Sentencia 5433 de septiembre 14 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 5433

Magistrado Ponente:

Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo

Bogotá, D.C., catorce de septiembre de dos mil cuatro.

La Corte decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala de Familia, el 15 de septiembre de 2000, en el proceso adelantado por Claudia Patricia Gómez Muñoz frente a los herederos de José Antonio Ospina Cifuentes.

Antecedentes

1. Ante el Juzgado Segundo de Familia de Ibagué, la defensora de familia del lugar solicitó que se declarara al señor Ospina Cifuentes como padre extramatrimonial de Claudia Patricia Gómez, con fundamento en las presunciones consagradas en los numerales 4º, 5º y 6º del artículo 6º de la Ley 75 de 1968. También pidió que se reconociera su vocación para heredar al causante y, finalmente, que se hicieran las anotaciones de rigor en el registro civil.

2. Alegó la libelista que el señor Ospina Cifuentes sostuvo relaciones sexuales esporádicas y extramatrimoniales con Nelly Gómez Muñoz, por espacio de tres años, producto de las cuales nació Claudia Patricia, el 18 de diciembre de 1986. Agregó que el señor Ospina, fallecido el 3 de abril de 1997, le brindó en vida a Claudia Patricia el trato que es propio de un padre, pues la visitaba y le prestaba su colaboración económica, amén de que esa relación filial fue notoria, pública y del conocimiento de vecinos, amigos y extraños.

3. Surtido el traslado de rigor, a la demanda se opuso la señora Lilia Robayo de Ospina, en su condición de cónyuge sobreviviente del señor Ospina Cifuentes, quien negó la mayoría de los hechos aducidos, mientras que el curador ad litem designado a los herederos indeterminados, dijo atenerse a lo que resultara probado.

4. Rituada la primera instancia, el juez dictó sentencia el 10 de abril de 2000, en la que accedió a todas las pretensiones, pues encontró acreditadas las causales de presunción de paternidad previstas en los numerales 5º y 6º del artículo 6º de la Ley 75 de 1968.

5. La señora Robayo de Ospina, a la par con sus hijos Ángela Rocío, Nélida y Gedma Nancy, interpusieron recurso de apelación contra el aludido fallo, que fue resuelto desfavorablemente por el Tribunal Superior de Ibagué, quien confirmó la sentencia del a quo.

La sentencia del tribunal

Al amparo de la prueba testimonial, que consideró suficiente, concluyó el sentenciador de segundo grado que los presuntos padres de la demandante sostuvieron relaciones sexuales, aunque no estables, entre los años de 1994 y 1997, período que cubre el de la probable concepción de Claudia Patricia, de donde dedujo que el padre de esta fue el señor José Antonio Ospina Cifuentes.

Añadió que a esas declaraciones se aunaba la “prueba genética”, la cual arrojó como resultado “una probabilidad de paternidad de 99.9996%” (fl. 28, cdno. 5), por lo que, a su juicio, se había acreditado la causal referida a las relaciones sexuales deducidas del trato social y personal que se dispensó la pareja para la época en que pudo tener lugar la concepción de la demandante, por lo que resultaba inoficioso ocuparse de aquella otra que atañe a la posesión notoria del estado civil de hijo extramatrimonial.

La demanda de casación

Un único cargo le formuló el recurrente a la sentencia impugnada, con apoyo en la primera de las causales de casación que consagra el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil.

En él se acusó el fallo de ser violatorio de la ley sustancial, por aplicación indebida de los artículos 12 y 13 de la Ley 75 de 1968, como consecuencia de los siguientes errores de hecho en la apreciación de las pruebas:

a) Considerar que fue debidamente acreditada la calidad del funcionario que, como defensor de familia, presentó la demanda;

b) Suponer “la prueba de que la niña era abandonada, única circunstancia que le daba facultad a la defensoría de familia para incoar acción de investigación de paternidad” (fl. 15, cdno. 6).

En estas circunstancias, acotó el censor que el juzgador de segunda instancia “mal aplicó las normas que gobiernan la presunción de paternidad” (fl. 16, cdno. 6), porque no observó que la mencionada abogada actuó, no como defensora de familia, sino a nombre propio, razón por la cual carecía de legitimación en la causa para demandar la filiación, por lo que se imponía el despacho adverso del libelo introductorio.

