Sentencia 5464 de junio 23 de 2000

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo

Ref.: Expediente 5464

Santa Fe de Bogotá, D.C., veintitrés de junio de dos mil

Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por Marlene Yolanda Moreno Gutiérrez, contra la sentencia proferida el 21 de febrero de 1995 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en el proceso ordinario promovido por la recurrente contra el Banco Ganadero y Armando Maestre Pavajeau.

I. Antecedentes

1. Pretendió la demandante una declaración de responsabilidad civil extracontractual contra los demandados, a quienes reprocha de temerarios e incautos “al formular denuncia criminal contra ella, conducta con la cual infirieron serios perjuicios morales y económicos”, que concreta en el valor de un inmueble que tuvo que vender para atender los gastos de la defensa, los frutos que de éste dejó de percibir, los salarios y prestaciones dejados de devengar como Secretaría que era del Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar, cargo al que tuvo que renunciar por la queja penal que en su contra se elevara, condenas que solicitó hacer incluyendo la corrección monetaria y los intereses civiles (fl. 114, cdno. 1).

En forma subsidiaria, la demandante elevó pretensiones idénticas a las principales, con la sola diferencia de una petición indemnizatoria de naturaleza consecuencial, relacionada con los honorarios que tuvo que pagarle al abogado que asumió su defensa.

2. Los hechos que le sirvieron de estribo a los señalados pedimentos, se sintetizan así:

A. Ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar, donde la demandante se desempeñaba como Secretaria, el Banco Ganadero de esa sucursal promovió proceso ejecutivo contra Ana Castro de Ruiz y Edgar Ruiz Castro, para obtener la cancelación de los pagarés Nº 901414 y 901198, por $819.000 y $1.800.000, librándose mandamiento ejecutivo el 23 de septiembre de 1978.

B. Como la orden de pago no pudo ser notificada en forma personal y directa a los demandados, se procedió a su emplazamiento, decretado con sujeción a las formalidades establecidas por el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil. Fue así que, según obra en el expediente respectivo, “el edicto original se fijó en la Secretaría del Juzgado el día ocho (8) de febrero de mil novecientos setenta y nueve (1979), por consiguiente, debió desfijarse, el día ocho (8) de marzo del mismo año” (fl. 107, cdno. 1), fecha para la cual la señora Moreno no ejercía las funciones de su cargo, por licencia de maternidad que disfrutó entre el 1o. de marzo y el 25 de abril de dicha anualidad, conforme a la certificación No. 3001 expedida por la Caja Nacional de Previsión, tiempo en el que se desempeñó como Secretaria la señora Edys Calderón Araujo.

C. Consultada la sentencia que ordenó llevar adelante la ejecución, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar decretó la nulidad de todo lo actuado a partir del emplazamiento a los demandados, en virtud de que en el expediente no se encontró “el edicto emplazatorio original” (fl. 107, cdno. 1), no obstante que de él se realizó, en forma extemporánea, publicación en el diario El Espectador, en las ediciones correspondientes a los días 3, 10 y 20 de abril de 1979.

D. El demandado Armando Maestre Pavajeau, “en su condición de Gerente Regional de El Banco Ganadero” (fl. 197, cdno. 1), otorgó poder a un profesional del derecho para que denunciara penalmente a los responsables del delito de falsedad documental por la sustracción del edicto emplazatorio mencionado, denuncia en la que se manifestó que las publicaciones de prensa y de radio fueron realizadas “en la forma exigida por la ley” (fl. 108 ib.), hecho que no fue cierto, dada su extemporaneidad. También se adujo que la señora Marlene Yolanda Moreno Gutiérrez, “había sustraído dolosamente el edicto que se echaba de menos, y que lo había hecho por intereses personales, ya que mantenía relaciones íntimas con el señor Guillermo Ruiz Castro” (apoderado de los demandados) y que, aun cuando se declaró impedida, tal declaración se produjo cuando “el expediente se encontraba en estado desventajoso para el banco” (fl. 108, ib.), hecho contrario a la realidad, pues, al decir de la demandante, ese impedimento se manifestó una vez el aludido profesional asumió la representación judicial de la parte demandada, por lo que se nombró como secretaria ad hoc a otra empleada del Juzgado, doña María Zuleta Mieles (fl. 109, ib.).

E. Como consecuencia de su vinculación al proceso penal, la señora Moreno enajenó el inmueble de su propiedad ubicado en la calle 14 No. 18-97 de Valledupar, por un valor de $905.914, en uno de cuyos apartamentos vivía, mientras que de otros tres que lo conformaban, percibía ingresos por arrendamiento.

Con el producto de la venta, le canceló a su abogado honorarios profesionales por la suma de $600.000., destinando la diferencia de $305. 914., al pago del gravamen que recaía sobre el predio a favor del Banco Central Hipotecario.

