Sentencia 54494 de octubre 30 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 54494

Acta 39

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Recurso de anulación

Bogotá, D.C., treinta de octubre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Corte

En primer término debe referirse la Sala como lo hiciera en otras oportunidades en las que, a través de recurso extraordinario de anulación, se le pedía considerar la legalidad del conflicto colectivo en cuanto a la adopción del pliego de peticiones, como en este caso, por sindicato minoritario que al momento de la decisión en torno al arbitramento o la huelga no se consultó el principio de la democracia sindical puesto que no fue tomada por la mayoría de los trabajadores de la empresa y en criterio del recurrente en oposición a la Ley 48 de 1968 en su artículo 3º al designar árbitro.

En providencia 2007 del 24 de abril de 2002 expresó:

“1. (...) debe la Corte reiterar que no es el recurso extraordinario de anulación la instancia apropiada para resolver conflictos de índole jurídica o procesal, como las aquí planteadas, ni examinar la legalidad y validez de las actuaciones surtidas en el trámite de un conflicto colectivo de naturaleza económica, como tampoco las de los actos administrativos proferidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la tramitación del procedimiento previsto en la ley para la solución de un diferendo de esa índole.

En efecto, ha explicado esta Sala de la Corte que las precisas facultades que surgen para ella en virtud de lo dispuesto por el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, dentro del denominado actualmente por la ley recurso de anulación, se limitan a verificar la regularidad del laudo y otorgarle fuerza de sentencia si el tribunal de arbitramento no extralimitó el objeto para el que se le convocó, o anularlo en caso contrario, ello respecto de los puntos que quedaron por fuera de los acuerdos logrados entre las partes en la etapa de arreglo directo y cobijen la totalidad de los que son materia del diferendo; a verificar que el pronunciamiento del tribunal no afecte derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, las leyes o normas convencionales vigentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo; y, de manera excepcional, a disponer la anulación de disposiciones del laudo que sean manifiestamente inequitativas, todo lo anterior dentro del marco de las facultades propias de los árbitros para decidir conflictos de intereses económicos.

Es claro, entonces, que dentro del específico marco de atribuciones que surgen de las disposiciones legales antes reseñadas, no corresponde a la Corte determinar la legalidad de los trámites adelantados en el proceso de solución del conflicto económico, pues su actuación se circunscribe al examen de los aspectos atrás reseñados del laudo arbitral, de suerte que el estudio de las deficiencias que en las actuaciones adelantadas para arreglar el diferendo hayan podido presentarse, escapa a sus precisas facultades legales.

Sobre la oportunidad de discutir los aspectos eminentemente de procedimiento y competencia que eventualmente puedan afectar la validez de un laudo y, particularmente, sobre el hecho de no ser la Corte competente para verificar las circunstancias que rodearon la adopción del pliego de peticiones, la convocatoria del tribunal de arbitramento o la designación que de uno de los árbitros hizo uno de las partes, que son los aspectos jurídicos a los que se remite el hotel recurrente en la sustentación de su recurso, explicó esta Sala de la Corte en la sentencia del 30 de julio de 1998, Radicado 11261, citada por el propio impugnante en el escrito por medio del cual sustenta su recurso, lo que a continuación se transcribe:

“Aun cuando son varias las razones expresadas por la recurrente para sustentar su solicitud de que se declare la nulidad de toda la actuación que conforma el conflicto colectivo de trabajo resuelto mediante el laudo que pide no homologar, para que, en su lugar, la Corte se declare inhibida “para decidir sobre el fondo del mismo dados los vicios e irregularidades antes explicados” (fl. 128, cdno. ppal.), toda la argumentación confluye a sostener la tesis jurídica según la cual le compete en este caso a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia examinar la legalidad del acto de convocatoria del tribunal de arbitramento.

Si bien no es cierta la afirmación de la impugnante de haber aceptado esta Sala en sentencia de 9 de octubre de 1997 que la competencia para juzgar sobre la legalidad del acto administrativo que profiere el Ministerio de Trabajo cuando convoca un tribunal de arbitramento en ejercicio de las facultades que la ley le otorga para ello, no desconoce que la tesis jurídica tiene sustento en decisiones que en ese sentido ha proferido la Sección Segunda del Consejo de Estado.

El criterio de la Sala de Casación Laboral sobre el punto de derecho difiere del expresado en los fallos de la jurisdicción en lo contencioso administrativo aducidos por la compañía recurrente, pues en verdad lo que ha dicho es precisamente todo lo contrario, conforme lo explicó el tribunal especial de arbitramento.

En efecto, respecto de la cuestión jurídica planteada en el recurso en diferentes oportunidades ha sostenido que los arbitradores no tienen la facultad de revisar la legalidad del “decreto de convocatoria” del tribunal, ni tampoco es el recurso extraordinario de homologación el instrumento ni la oportunidad para ejercer dicho control de legalidad. Al efecto basta citar los proveídos de 3 de mayo de 1996 (G.J., Tomo CCXXXV, págs. 239-245), 25 de julio de 1996 (Rad. 9033), 26 de febrero de 1997 (Rad. 9735), 30 de septiembre de 1997 (Rad. 10338), 6 de octubre de 1997 (Rad. 10263) y 9 de octubre de 1997 (Rad. 10381).

La presunción de legalidad del acto administrativo mediante el cual el Ministerio del Trabajo ordena constituir un tribunal especial de arbitramento para que dirima un conflicto colectivo suscitado en una empresa que realiza actividades calificadas como de servicio público, o en cualquiera otro de los casos en los cuales es dado convocar tribunales de arbitramento obligatorio, impiden que los arbitradores puedan desconocer la orden de convocatoria; y tampoco la jurisdicción ordinaria es la encargada de juzgar sobre la legalidad de ese acto administrativo, o de cualquiera otro de los que eventualmente deba proferir dicho ministerio para resolver los recursos que hayan podido interponer las partes enfrentadas en el conflicto.

