Sentencia 5560-01 de septiembre 14 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 05560-01

Magistrado Ponente:

Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno

Bogotá, D.C., catorce de septiembre de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

1. El punto medular que debe dilucidarse es el concerniente a qué clase de contratos celebraron realmente las partes enfrentadas en el presente litigio, en atención a que las secuelas indemnizatorias de la terminación del mismo son diametralmente diferentes, bien que se trate de agencia comercial regulado en el Código de Comercio, como lo reclama la sociedad demandante, o bien de agencia de seguros, como lo sostuvo el sentenciador.

2. La Corte en la Sentencia de Casación 198 de 22 de octubre de 2001, correspondiente al expediente 5817, estudió de manera amplia los temas relativos a la atipicidad del contrato de agencia de seguros; las relaciones y diferencias de este con la agencia comercial y la inaplicabilidad de la analogía para extender al primero las indemnizaciones por ruptura unilateral e injusta en las eventualidades reguladas en el artículo 1324 del Código de Comercio, en los incisos 1º y 2º.

3. A esos respectos señaló a la sazón lo siguiente:

“... Concretamente en la materia que la ley denomina con el nombre de “agencia de seguros”, la Superintendencia Bancaria, por medio de la Resolución 22 de 1955, y luego la Ley 65 de 1966, lo que ha hecho es regular y diferenciar la actividad que desempeñan los agentes y las agencias colocadoras de seguros ... se trata ciertamente de un catálogo de normas del cual no surge una regulación suficiente dirigida a estructurar, como un contrato típico o normado, el que celebran agente y agenciado, por razón de la actividad de la agencia, esta sí disciplinada por el legislador ... antes bien, las normas en cuestión dan a entender que existe un contrato que ata a las partes pero sin entrar a regularlo en cuanto a sus efectos internos: duración, efectos y extinción; sirve para afincar este aserto y la existencia de un contrato privado no reglado en las leyes que versan sobre las agencias de seguros, como actividad y negocio que interesa al público en general.

(...).

“... En esa misma línea, valga decirlo, continúa el Decreto 2605 de 1993 que señala el régimen legal aplicable a los intermediarios de seguros ... como lo denotaban las normas que lo han precedido, que el ordenamiento jurídico no describe normativamente el contrato que ata a las compañías con sus agentes, ni lo reglamenta, como sí lo hace con la actividad que es objeto del mismo, aunque en lo estrictamente necesario para hacer confiable y efectiva la participación de una y otros en el mercado de seguros; tanto es así que hoy la normatividad determina sin vacilaciones que “las comisiones, formas de pago y demás condiciones se hará de conformidad con los convenios que libremente celebren intermediarios y entidades aseguradoras” (art. 4º) ... En conclusión, ni de antiguo ni recientemente .., puede afirmarse que las normas comentadas hayan regulado minuciosamente el contrato específico de agencia de seguros, como tampoco lo ha hecho el Código de Comercio”.

A lo que luego agregó:

“... La intervención del Estado en la actividad aseguradora denota que el contrato de agencia de seguros necesariamente contempla un panorama más amplio de competencia y de mayor incidencia en punto de las relaciones económicas que involucran un grueso número de consumidores, aspectos que, enfrentados a los que son de la esencia del contrato de agencia comercial, no armonizan como para inferir que son idénticos, con miras a sujetarlos a un régimen enteramente común a ambos; ello se ve reflejado en el hecho de que para ser agente comercial solo se exige la condición de comerciante, quien, a pesar de obrar para beneficio y por cuenta del empresario, responde de su propia actividad, lo que a su vez sustenta la necesidad de que el contrato contenga de manera expresa “los poderes y facultades del agente, el ramo sobre que versen sus actividades, el tiempo de duración de las mismas y el territorio en que se desarrollen, y será inscrito en el registro mercantil” (C.Co., art. 1320).

“... Mientras que en el caso de la agencia de seguros, sea para que una persona se desempeñe como agente o director de agencia, la ley exige, con sumo celo, determinadas condiciones de idoneidad y experiencia, por lo que no les basta acreditar la mera condición de ser comerciante; además sujeta a dichas personas a un régimen estricto de inhabilidades, impone la inscripción de la agencia como requisito indispensable para que pueda iniciar operaciones y hace a las compañías responsables de los actos de sus agencias y agentes por el hecho de autorizar su inscripción, circunstancias todas que si bien son atinentes a la regulación de la actividad de las agencias de seguros, como ya se dijo, inciden en la configuración de la relación contractual subyacente que deben concretar la agencia y el asegurador ... el contrato de agencia de seguros no es una particular expresión del de agencia comercial en el ámbito de los seguros, sino que tiene una entidad propia; y si tampoco se encuentra reglado de manera específica por el ordenamiento, débese concluir que se trata de un contrato atípico, sometido, subsecuentemente, a los principios que gobiernan esa especie de pactos”.