F. En el proceso penal que por falsedad se siguió contra los demandados en el referido proceso ejecutivo y la señora Marlene Yolanda Moreno Gutiérrez, el Juzgado Primero Superior de Valledupar, el 14 de agosto de 1991, ordenó la cesación del procedimiento.

3. Una vez que la demanda fue admitida, se dio traslado de ella a los demandados, quienes la contestaron con oposición a las pretensiones, manifestando que cumplieron con el deber de denunciar la pérdida de una pieza procesal en el proceso ejecutivo de marras. Propusieron como excepciones de mérito las que denominaron “Falta de causa” y “Simulación de los perjuicios”, y agregaron que, en cuanto se refiere al señor Armando Maestre Pavajeau, de ninguna manera pudo ser legítimamente demandado, ya que al denunciar penalmente el hecho que originó el proceso penal, lo hizo como gerente y representante legal del Banco Ganadero.

4. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar, a quien le correspondió el conocimiento del asunto, le puso fin a la primera instancia mediante sentencia dictada el 11 de noviembre de 1994 (fls. 233 a 246, cdno. 1), en la cual desestimó las pretensiones de la parte actora, tanto las principales como las subsidiarias, y, por ello, la condenó en costas.

5. Apelado el fallo de primer grado por la parte demandante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar - Sala Civil -, desató la apelación mediante sentencia proferida el 21 de febrero de 1995 (fls. 27 a 35, cdno. . Tribunal), confirmatoria de la decisión del a quo, providencia contra la cual aquella interpuso el recurso extraordinario de casación, que la Corte se ocupa de resolver.

II. La sentencia del tribunal

Tras recordar que la responsabilidad civil derivada del abuso del derecho a formular denuncia penal ante las autoridades competentes, tiene como fundamento el artículo 2341 del Código Civil, expresó el sentenciador que, en el caso de autos, “hubo una irregularidad procesal manifiesta” en el proceso de ejecución adelantado por el Banco Ganadero contra Ana Beatriz Castro de Ruiz y Edgardo Ruiz Castro, “que pudo haber sido el fruto de la sustracción de un documento clave para el entrabamiento de la relación jurídico procesal”. Por tanto, como la señora Moreno era la Secretaria del Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar - a cuyo cargo estuvo la custodia y manejo de los expedientes -, y ella tenía una “relación profesional con uno de los litigantes”, éstos hechos, “si no son indicios por lo menos tienen un indudable peso para hacerla aparecer como sospechosa del posible acto doloso”, por lo que, a juicio del Tribunal “con buen criterio el instructor la vinculó al proceso penal, del cual a la hora de nona salió con fortuna” (fls. 32 y 33, cdno. 4).

De esta suerte, agregó el ad quem, el Banco Ganadero sí tuvo interés en denunciar el hecho criminoso, no solo porque “perdió una apreciable suma de dinero”, sino también porque tales circunstancias “por lo menos son constitutivas de sospechas”, motivo por el cual su “conducta procesal… tenía como fin acreditar la falsedad para defender sus intereses económicos” (fl. 33 ib.) y si en el curso de la investigación penal se vinculó a la señora Moreno Gutiérrez, ello obedeció a la dinámica que le es propia a aquella, hecho del que no se puede deducir que la conducta del establecimiento bancario fue “irresponsable o dolosa”, máxime si se tiene en cuenta que “según la doctrina jurisprudencial las simples sospechas pueden denunciarse sin que por ello le pueda acarrear responsabilidad civil al denunciante” (fl. 34, ib.).

Adicionalmente, señaló el sentenciador de segundo grado que la aquí demandante fue vinculada a ese proceso penal en la diligencia de indagatoria, lo que significó que el juez competente “por lo menos la consideró como posible autora del delito”, hecho indicativo de que la denuncia no constituyó “un acto irresponsable y mucho menos de mala fe por parte de la entidad bancaria”, así se haya dictado a favor de la aquí demandante, con posterioridad, cesación de procedimiento (fl. 34 ib.).

Siendo ello así, concluyó el Tribunal que “la conducta del banco, así como la de su representante legal, no es temeraria ni torcida, por cuya razón no se puede derivar en su contra responsabilidad civil extracontractual alguna” (fl. 34 ib.).

III. La demanda de casación

Un solo cargo formuló la recurrente contra la sentencia, acusándola de ser violatoria, de manera indirecta y por aplicación indebida, de los artículos 83, 95 y 230 de la Constitución Política, 830 del Código de Comercio, 8 y 48 de la Ley 153 de 1887, 63, 1494, 1612, 1614, 1615, 1616, 2341, 2343, 2358 y 2536 del Código Civil, por haber incurrido el Tribunal en errores de hecho en la apreciación probatoria.