El artículo 143 del Código Procesal del Trabajo es claro al fijar la competencia que se tiene dentro del trámite del denominado por la ley recurso de homologación, y que se reduce a verificar “la regularidad del laudo”; control sobre el fallo arbitral que actualmente permite a la Corte, en cuanto sustituyó en sus funciones al extinguido Tribunal Supremo del Trabajo, declararlo exequible, “confiriéndole fuerza de sentencia, si el tribunal de arbitramento no hubiere extralimitado el objeto para el cual se le convocó” (se destaca), o anularlo si se extralimitó al proferirlo.

Por ser claro el sentido de la ley, en obedecimiento a la regla de interpretación establecida en el artículo 27 del Código Civil, no debe desatenderse su tenor literal a pretexto de consultar un supuesto sentido recóndito, dado que no hay ninguna expresión oscura que deba ser interpretada recurriendo a una intención o espíritu diferente al sentido que resulta de la literalidad de la norma.

Es por ello que no le compete a la Corte indagar si corresponden o no a la verdad los asertos que hace la recurrente de haber sido equivocadamente adoptado el pliego de peticiones, o indebidos la convocatoria del tribunal de arbitramento y el nombramiento del árbitro designado por la organización sindical, sin que ello implique, desde luego, negar la vigencia de las normas relativas a la integración y constitución de esta clase de tribunales.

Lo que en verdad ocurre, y para esta Sala no existe la menor duda sobre el punto de derecho, es que la competencia para conocer de la legalidad o ilegalidad de un acto administrativo está exclusivamente asignada a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues solo de manera excepcional le ha sido atribuida a la Corte Suprema de Justicia el juzgamiento de actos administrativos, a manera de ejemplo cabe citar los proferidos por el Consejo de Estado (CCA, art. 128, ord. 16, inc. segundo) y la elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral (ibídem, art. 231, par.).

Como quiera que todos los argumentos aducidos por la recurrente para solicitar que no se homologue el laudo se enderezan a fundamentar una tesis jurídica que realmente se aparta de lo claramente dispuesto por el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo; y como tampoco expresó al sustentar su recurso una razón que permita considerar que al decidir los puntos respecto de los cuales no se produjo acuerdo entre las partes en la etapa de arreglo directo, los árbitros afectaron los derechos o facultades de las partes a los que se refiere el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, se impone rechazar su solicitud y, por consiguiente, se homologará el laudo de 23 de junio de 1998”.

De acuerdo con lo expuesto, no le es dado a la Corte pronunciarse sobre los vicios e irregularidades denunciados por el hotel impugnante atinentes a la adopción del pliego de peticiones, indebida convocatoria del tribunal de arbitramento o irregular nombramiento del árbitro por Hocar, por referirse en el fondo a la temática jurídica de la validez y legalidad de actos administrativos que dieron origen a esas actuaciones, aspecto cuya competencia el mismo hotel recurrente acepta corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa, donde afirma ya instauró la demanda de nulidad”.

El pronunciamiento expuesto sería reiterado por la Decisión 22322 del 9 de septiembre de 2003 de esta sala, para dirimir recurso de anulación en el que se cuestionaba el surgimiento en legal forma del conflicto colectivo promovido por Sintralimenticia a la empresa Seatech Inc.:

“La empresa a través de su apoderado judicial pretende la nulidad del laudo arbitral recurrido, con fundamento en que el tribunal de arbitramento fue integrado para desatar un conflicto colectivo de naturaleza económica que jamás existió, dado que no tenía la obligación de negociar el pliego de peticiones puesto a su consideración, en tanto no se presentó en legal forma y por ello no se suscitó el mentado conflicto. Dijo, además, que los árbitros actuaron desconociendo la Resolución 69 de diciembre 5 de 2000, que revocó en todas sus partes la 40 de mayo 18 de ese mismo año que la obligaba a negociar, incurriendo así en una clara violación al debido proceso.

Seguidamente informa que recurrió la Resolución 40 en reposición y en subsidio apelación, pero que pese a ello se inició la etapa de arreglo directo que terminó sin acuerdo entre las partes, debido a lo cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social —Bogotá— emitió la número 2079 de octubre 10 de 2000, mediante la cual se ordenó la constitución de un tribunal de arbitramento futuro. Sucediendo que posteriormente la dirección territorial Bolívar revocó, a través de la Resolución 69 de diciembre 5 de 2000, en todas sus partes la 40 antes citada. Agrega que el recurso de reposición propuesto contra la Resolución 2079 del 10 de octubre de 2000, fue confirmado por el despacho del Ministro mediante la Resolución 189 de 2 de febrero de 2001, dándose así una vía de hecho, pues resultan contradictorias las resoluciones aludidas y la dictada el 12 de julio de 2001, por medio de la que se resolvió la excepción de ejecutividad solicitada por la empresa.

En torno al aspecto debatido por el apoderado de la empresa recurrente la Corte ha sostenido reiteradamente que no es el recurso de anulación, antes denominado de homologación, la vía judicial apropiada para plantear conflictos de naturaleza jurídica o procesal, ni para pretender que se examine la legalidad o validez de las actuaciones surtidas en el trámite de un conflicto colectivo de naturaleza económica, como tampoco las de los actos administrativos proferidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en las actuaciones establecidas en la ley para la solución de un diferendo de esa índole.