“... Por ende, para efectos de establecer las reglas jurídicas que lo disciplinan, debe acudirse, como ya se expresara, primeramente, a las estipulaciones contractuales, siempre y cuando, claro está, no sean contrarias a normas imperativas, particularmente, a aquellas que regulan la actividad de la agencia de seguros, el profesionalismo del agente, sus inhabilidades, etc. Así mismo, deberán atenderse, tanto, las normas generales relativas a todo contrato, como aquellas derivadas de la costumbre, debidamente acreditada en el proceso. Y, como ya se acotara, cualquier vacío que unas y otras no suplan, deberá colmarse con la aplicación analógica de los preceptos que reglen situaciones semejantes”.

4. Y también analizó la imposibilidad legal de extender a la agencia de seguros, las secuelas indemnizatorias previstas en el artículo 1324 del Código de Comercio, incisos 1º y 2º para el contrato de agencia comercial, en estos términos:

“... dentro de las características distintivas de la agencia comercial descuella la relativa a que la actividad del agente está encaminada a crear, consolidar o recuperar un mercado, es decir, un flujo de clientela a favor de la marca o los productos del agenciado, peculiaridad esta que, precisamente, explica de manera preponderante, las prestaciones previstas en el artículo 1324 del Código de Comercio ... si bien el contrato de agencia de seguros constituye una forma de intermediación —solo que en el ramo especializado de los seguros—, y presupone la organización de una empresa independiente y estable, que son rasgos que también ostenta el contrato de agencia comercial; cabe decir, sin embargo, que no se pueden identificar uno y otro contrato, habida cuenta de que las notas características del primero brotan del negocio o actividad sobre el que debe versar, y en consideración al objeto de las obligaciones, su finalidad y desenvolvimiento, lo que permite concluir que constituye desatino jurídico aplicarle a él las normas propias de la agencia comercial en punto de las consecuencias de la terminación del contrato, y no puede pasar desapercibido que la prestación e indemnización que por causa de esta prevé el artículo 1324 del Código de Comercio no pueden extenderse por analogía al caso de la terminación del contrato de agencia de seguros, puesto que una y otra tienen razón de ser en la ya destacada peculiar naturaleza de la agencia comercial, la cual no se evidencia de manera relevante en la agencia de seguros, y porque siendo la indemnización una sanción no ha sido instituida legalmente para el contrato litigioso”.

5. Fluye de lo anterior, entonces, que no se dan los errores que se le imputan al tribunal por haber considerado que los contratos celebrados entre las partes fueron de agencia de seguros y no de agencia comercial. Baste al efecto destacar cuáles fueron los compromisos adquiridos y las facultades otorgadas por la aseguradora a la agencia que aparecen en los documentos en que obran.

a) En el “contrato AG-001/97” de 7 de enero de 1997, se lee que entre la sociedad Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda., quien se llamará “la compañía” y B.T. Asesores de Seguros y Cía. Ltda., que se denominará “la agencia de acuerdo con la definición que de ella se hace en el artículo 41 del estatuto orgánico del sistema financiero”, cuyo objeto consistió en a) promover la celebración de contratos de seguros en los ramos en que la compañía se encuentre autorizada a trabajar; b) Recaudar los dineros referentes a todos los contratos cuya celebración promueva; c) Inspeccionar riesgos; y d) Intervenir en salvamentos” (fls. 10 a 17, cdno. ppal.).

b) En el de 3 de junio de 1998 se lee “contrato de mandato 036/98 para expedición del seguro obligatorio de daños corporales causados a las personas en accidente de tránsito”, en el que se acordó como objeto que “el mandante otorga poder amplio y suficiente al mandatario para a) Expedir y suscribir a nombre del mandante las pólizas de seguro obligatorio de daños corporales causados a las personas en accidente de tránsito, SOAT” y sobre terminación se dijo que el presente contrato terminará por las causales señaladas en la ley, por violación a las obligaciones contenidas en el presente contrato, por la cancelación que aprobó la Superintendencia Bancaria para que el intermediario expidiera pólizas de seguros generales si fuera el caso o por la terminación de la sociedad intermediaria en el caso de la agencia. Además podrá darse por terminado en cualquier tiempo, por voluntad de las partes, mediante previo aviso con una antelación no menor de treinta (30) días calendario sin retribución extra o pago de indemnizaciones de ninguna clase (fls. 6 a 9).

c) En el de 28 de mayo de 1998, “convenio 017/ de corte de cuentas, reporte y entrega de primas recaudadas” (fls. 18 a 20).

6. Según la legislación vigente, tanto la anterior de la Resolución 22 de 1955, como la del Decreto 663 de 1993, estatuto orgánico del sistema financiero, artículo 41, las obligaciones que adquiere la agencia de seguros frente a la compañía son “a) promover la celebración de contratos de seguros en los ramos en que la compañía se encuentre autorizada a trabajar; b) Recaudar los dineros referentes a todos los contratos cuya celebración promueva; c) Inspeccionar riesgos; y d) Intervenir en salvamentos”, las que aparecen reproducidas casi textualmente en los mencionados contratos. Además, es coherente con dichas facultades que el otorgamiento de pólizas de seguros se hiciera en un determinado territorio; en papelería de la aseguradora; con una remuneración representada en una comisión deducida de la prima pagada por la persona tomadora del seguro; con empleo de su propia organización empresarial, administrativa y financiera y con el control lógico y razonable que una actividad de dicha naturaleza es normal que sobre ella ejerza la aseguradora.