Adujo la recurrente para sustentar la acusación, que pese a que el Banco Ganadero y Armando Maestre Pavajeau “presentaron una denuncia temeraria, de mala fe, contentiva de mentiras dolosamente afirmadas, en contra de la demandante”, todas ellas se desvirtuaron en el proceso penal, en el que se ordenó cesar el procedimiento en favor de la señora Moreno (fl. 14, cdno. 5). De ahí que, a juicio del casacionista, el Tribunal haya incurrido en los siguientes errores de hecho:

A. En primer lugar, se estimó en la sentencia del a quo, “prohijada íntegramente por la sentencia de segunda instancia”, que la denuncia fue formulada contra “responsables”, “narrando unos hechos” de los que se dedujeron indicios graves de responsabilidad de Marlene Yolanda Moreno en la comisión del delito denunciado, aserciones que no correspondían a la realidad, pues, si desde el punto de vista formal aquella se dirigió contra tales, su contenido lo es “contra persona determinada”, es decir, contra la aquí demandante, lo cual “se ignora, se desconoce” por el sentenciador, “como si no existiera”, lo que constituye “un caso ostensible de exclusión de la prueba, violatoria de la legalidad de la misma” (fls. 17 y 18, cdno. 5).

Adicionalmente, el fallador ignoró que los hechos narrados en la queja criminal eran “falsos”, pues se sostuvo que la sindicada en el proceso penal se desempeñó como Secretaria del Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar durante “todo el tiempo” que duró la tramitación del proceso ejecutivo en el cual se sustrajo el edicto emplazatorio de los demandados; que ella estaba laborando para la época en que debió desfijarse el edicto; que no se declaró impedida oportunamente; que la única causa de la lesión de los intereses del Banco fue la sustracción de dicho documento y, por último, que la entidad cumplió con los requisitos para notificar de esa manera a los ejecutados, todo lo cual, no es cierto (fls. 18 y 19 cdno. 5).

Se negó entonces el Tribunal a admitir que esa denuncia, así formulada, fue suficiente para abrir investigación penal contra la demandante.

B. En segundo lugar, señaló la recurrente que de haberse tenido en cuenta las declaraciones de Euberibe Manuel David Rodríguez y de Habib Molina, así como la inspección judicial practicada al expediente del citado proceso ejecutivo, se habría “concluido que la denuncia fue mentirosa cuando afirmó que del expediente se sustrajo el edicto y que contra Marlene Moreno de Vence obraba prueba indiciaria de ser la responsable de la sustracción ilícita” (fl. 20, cdno. 5), toda vez que según este último medio de prueba, en el plenario “no existe constancia alguna donde se indique el día en que se desfijó el edicto emplazatorio”, lo que descartó que ese documento “alguna vez hubiera estado en el expediente”, hecho corroborado por los mencionados testigos (fls. 19 y 20 ib.).

C. En tercer lugar, ignoró el Tribunal que la señora Marlene Moreno disfrutó de licencia por maternidad por 56 días, del 1o. de marzo al 25 de abril de 1979, conforme al certificado expedido por la Caja Nacional de Previsión, época ésta en la cual debió desfijarse el edicto emplazatorio, que se fijó, según la constancia secretarial, el “8 de febrero” de dicha anualidad. Tales pruebas, a juicio del censor, fueron preteridas por el ad quem, que de haberlas observado lo habrían llevado a la conclusión de que “la denuncia sí fue mentirosa cuando afirmó que Marlene Moreno de Vence siempre estuvo de secretaria todo el tiempo en que se tramitó el proceso, y durante la tramitación del emplazamiento por edicto” (fl. 21 ib.).

D. En cuarto lugar, aseveró la recurrente, también omitió el Tribunal que conforme a lo declarado por el apoderado judicial del Banco Ganadero en el mencionado proceso ejecutivo, éste no culminó antes por la suspensión del trámite del proceso, ocasionada por solicitud de la entidad bancaria, como se aprecia a folios 73 y 86 del cuaderno principal, lo que demostraba que si finalmente operó la prescripción de los títulos-valores cuyo cobro judicial se pretendió, ello “no ocurrió por causa de no haber anexado un edicto al expediente ni por su hipotética sustracción sino y fundamentalmente por voluntad del Banco Ganadero que ordenó a su abogado dilatar indefinidamente el trámite del proceso”, hecho respecto del cual “se guarda silencio” en la denuncia que formuló el banco mencionado (fl. 22, cdno. 5).

E. En quinto lugar, el sentenciador no tuvo en cuenta la certificación expedida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar, en la cual consta que “la primera actuación del abogado Guillermo Ruiz Castro se produjo el día 21 de junio de 1982”, y que “en julio cinco (5) de mil novecientos ochenta y dos” la señora Marlene Moreno “manifiesta que se declara impedida para conocer dicho proceso alegando que el doctor Guillermo Ruiz Castro la representa dentro de un proceso...”, prueba que acreditaba “que el impedimento fue rápido y oportuno" (fl. 23, cdno. 5).

De haberse apreciado ese medio de prueba, se habría admitido que la denuncia fue mentirosa, pues en ella se sostuvo que sorprendía que el impedimento sólo se manifestó cuando el proceso se encontraba en condiciones precarias.