Las facultades de la Corte conforme al artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social se limitan a la verificación de la regularidad del laudo y consecuentemente a otorgarle fuerza de sentencia si el tribunal de arbitramento no extralimitó el objeto para el cual se le convocó, o anularlo en caso contrario, en relación con los puntos que quedaron por fuera de los acuerdos logrados entre las partes en la etapa de arreglo directo y desde luego cobijan la totalidad de los que son materia del diferendo. También está dentro del ámbito de su competencia verificar que el pronunciamiento del tribunal no afecte derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, las leyes o normas convencionales vigentes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo; así como disponer, excepcionalmente, la anulación de las disposiciones del laudo que sean manifiestamente inequitativas.

Surge entonces de lo expuesto que no se encuentra dentro de la órbita de competencia de la Corte pronunciarse sobre la legalidad de los trámites adelantados por el Ministerio de Protección Social en lo concerniente a sus actuaciones relacionadas con la solución de conflictos económicos suscitados entre organizaciones sindicales y empleadores”.

Reitera entonces la Corte el criterio trascrito según el cual no es a través del trámite del recurso extraordinario de anulación en el que se resuelven las diferencias alrededor de la validez y legalidad del conflicto colectivo; ni si en él se observaron las formas propias que al efecto establece la ley, ni si los actos administrativos que sucedieron en su trascurrir se ajustan a derecho; o, como lo expresara la primera de las providencias copiadas en alusión a similares supuestos a los aquí planteados cuando afirmaba no competer a esta, si corresponden o no a la verdad los asertos que hace la recurrente de haber sido equivocadamente adoptado el pliego de peticiones, o indebidos la convocatoria del tribunal de arbitramento y el nombramiento del árbitro designado por la organización sindical, sin que ello implique, desde luego, negar la vigencia de las normas relativas a la integración y constitución de esta clase de tribunales; puesto que las facultades que confiere el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social se circunscriben a establecer el apego del laudo a los preceptos que lo disciplinan y “consecuentemente a otorgarle fuerza de sentencia si el tribunal de arbitramento no extralimitó el objeto para el cual se le convocó, o anularlo en caso contrario, en relación con los puntos que quedaron por fuera de los acuerdos logrados entre las partes en la etapa de arreglo directo y desde luego cobijan la totalidad de los que son materia del diferendo. También está dentro del ámbito de su competencia verificar que el pronunciamiento del tribunal no afecte derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, las leyes o normas convencionales vigentes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo; así como disponer, excepcionalmente, la anulación de las disposiciones del laudo que sean manifiestamente inequitativas”. (Providencia 22322 sep. 9/2003).

No obstan las consideraciones anteriores para la Sala recordar los diferentes pronunciamientos realizados en torno al espectro jurídico dentro del cual pueden desenvolverse los sindicatos minoritarios como lo hiciera en decisión del 19 de julio de 2011, Radicación 49859, en el que como desarrollo de las sentencias C-567 de 2000, C-797 de 2000 y C-063 de 2008 a las señaladas organizaciones sindicales se les reconoce el derecho a la negociación colectiva incluida la facultad de optar de manera libre y sin injerencias, como en el sub lite, por la convocatoria a un tribunal de arbitramento sin que, como lo expresara el recurrente, se supeditare a la votación de la huelga:

“No cobra éxito el recurso impetrado en razón a las siguientes consideraciones:

En primer lugar y en cuanto a la imposibilidad, según el recurrente, de que un sindicato minoritario, como el del sub lite, convoque la asamblea general del artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, esta corporación se ha pronunciado en sentido opuesto al del impugnante en los siguientes términos:

La tesis central del apoderado de la empresa recurrente la hace consistir en que el sindicato minoritario, entendido como aquel que no reúne más de la mitad de los trabajadores de la empresa, no puede convocar la asamblea general prevista en el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, para optar por la declaratoria de huelga o el sometimiento del diferendo laboral a un tribunal de arbitramento y, por consiguiente, la de nombrar árbitro, cuando quiera que tal decisión no sea adoptada por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores.

No comparte la Corte ese discernimiento jurídico y, por el contrario, lo encuentra equivocado en cuanto conduce a restringir el derecho constitucional a la negociación colectiva de los sindicatos minoritarios, al impedirles que, en ejercicio de la autonomía sindical de la que gozan, puedan obtener la solución del conflicto colectivo sin la injerencia de otros de los trabajadores de la empresa a la que pertenezcan; restricción que no se compadece con las garantías que otorga la Constitución Política a la libertad sindical y al derecho de la negociación colectiva, contenidas igualmente en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, atinentes a la libertad sindical, ratificados por Colombia.

La condición minoritaria de un sindicato o de los trabajadores coaligados, entonces, no limita el ejercicio cabal de la negociación colectiva, salvo en lo que atañe a la declaratoria de la huelga, acto que sí debe contar con el respaldo de la mayoría de los empleados en cuanto la cesación de actividades, dada la extensión prevista en la ley, compromete a todos los trabajadores de la empresa. Mas esa exigencia, no obstante, puede predicarse de la convocatoria del tribunal de arbitramento, que, así las cosas, puede ser válidamente efectuada solamente por los trabajadores que estén directamente involucrados en el conflicto colectivo de trabajo, por razón de la soberanía de la que gozan para el desarrollo de la negociación colectiva.

Olvida el recurrente que, a partir de las sentencias C-567 de 2000, C-797 de 2000 y C-063 de 2008, proferidas por la Corte Constitucional, existe hoy en nuestro sistema constitucional y legal, en materia de negociación colectiva, un panorama jurídico distinto al que orienta la argumentación del recurso, pues es claro que por razón de esas decisiones, salvo la ya anotada atinente al ejercicio del derecho de huelga, gozan los sindicatos minoritarios del ejercicio pleno del derecho a la negociación colectiva, lo que, desde luego, incluye la facultad para que, de manera libre y autónoma, puedan optar por la convocatoria de un tribunal de arbitramento.

