SENTENCIA 5439 DE JUNIO 17 DE 1994

 

Sentencia 5439 de junio 17 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

NOTIFICACION POR CORREO

NO VIOLA EL DERECHO DE DEFENSA

EXTRACTOS: «El Acuerdo 35 del 16 de septiembre de 1985, proferido por el concejo municipal de Cali, dice textualmente en los artículos 73 y 74:

“ART. 73.—Las notificaciones de las resoluciones proferidas por la división de rentas y los requerimientos deberán hacerse personalmente.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entiende por notificación personal la que se efectúe directamente en forma personal o por correo certificado.

Las notificaciones por correo se practicarán mediante envío de una copia del acto correspondiente, a la dirección informada por el contribuyente, y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo.

PAR.—Todo cambio de dirección que haga el contribuyente debe avisarlo por escrito oportunamente en los diez (10) días siguientes al mismo y en memorial en donde se limite a comunicar el cambio. Sin esta comunicación en la forma señalada, se entiende que la anterior sigue siendo la dirección del contribuyente.

ART. 74.—Si no pudiere efectuar la notificación personal de la resolución de liquidación oficial, se fijará edicto en la división de rentas, con inserción de la parte resolutiva de la providencia, por el término de diez (10) días hábiles.

PAR.—En el caso de notificación por correo certificado, no habrá lugar a notificación mediante la fijación de edicto, por cuanto ésta se entiende surtida a la fecha de introducción al correo”.

(Los apartes subrayados son los demandados en el presente juicio).

2. Las normas del Código Contencioso Administrativo y su aplicación en el ámbito municipal. 

Tanto la parte actora como la señora procuradora delegada del Ministerio Público ante esta corporación refieren sus planteamientos de ilegalidad de los actos demandados a las normas consagradas en los artículos 43 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, en los cuales se regulan de manera general la publicación, la comunicación y la notificación de los actos administrativos, pero no mencionan el artículo 81 ibídem, según el cual:

“En los asuntos departamentales y municipales, se aplicarán las disposiciones de la parte primera de este código, salvo cuando las ordenanzas o los acuerdos establezcan reglas especiales en asuntos que sean de competencia de las asambleas y concejos”.

Según esta norma, no resultan válidas ni la afirmación hecha por la distinguida colaboradora fiscal, en el sentido de que no puede modi-ficarse el sistema de notificaciones sino por una ley especial para determinadas actuaciones, ni la alegada violación del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo propuesta por los demandantes.

En efecto, a juicio de la Sala, y con fundamento en la competencia constitucional y legal propia de los concejos municipales para imponer contribuciones dentro del marco previsto por la Constitución y la ley y para regular lo relativo a su recaudo, bien pueden establecer normas de procedimiento y dentro de ellas las relativas a las notificaciones de las decisiones administrativas proferidas en la etapa de discusión y determinación del impuesto respectivo, sin que tengan necesariamente que someter-se a lo dispuesto por los artículos que regulan los procedimientos y notificaciones de manera general en el Código Contencioso Administrativo, ya que éstos sólo se aplicarán cuando no existan reglas especiales como pueden ser las relativas al recaudo de impuestos cuya reglamentación corresponda a los concejos muni-cipales, de conformidad con el artículo 81 transcrito.

Pero es claro que el ejercicio de esa competencia, tal como se indicó en el acápite anterior debe enmarcarse dentro de la Constitución y la ley y por lo tanto deberán tenerse en cuenta aquellos principios que con carácter legal (D. 01/84, art. 3º) y con rango constitucional (C.N., art. 209) rigen la función administrativa propia del Estado, entre los cuales se encuentra el principio de la publicidad de los actos administrativos que es el que precisamente se concreta en su notificación al interesado.

Por lo anterior, no comparte la Sala los fundamentos de la sentencia apelada, que son en esencia los planteados por la parte demandante en su alegato de conclusión, ni los argumentos propuestos por la colaboradora fiscal, en este aspecto.

3. Los apartes demandados, el principio del debido proceso y derecho de defensa. 

El argumento central de la demanda se refiere al desconocimiento del principio del debido proceso por parte del acto demandado, en cuanto desconoció lo dispuesto por el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

Tal como se precisó en el acápite anterior, dicha norma no resulta aplicable al nivel municipal, en cuanto el concejo municipal tiene competencia para regular lo relativo al recaudo de las contribuciones que dentro del marco constitucional y legal puede imponer y reglamentar.

Por esta razón no considera la Sala que se dé el alegado desconocimiento del debido proceso, toda vez que no existe en esta materia un “proceso preestablecido que debiera ser seguido por el acto demandado”.

Pero además, tampoco se puede afirmar que con la reglamentación demandada se desconozca el derecho de defensa que consagra el artículo 29 de la Constitución Nacional, invocado por la parte actora.

En efecto, el acuerdo en cuestión, al consagrar la posibilidad de que las decisiones administrativas relacionadas con el impuesto de industria y comercio y el de avisos, puedan noti-ficarse, no sólo personalmente, sino también por correo, está buscando la agilidad y eficacia de la administración en el efectivo recaudo del citado impuesto, al consagrar una presunción, en el sentido de que la notificación, y con ella el conocimiento de la decisión se da en el momento de la introducción al correo del documento respectivo, con lo cual no se desconoce el derecho de defensa del afectado, el cual lo podrá ejercer si fuere necesario, toda vez que si el respectivo envío postal no llega a su destinatario o llega extemporáneamente, éste podrá desvirtuar la presunción de que la notificación se surtió en la fecha de introducción al correo del documento en cuestión.

No puede afirmarse válidamente, que el solo hecho de que se consagre la presunción de que la notificación se surte en el momento de introducción al correo, desconoce de una manera abstracta el derecho de defensa que la Constitución consagra para los administrados, pues su derecho sólo podrá resultar afectado, si esa comunicación no es recibida o lo es extemporáneamente, por alguna causa específica y será ésta, entonces, la que vulnere de manera también específica, el derecho de defensa del interesado. No resulta aceptable el planteamiento de la demanda en el sentido de que se desconoce el derecho de defensa, por la sola eventualidad de que la notificación no llegue al destinatario.

Podrá el contribuyente probar ante la administración que el documento remitido por correo, contentivo de una decisión administrativa que se presume notificada porque fue introducida en el correo en determinada fecha, no llegó a su destino, o fue devuelta por las oficinas de correo, o fue enviada a una dirección errada o cualquier otra situación que le permita desvirtuar la presunción contenida en la disposición acusada, caso en el cual la decisión que se pretendía notificar no podrá tener efecto alguno.

De conformidad con los anteriores comentarios no comparte la Sala los planteamientos hechos por los estudiantes actores en su demanda, relacionados con la violación del artículo 29 de la Constitución Nacional. Y tampoco resulta aplicable la invocación de los artículos del Código de Procedimiento Civil citados, por cuanto ellos se refieren a las notificaciones de decisiones judiciales que se profieren dentro de un proceso judicial, situación diferente a la regulada por el acto demandado.

De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, se concluye que los apartes demandados del Acuer-do 35 del 16 de septiembre de 1985 proferido por el concejo municipal de Cali, no desconocen ninguna norma superior y por lo tanto el recurso interpuesto debe prosperar, revocándose la sentencia apelada y negándose las pretensiones de la demanda».

(Sentencia de junio 17 de 1994. Expediente 5439. Consejera Ponente: Dra. Consuelo Sarria Olcos).

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