F. En sexto lugar, la sentencia ignoró que no era verdad que las publicaciones del edicto en prensa y radio se hicieron de conformidad con la ley, pues, antes bien, lo fueron extemporáneamente. Con esta mentira, se adujo, los denunciantes “magnificaron falsamente la trascendencia” de la ausencia del edicto emplazatorio de los demandados en el proceso de ejecución mencionado. Por tanto, de haberse tenido en cuenta esta prueba, se “hubiera aceptado la mala fe de los denunciantes” (fl. 25, cdno. 5).

De otro lado, haciendo ahora énfasis la recurrente en las pruebas de la relación de causalidad, alegó que el sentenciador les negó el alcance que tenía o les dio un valor diferente, a las declaraciones de José Amiro Aramendiz, Rigoberto Segundo Vasquez Daza, Tobías Manuel Daza Pérez y María Zuleta (fls. 3, 5, 6, 7 y 10, cuaderno de pruebas de la parte demandante), que objetivamente permitían demostrar que la demandante “fue obligada a renunciar” a su cargo de Secretaria del Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar, aunque formalmente aparece como “voluntaria”, pues, según lo manifestaron aquellos, ese acto obedeció al escándalo que se hizo, a la denuncia penal por el delito de falsedad y a la intervención de algunos Magistrados del Tribunal para el efecto (fls. 26 a 29, cdno. 5).

Como consecuencia de los errores de hecho en la apreciación probatoria anteriormente mencionados, según lo afirmado por la censura, se produjo entonces la falta de aplicación de las normas sustanciales denunciadas al formular la acusación, razón ésta por la cual solicitó “que se case el fallo recurrido” y se dicte otro para sustituirlo, en el cual se condene a los demandados a pagar los perjuicios ocasionados a la parte actora, cuya cuantía “fue debidamente probada según consta a folios 44 a 54” del cuaderno de pruebas de la parte demandante (fls. 30 a 33, cdno. 5).

IV. Consideraciones

1 ya hace un buen número de lustros, incluso mucho antes de que expresamente lo hiciera la ley colombiana (C. de Co., art. 830), la jurisprudencia y la doctrina patrias, apoyadas en sólida literatura jurídica internacional, a la par que en autorizada hermenéutica de diferentes pasajes del Derechgo Romano clásico (malenim nostro jure uti non debemus), admitieron que los derechos subjetivos —aún los más sagrados—, no son de carácter absoluto sino relativo, de suerte que su ejercicio está limitado, mejor aún condicionado —entre varios factores— por el entorno o contexto social. No en vano, todo individuo, por el sólo hecho de vivir en sociedad, tiene derechos, pero también deberes que observar, aún de cara al uso de aquellos, lo que excluye, in radice, la arbitrariedad, su empleo abusivo, por lo menos en un plano ideal. De ahí que no resulte jurídicamente admisible que su titular, so capa de su ejercicio o de su condición de tal, abuse de ellos y, de esa manera, conculque los derechos ajenos, lo cuales, en sí mismos considerados, les imponen a aquellos —los titulares de los derechos subjetivos—, limitaciones harto justificadas, que de franquearse colocan al infractor en situación de indemnizar los perjuicios que llegue a ocasionar (débito de responsabilidad).

En las páginas de la historia, como vívido testimonio de una etapa superada, ha quedado tatuado el concepto meramente individualista del ejercicio de los derechos, hoy cobijados por un criterio más acorde con las exigencias del tráfico societario, muy ajenas a ese empleo —en veces— desafiante de marras, fundado privativamente en consideraciones más egoístas, propias de la interiorización de los derechos, sin contextualizarlos con los radicados en cabeza de los demás (colectividad), no por ajenos condengados a la degradación o el atropello, pues in abstracto, están situados en pie de igualdad (simetría jerárquica).

Todo derecho, aún los modernamente llamados fundamentales, ontológicamente tiene una razón de ser, motivo por el cual quien abusa de ellos —y causa un daño—, indefectiblemente compromete su responsabilidad, lo que resulta más categórico en la hora de ahora, como quiera que el ordenamiento constitucional vigente - para terminar de erosionar la concepción decimonónica exclusivamente individualista -, sublimó la solidaridad y la prevalencia del interés general como valores fundantes del Estado social de derecho (art. 1º), estableciendo, como consecuencia obligada, que es deber de toda persona respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios (num. 1 inc. 3 art. 95).