Lo anterior también significa que es posible que en una empresa en la que concurran varios sindicatos cada uno de ellos, por su propia cuenta, dé inicio a un conflicto colectivo de trabajo de intereses que puede ser tramitado de manera independiente, sin que la suerte que corra afecte la de otro eventual conflicto, emprendido por otra organización sindical. Así lo explicó la Sala en la sentencia del 29 de abril de 2008, Radicación 33988, en los siguientes términos:

“Sabido es que el artículo 26 del Decreto 2351 de 1965, que modificó el artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, regulaba originalmente tres casos de representación sindical en una misma empresa. El primero prohibía en cada una de estas la coexistencia de dos o más sindicatos de base, hoy denominados de empresa, disponiendo que si por cualquier motivo llegaran a coexistir, debería subsistir el que tuviera un mayor número de afiliados, el cual debía admitir a los miembros de las otras asociaciones sin restricción alguna. El segundo contempló la coexistencia de un sindicato de empresa con uno gremial o de industria, precisando que en tal evento la representación de los trabajadores, para efectos de la contratación colectiva, correspondería al sindicato que agrupare la mayoría de los trabajadores y el tercero aludía al caso en que ninguno de los sindicatos coexistentes agrupara la mayoría de los trabajadores, de la empresa, determinando que la representación sindical correspondería conjuntamente a todos ellos de acuerdo con la reglamentación que expidiera el gobierno.

“Al resolver sobre la demanda de inexequibilidad de dicho precepto, la Corte Constitucional en Sentencia C-567 de 2000, declaro contrarios a la Constitución Política los casos primero y tercero, dejando intacto el segundo de ellos, por lo cual el contenido del artículo quedó de la siguiente manera: ‘Cuando en una misma empresa coexistiere un sindicato de base con uno gremial o de industria, la representación de los trabajadores, para todos los efectos de la contratación colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores de dicha empresa”.

“De igual manera, en la Sentencia C-797 de 2000, la citada corporación igualmente declaró la inexequibilidad del parágrafo del artículo 376 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual ‘Cuando en el conflicto colectivo esté comprometido un sindicato de industria o gremial que agrupe más de la mitad de los trabajadores de la empresa, estos integrarán la asamblea para adoptar pliegos de peticiones, designar negociadores y asesores y optar por la declaratoria de huelga o someter el conflicto a la decisión arbitral’”.

“El nuevo panorama que hoy se muestra para asuntos como el analizado, ante la decisión de inexequibilidad proferidas por la Corte Constitucional, indica que en materia de representación sindical y para los efectos de la negociación y de la contratación colectiva, cada sindicato la tiene por sí mismo y ello supone que tienen titularidad y legitimidad para promover y llevar hasta su terminación un conflicto colectivo económico”.

Ahora bien, si, como se explicó en la sentencia arriba memorada, como consecuencia de las decisiones del tribunal constitucional existe plena autonomía de las organizaciones sindicales para llevar a cabo la negociación colectiva, de tal suerte que pueden de manera libre adelantar todas las etapas del conflicto colectivo, va en contra de ese postulado sujetar la solución del diferendo a la intervención de la mayoría de los trabajadores de la empresa, que puede ser ajena a ese conflicto y, por lo tanto, sin interés en su definición.

Precisamente, la existencia de barreras como la preconizada por la empresa impugnante fue, entre otras razones, lo que condujo a la Corte Constitucional a sentar su criterio en la ya aludida Sentencia C-063 de 2008, como surge del siguiente aparte del texto de esa providencia, en la que, por otra parte, se destacan las plenas facultades de las que gozan las organizaciones sindicales minoritarias en materia de negociación colectiva, con fundamento en las normas de la Carta Política y de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo en materia de libertad sindical:
“Cabe recordar, que si bien el derecho de sindicación y el de negociación colectiva son cuestiones diferenciadas, pudiendo admitir este último restricciones, de conformidad con lo previsto en la Constitución, artículo 55 y el Convenio 98 de la OIT, el impedimento absoluto a los sindicatos minoritarios, de negociar colectivamente, no atiende los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y vulnera no solo el derecho de negociación colectiva sino también el de libertad sindical, eje fundamental de los derechos de los trabajadores, como pasa a explicarse.
“Cabe recordar, que el derecho de asociación sindical comprende la garantía de autonomía de las organizaciones sindicales, para lo cual se les deben brindar las condiciones indispensables a fin de que puedan actuar efectivamente con toda independencia y promover con eficacia los intereses de sus afiliados. En dicha medida, el derecho de los trabajadores de negociar libremente con los empleadores las condiciones de trabajo, como elemento esencial de la libertad sindical, implica la autonomía de las organizaciones sindicales para presentar pliegos de peticiones y de negociarlos de manera libre, a través de sus propios representantes.
“Derecho de negociación colectiva que debe ser posibilitado a toda clase de categorías de organizaciones sindicales, de conformidad con el Convenio 154 de la OIT, que radica en cabeza de los Estados partes el deber de adoptar medidas dirigidas a fomentar la negociación colectiva, y aunque no especifica cuales medidas, si deja una amplia libertad de configuración en cabeza de los órganos estatales responsables para el cumplimiento de dichos propósitos”.

La empresa recurrente también basa su argumentación en el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, en cuanto establece que “La huelga o la solicitud del arbitramento serán decididas en votación secreta por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa o por la asamblea general del sindicato o sindicatos a que estén afiliados más de la mitad de los trabajadores”. Aunque no desconoce la Corte el texto del citado artículo, importa precisar que lo allí dispuesto necesariamente debe acompasarse con la situación jurídica que surgió a raíz de las sentencias de inexequibilidad antes reseñadas, en la medida en que establecieron la plena autonomía de las organizaciones sindicales para adelantar la negociación colectiva, independientemente de su carácter minoritario.

