, per se no puede calificarse como conducta negligente, no sólo porque la acción es derecho subjetivo traducido en facultad, para cuyo ejercicio es idóneo todo el tiempo que la ley confiere, sino porque en el caso concreto obraban circunstancias particulares que justificaban el aparente retraso, como lo era el proceso ordinario a través del cual se pretendió y obtuvo la impugnación de la paternidad legítima por parte de los demandantes, frente al señor Manuel Ramón Herazo Escudero, cónyuge de su madre Elizabeth Gutiérrez Hoyos. Proceso este fenecido por sentencia de 27 de octubre de 1989.

Aunque antes de la finalización de este último proceso se podía promover el de filiación extramatrimonial, como en efecto se hizo (la demanda se presentó el 28 de abril de 1989), porque como lo tiene entendido la jurisprudencia de la Corte el obstáculo de la presunción de paternidad legítima debe estar removido pero para el momento de la sentencia, a la formulación de la pretensión impugnaticia no se le puede desconocer el carácter de medida preparatoria para el éxito del segundo proceso y de paso tornarla en conducta negligente, cuando lo que manifiestamente refleja es actividad y diligencia».

(Sentencia de casación, septiembre 20 de 2000. Expediente 5422. Magistrado Ponente: Dr. José Fernando Ramírez Gómez).

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