Sentencia 5458 de octubre 30 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

SECUESTRO EXTORSIVO

NO SE CALIFICA LA LICITUD DE LA UTILIDAD

EXTRACTOS: «Lo realmente fundamental en la apreciación del planteamiento del actor, es que la ilicitud de la utilidad o provecho a que se refiere como integrante del tipo de secuestro extorsivo, no la contempla la norma. Ella, en términos textuales, dispone que “El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo o con fines publicitarios de carácter político, incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años'''', mientras el secuestro simple, según la respectiva disposicón, lo realiza quien “.... con propósito distinto a los previstos en el artículo anterior (el de secuestro extorsivo), arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres (3) años''''.

Como se puede ver, no contemplan estas preceptivas referencia alguna a la ilicitud de la exigencia, bastando en el secuestro extorsivo el ánimo o propósito de obtener utilidad cualquiera en la privación de la libertad de una persona para su estructuración, mientras en el secuestro simple, por exclusión, un propósito distinto.

Así, pues, demostrado en el proceso que el secuestro de Castaño Correo obedeció al propósito de exigir de su progenitor el pago de una deuda, indiscutible resulta que se buscaba la obtención de una utilidad que indiferente en su existencia y legitimidad, hace que el hecho corresponda al supuesto previsto en el tipo de secuestro extorsivo en el que fue subsumido por el sentenciador.

Esto corresponde, por supuesto, a la lógica de un sistema fundado en la protección de bienes jurídicos previamente configurados. De acuerdo con ella, si a través del tipo de secuestro se pretende la tutela de la libertad, mal puede condicionarse ese objetivo a la presencia o ausencia de valoraciones que lo harían irrealizable, como se pretende en los planteamientos de la demanda. Una exigencia de que la utilidad propuesta con el secuestro sea ilícita, implicaría la autorización de que puede privarse de la libertad a una persona para demandar el cumplimiento de prestaciones lícitas, con lo cual el tipo estaría paradojalmente, prohibiendo y permitiendo la conducta en postura verdaderamente absurda».

(...)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

DELITO DE SECUESTRO

LA TORTURA COMO CIRCUNSTANCIA DE AGRAVACIÓN

EXTRACTOS: «En cuanto a la indebida aplicación de la circunstacia de mayor punibilidad contemplada en el artículo 270-2 del Código Penal, por haberse sometido a la víctima a tortura física y moral que plantea la demanda y prohija la delegada, encuentra la Corte cómo la tortura consagrada como tipo penal residual (art. 279 C.P.) ora como circunstancia específica de agravación punitiva (art. 270-2 ibídem), no la define el legislador, quedanto entonces a criterios razonables señalar cuándo se está en presencia de tal modalidad que afecta la autonomía de las personas.

La convención contra la tortura y otras tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes que a iniciativa de las Naciones Unidas se realizó, incorporada al derecho interno en la Ley 70/86, entiende por tortura: “todo acto por el cual se inflija interncionalmente dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales con el fin de ....intimidar o coaccionar a esa persona o a otras ... No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas''''.

De este concepto se desprende la clasificación conocida en física, cuando el sufrimiento inflingido es corporal, y moral o psíquica, cuando se produce el dolor internamente así sea para infundirle miedo o simplemente, de hacerle sentir una expiación más grave que el despojo de la libertad. Este tipo de tortura, no obstante tener muchas particularidades, casi siempre se consuma con la simple advertencia de un mal con probabilidad de ocurrencia, pues lo que cuenta es que la amenzada logre un estado de desazón interior que afecte la nomalidad psicológica de la víctima, como lo reconoce la mayoría de los doctrinantes.

Con base en la perspectiva anterior, si bien la Corte halla razonables los argumentos que se exhiben para descartar la tortura física, no los comparte respecto de la psíquica o moral, cuya demostración no admite duda, pues el secuestrado siempre se le advirtió que sería muerto si su padre no pagaba “lo debidó'', mal futuro con probabilidades de ocurrencia, dadas las circunstancias que mediaron en la ilícita aprehensión, y que su normalidad psicológica estaba afectada, no cabe duda dada la forma como pidió auxilio una vez logró liberarse de sus ataduras. Y no se diga, que amenaza de tal naturaleza es “elemento natural como suele cumplirse el secuestró'', pues lo abominable del delito es la sola pérdida de la libertad con fines innobles, no la amenaza latente de un mal mayor que genera miedo, desazón y angustia, más aún, cuando lo exigido no dependía del secuestrado satisfacerlo para evitar al menos la realización de la amenaza».

(Sentencia de octubre 30 de 1991. Radicación 5458. Magistrado Ponente: Dr. Dídimo Paéz Velandia.

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