Por supuesto que la regla general es que egl correcto, mesurado y diligente uso de un derecho, así genere consecuencialmente un daño, no engendra responsabilidad, como ya se predicaba en el milenario Derecho Romano (Nullus videtur dolo facere qui iure suo utitur). Pero su desviación o distorsión, sea porque se ejerce con la fría intención de causar daño, o porque no existe un interés actual y propio, o porque se desarrolla con evidente imprudencia o negligencia, entre otros criterios más que la doctrina profusamente ha prohijado para justificar, en su opinión, la noción del abuso del derecho —tópico que, en esta ocasión, por no ser objeto de debate, no es materia de examen por parte de la Corte—, supone necesariamente un reproche de la ley, a la vez que de los operadores jurídicos, sin que al reprochado le sirva de rodela la simple, a fuer de anodina argumentación de ser titular de un derecho subjetivo, cuya pertenencia al individuo no se niega o desconoce, como tampoco la libertad racional de ejercicio que le es propia —incluido el modo de hacerlo—, pues lo que provoca la censura, ora legal o judicial, es su deformación o desbordamiento, que viene a infirmar el derecho mismo, reconocido a la persona no solo como individualidad, sino también en su perspectiva social, como se acotó. 

Sobre el tema en comento, señaló la Corte en reciente pronunciamiento que resume la posición actual de la jurisprudencia, coincidente desde hace numerosas décadas en el análisis de la materia (p. ej.: G. J. t. XLIII, págs. 310 y ss G. J. t. XLVI, págs 793 y ss G. J t. LVII, pág. 74, entre otras) que, “Gracias a encomiables esfuerzos impulsados por necesidades de la vida práctica que se hicieron sentir en el mundo occidental a partir de la segunda mitad del siglo pasado y debido, así mismo, a una saludable tendencia ideológica de humanización del derecho privado en todas sus manifestaciones que por la misma época tuvo expresivos desarrollos en la jurisprudencia francesa, hoy en día se tiene por sabido que, por obra de la llamada teoría del ‘abuso del derecho’, a propósito del ejercicio de cualquier facultad encajada en una situación jurídica individual activa y de contenido patrimonial, preciso es de distinguir entre el ‘uso’ y el ‘abuso’ en dicho ejercicio, puesto que aún cuando ‘…procede a afirmar con fuerza los derechos subjetivos porque de su reconocimiento depende la dignidad de la existencia humana, vivida en la plenitud de su dimensión personal (…) no es posible dejar que los derechos subjetivos se desentiendan de la justicia o se desvíen del fin para el cual han sido consagrados, y se utilicen en cambio como armas de agresión para so juzgar y explotar a los demás. De ahí que el titular de los derechos, no debe salirse de madre; no se la debe considerar como un fin absoluto al que sea menester sacrificar incluso al hombre mismo (…) Si es legítimo el ejercicio de los derechos, no puede tolerarse su abuso…’ (Jorge Joaquín Llambias. Tratado, Tomo II, Cap. X, num. 1265, bis)” (G. J. CCXXXI, segundo semestre 1994. Vol. I. pág. 744).

2. No obstante este entendimiento, al mismo no le puede seguir como apodíctica consecuencia, que al ejercicio legítimo de un derecho, o al cumplimiento de un deber legal, puede hacérsele juicio de reproche por la sola circunstancia de que aquel, ulteriormente, resulte frustráneo —aún bajo el prisma finalístico—, o porque este —el deber— no genere las consecuencias jurídicas que justifican su razón de ser, menos aún si, hoy por hoy, gracias a su elocuente elevación —jerárquica— a canon constitucional, es necesario presumir la buena fe en las actuaciones de los particulares ante las autoridades públicas (C.N. art. 83).

De ahí que si dar la noticia de hechos supuesta o virtualmente delictuosos constituye para los habitantes del territorio nacional un insoslayable deber legal (art. 25 CPP), manifestación concreta, en este caso, del de colaborar con la administración de justicia (num. 7 inc. 3 art. 95 C.N.) y, por ende, de asumir un comportamiento cívico, acorde con la teleología que inspira la ciencia punitiva, de su cabal atención, per se, no puede predicarse un abuso del derecho, a menos que con el pretexto de ejercerlo se formule temeraria o torcidamente una queja - o denuncia - criminal, motivo por el cual la Corte ha señalado que poner en conocimiento de la autoridad competente un hecho presuntamente delictuoso, “no es de por sí un acto que comprometa la responsabilidad civil del denunciante” (G. J. CXXXII, pág. 178), doctrina reiterada por la Sala en sentencia de 13 de octubre de 1988, en la cual expresó que, en principio, la formulación de una denuncia por hechos presuntamente delictuosos, traduce el cumplimiento de un deber “público y social, universal y legislativamente aceptado, de noticiar al Estado de tales hechos para que promueva, desarrolle y concluya la investigación y proceso penal correspondiente, para establecerlos e imponer a los responsables las sanciones pertinentes (con la reparación de los perjuicios del caso), razón por la cual su ejercicio se considera responsable y lícito, y no deja de serlo por la abstención de la apertura o conclusión del proceso por el sobreseimiento o absolución de la persona denunciada, quien, por consiguiente, carece de derecho a reclamar resarcimiento de los perjuicios sufridos”, a menos, claro está, que la persona vinculada en forma arbitraria e injusta a un proceso penal como consecuencia de una noticia criminal o de una denuncia temeraria, demuestre “plenamente los elementos de la responsabilidad civil del acto o actos abusivos imputables al denunciante, los daños ocasionados al denunciado y la relación de causalidad directa entre ellos, so pena, en caso contrario, de quedar el denunciante, como arriba se dijo, amparado por la ley y exonerado de toda responsabilidad civil.” (se resalta. G. J. T. CXCII, segundo semestre 1988, p.p. 206 y 207).

