Sentencia 5459 de junio 23 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

ESCRITURA PÚBLICA

CASOS EN QUE ES VÁLIDO OTORGAR ESCRITURA ACLARATORIA UNILATERAL

EXTRACTOS: «1. Suelen las personas expresar su voluntad de contratar y, por ende, de adquirir derechos y contraer obligaciones, de manera verbal o por escrito, según a bien lo tengan, cuando no es menester, por supuesto, que el correspondiente negocio, para que produzca efectos en el mundo jurídico, cumpla con una determinada formalidad que, mutatis mutandis, se traduce en su partida de nacimiento, sin que ello implique, como sistemáticamente lo ha reafirmado la Corte, que no se exija el consentimiento, habida cuenta que este se requiere, indefectiblemente, en todos y cada uno de los contratos, ora consensuales, reales o solemnes. Es lo que ocurre con la venta de bienes inmuebles que, por expreso mandato legal, sólo se reputa perfecta cuando se ha otorgado escritura pública (C.C., art. 1857), documento que, expresamente, definió el legislador como “el instrumento que contiene declaraciones en actos jurídicos, emitidas ante el notario, con los requisitos previstos en la ley y que se incorpora al protocolo” (D. 960/70, art. 13).

La escritura pública, entonces, en los casos en que por mandato legal o convencional se erige en requisito ad substantiam actus (negocio jurídico de forma específica), incorpora en su “ser” —o continente— la voluntad misma de sus otorgantes —de la que en tal virtud debe ser su fiel reflejo—, recogida de la manera que es necesaria para el otorgamiento cabal del documento como tal y, por esa vía, para el advenimiento al mundo jurídico del negocio pretendido por aquellos, pues se sabe que con dicho propósito ese instrumento reclama el apercibimiento de las declaraciones de los comparecientes (recepción); su reducción a un escrito (extensión); la aprobación expresa por parte de estos de la minuta que plasma sus manifestaciones (otorgamiento) y, finalmente, la certificación del notario dando fe del cumplimiento de estas exigencias y de que las declaraciones fueron ciertamente emitidas (autorización) (D. 960/70, art. 14).

Importa destacar que la recepción y extensión de la escritura presuponen la comparecencia de los interesados ante el notario, quien además de identificarlos debe precisar, si fuere el caso, si lo hacen en nombre propio o en representación de alguna persona natural o jurídica, evento en el cual “el representante dirá la clase de representación que ejerce y presentará para su protocolización los documentos que la acrediten”, datos que se consignarán en el instrumento de manera que se individualicen por su nombre, o razón social, “las personas naturales representadas como si comparecieran directamente, o de las personas jurídicas tal como corresponda según la ley o los estatutos, indicando su domicilio y naturaleza” (arts. 25 y 28 D. 960/70, modificado este por el art. 36 D. 2163/70), formalidades que resultan axiales en la determinación del contenido de las declaraciones, puesto que estas deben extenderse “de manera que se acomoden lo más exactamente posible a sus propósitos y a la esencia y naturaleza del acto o contrato que se celebra y contendrán explícitamente las estipulaciones relativas a los derechos constituidos, modificados o extinguidos, y al alcance de ellos y de las obligaciones que los otorgantes asuman” (art. 30 ib.), lo que viene a ser determinante para que los otorgantes puedan aprobar con su firma el contenido, previa lectura del mismo (art. 35 ib.) y para que el depositario de la fe pública pueda, cumplidas las exigencias fiscales —y las demás que resulten pertinentes—, impartirle autorización.

Como se aprecia, entonces, cuando un acto de disposición se instrumenta mediante escritura pública, en ella quedan consignadas y disciplinadas las obligaciones que nacen en virtud de aquel y, en ese sentido, quiénes son los sujetos de las mismas y cuál el objeto de cada una de ellas. Dicho de otra manera, como la escritura pública hace fe de su otorgamiento, es decir, que las partes en realidad asintieron expresamente en torno al contenido del documento (CPC, art. 264), ella refleja inequívocamente frente a sus otorgantes y, claro está, de cara a terceros —que pueden atenerse a su texto o también controvertirlo—, cuál de los comparecientes tiene qué calidad dentro de la operación jurídica celebrada y, por tanto, en qué términos quedó cada uno de ellos vinculado. Lo propio debe señalarse, en atención a la correlatividad negocial, frente a la titularidad de los derechos que, de su perfeccionamiento, emergen.

2. Ahora bien, cuando la escritura ha sido autorizada por el notario, las correcciones que quieran hacer los otorgantes deberán “consignarse en instrumentos separados con todas las formalidades necesarias y por todas las personas que intervinieron en el instrumento corregido” (D. 960/70, art. 102), resaltando la Corte que para el advenimiento a la vida jurídica de este nuevo documento público —ya no del negocio jurídico que nació por virtud del que se pretende enmendar—, es necesario que concurran todos aquellos que comparecieron en la primera oportunidad, con mayor razón si de contratos o convenciones se trata, pues formadas estas por el acuerdo de voluntades, esto es, ex voluntate, es preciso concitarlas nuevamente para que asientan en el nuevo texto. Lo que ha sido otorgado por varios, no puede ser modificado por uno solo de ellos, pues de lo contrario se violaría la potísima regla según la cual, “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales” (C.C., art. 1602).

