Sentencia 5565 de septiembre 4 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

DOCUMENTOS PRIVADOS FIRMADOS A RUEGO

NO SE PRESUMEN AUTÉNTICOS

EXTRACTOS: «1. La eficacia probatoria de un documento privado depende, formalmente, de su origen y de su contenido.

Tratándose de documentos que emanen de las partes, su mérito probatorio está condicionado, en todos los casos, a su autenticidad (CPC, arts. 252 y 279), puesto que mal podría generar convencimiento al juez un documento del que no se sabe con certeza quién es su autor. En esta última hipótesis, apenas constituyen prueba sumaria, en la medida en que hayan sido suscritos ante dos testigos (ib., art. 279, inc. 2º). Por el contrario, si el documento proviene de un tercero, la posibilidad de apreciarlo está dada por su naturaleza, como quiera que sólo cuando son de contenido dispositivo o representativo, se requerirá que sean auténticos (ib., art. 277, num. 1º), mientras que si son simplemente declarativos, podrá el juez concederles valor, siempre que la parte contra quien se oponen no solicite, oportunamente, su ratificación (L. 446/98, art. 10, num. 2º, derogatorio del num. 2º del art. 277, ib.).

Ahora bien, excepción hecha de los documentos emanados de terceros —al mismo tiempo de la que ulteriormente se referirá por la Corte—, el legislador, en desarrollo de la arraigada presunción constitucional de buena fe en las actuaciones de los particulares ante las autoridades públicas (art. 83), estableció, primero en el Decreto 2651 de 1991 (art. 25) y luego —con algunas diferencias— en la Ley 446 de 1998 (arts. 11 y 12), que se reputaban auténticos los documentos presentados por las partes dentro del marco de un proceso con el propósito de que sirvieran de prueba, como antaño se había preceptuado frente a los documentos públicos (CPC, art. 252). Mas, para que dicha presunción pueda predicarse, es indispensable que el documento se encuentre firmado por la parte contra quien se opone, en la medida en que mediante la firma “el que suscribe no sólo aprueba y hace suyo lo que en el escrito se contiene, sino que pone un signo visible y reconocible, el cual demuestra que el escrito parte de él y que está conforme con sus intenciones. Suprimida la firma, el escrito puede ser un proyecto de documento, un borrador, pero nunca el documento, porque nadie lo ha aprobado ni lo ha hecho propio” (1) (se resalta). De ahí que el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, acorde con lo expresado, exija el reconocimiento expreso para que pueda ser apreciado un instrumento que no ha sido firmado, ni manuscrito por la parte contra quien se presenta.

(1) Francisco Ricci. Tratado de las pruebas. Madrid. T. I. Págs. 249 y 250.

La firma es, pues, requisito imprescindible para que un documento tenga valor probatorio, ya que sin ella, salvo aceptación expresa de la parte o de sus causahabientes —según el caso—, no podrá establecerse con certeza quién es el autor, esto es, lisa y llanamente su autenticidad, siendo necesario recordar que, por firma, se entiende “la expresión del nombre del suscriptor o de alguno de los elementos que la integren o de un signo o símbolo empleado como medio de identificación personal” (C. de Co., art. 826), omnicomprensiva noción —ex lege— que está a tono, en la hora de ahora, con el empleo de los adelantos tecnológicos (cibernéticos, robóticos, informáticos, etc.), en virtud de los cuales se ha desarrollado el concepto de firma electrónica o digital que, según la Ley 527 de 1999, se acota de paso, tiene idéntica fuerza y efectos de la firma manuscrita, cuando se reúnan los requisitos —claro está— allí señalados relativos a la verificación de la individualidad de la misma.

2. En este orden de ideas, cumple afirmar a continuación, que para que un documento se considere firmado por su autor, no es necesario, en todos los casos, que aparezca su signo personal. El legislador, consciente de que las limitaciones intelectuales o físicas no pueden impedir la participación de una persona en el tráfico jurídico, posibilitó que, si ésta no sabía o no podía firmar, cualquiera que fuere el motivo, otra, a petición de aquélla, podía hacerlo en su lugar. Es el caso de la firma a ruego, que es, “por decirlo así, la prolongación del otorgante que por no saber firmar o por otra causa no puede poner la suya, y tanto es ello así que con una expresión como “firmó a ruego” se designa indistintamente tanto al rogado como al que rogó, entendiendo respecto de este último que las cosas han sucedido cual si él personalmente hubiese ejecutado el acto mecánico de firmar” (LXIII, págs. 357 y 358).

Mas, para que la firma impuesta de esa manera se pudiese tener por tal, fueron establecidos unos requisitos, no uniformes ni generales, a los que debía —y debe— sujetarse el acto de signar, como lo corrobora el tercer inciso del artículo 826 del estatuto comercial, norma según la cual, si el suscriptor de un documento “no pudiere o no supiere firmar, lo hará otra persona a su ruego, dando fe de ello dos testigos, y se imprimirán en el documento las huellas digitales o plantares del otorgante”. En sentido similar, previó el artículo 39 del Decreto 960 de 1970, aplicable en materia de otorgamiento de escrituras públicas, que en tales hipótesis “el instrumento será suscrito por la persona a quien él ruegue, cuyo nombre, edad, domicilio e identificación se anotarán en la escritura. El otorgante imprimirá a continuación su huella dactilar, de lo cual se dejará testimonio escrito con indicación de cuál huella ha sido impresa”.