Por manera que, a la luz de esas sentencias, un sindicato minoritario ya no debe concurrir con otros para llevar a cabo un proceso de negociación colectiva; como tampoco, con la excepción de la declaratoria de la huelga, con la mayoría de los trabajadores de la empresa. Y si ello es así, se insiste, puede de manera independiente optar por el arbitramento.

Debe, igualmente, tenerse en cuenta que la anterior disposición legal, en lo que toca con los sindicatos minoritarios, ha de entenderse modificada por el artículo 19 de la Ley 584 de 2000, que al subrogar el 452 del Código Sustantivo del Trabajo, que, a su turno, había sido modificado por el 34 del Decreto 2351 de 1965, dispuso que serán sometidos a arbitramento obligatorio los “conflictos colectivos del trabajo de sindicatos minoritarios, siempre y cuando la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa no hayan optado por la huelga cuando esta sea procedente”.

De esta norma surge que, cuando el conflicto colectivo de trabajo haya sido iniciado por un sindicato minoritario, la participación de la mayoría de los trabajadores de la empresa solo es necesaria para efectos de declarar la huelga, caso en el cual esa decisión será de obligatorio acatamiento. Pero también debe colegirse, entonces, que si le es vedado al sindicato minoritario optar de manera autónoma por la huelga, en tal caso la solución del diferendo debe ser sometido al arbitramento, al cual debe acudir la organización sindical dada su condición minoritaria, pues la otra alternativa de solución del diferendo —la huelga—, le está vedada tomarla soberanamente, ya que la facultad de su declaratoria, se itera, reside en la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o en la asamblea general de sindicato o sindicatos a que estén afiliados más de la mitad de los trabajadores.

Así las cosas, es claro que si el sindicato minoritario no desea someter a la consideración de la mayoría de los trabajadores de la empresa la declaratoria de la huelga, debe acudir al arbitramento y esa decisión la puede tomar de manera libre, sin ninguna injerencia.

Ese criterio lo expuso la Corte aun antes de la reforma introducida por la Ley 584 de 2000, interpretando el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, al considerar, en sentencia de homologación proferida el 30 de junio de 1995, radicada bajo el número 7964:

“Tampoco tiene asidero el argumento de los restantes árbitros en el sentido de que Sintraisa por ser sindicato minoritario carecía de facultad para designar un árbitro. En efecto, si bien la ley (CST; art. 444, subrogado por la L. 50/90, art. 61) estableció que la opción entre la huelga o el arbitramento debe ser decidida por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa o de la asamblea general del sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores, mal puede estimarse que esta exigencia implique que cuando un sindicato minoritario se halle en conflicto colectivo esté obligado a obtener la anuencia de la mayoría de los trabajadores de la empresa para designar el correspondiente árbitro. Además debe entenderse que lo preceptuado por el artículo 3º, ordinal 3, de la Ley 48 de 1968, en lo que hace a la composición del tribunal de arbitramento, solo es aplicable a aquellos conflictos colectivos de trabajo en que participen más de la mitad de los trabajadores de la respectiva empresa. Desde otro enfoque, es ostensible que en el asunto bajo examen, las partes en conflicto con el aval del Ministerio del Trabajo designaron su respectivo árbitro sin que ninguna objetara la facultad de la otra para hacerlo, de suerte que mal podían los árbitros desconocer decisiones adoptadas de consumo por los interesados y respaldadas por actos administrativos en firme”.

Discernimiento que también había expuesto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en decisión del 18 de noviembre de 1992, Radicado 473:

“5) Sin embargo, la Sala considera que si para la declaración de la huelga se requiere la indicada mayoría, los sindicatos minoritarios, que no lograron satisfacer todas sus peticiones en la etapa de arreglo directo, pueden pedir —y su solicitud debe ser satisfecha— la convocatoria de un tribunal de arbitramento: porque el artículo 55 de la Constitución, que “garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley”, y dispone que “es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo”, reformó el artículo 61 de la Ley 50 de 1990 en cuanto reconoce y garantiza “el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales”; porque la transcrita legislación laboral también ofrece, ante la falta de acuerdo entre las partes sobre todos los puntos del pliego de peticiones, un claro dilema: la huelga o el tribunal de arbitramento con la finalidad, que es de orden público, de dar solución al conflicto de carácter laboral; porque de lo contrario habría un impase con un conflicto laboral, real o latente, sin posibilidades de solución, en oposición a la finalidad del artículo 55 de la Constitución y de la legislación laboral; porque el artículo 374, número 2, del Código Sustantivo del Trabajo faculta a los sindicatos, sin ninguna condición, para “presentar pliegos de peticiones relativos a las condiciones de trabajo o a las diferencias con los patronos, cualquiera que sea su origen y que no estén sometidas por la ley o la convención a un procedimiento distinto, o que no hayan podido ser resueltas por otros medios”; porque el artículo 37 del Decreto 2361 de 1965 que subrogó el artículo 470 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que “las convenciones colectivas entre patronos y sindicatos —y por ende, según el artículo 461, número 1, del Código Sustantivo del Trabajo, los fallos arbítrales que profieran los tribunales de arbitramento— cuyo número de afiliados no exceda de la tercera parte del total de los trabajadores de la empresa, solamente son aplicables a los miembros del sindicato que las haya celebrado, y a quienes adhieran a ellos o ingresen posteriormente al sindicato”, lo que claramente significa que la ley autoriza a los sindicatos minoritarios para celebrar convenciones colectivas de trabajo, y porque el artículo 38 del Decreto 2351 de 1965 que subrogó el artículo 471 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que “cuando en la convención colectiva sea parte un sindicato cuyos afiliados excedan de la tercera parte del total de los trabajadores de la empresa, las normas de la convención se extienden a todos los trabajadores de la empresa, las normas de la convención se extienden a todos los trabajadores de la misma, sean o no sindicalizados” y que esta disposición también debe regir “cuando el número de afiliados al sindicato llegare a exceder del límite indicado, con posterioridad a la firma de la convención”, lo que denota que la ley no solo autoriza a los sindicatos minoritarios para celebrar convenciones colectivas de trabajo sino también, si congregan a más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa, para beneficiar con la convención a todos ellos”.

