Sentencia 5439 de octubre 6 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

DEUDAS POR SERVICIOS PÚBLICOS

RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE COMO DEUDOR SOLIDARIO

EXTRACTOS: «1. Ha reiterado esta corporación el carácter limitado y excepcional de la acción de tutela, aun en el caso de actuaciones relativas a instalaciones, suspensiones o reinstalaciones de servicios públicos domiciliarios.

1.1. Se debe a que dicha acción solamente resulta procedente cuando, además de la preexistencia de un derecho constitucional fundamental, existe una lesión o amenaza al mismo por una acción u omisión ilegítima de autoridad pública (o de los particulares, en los casos de ley), sin que exista otro medio de defensa judicial, o que, existiendo, sea necesario precaver en forma transitoria un perjuicio irremediable.

1.2. De allí que tratándose de actuaciones administrativas relativas a la instalación, suspensión o reinstalación de los servicios públicos domiciliarios, no proceda la acción de tutela salvo que se den los requisitos antes mencionados.

1.2.1. En efecto, por regla general contra dichas actuaciones no procede la acción de tutela: De un lado, porque comúnmente los derechos a que ellos se refieren son los derivados de una relación contractual, y no aquellos que se benefician de su ejecución como son la salud o la vida, razón por la cual estos pueden resultar afectados o no. Y del otro, porque contra dichas actuaciones no solamente existen los mecanismos de defensa por la vía gubernativa sino también las acciones judiciales contenciosas administrativas.

1.2.2. Sin embargo, excepcionalmente dichas actuaciones pueden lesionar un derecho constitucional fundamental de manera ilegítima ocasionando un daño irreparable, que, aun cuando gocen de medio de defensa judicial, se hace necesario su amparo, caso en el cual puede acudirse a la acción de tutela transitoria, mientras que la autoridad judicial competente adopta la resolución pertinente.

1.2.2.1. Y ello ocurre precisamente cuando so pretexto de la ejecución de un contrato de servicio público domiciliario, la empresa prestadora del servicio, mediante desconocimiento grosero y arbitrario del régimen legal que la regla imperativamente le vulnera a los usuarios (o responsables solidarios) alguno de los derechos “que le protege” la Constitución y la ley (C.P., arts. 48 trans. y 369), tal como cuando dicha empresa le lesiona el derecho a la continuidad de la prestación del servicio público, o a su restablecimiento, con la adopción de medidas de suspensión o no reinstalación del mismo, sin fundamento legal real. Pues en tales eventos, debido a la “protección” constitucional mencionada, resulta procedente su amparo transitorio mientras la autoridad contenciosa define lo pertinente, ya que la mera apariencia de su fundamento legal, no puede someter al usuario a perder irremediablemente un largo período de tiempo sin la obtención de la reinstalación legal del servicio hasta que se produzcan las decisiones definitivas contenciosas administrativas.

Por ello, previamente precisa la Corte que con el propósito de prevenir un abuso de la posición dominante que tienen las empresas en la prestación de servicios públicos, que se estiman fundamentales para la comunidad en general, sin lugar a dudas se le impone a dicha empresa no sólo la prohibición de hacer prácticas discriminatorias, abusivas o restrictivas (L. 142/94, art. 34), sino también la obligación de darle un tratamiento igualitario a los usuarios (tal como lo establece restrictivamente la ley). Por esa razón en caso de incumplimiento, por la empresa de sus deberes y responsabilidades, establecidos también en beneficio de los usuarios, a dicho incumplimiento se le califica como un abuso de posición dominante empresarial. Porque, de un lado, lesiona a sus beneficiarios (el usuario, el suscriptor o propietario del inmueble) el derecho mínimo a esos servicios públicos domiciliarios, que ampara la Constitución y la ley; y porque, del otro, la empresa se limita o se libera, sin motivo legal aparente de su responsabilidad en la prestación de los mismos que tiene para con los usuarios o suscriptores y propietarios del inmueble (L. 142/94, art. 133.1).

1.2.2.2. De allí que cuando la empresa desatienda la responsabilidad que le impone el inciso segundo del artículo 140 de la Ley 142 de 1994, vulnere entonces los parámetros del derecho a la prestación del servicio público domiciliario amparado por la Carta Política, sin perjuicio de que se acuda a las acciones ordinarias pertinentes. En efecto, cuando este precepto señala que hay lugar a la suspensión en caso de “la falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin que exceda en todo caso de tres períodos de facturación”, inequívocamente está consagrando una regla de equilibrio contractual entre la empresa y los usuarios (o suscriptores y responsables solidarios). De un lado, para que la empresa obtenga y satisfaga el derecho al cobro oportuno; y, del otro, para garantizar a los usuarios el derecho a obtener igualmente la prestación del servicio correspondiente. Luego, se trata igualmente de una regla en beneficio de los propietarios —no usuarios del servicio— del inmueble, que a pesar de catalogársele como deudor solidario (L. 142/94, art. 130, inc. 2º), también tienen derecho a que el servicio del cual se benefician los usuarios sea suspendido a las tres (3) facturaciones (art. 140 ibídem), a fin de no resultar afectado por el suministro voluntario adicional de la empresa. De allí que si esta norma imperativa obliga a la empresa a proceder a la suspensión del servicio, su omisión, además de indicar la asunción de los riesgos de no pago posterior, si bien no le impide suspender posterior y tardíamente el servicio prestado en forma condescendiente y tolerada sin pago del mismo; no es menos cierto que en manera alguna puede alegar su demora o desidia, para exigir en la reinstalación de los servicios no sólo el pago de las tres facturas iniciales sino también las demás posteriores. Porque estas últimas obedecen a una omisión de la suspensión imputable sólo a la empresa, cuya alegación, al ser injustificada, parece constituir en principio un abuso de su posición dominante en el contrato, prohibido expresamente por la ley (L. 142/94, art. 133, 23), al no proceder a la reinstalación de los servicios, al parecer, por fuera del marco legal y, por tanto, de las prescripciones constitucionales. Por ello, en tal evento debe ampararse al propietario en su derecho, protegido por la Constitución y la ley, consistente en obtener la reinstalación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, cancelando únicamente la deuda causada durante las tres facturaciones iniciales, con los gastos de reinstalación o reconexión (L. 142/94, arts. 140 y 142) y los recargos durante ese período (art. 96, ibídem), en vista de que las restantes facturas obedecen a una omisión de la empresa en su deber imperativo de suspensión. Sin embargo, dicho amparo solamente puede ser transitorio por un período de cuatro meses, mientras que el interesado promueva ante la jurisdicción contencioso administrativa las acciones y peticiones cautelares con relación a la existencia y cobro de las deudas correspondientes a las restantes facturas, y dicha autoridad adopte las decisiones provisionales o definitivas del caso, las que por tanto prevalecerán (D. 2591/91, art. 8º)».

(Sentencia de tutela, octubre 6 de 1998. Expediente 5439. Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lafont Pianetta).

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