Si esta doctrina cobija a todos aquellos casos en que una persona cumple con el deber de informar a las autoridades sobre la posible comisión de un hecho punible, con independencia de si fue agraviada con la conducta denunciada, con mayor razón debe abrigar a quien tiene, además, un interés particular, concurrente con el general que le habilita para dar la noticia criminal, pues al plausible propósito de colaboración con la justicia y, por contera, con la sociedad misma, se le apareja el justificado derecho de perseguir que se establezcan responsabilidades penales concretas e individuales a las que le sigan, si fuere el caso, las condignas sanciones económicas que resarzan el perjuicio a él irrogado.

3. Con respaldo en estas sucintas reflexiones, cumple resaltar ahora, en sede de casación, que, dada la presunción de legalidad y acierto que se predica de las sentencias judiciales, si el recurrente opta por atacar el fallo del Tribunal, e invoca para el efecto la violación indirecta de normas de derecho sustancial por supuestos errores de hecho en la apreciación probatoria, tiene sobre sí la específica carga procesal de demostrar, no sólo la existencia del vicio de la actividad valorativa del juzgador a que se ha hecho mención (error in iudicando), esto es, que tuvo como demostrado un hecho con fundamento en una prueba que no existe, o porque existiendo se alteró su contenido asignándole un alcance que no tiene (suposición), o que omitió tener como acreditado un hecho, no obstante que en el proceso obra la prueba de él (preterición), sino también la evidencia y la trascendencia del yerro, es decir, que la conclusión sobre la cuestión fáctica es manifiestamente contraria a la realidad que exponen las pruebas recaudadas —defecto que, además, debe aflorar de una simple labor de contraste, sin necesidad de mayores esfuerzos racionales o intelectuales—, amén de guardar relación directa de causalidad con la sentencia que se combate, al punto que, de no haber incurrido en ellos, la decisión habría sido diametralmente opuesta.

De allí que para el éxito de la acusación no es suficiente arribar a “conclusiones empíricas distintas de aquéllas a que llegó el Tribunal, pues la mera divergencia conceptual no demuestra por sí sola error de hecho”, por lo que “la demostración del cargo ha de conducir al convencimiento de la contraevidencia, inconcebible cuando el resultado que se censura es producto de una labor de sopesar distintas posibilidades que termina con la escogencia de la más probable, sin que ninguna de ellas esté plenamente contradicha por otras pruebas del proceso, según el prudente arbitrio del juzgador a quien la ley requiere para que analice con objetividad los hechos traídos al plenario y dé cuenta de la manera como formó su concepto” (G. J. CXXIV, pág. 95), criterio éste reiterado en sentencias de fechas 2 y 18 de junio de 1998 (G. J. CCLII. Primer semestre 1998. Vol. II. Págs. 1551, 1552 y 1718).

A lo anterior se agrega que el recurso de casación, en puridad, no constituye una instancia más para la discusión del derecho y la valoración de las pruebas, debiendo respetarse la discreta autonomía de que gozan los falladores de primer y segundo grado para formarse su convencimiento, por manera que únicamente cuando se incurre en errores del linaje mencionado, o en yerros de derecho, puede la Corte rasgar la presunción de legalidad de la sentencia.

4. Puestas así las cosas, se aprecia que el único cargo formulado contra la sentencia no está llamado a prosperar, pues el Tribunal no incurrió en los errores que se le atribuyen, como pasa a explicarse:

A. En efecto, para el sentenciador de segundo grado, en lo fundamental, “hubo una irregularidad procesal manifiesta … que pudo haber sido el fruto de la sustracción de un documento clave para el entrabamiento de la relación jurídico procesal” (fl. 32 cdno. 4), lo cual afectó los intereses patrimoniales del Banco “puesto que perdió una apreciable suma de dinero”, motivo por el que su “conducta procesal … tenía como fin acreditar la falsedad para defender sus intereses económicos” (fl. 33 ib.), juicios de valor probatorio que, además de no atentar contra la evidencia que emerge del expediente, son indicativos —desde la óptica del Tribunal— de la seriedad y motivación de la denuncia interpuesta, no sólo desde el punto de vista de los hechos que se pusieron en conocimiento de las autoridades penales, ciertamente anómalos, sino también del propósito o finalidad que la inspiró, que no fue otro que el de proteger los derechos económicos del Banco y los de sus clientes, considerando la actividad de intermediación que le es propia a aquel, lo que descarta, así historiado, la configuración de un abuso del derecho, rectamente entendido, como quiera que brilla por su ausencia un ánimo torticero (animus nocendi), corolario de la desviación o desbordamiento del derecho de acción del que son titulares todas las personas.

