Sentencia 5526 de mayo 4 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

DESVIACIÓN DE PODER

PRUEBA POR INDICIOS

EXTRACTOS: «Es sabido que “la desviación de poder es evidentemente más difícil de probar que los otros vicios del acto administrativo, puesto que se trata de establecer la intención psicológica de su autor”. (Georges Vedel, Derecho Administrativo, edición española, 1980, Aguilar, Madrid, pág. 512) (se subraya).

Por ello, se ha sostenido que normalmente la prueba de su ocurrencia debe desprenderse del expediente. Y por eso mismo, se afirma que:

“Como la prueba de la desviación de poder se puede encontrar rara vez de manera directa, por confesión del autor del acto o por las confidencias que haga sobre sus intenciones, muy frecuentemente el juez administrativo se ve forzado a admitir una prueba indirecta”. (Consejo de Estado Francés, 2 de febrero de 1957, Castaing, Rec. pág. 78; citado por Vedel, ob. y pág. citadas).

Y entre las pruebas indirectas, una de las que se presenta con mayor asiduidad es la del indicio, definido entre otros como “objeto material o circunstancia de hecho que permite formular una conjetura y sirve de punto de partida para una prueba”. (E. J. Couture Vocabulario Jurídico, Depalma, 1976, pág. 332).

Ahora bien; si el indicio aparece corroborado por otra clase de pruebas, por ejemplo, testimonios, es indudable que puede conducir a la certeza sobre el hecho que se quiere demostrar.

En el caso de autos el actor planteó en su demanda y lo ratificó en la sustentación del recurso de alzada, que existen varios indicios de que su remoción no tuvo como propósito el mejoramiento del servicio, sino otros móviles, ajenos a esa finalidad. Y afirma que los diversos testimomios allegados al expediente así lo evidencian.

Francois Gorphe dice en su obra “La apreciación judicial de las pruebas” (pág. 349), que:

“Por eso, la prueba indiciaria es perfecta cuando los indicios señalan necesariamente el hecho como causa de cuanto se ha manifestado”.

Y luego añade:

“....los indicios resultan difíciles de interpretar sin la ayuda de los testigos; y los testimonios son casi imposibles de apreciar sin utilizar algunos indicios de credibilidad...” (Ob. cit., pág. 359).

Estas circunstancias se dan precisamente en el evento en estudio.

De las pruebas analizadas, entonces, se desprende de manera fehaciente que el demandante fue declarado insubsistente como represalia por haber denunciado irregularidades administrativas imputables al rector del establecimiento y al director de extensión y bienestar.

Así las cosas, se desvirtúa la presunción de legalidad que ampara el acto acusado, por manera que deviene nulo y por consiguiente, habrá de revocarse la sentencia apelada y en su lugar se accederá a las pretensiones de la demanda, tal como fueron planteadas en el escrito correspondiente (folios 33-43)».

(Sentencia de mayo 4 de 1993. Expediente 5526. Consejero Ponente: Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora).

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