Y son precisamente estas particularidades, tanto de procedibilidad como de configuración, las que permiten afirmar que, tratándose de documentos privados firmados a ruego, no puede aplicarse la presunción de autenticidad, ya referida, entre otras razones porque, salvo el caso del reconocimiento implícito, esto es, de aquel que se predica cuando una de las partes aporta al proceso un documento privado suscrito por ella sin alegar su falsedad o sin desconocerlo (CPC, art. 276, inc. 1º) —por oposición al tácito, que se configura cuando la parte contra quien se aduce no lo tacha de falso o no lo desconoce (ib., art. 252, num. 3º)—, en todos los demás, como de tiempo atrás lo viene sosteniendo esta corporación (LX, pág. 381), es menester que quien presente el documento afirmando haber sido suscrito o manuscrito por su contraparte (ib., art. 252, num. 3º), acredite que se extendió por orden de ésta; que el signatario lo hizo por encargo de aquel y que el contenido es cierto (ib., art. 273), requisitos a los que debe agregarse, que si se trata de un documento que instrumente un negocio mercantil, es indispensable, además, que se hubiere cumplido con las formalidades establecidas en el transcrito inciso 3º del artículo 826 del Código de Comercio.

Y es que no podía ser de otra manera, toda vez que frente a documentos privados así suscritos, no basta, no puede ser suficiente, para los efectos de saber quién es el autor, la simple afirmación del aportante del documento, en el sentido de haber sido firmado a ruego de su contraparte, como quiera que ninguna disposición o precepto habilita presumir el acto rogatorio, el cual, necesariamente, debe ser acreditado.

Por tanto, si un documento privado en el que no aparece la signatura de la persona que se afirma es su autora, llega a ser auténtico, es porque se estableció, en primer término, que la persona que firmó lo hizo autorizado por él, motivo por el cual, si obró como representante, será menester acreditar el acto de representación, y si lo hizo a ruego, a su turno, la rogatoria misma, esto es, el acto constitutivo de la rogación. Pero además, si la firma es expresión de asentimiento en la elaboración y contenido del documento, resulta indispensable que se demuestre, adicionalmente, que el rogante autorizó la factura de aquel y que lo expresado en él corresponde, con exactitud y precisión, a la manifestación de voluntad de su autor —que en este caso siempre será el rogante, así materialmente lo suscriba otra persona, a título meramente instrumental—. Al fin y al cabo, si aquel no lo firmó fue porque no sabía o no podía hacerlo, circunstancias que invitaban a establecer, en protección de la misma persona —o de sus causahabientes—, exigencias como las descritas, cuyo propósito medular no es otro que evitar prácticas lesivas, como quiera que es “posible que se haya abusado del que no sabía o no podía firmar haciéndole creer que el contenido es el que oyó leer y no lo era” (2) .

(2) Antonio Rocha. De la prueba en derecho. Lerner. 1967. Págs. 482 y 483.

Esta conclusión se hace más evidente cuando el documento en cuestión se presenta contra los herederos de la persona por quien se firmó a ruego (rogante), pues si en la hipótesis del documento firmado —directa y personalmente— por el causante, no es necesario que sus herederos lo tachen de falso, siendo suficiente con que lo desconozcan (CPC, art. 289 y 273, inc. 2º), con mayor razón debe descartarse la presunción de autenticidad en la hipótesis de la firma a ruego, de suyo una operación compleja, porque a la ausencia —ontológica— de la propia firma del de cujus, se suma, como se anotó, que quien lo hizo por él afirma haberlo hecho porque se le rogó, hecho este que, a no dudarlo, es temario de prueba, sujeto —por lo demás— a las reglas de carga probatoria, en principio, en cabeza de quien pretende beneficiarse de dicha probanza.

Las mismas razones expuestas para afirmar que no es posible presumir la autenticidad de un documento firmado a ruego, sirven para descartar, mutatis mutandis, la ocurrencia o materialización de un reconocimiento tácito, es decir, de aquel que proviene del silencio de la parte contra quien se aduce (CPC, art. 252, num. 3º), máxime si se trata de sus sucesores, dado que la carga de tachar de falso el documento tiene su fundamento en la posibilidad cierta que tiene la contraparte de refutar la afirmación que hace quien presenta el documento, en el sentido de que está firmado o manuscrito por ella. Pero si son los herederos quienes plantean o soportan la pretensión, como nadie es obligado a lo imposible —lo reza la máxima milenaria—, de ellos ni siquiera se puede exigir la manifestación de desconocimiento, pues, se insiste, el documento —materialmente— no está firmado por el causante.

De manera pues que en frente de documentos firmados a ruego, que se presenten contra los sucesores de quien se predica ser el signatario, no es posible presumir su autenticidad, ni deducirla por reconocimiento tácito, siendo necesario que quien presente el documento acredite, cabalmente, que éste se extendió por orden del rogante; que quien firmó lo hizo por ruego de aquél y que el contenido es cierto. Por supuesto que para el cumplimiento de esta carga, puede acudirse a cualquier medio probatorio, incluyendo el testimonio de quien firmó a ruego o de los testigos del acto, declaraciones que deberán ser escrutadas con arreglo a las reglas propias de la prueba testimonial, sin que sea necesario, ni suficiente, que uno y otros reconozcan la firma que plasmaron en el documento, dado que tal acto, a lo sumo, dará certeza de que las firmas que aparecen en el escrito corresponden a las personas que obraron bajo tales calidades, pero nada agrega, stricto sensu, al propósito de establecer quién es, a ciencia cierta, el autor y, por ende, el rogante.

Para que esto último se pueda predicar, se repite, las pruebas que con tal propósito se practiquen deben llevar al convencimiento de que el acto rogatorio existió y de que la persona a quien se hizo el ruego, fue la que firmó, además de que el documento se extendió por orden del rogante y de que el contenido, de suyo, es cierto. La falla en cualquiera de estos requisitos, impide establecer la autenticidad y, por consiguiente, la eficacia probatoria del documento».

(Sentencia de casación, septiembre 4 de 2000. Expediente 5565. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo).

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