Sentencia 5570 de diciembre 7 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

ENFERMEDAD GRAVE DEL APODERADO JUDICIAL

COMO CAUSAL DE INTERRUPCIÓN DEL PROCESO

EXTRACTOS: «En el asunto sub judice se plantea como causal de nulidad la prevista en el numeral 5º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, pues según la censura el proceso siguió su curso, pese a que se presentó el motivo de interrupción contemplado en el numeral 2º del artículo 168 del Código de Procedimento Civil, consistente en enfermedad grave del apoderado judicial de la empresa demandada.

Así las cosas, siendo la nulidad alegada susceptible de saneamiento, procede averiguar, en primer lugar, si en este caso se operó dicho fenómeno, lo cual acaecería en los siguientes eventos: 1) Cuando vencido el término de la incapacidad del apoderado mencionado, no la hubiese planteado en la primera oportunidad y dentro del lapso señalado en el inciso 2º del artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, es decir, dentro de los cinco días siguientes. De manera que el saneamiento se presenta cuando se ha actuado en el proceso sin proponerla (inc. final del art. 169 ibídem). 2) Que la hubiese convalidado en forma expresa. 3) Si a pesar del vicio, el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa, y 4) Si habiéndola planteado oportunamente y resuelto la solicitud de manera negativa por el juzgador, el interesado no haya impugnado tal decisión, pues ello denotaría conformidad con la misma.

Confrontado el asunto sub judice con las hipótesis mencionadas, se advierte, en cuanto se refiere a la primera, que el dos (2) de agosto de mil novecientos noventa y uno (1991), el apoderado judicial de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, propuso la nulidad en mención, presentando para tal efecto un escrito suscrito por un médico industrial vinculado a dicha empresa, en el que se hacía constar que aquél había estado incapacitado, con orden de reposo absoluto, entre los días 21 de junio y 26 de julio del año mencionado (fls. 18 al 21, c. 2), situación que pone de presente que aquélla se propuso no sólo dentro del término legal, sino que constituyó la primera actuación del mandatario de la demandada, una vez feneció la causal de interrupción. Luego es evidente que por este aspecto no se saneó la nulidad.

En cuanto a las hipótesis señaladas en los ordinales 2º y 3º , antes anotados, en manera alguna se produjo el saneamiento, pues en ningún momento el interesado manifestó que convalidaba esa situación, por el contrario siempre insistió en que se declarara la nulidad; además, durante el período de tiempo en que el recurrente alega se operó la interrupción del proceso, se profirieron dos autos, uno ordenando correr el traslado del dictamen pericial que estimó el monto de los daños y perjuicios (fl. 177, c. 1), y otro, concediendo una apelación en el efecto devolutivo contra una providencia que había rechazado de plano un incidente de nulidad (fl. 16, c. 2), situación que llevó a que el abogado no pudiera contradecir el dictamen pericial, ni cancelar las copias para efectos del recurso de apelación, el cual fue declarado desierto por auto del 12 de junio de 1991. De modo que con tal actuación se violó el derecho de defensa.

Tampoco se produjo la forma de saneamiento identificada por el citado ordinal 4º, porque la negativa del a quo al reclamo de nulidad (fls. 24 y ss. del c. 2), fue apelada por el interesado, y este recurso, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 10 del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, fue resuelto en la sentencia hoy atacada en casación, lo cual per se descarta la idea del tácito saneamiento, como con claridad lo expuso la Corte en sentencia de 20 de agosto de 1991:

“La nulidad objeto de este recurso de casación ha sido propuesta por quienes están llamados a alegarla, sin que entre tanto se haya operado su saneamiento, esto último porque tras de haber sido materia de alegación por parte de los casacionistas en la primera intervención que hicieron en el proceso, la decisión que sobre el particular adoptó el tribunal en la sentencia, carece de recursos ordinarios y sólo era posible combatirla a través de los extraordinarios como el de casación, tal como en efecto aconteció. Entonces, el fallo judicial mediante el cual se decidió negativamente la nulidad, ni allanó este vicio ni truncó el camino de la casación...”.

3. Descartado el saneamiento de la eventual causa de nulidad, procede verificar la presencia del vicio alegado, es decir, aclarar si efectivamente el proceso tuvo una causa de interrupción derivada de la enfermedad grave del apoderado judicial de la empresa demandada, y si no obstante ella causándole perjuicios a esta parte, se continuó su trámite.