Al amparo de la normatividad actualmente vigente, así también lo ha entendido esta Sala, que en la memorada sentencia del 29 de abril de 2008, Radicación 33988, apuntó:

“Desde luego, no puede olvidar la Corte que aun desde antes de la expedición de la Ley 584 de 2000 y concretamente con su artículo 18, los sindicatos minoritarios fueron autorizados para promover tales conflictos, pues no otra cosa se desprende de su literal c), en cuanto al señalar los conflictos que debían ser sometidos a arbitramento obligatorio, expresó: “Los conflictos colectivos del trabajo de sindicatos minoritarios, siempre y cuando la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa no hayan optado por la huelga cuando esta sea procedente...”, lo cual indica la voluntad expresa del legislador de otorgarles a dichos sindicatos la capacidad de contratación y de negociación, limitándolos tan solo en lo que tiene que ver con el derecho a la huelga cuya titularidad para su declaración quedó en manos de la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa.

“Ello implica, consecuencialmente, que en las demás etapas del conflicto colectivo, los sindicatos minoritarios tienen la legitimación para actuar por sí solos y naturalmente para obtener el resultado, que no es otro que la suscripción de la convención colectiva de trabajo o en su defecto la expedición del laudo arbitral, a efecto de lograr su mejoramiento económico y social como facultad dispositiva protegida por el artículo 55 de la Carta Política.

“Así las cosas, se tiene que frente al mandato del artículo 19 de la Ley 584 de 2000, la preceptiva que contiene el artículo 1º del Decreto 904 de 1951, no puede considerarse como un obstáculo para el ejercicio del derecho de contratación colectiva por parte de los sindicatos minoritarios, o que uno de estos, por ejemplo, el que primero presente un pliego de peticiones e inicie un conflicto colectivo que alcance solución legal, prive a los demás de obtener mejoras en sus condiciones de trabajo a través de los conflictos colectivos bajo el supuesto de que en una empresa no puede existir más de una convención colectiva de trabajo de acuerdo con la última disposición mencionada.

“El criterio anterior queda ratificado con la reciente Sentencia C-063 de 2008, mediante la cual se declaró inexequible el numeral 2º del artículo 26 del Decreto 2351 de 1965, pues al desaparecer en su totalidad el citado precepto por las decisiones de inexequibilidad mencionadas, la representación sindical quedó en manos de cada una de las organizaciones sindicales que como tales tienen plena autonomía en materia de negociación y de contratación colectiva.

“Y en ese orden de ideas, existiendo norma positiva, como ya quedó visto, para que los sindicatos minoritarios puedan llevar cada uno su propio proceso de negociación colectiva, la respuesta no puede ser otra que la posibilidad de coexistencia de varias convenciones colectivas en una empresa, cuando las organizaciones sindicales que en ella operen sean todas minoritarias, es decir que ninguna agrupe la mitad más uno de los trabajadores de dicha empresa, que era la situación vigente en el momento en que se profirió el laudo arbitral cuyo recurso de anulación hoy decide la Sala. Naturalmente que esa misma conclusión y con motivo de la citada Sentencia C-063 de 2008, en armonía con las otras decisiones de inexequibilidad atrás referenciadas, opera en general para todas las organizaciones sindicales, puesto que en la actualidad, tal como anteriormente se manifestó, cada uno de los sindicatos ejerce su derecho a promover un conflicto colectivo y llevarlo hasta su terminación”. (Resaltado del texto original) (Rad. 41921 mayo 24/2010).

Respecto a la reprochada vigencia del laudo a partir de la expedición la que en criterio del recurrente debe, en razón a su condición de verdadera sentencia, iniciar desde su ejecutoria, de igual manera la Sala se remite a las que fueran sus propias consideraciones, en concreto la Providencia 49859 referida y en la que se trascribieron los siguientes pronunciamientos al respecto:

“No encuentra la Corte que los arbitradores hayan conferido a su proveído un efecto retroactivo, al determinar que tendría vigencia desde su promulgación, pues en modo alguno le fijaron consecuencias jurídicas antes de que se profiriera tal decisión; aparte de que resulta apenas lógico que lo hicieran desde que fue emitida. Es claro que el laudo que resuelve un conflicto colectivo de trabajo, según lo establece el artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo, tiene el carácter de convención colectiva de trabajo en cuanto a las condiciones de trabajo y, por esa razón, no es posible considerar que solo adquiere vigor desde que pueda entenderse ejecutoriado, pues, en estricto sentido, no lo acompañan todas las características de una sentencia judicial.

Por manera que considerar que tal decisión es retroactiva, por no haberse dicho que su vigor jurídico surgiría desde la ejecutoria, es realmente un exótico argumento que la Sala no comparte, como surge de lo que explicó, al dar respuesta a un razonamiento similar, en la sentencia de 11 de julio de 2006, radicada con el número 29884, en la que señaló lo siguiente:

“Critica el recurrente el laudo en cuanto señaló que tendría vigencia de un año contado a partir de la fecha de expedición y también por haber tenido ese momento como punto de partida para el incremento salarial; así mismo porque considera que el aumento salarial decretado es inequitativo.

“1.1. Sobre el primer aspecto ha de anotarse que la queja es infundada, pues el tribunal de arbitramento tiene facultad para señalar el término de vigencia del laudo dentro del límite temporal fijado en el artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo que es de dos años. Como la vigencia del laudo bajo estudio, se fijó en un año no hubo trasgresión legal alguna por parte del tribunal.