Otra hipótesis es la de aquellos errores puramente aritméticos o de transcripción alrededor de los elementos que identifican o describen los bienes objeto del acto, o de los nombres o apellidos de alguno de los otorgantes, cuando tales yerros aparecen a simple vista de la confrontación con los comprobantes que se acompañaron o con los documentos de identificación de los cuales se dejó testimonio en el instrumento, casos en los que se le permite al actual titular, otorgar una escritura aclaratoria, según lo establece el artículo 103 del Decreto 960 de 1970, reglamentado por el artículo 49 del Decreto 2148 de 1983, normas que a su tenor rezan así: “Si se cometiere error en la nomenclatura, denominación o descripción de un inmueble o en la cita de su cédula o registro catastral, podrá corregirse mediante el otorgamiento de escritura aclaratoria suscrita por el actual titular del derecho, si de los comprobantes allegados a la escritura en que se cometió el error y de los títulos antecedentes apareciere él de manifiesto. De igual modo se procederá si el error se cometiere en relación con los nombres o apellidos de alguno de los otorgantes, considerando los documentos de identificación anotados en el mismo instrumento”, precisando la disposición reglamentaria que aquel deberá presentar “los documentos con los cuales acredite tal calidad”.

De estas disposiciones fluye con meridiana claridad, que los únicos errores susceptibles de ser enmendados de la manera señalada, es decir, en virtud de un acto unilateral, son aquellos que califican como lapsus calami o errores de pluma, los cuales, como se deduce, no tienen ninguna incidencia en los requisitos esenciales del negocio jurídico, de manera particular en la determinación de los sujetos que intervinieron en él o de la cosa de que se dispuso. No otra puede ser la inteligencia de tales disposiciones, pues si se permitiera una interpretación diferente que tradujera la posibilidad de que uno solo de los contratantes, a su arbitrio, pudiera alterar las cláusulas de la convención, concretamente las que atañen nada menos que a la titularidad y extensión de los derechos nacidos del acuerdo negocial, se quebrarían los más elementales principios atinentes a la formación y a la modificación volitiva de los precitados negocios, en claro desmedro de la autonomía privada, rectamente entendida y, por ende, de la fuerza vinculante dimanante del contrato (axioma de la fidelidad contractual), materia de ulterior alteración unipersonal.

Cuán fácil, entonces, sería burlar su eficacia si el ordenamiento autorizara —o tolerara— su modificación mediante la volición señera de una de sus partes, a contrapelo de lo acaecido para su gestación, a la par que contrariando la célebre y proverbial máxima con sujeción a la cual “las cosas se deshacen —o modifican— como se hacen”, la que en la esfera negocial se identifica, en lo pertinente, con aquella que impera que “las obligaciones de nudo consentimiento se disuelven por una voluntad contraria”, regla otrora prohijada por Ulpiano (Nudi consensus obligatio, contrario consensu dissolvuntur).

Sobre este particular ya se ha pronunciado la Corte en jurisprudencia que ahora debe reiterarse:

“…las escrituras de aclaración simplemente tienen una finalidad explicativa. Limítanse, en efecto, a elucidar los errores en que pudieron haber incurrido quienes intervinieron en su extensión. Y no más errores que los expresamente mencionados en la citada legislación. En este orden de ideas, no cabe utilizarlas para distorsionar, alterar, modificar ni suplantar los actos que se pretenden con ellas corregir. El acto o contrato corregido sigue siendo sustancialmente el mismo; o, lo que es igual, el acto aclaratorio no podría ir jamás contra la voluntad que inspira al corregido o aclarado, pues en tal caso será forzoso cancelar la anterior y extender una nueva” (se resalta. Sent. feb. 13/91).

De manera pues que el otorgamiento de una escritura aclaratoria de otra, por el actual titular del derecho, fundamentalmente reclama como requisitos indispensables, los siguientes: a) Debe tratarse de un error de caligrafía o transcripción en la nomenclatura, la denominación o descripción del inmueble, la cita de su cédula catastral, o en el nombre o apellidos de los otorgantes; b) El yerro debe ser manifiesto, considerando los comprobantes o documentos de identificación que se allegaron al momento de otorgar la escritura que se pretende corregir y de los cuales quedó constancia en ella. Si para la corrección es necesario acudir a los títulos antecedentes, de ellos debió quedar constancia en el instrumento (D. 960/70, art. 32) o responder a una cadena jurídica de títulos, entendiendo como tales los que por cumplir los requisitos señalados en la ley, sean suficientes para adquirir el derecho; c) Quien pretenda hacer la aclaración, debe acreditar previamente que es el titular de aquel; d) Finalmente, la aclaración así efectuada, en ningún caso debe alterar el alcance y contenido medular de las estipulaciones contractuales.

3. Bajo este preciso entendimiento, se impone concluir que el Tribunal interpretó de manera errada las disposiciones aludidas, al amparo de las cuales no se permite que uno solo de quienes intervinieron en el otorgamiento de una escritura pública —y menos aún un tercero—, modifique la calidad bajo la cual participó en el negocio jurídico antecedente, pues ello traduce la modificación unilateral o unipersonal del acto sustancial, proscrita por el ordenamiento jurídico en las descritas circunstancias».

(Sentencia de casación, junio 23 de 2000. Expediente 5459. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo).

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