Consideraciones

1. Delanteramente se advierte que no le asiste razón al recurrente, pues, de antaño y con un propósito claramente tuitivo, las normas que regulan la investigación de la paternidad extramatrimonial de menores, han autorizado que ciertos funcionarios promuevan actuaciones judiciales y extrajudiciales dirigidas a establecer la filiación de aquel.

Así, por vía de ejemplo, los artículos 12 y 13 de la Ley 75 de 1968, establecieron que “El defensor de menores que tenga conocimiento de la existencia de un niño de padre o madre desconocidos ..., promoverá inmediatamente la investigación correspondiente, para allegar todos los datos y pruebas sumarias conducentes a la demanda de filiación a que ulteriormente hubiere lugar”, razón por la cual, a renglón seguido, se le autorizó para “promover la respectiva acción”, incluso “durante el embarazo”, si la futura madre se lo solicita. Más luego, en el Decreto 2272 de 1989 que estableció los jueces de familia, lo mismo que en el Código del Menor (D. 2737/89, art. 277, num. 1º), se dispuso que “El defensor de familia intervendrá en nombre de !a sociedad y en interés de la institución familiar, en los procesos que se tramiten” ante dichos juzgadores, “en los que actuaba el defensor de menores”, precisándose, para que no quedase duda, que “Intervendrá también en interés del menor, para promover las acciones pertinentes en los asuntos judiciales y extrajudiciales de familia, sin perjuicio de la representación legal y judicial que corresponda” (art. 11). De allí que, en estrictez, no se pueda afirmar que el citado defensor es representante del menor, o que en esta clase de pleitos desplaza a quien lo sea, pues el legislador solamente le ha otorgado una legitimación extraordinaria para formular la pretensión de investigación de la paternidad o, en su caso, de la maternidad.

Por tanto, resulta claro que la participación del referido defensor en esta clase de procesos, no está condicionada a que el menor se encuentre en una determinada situación jurídica, exigencia que, de existir, desdibujaría el propósito tuitivo de unas disposiciones que habilitan la intervención de dicho funcionario en orden a que adelante las diligencias necesarias para hacer efectivo el derecho que tiene toda persona —y con mayor razón los niños (C. Pol., art. 44)—, a conocer su filiación.

Por eso, entonces, no podría dársele la razón al impugnante, en lo que respecta a la prueba de la condición de expósito del menor demandante, pues de la simple lectura del artículo 12 de la Ley 75 de 1968, se desprende que el defensor de familia, sin atender la situación personal, familiar o económica del niño, se encuentra habilitado para promover la correspondiente acción de filiación.

Sobre este particular, memórese que es doctrina reiterada de esta Sala que, “basta la lectura desprevenida del artículo 13 de la Ley 75 de 1968 para concluir, sin ambages, que el defensor de familia está legitimado para incoar la acción de investigación de paternidad familiar sin que interese si el menor es expósito o no. En efecto, el precepto dispone que “en los juicios de filiación ... tienen derecho a promover la respectiva acción ... el defensor de menores ... función que por lo demás fue refrendada en el artículo 11 del Decreto 2272 de 1989 ... precepto que ordena al defensor de familia ... promover las acciones pertinentes en los asuntos judiciales y extrajudiciales de familia, sin perjuicio de la representación legal y judicial que corresponda, es decir, aunque dicho menor tenga representante legal o judicial” (se resalta; sent., mar. 10/2000. Exp. 6188).

2. Y en lo que atañe a la falta de prueba de la calidad de defensor de familia, baste decir que este tópico, que bien pudo ser alegado en las instancias, no quita ni pone ley, pues dicho funcionario promovió la actuación judicial en cumplimiento de un deber legal, como se acotó, pero en beneficio de la menor Claudia Patricia Gómez, quien es la verdadera demandante en el proceso.

Por lo demás, tampoco está probado en el proceso, que quien fungió como tal no sea, en realidad, defensor de familia.

3. Puestas de este modo las cosas, es claro que el cargo no prospera.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.

Condénase a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el trámite del recurso extraordinario. Liquídense.

Cópiese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Pedro Octavio Munar Cadena—Manuel Isidro Ardila Velásquez—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—Silvio Fernando Trejos Bueno—César Julio Valencia Copete—Edgardo Villamil Portilla.

_________________________________