Sentencia 55496 de diciembre 4 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Rad.: 55496

Acta: 43

Bogotá, D.C., cuatro de diciembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Sin duda, la calificación de la legalidad o ilegalidad del cese colectivo de actividades, entregada a la jurisdicción del Estado, a partir de la Ley 1210 de 2008 a través de un proceso de conocimiento que debe tramitarse, en primera instancia, ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y, en segunda instancia, ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que garantizan absoluta imparcialidad, por su carácter de órganos ajenos al conflicto, propende por la conservación de ciertas reglas mínimas de coexistencia que deben rodear la relación laboral, que no pueden ser desconocidas unilateralmente por los trabajadores, mediante la utilización de medidas de fuerza.

En verdad, el ejercicio del derecho de huelga sólo puede reclamar títulos de legitimidad en la medida de su respeto a los cauces señalados por el legislador, en tanto que la huelga viene concebida como un derecho regulado, nunca como un hecho librado a la arbitrariedad de quienes lo ejercen.

“El carácter no absoluto del derecho de huelga se explica por la repercusión que su ejercicio puede causar, hasta el punto de llegar a afectar los derechos y libertades fundamentales de las personas que no son actoras del conflicto. No es posible concebir la huelga como una simple afirmación de la libertad sindical ni como una relación privada entre trabajadores y empleadores, porque normalmente sus objetivos, la magnitud del conflicto, y las condiciones y características de su ejercicio, rebasan los aludidos ámbitos, de manera tal que se pueden ver vulnerados o amenazados los derechos e intereses de la comunidad y del propio Estado”, precisó la Corte Constitucional en la Sentencia C-663 del 8 de junio de 2000.

Llegados a este punto, conviene destacar que en la huelga hace presencia un inocultable ánimo de reivindicación, como que encarna el ejercicio de una presión lícita de los trabajadores sobre el empleador, destinada a lograr objetivos previamente propuestos. Representa la huelga un medio de acción directa, coactivo y legítimo sobre los empleadores para obligarlos a ceder frente a los reclamos de los trabajadores, en el horizonte de asegurar la creación de un orden económico y social más justo en el ámbito de la empresa.

Constituye la huelga una verdadera abstención laboral, que descarta la simple omisión de prestar el servicio, para perfilar su designio indeclinable de crear, modificar, suprimir o reivindicar condiciones laborales. Su significación no es el mero hecho de no trabajar, ni el simple ejercicio del derecho de holgar, pues su esencialidad es su espíritu de reivindicación para los trabajadores, con el fin de equilibrar las cargas de éstos y los empleadores, en el marco de la conflictividad laboral, que comporta el reconocimiento de la existencia de la confrontación, así sea en latencia, entre el capital y el trabajo, en su papel de elementos centrales de la producción.

Ese carácter especial del derecho de huelga y la necesidad de conducir los conflictos laborales por cauces democráticos en tanto ni el uno ni los otros pueden devenir en factores de desestabilización de la vida democrática de nuestro país, explican la concepción constitucional de la huelga como un derecho regulado, para cuyo cumplimiento se requiere la satisfacción de las exigencias legales.

Desde su propio diseño constitucional, es preciso racionalizar el derecho a la huelga, bajo parámetros legales que, a la par que aseguren su ejercicio por sus titulares naturales, no desatiendan el bien común, en el entendido de que la huelga se ha establecido, sí, como una garantía en beneficio de los trabajadores, pero nunca en perjuicio de la comunidad ni del interés general.

Con arreglo al literal e) del artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo a los sindicatos le es dado declarar la huelga que proviene del conflicto colectivo de trabajo, cuando, al terminar la etapa de arreglo directo, los trabajadores deciden recurrir a esta medida de fuerza, de suyo excepcional, que comporta la cesación colectiva de labores en la empresa, esto es, la parálisis de la actividad productiva empresarial, como medida legítima de presión para que el empleador se vea compelido a solucionar el conflicto directamente con su contraparte.

Esta modalidad de huelga, como etapa propia de un conflicto colectivo de trabajo, debe atemperarse, en cuanto a su declaración, inicio y desarrollo, a los requisitos previstos en los artículos 444 y 445 del Código Sustantivo del Trabajo, que vienen incluidos en el Título II del Libro Segundo de ese estatuto, justamente, bajo el epígrafe de Conflictos Colectivos de Trabajo.

A propósito de tales exigencias legales, se precisa advertir que la titularidad de la facultad de la declaratoria de la huelga reside en la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa o en la asamblea general del sindicato que agrupe a más de la mitad de los trabajadores de la empresa.

Existe, pues, plena autonomía de las organizaciones sindicales o de los trabajadores coaligados para efectuar la negociación colectiva, por manera que pueden, de manera libre, adelantar todas las etapas del conflicto. Significa ello que la condición minoritaria de un sindicato o de los trabajadores coaligados no limita el ejercicio cabal de la negociación colectiva.

Empero, la declaratoria de la huelga debe contar con el respaldo de la mayoría de los trabajadores de la respectiva empresa, ya que, por razón de sus objetivos, su trascendencia económica y social, y las condiciones y características de su ejercicio, compromete a todos los trabajadores de la empresa y no solo a los directamente afectados al conflicto colectivo de trabajo.

Para expresarlo de otra manera: cuando el conflicto colectivo de trabajo haya sido iniciado por un sindicato minoritario, la participación de la mayoría de los trabajadores de la empresa sólo es necesaria para efectos de la declaratoria de la huelga, caso en el cual esta decisión será obligatoria para todos los trabajadores, es decir, que los directamente comprometidos en el conflicto no pueden desconocerla, para, en su lugar optar, por el arbitramento.

No es punto de discusión el cese de actividades que transcurrió durante el lapso que corrió del 22 de enero al 6 de febrero de 2012, promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustible y Energética “Sintraminergética”.

Conforme lo enseñan los documentos obrantes a folios 7, 8, 67 y 68, al momento de producirse tal cese de actividades Gente Caribe S.A. contaba con 3.960 trabajadores y Gente Estratégica S.A., con 4.033.

Habida consideración de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustible y Energética “Sintraminergética” era minoritario, en tanto no agrupaba más de la mitad de los trabajadores de las empresas mencionadas, es palmar que la huelga debía ser declarada por la mayoría absoluta de todos los trabajadores de dichas empresa.

Según las documentales que corren a folios 152 a 155, la huelga fue declarada por 128 trabajadores de Gente Estratégica S.A. y 17 trabajadores de Gente Caribe S.A.

Ello significa que no fue declarada por la mayoría absoluta de los trabajadores de esas dos empresas, por manera que devino ilegal. Como la sentencia hizo tal calificativo, es forzosa su confirmación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia del 23 de abril de 2012, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, en el proceso especial que las empresas Gente Caribe S.A. y Gente Estratégica S.A. le promovieron al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustible y Energética “Sintramienergética”.

Sin costas en la alzada.

Cópiese, notifíquese, publíquese, y devuélvase el expediente al tribunal de origen».