4. Acerca de lo que debe entenderse por enfermedad grave, se ha sostenido que ésta sólo se configura cuando el apoderado se ve en la imposibilidad de actuar, imposibilidad que debe consistir en un verdadero caso fortuito, es decir, en un acontecimiento extraño a su voluntad, inesperado e insuperable. De ahí que la enfermedad grave que en los términos del artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, puede originar la interrupción del proceso, es la que, como dice la Corte, “impide realizar aquellos actos de conducta atinentes a la realización de la gestión profesional encomendada, bien por sí sola o con el aporte o colaboración de otro” (Auto 44, abr. 26/91).

Si bien se ha dicho que quien “está en condiciones de desenvolver sus facultades intelectivas, así las puramente físicas hayan sufrido desmedro”, no le es dable excusarse en orden a “encauzar su actividad profesional”, pues ésta puede “satisfacerse provisionalmente” apelando a otros medios, como a la sustitución del poder (G. J. Tomo CXXXIV-66, reiterada en auto de 10 de septiembre de 1993), desde el punto de vista jurídico el estado patológico de grave no puede ser tan estricto, al extremo de rayar con lo inhumano, sino que debe mirarse en función de la razón de ser de la interrupción, cual es asegurar la intervención de las partes en los procesos judiciales, porque el remedio de la sustitución del poder, aunque procedente, terminaría imponiéndose como una obligación, pese a ser una facultad, y porque lo inesperado e insuperable no puede excluir los casos en los que el apoderado se encuentra en condiciones de ejercer debidamente sus facultades intelectivas, verbi gratia, una prescripción médica que exige “reposo absoluto”, lo cual supone cama o silla de ruedas e implica que el paciente sólo puede realizar actividades básicas (comer, higiene personal), excluyendo por supuesto el trabajo, pues en todo lo demás debe ser asistido, como lo entiende la práctica médica.

5. Descendiendo al caso, en la correspondiente certificación de incapacidad que obra a folio 18, c-2, el médico industrial de la Empresa Colombiana de Petróleos hizo constar que el mandatario judicial de ésta “estuvo incapacitado con orden de reposo absoluto, entre el día 21 de junio y el 26 de julio de 1991, ambas fechas inclusive, por padecimiento neurológico que lo inhabilitó para cumplir con sus compromisos laborales” (subrayas extexto).

Examinado el contenido de la incapacidad frente a las pautas señaladas, fácilmente se advierte que el profesional del derecho incapacitado padecía una enfermedad que para los efectos jurídicos correspondientes, debía considerarse grave, puesto que tenía orden de “reposo absoluto”, circunstancia que obviamente le impedía atender sus asuntos profesionales, o como se dice en la certificación, “cumplir con sus compromisos laborales”, inclusive por interpuesta persona, en el evento de aceptarse en gracia de discusión el remedio de la sustitución del poder, pues el “reposo absoluto” conlleva la prohibición de cualquier tipo de movilización y bien se sabe que la mencionada sustitución, además de implicar una actividad profesional, debe ser presentada personalmente (CPC, arts. 65 y 68), lo que de suyo demanda movilización.

Al anterior diagnóstico debe unirse el otro de “padecimiento neurológico”, término que si bien es genérico, hace relación a las enfermedades neurológicas, es decir, aquellas que se diagnostican frente a un desorden del sistema nervioso, como el cerebro, la médula espinal y nervios periféricos, con cuadros de parálisis de medio cuerpo, déficit visual, déficit auditivo, déficit en el habla, déficit en la memoria reciente o pasada, en fin. Es decir, según los especialistas, son enfermedades que comportan “deterioro intelectual, deterioro del estado de despierto, trastornos conductuales, debilidad de una o varias extremidades, alteraciones de sensibilidad en diferentes partes del cuerpo, defectos en la coordinación, alteraciones en la marcha, alteraciones en los signos vitales condicionados por una lesión cerebral o trastornos en la capacidad visual, auditiva, en la gesticulación de la cara o en la sensibilidad de la cara, defectos en la deglución o en la capacidad de articulación de las palabras” (Información avalada por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, MVS, y por la Academia Mexicana de Neurología, AMN).