“Ahora bien, frente al cuestionamiento porque el incremento salarial opere a partir de la fecha de expedición del laudo y no de su ejecutoria, se advierte que es la regla general que el laudo arbitral produzca efectos hacia el futuro desde el momento de su expedición; según lo dispuesto en el artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo el fallo del tribunal de arbitramento tiene el carácter de convención colectiva, y con arreglo al numeral 2º del artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 14 del D.L. 616 de 1954, la nueva convención colectiva rige a partir de su firma.

“Por lo demás, la jurisprudencia de esta Sala desde el fallo de 19 de julio de 1982, ha reconocido a los árbitros la posibilidad incluso de decretar aumentos salariales con efecto retrospectivo, es decir, que operen desde un momento anterior a la expedición del laudo”.

De otra parte y en lo que corresponde a la objeción que la empresa hiciera en relación a la consagración de beneficios en los artículos 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10, 11 y 13 del laudo que desde antes reconocía de manera natural y espontánea, encuentra la Corte que no existe fundamento legal que impida la formulación convencional o en decisión arbitral de estos derechos puesto que ninguna razón asiste al apoderado de Bonem S.A. que ve en el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo el obstáculo legal para un tercero “tribunal de arbitramentos” modificar, confirmar o extinguir obligaciones que le son propias de las relaciones contractuales vigentes, para convertirlos en convención, se continúan aplacando (sic) sin necesidad de texto convencional al ser la norma más favorable.

El razonamiento del recurrente revela interpretación errónea del precepto en comento que consagra el principio de la retrospectividad de la ley laboral desprendido de su naturaleza de orden público en nada opuesto a la modificación, confirmación o extinción de obligaciones, a las que se encuentra vinculada la empleadora, en virtud a norma arbitral que dirima el conflicto colectivo que le fuera suscitado.

Así mismo no se advierte en la argumentación del impugnante razonamiento alguno que desvirtúe el principio de equidad, invocado en el laudo, proporcionalidad y racionalidad que debió asistir a los árbitros al consagrar en las normas objetadas los beneficios estipulados que por supuesto no hicieron, como lo subraya el impugnante, otra cosa que elevar a rango convencional lo reconocido por la propia empresa y que en razón a ello no requería de una dilatada motivación.

En cuanto a la ilegalidad que imputa a la consagración en el artículo 7º de los permisos sindicales debe señalarse que, contrario a lo sostenido por el recurrente, dentro de las facultades asignadas por la ley a los árbitros se encuentra la de fijar permisos sindicales, más aún en los términos que el canon impugnado los consagró, esto es, estableciendo el acuerdo previo entre las partes para su concesión con la finalidad de no afectar la producción correspondiendo así a lo enseñado por esta Sala en diferentes oportunidades como lo hiciera en sentencia de Radicación 11859 de enero 29 de 1999 en la que se expresó:

“Una de las herramientas más eficaces con que cuentan los sindicatos para el cabal ejercicio de sus funciones indudablemente la constituyen los permisos sindicales. Aun cuando en la parte colectiva del código del trabajo no se encuentra expresa referencia a ellos, en tanto son emanación del derecho de asociación sindical, su fuente jurídica fundamental se halla en el artículo 39 de la Carta Política y específicamente en las garantías otorgadas a los representantes de los sindicatos para el cumplimiento de su gestión.

De igual manera, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo debidamente ratificados por Colombia y, en especial los denominados 87, 98 y 151, (L. 26 y 27/76 y 411/97, respectivamente), garantizan el derecho de asociación sindical y los demás medios para el adecuado ejercicio del mismo, con la precisión de que el último de los citados solo es aplicable a la administración pública. Naturalmente, el desarrollo concreto queda deferido a lo que disponga la ley, los acuerdos de trabajo, los laudos arbitrales, el reglamento interno de trabajo o en general las determinaciones unilaterales del empleador que sean más favorables a lo consagrado en el marco normativo citado.

A su turno, conforme al ordinal sexto del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo los permisos sindicales constituyen una de las obligaciones especiales del empleador cuando sean necesarios para desempeñar comisiones inherentes a la organización profesional, siempre que el número de los que se ausenten no menoscabe el normal funcionamiento de la empresa, previsión concordante con el referido Convenio 151 en cuanto prevé que tales prerrogativas no deberán perjudicar el funcionamiento eficaz de la administración o servicio interesado.

Esta última limitación desvirtúa el aserto de que los permisos sindicales —cuando no existe regulación concreta— deban ser señalados libremente por el sindicato, pues ello es posible si así se conviene expresamente por las partes, pero no en los casos de ausencia de previsión por una fuente de derecho laboral.

Ahí radica la importancia, y aún la conveniencia, de que el número de permisos sindicales, sus beneficiarios y las condiciones fundamentales de su otorgamiento queden estipuladas por las partes o reguladas por las mencionadas fuentes formales del trabajo.

De lo que viene de decirse se desprende que si bien los árbitros pueden disponer permisos sindicales en los respectivos laudos, en modo alguno están obligados a hacerlo cuando fundadamente encuentren que, analizadas las circunstancias particulares de cada empresa, los existentes son suficiente garantía del derecho de asociación profesional. De análoga manera, el ordenamiento positivo colombiano tampoco impone a los árbitros la obligación de prescribir en la sentencia arbitral que los permisos sean manejados autónomamente por el sindicato, ni mucho menos ello puede derivarse del tenor del artículo 362 del código en cuanto consagra el derecho de las organizaciones sindicales de redactar libremente sus “estatutos o reglamentos administrativos”, pues este es un aspecto que atañe exclusivamente a la organización interna de los sindicatos, para preservar su autonomía y liberarla de cualquier injerencia externa, pero no tiene que ver con el ámbito de relaciones laborales con el empleador en las que el indiscutible derecho de los sindicalizados debe armonizarse con las atribuciones del subordinante de la relación de trabajo y con la necesidad de evitar traumatismos en la ejecución normal de las labores encomendadas a todo trabajador. Por tanto, aun cuando es verdad que los permisos de esta estirpe no quedan sujetos al arbitrio exclusivo del empresario, pues su negación sistemática o caprichosa haría nugatorio el derecho de asociación sindical, tampoco dispone la ley su manejo reservado a determinada organización sindical, a menos que así se disponga por una de las normativas atrás invocadas, dentro de ellas los laudos arbitrales, sin que la ley obligue a quienes los profieren a ordenarlo de esa manera”.