Más allá de la discusión que plantea la parte recurrente, quien pretende demostrar que el Banco tergiversó los hechos que expuso en la denuncia que formuló, bien porque eran, en concepto de aquella, contrarios a la realidad, o porque omitió referir circunstancias que le habrían dado un sentido diferente a la investigación, lo cierto es que para el Tribunal existió un hecho irregular en el proceso de ejecución mencionado, que provocó una declaración de nulidad: en el expediente que tuvo a la vista el Tribunal Superior, para definir el grado de consulta de la sentencia proferida en aquel, no apareció el original del edicto emplazatorio a los demandados, circunstancia objetiva que era suficiente para provocar una denuncia penal, a fin de establecer, no solo si existió o no delito —por una eventual sustracción, pues el sentenciador de segundo grado en parte alguna señaló que así hubiere ocurrido—, sino también quién o quiénes fueron los responsables y de la ocurrencia del hecho aludido da fe la propia actuación adelantada por los jueces penales, de manera particular los autos a través de los cuales se sobreseyó temporalmente a la aquí demandante, para luego cesar todo procedimiento contra ella, providencia esta última en la cual se precisó que “es cierto que el documento se desapareció del despacho” (fl. 37, cdno. 1), consideración que, en este tópico, le da crédito a la denuncia penal que en copia auténtica obra a folios 4 a 7 del cuaderno principal, formulada por el Banco Ganadero como demandante que fue en el proceso ejecutivo cuya nulidad se declaró, cuando se echó de menos en el expediente respectivo el edicto emplazatorio de los demandados Ana Beatriz Castro de Ruiz y Edgardo Ruiz Castro, hecho que, además, revela —por sí solo— interés para que fuera investigado el presunto delito de falsedad por sustracción de ese documento, como ya se refirió, siendo necesario insistir en que, en lo atinente a la desaparición del edicto, el Juez penal no tuvo duda sobre su ocurrencia, como sí frente a los autores, según se desprende del auto de fecha 14 de agosto de 1991, por medio del cual ordenó cesar todo procedimiento (fls. 35 a 39, cdno. 1). Por eso la conclusión del Tribunal a este respecto no atenta contra la evidencia, menos aún de manera manifiesta.

B. A lo anterior se agrega, que aún en el caso de concluirse que dicha denuncia no se formuló contra presuntos responsables, sino contra la señora Moreno, dar noticia criminal a la jurisdicción del Estado para que investigue ciertos hechos con respecto a determinada persona, siendo aquellos virtualmente contrarios a la ley y, por tanto, sancionados por ella, no se convierte, per se, en una conducta temeraria por la sola circunstancia de que luego las autoridades competentes, con suficientes elementos de juicio, la absuelvan de toda responsabilidad, menos aún si estas, en un principio, vale decir, liminarmente, consideraron verosímil la posible comisión del hecho delictivo por parte de la Secretaria titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar en ese entonces, Marlene Yolanda Moreno Gutiérrez (de Vence), a tal punto que se produjo su vinculación formal al proceso penal mediante indagatoria, como la propia demandante expresamente lo reconoció y aparece en autos (fls. 25 a 34, cdno. 1), e incluso, en una primera calificación del mérito del sumario —el 2 de julio de 1986—, este recibió un sobreseimiento temporal que provocó una reapertura de la investigación para que se allegaran nuevos elementos de convicción, lo que no fue posible, razón por la que, ante “la situación de duda”, se hizo “imperiosa la cesación de procedimiento”, según se consignó en el auto del 14 de agosto de 1991, ya referido (fl. 38, cdno. 1). 

Recuérdese que esta Sala “se ha guardado de reputar comprobación de culpa del denunciante el mero hecho de que a favor del denunciado haya habido un sobreseimiento, entre otras razones por la decisiva de que, si se conceptuara que en este hay esa prueba de culpa y aún de dañada intención, como algunos pretenden, se privaría a la sociedad del concurso de los asociados solicitado por la ley al punto de imponerlo como obligación cuando habla en esta calidad de la noticia que ha de dar cada cual a las autoridades de los delitos de que tenga conocimiento, so pena en algunos casos, de hacerse sospechoso como cómplice o encubridor en faltando a ese deber” (G. J. T. LVII, pág 75). En otras palabras, no puede la jurisprudencia avalar una tesis como la referida, que socavaría el cumplimiento de un deber de colaboración con la administración de justicia, dado el albur que se cierne en torno a una decisión que no es del resorte del denunciante, en la inteligencia, claro está, de que su actuación no se torne abusiva, como se acotó.