7. Así concatenados los términos de los contratos y la legislación sobre el particular, concluye la Corte que el sentenciador no incurrió en ninguno de los yerros que se le atribuye por la censura.

En efecto:

a) La representante legal de la sociedad demandada absolvió interrogatorio de parte en el que reconoció y admitió haber suscrito los contratos y el convenio obrantes del folio 9 a 20 del cuaderno principal; las facultades que tenía la sociedad demandante para recaudar, inspeccionar riesgos e intervenir en salvamentos (contrato AG 001/97) y en la expedición del seguro obligatorio de daños temporales causados a las personas (contrato 036/98); los gastos de administración los pagaba la aseguradora porque el agente se comprometió a ejecutar los acuerdos conforme a su propia organización administrativa y financiera; nunca pagó los arrendamientos de los locales en que funcionó la agencia; las pólizas de seguros se expedían en papelería que le suministraba y entregaba; la remuneración se hacía mediante el pago de comisiones tal como se pactó; B.T. Asesores sí estaba facultada para vincular agentes colocadores pero siempre y cuando obtuviera autorización previa de la aseguradora; el control que ejercía sobre la agencia se hizo en ejercicio de lo previsto en los contratos; los controles se concretaron “expedición de pólizas, el recaudo de primas, el reporte y entrega de las mismas” (fls. 149 a 151).

Examinada esta prueba y contrario a lo que predica la recurrente, no aparece ninguna confesión de la celebración de contratos de agencia comercial. Antes por el contrario de las respuestas se deduce, sin discusión, la ratificación del texto de los documentos que, como se destacó en su momento, se refieren inequívocamente a acuerdos relativos a una agencia de seguros.

b) Las versiones de los declarantes Luis Alfonso Mahecha, Gustavo Guerrero, Jaime Alzate, Guillermo Triviño y Fabio Miller Valderrama, suministran información sobre hechos tales como los siguientes: que los gastos de funcionamiento de la agencia eran sufragados por la agencia; que esta estaba facultada para expedir pólizas de seguros; que utilizaba para ello papelería de la aseguradora; que podía abrir puntos de venta en lugares diferentes a la sede principal; que la sociedad demandada ejercía control sobre la agencia y que esta pagó de su patrimonio a aquella un dinero del que indebidamente se apropió un empleado suyo, cuestiones que ciertamente se refieren a la agencia de seguros, como quedó analizado.

c) Tampoco incurrió en yerro el tribunal por no haber tenido en cuenta los testimonios enlistados porque a sus dichos no se les puede dar el alcance que se busca con la acusación, en atención a que de ellos no emerge la celebración de los invocados contratos de agencia comercial, puesto que examinadas sus respuestas se halla plena coincidencia con lo que es y debe ser el contrato de agencia de seguros, tal sucede en la promoción de la celebración de contratos de seguro mediante la expedición de las pólizas correspondientes; en papelería de la aseguradora; recaudo de las primas pagadas por los respectivos tomadores; estar sometida al control de la aseguradora; recibir como contraprestación por su actividad mercantil la comisión en los porcentajes pactados expresamente; ejecutar y desarrollar los contratos con sus propios recursos.

d) En fin, en cuanto a los errores de derecho fundados en el supuesto quebranto de las reglas civiles sobre interpretación de los contratos, observa la Corte que tal cuestionamiento no describe propiamente un yerro de tal naturaleza, en tanto que tales disposiciones no son de disciplina probatoria; ciertamente que la equivocación en este caso del sentenciador, en el supuesto de existir, no se refiere a aspectos relacionados con el valor legal de la prueba presentada para demostrar lo alegado ni a la validez o eficacia de la misma por defectos o anomalías en su producción o aducción al proceso.

Pero entendiendo que más adelante se engloban como errores de hecho la no apreciación de la confesión de la representante legal de la demandada, de los testimonios referenciados y la interpretación equivocada “de los contratos aportados, que le indicaban encontrarse frente a una determinada figura jurídica (agencia comercial)”, folio 20, resulta preciso concluir que en el punto analizado no se le puede atribuir al juzgador equivocación manifiesta, como se explicó en apartes anteriores de esta misma providencia.

e) Únicamente queda por agregar que para nada cambia lo concluido en el sentido de que lo celebrado fueron contratos de agencia de seguros con la denominación que se dio al segundo acuerdo de voluntades, el 036/98 (fls. 6 a 9, cdno. ppal.), como de “mandato para la expedición de pólizas de seguro” porque, en últimas, lo que importa es la realidad que de él se desprende y no el nombre que se le haya dado.

8. En consecuencia, como el tribunal no incurrió en los errores evidentes de apreciación probatoria que se denuncian, no es dable casar la sentencia impugnada, lo cual significa que ninguno de los dos cargos alcanza el éxito.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 26 de mayo de 2003, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario arriba referido.

Condénase en costas del recurso de casación a la parte recurrente, las cuales serán tasadas en su oportunidad.

Notifíquese y devuélvase».

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