En sentencia más reciente del 25 de mayo de 2010, se diría al respecto:

“Ahora bien, en cuanto a lo dispuesto en la cláusula sexta del laudo, relacionada con los permisos sindicales remunerados, si bien la Corte venía considerando por mayoría, que el tribunal de arbitramento, no podía imponer al empleador que concediera permisos o licencias remuneradas a los miembros de la organización sindical, tal criterio se rectificó, a partir de la sentencia del 28 de octubre de 2009, Radicación 40534, al permitir su ordenamiento, cuando la decisión se muestra razonable y proporcionada, y en el evento único de que tales permisos procedan para atender las responsabilidades inherentes al ejercicio del derecho fundamental de asociación y libertad sindical, siempre que su concesión no afecte el normal desarrollo de las actividades de la empresa o establecimiento, que no sean de carácter permanente y que tengan plena justificación.

En el presente caso, observa la Sala, que como los permisos sindicales remunerados que fijaron los árbitros, son transitorios u ocasionales, la decisión se ajusta a los criterios de racionalidad y proporcionalidad, al no aparecer demostrado que ellos representen una afectación al desarrollo normal de las actividades de la empresa o que perjudique gravemente sus finanzas por la erogación económica que deba hacerse”.

Baste lo trascrito para dejar incólume la señalada disposición arbitral.

En relación al objetado artículo 12, que consagra la concesión de permisos remunerados por calamidad doméstica, en efecto, esta Sala, como lo expresa el impugnante, sí había proscrito su determinación por los árbitros; sin embargo esta doctrina fue objeto de revisión, a través de la citada providencia de Radicación 43950 del 25 de mayo de 2010, en los siguientes términos:

“En cuanto a lo dispuesto en las cláusulas tercera y quinta de laudo arbitral, relacionadas con la imposición al empleador de conceder licencias o permisos remunerados para atender citaciones judiciales y educativas, así como en el caso de calamidades domésticas que afecten al trabajador, debe precisarse, que si bien la Corte venía sosteniendo que los árbitros no tiene competencia para regular aspectos de tal naturaleza, por estimar que eran temas reservados a la ley, a la voluntad de las partes mediante un acuerdo colectivo, o en ciertos casos a la potestad del empleador, es esta la oportunidad para rectificar tal criterio y, en consecuencia, concluir, que esa situación sí puede ser objeto de regulación por parte del tribunal de arbitramento, siempre y cuando sean justificados, resistan un juicio de razonabilidad y proporcionalidad, y no afecten el normal desarrollo de las actividades de la empresa.

De este modo, en ninguna violación incurrieron los árbitros al imponer al empleador la obligación de conceder permisos o licencias a sus trabajadores en los eventos a que aluden las normas objetadas, en cuanto es el mismo ordenamiento jurídico existente el que prevé como obligación especial a los empleadores, el conceder permisos o licencias necesarias a los trabajadores, lo cual se traduce en un correlativo derecho para estos en disfrutarlas.

En efecto, las licencias por calamidad doméstica, ya se encuentran reguladas por el numeral 6º del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, como un derecho para el trabajador que la sufre y una obligación para el empleador de concederla. Si bien es cierto, que dicha normativa no concreta el número de días de licencia, no resulta violatorio que los arbitradores lo establecieran, atendiendo cada situación particular, con criterios de justicia y razonabilidad, como en efecto sucedió en este caso.

Así mismo, en torno a la remuneración, la Corte Constitucional en Sentencia C-930 de 2009, declaró la exequibilidad del numeral 6º del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, condicionado a que “siempre que se entienda que las licencias laborales en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, para desempeñar comisiones sindicales o para asistir al entierro de los compañeros, deben ser remuneradas y el trabajador no puede ser obligado a compensar el tiempo empleado en ellas”.

De otro lado, la Ley 1280 del 5 de enero de 2009, adicionó un nuevo numeral al artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, e impuso como obligación al empleador “Conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. La grave calamidad doméstica no incluye la licencia por luto que trata este numeral. Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido por la autoridad competente, dentro de los treinta (30) días siguientes a su ocurrencia”.

No se advierte, en el sub examine, en la formulación que consagra los referidos permisos, trasgresión alguna a los principios de razonabilidad y proporcionalidad al que se alude en la decisión trascrita razón por la cual el artículo 12 continuará sin modificación alguna.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

En razón a lo anterior, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. NO ANULAR los artículos 1º; 2º; 3º, 4º, 5º, 6º, 8º 9º, 10, 11 y 13; 7º y 12 contenidos en el numeral cuarto del laudo arbitral proferido el 15 de noviembre de 2011 (fls. 33-42, cdno. ppal.), por el tribunal de arbitramento convocado para dirimir el conflicto colectivo laboral planteado entre la empresa Bonem S. A. y la organización sindical denominada Sindicato Nacional de Trabajadores de la industria metal mecánica metálica, metalúrgica, siderúrgica, electromecánica, ferroviaria, comercializadoras, transportadoras, afines y similares del sector “Sintraime” - subdirectiva Medellín.

Cópiese, notifíquese y publíquese».