Tan cierto será lo anterior, que es enteramente posible que, en desarrollo del legítimo derecho de defensa, sumado a un examen más exhaustivo y documentado por parte del funcionario público competente, se esclarezca, en sede penal, que el sindicado no es responsable del hecho punible que en su momento se le endilgó, no como algo definitivo e irrefragable, como quiera que para su establecimiento real y, por ende, vinculante en la esfera punitiva, se exige su constatación judicial, en guarda de aquilatadas garantías establecidas por la ley y la propia Constitución Política.

Derivar —en todos los casos— responsabilidad emergente del simple y escueto hecho de denunciar a quien se cree, prima facie, responsable de la comisión de una infracción criminosa, ciertamente, en la praxis, haría nugatorio el cumplimiento de este deber de contenido jurídico, a fuer que de ostensible connotación cívica, en aquellos supuestos en que el aparato jurisdiccional arribe a la conclusión —no infrecuente— de que el denunciado, en efecto, no es responsable, sin perjuicio de lo reseñado con antelación en torno a su ejercicio temerario y, por tanto, desviado o distorsionado, el que ameritaría, in casu, paladinos correctivos. En este sentido, como bien lo realza el profesor francés Philippe Le Tourneau, si los denunciantes “temieran de que su responsabilidad se viera fácilmente comprometida en consideración del ejercicio de las acciones judiciales, ellos dudarían en defender sus derechos”1, lo cual no sólo atentaría contra sus intereses individuales, sino también contra los colectivos, rectamente entendidos, dado que los hechos punibles, por antonomasia, interesan a la sociedad toda. Lo contrario sería cohonestar, lisa y llanamente, con la impunidad, en ostensible menoscabo de los asociados y también de la justicia, la que resultaría burlada, rectae vía.

Como se observa, entonces, para los funcionarios penales competentes —en el sub lite— el hecho delictivo sí se cometió, sólo que no se pudo establecer, con la plenitud de las pruebas exigidas por la ley para el efecto, que los sindicados hubieren sido los autores, circunstancia que, aunada a las consideraciones ya realizadas en torno a la etiología y al contenido de la denuncia penal en comento, descarta la temeridad enrostrada y, por lo mismo, el que se hubiere incurrido en arquetípico abuso del derecho, máxime cuando no se acreditó distorsión o desviación en su ejercicio primigenio. 

C. De igual manera, la aseveración de la recurrente según la cual, “se demostró en el proceso que el edicto en ningún momento fue agregado al expediente” (fl. 19, cdno. 5), además de estéril —pues la temeridad de la denuncia debe analizarse en relación con el momento en que se formula, no según la eficacia que ulteriormente llegue a tener—, resultó huérfana de apoyo, ya que el testigo Euberibe Manuel David Rodriguez, que se invocó como demostrativo de ese hecho y cuya declaración supuestamente ignoró el Tribunal, se limitó tan sólo a afirmar que “nunca vi ese edicto dentro de ese proceso”, lo que no significa que éste no haya sido incorporado al expediente (fl. 18, cdno. 1) y en cuanto al testimonio del abogado Uribe Habib Molina, tan solo expresó sobre el particular este profesional del derecho, que no lo recordaba “porque eso hace mucho tiempo” (fl. 23 ib.). 

De ahí que no pueda sostenerse que el Tribunal, al dejar de apreciar estos testimonios, aparejados de la inspección judicial en la que se precisó que en el expediente no obraba la constancia de des fijación del edicto, incurrió en ostensible o manifiesto error de hecho, pues de la simple lectura de esos medios de prueba, meridianamente, no se arriba a la conclusión que prohíja la recurrente, como única posible, en términos razonables. Por el contrario, quedó visto que nada le aportaban al análisis que hizo el sentenciador de segundo grado sobre el aspecto medular de la pretensión.

D. Sentado lo anterior, resulta del todo intrascendente, y de suyo innecesario, cualquier consideración sobre la oportunidad o extemporaneidad de la publicación del citado edicto, cuyo original no obró en el proceso de ejecución promovido por el Banco Ganadero contra Ana Beatriz Castro de Ruiz y Edgardo Ruiz Castro, pues ese hecho fue ajeno —por entero— a la pretensión sobre la cual versó la controversia en las instancias de este proceso: declarar probado el abuso del derecho.

5. Aplicadas las nociones anteriores al caso sub examine, concluye la Corte que la recurrente no infirmó la arraigada presunción de legalidad y acierto que ampara a la sentencia impugnada, razón por la cual el cargo no prospera, permaneciendo ella incólume.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 21 de febrero de 1995 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar - Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por Marlene Yolanda Moreno Gutiérrez contra el Banco Ganadero y Armando Maestre Pavajeau.

Costas del recurso extraordinario de casación a cargo de la parte recurrente. Tásense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

1 La Responsabilité Civile, Dalloz, 1982. Cfme: Arturo Alessandri Rodriguez. De la responsabilidad extracontractual en el Derecho Civil. Imprenta Universal. 1981, pág. 259.

Magistrados: Silvio Fernando Trejos Bueno—Manuel Ardila Velásquez—Nicolás Bechara Simancas—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramirez Gomez.