Ciertamente, para establecer con independencia de otros factores la gravedad de la enfermedad hay que definirla exactamente y el estadio en que se encuentra, porque eso es lo que determina la disfunción y si ésta amerita “reposo absoluto”, pues casos hay en que la enfermedad no lo conlleva, como ocurre, por ejemplo, con un padecimiento neurológico que atañe al habla. De manera que esto pone de presente que no todo padecimiento neurológico puede calificarse de grave, pues, se repite, su ocurrencia no implica, per se, “reposo absoluto”, pero si lo conlleva, necesariamente debe signarse de grave, para los fines de este estudio por cuanto se configura la circunstancia objetiva que hubo de tener en cuenta el legislador para los efectos de la interrupción del proceso, esto es, la presencia de una afección que “impide realizar los actos de conducta atinentes a la gestión profesional encomendada” (auto, abr. 26/91, antes referenciado).

De modo que unidos los dos diagnósticos: “reposo absoluto” y “padecimiento neurológico”, así no se haya establecido exactamente la enfermedad y el estadio en que se hallaba, la conclusión sobre su gravedad aparece obvia, porque como no cualquier padecimiento neurológico implica “reposo absoluto”, necesariamente debe seguirse que éste, el “reposo absoluto”, está ligado al padecimiento neurológico de grado o intensidad “grave”, lo cual conlleva a que el paciente, como quedó expuesto, sólo pueda realizar las actividades básicas que antes se indicaron, quedando proscritas, por supuesto, otras distintas, entre ellas trabajar, que es la que interesa para el caso que ahora se resuelve.

En este orden de ideas, el tribunal se equivocó al argumentar que como la certificación médica mediante la cual se pretendió acreditar la enfermedad no contenía el adjetivo “grave”, no se había demostrado la interrupción del proceso, como causal de nulidad del mismo, porque la ley no exige ese requisito. Esto, aunado a lo antes expuesto, es suficiente para reconocer, con las consecuencias que ello comporta, la causal prevista por el legislador, porque la prueba si bien proviene del médico industrial de la misma parte, es un documento público que no fue tachado de falso, por lo que frente al postulado de la buena fe, hace fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en el mismo hizo el funcionario que lo expidió.

6. Así las cosas, el cargo prospera, debiéndose, entonces, casar la sentencia impugnada, para en su lugar la Corte, en sede de instancia, decretar la nulidad de lo actuado, a partir del momento en que se operó de pleno derecho la interrupción del proceso, es decir, desde el 21 de junio de 1991, con consecuencias nefastas para la parte demandada, como ya se dijo, nulidad que no comprenderá las pruebas que se hubieren practicado con posterioridad a la fecha señalada con la intervención del apoderado judicial de Ecopetrol, las cuales conservarán su validez.

Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 5 de diciembre de 1994, proferida en este proceso ordinario por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y, en su lugar, decreta la nulidad de lo actuado a partir del 21 de junio de 1991, a fin que se renueve la actuación anulada, con la salvedad anotada en la parte motiva de esta providencia.

Como no aparece que ninguna de las partes haya sido culpable de la nulidad, no se impondrá condena en costas de lo invalidado. Tampoco se condenará en costas en este recurso extraordinario por la prosperidad del mismo.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(Sentencia de casación, diciembre 7 de 2000. Expediente 5570. Magistrado Ponente: Dr. José Fernando Ramírez Gómez).

SALVEDAD DE VOTO

Con la consideración debida a la mayoría de Sala, discrepo de la decisión adoptada en esta ocasión, pues que, en mi sentir, la nulidad formulada en el cargo no tenía porqué abrirse paso. Efectivamente, en el expediente no está plenamente demostrado que el apoderado hubiese enfermado y, más allá de eso, que hubiese sido de manera grave.

Universalmente está admitido que nadie, por acrisolado que parezca, tiene el privilegio de hacerse su propia prueba, pretensioso en gran medida es esperar que a uno se le crea no más que por hablar. Asunto que aquí parece haber encontrado una excepción, pues el interesado en probar trajo, por toda prueba, una constancia del médico de la misma empresa demandada, expedida por lo demás con posterioridad a los hechos. Nada más obra en el proceso. Lo cual significa que, aparte de la versión que prácticamente emerge de la misma parte interesada, no hay un solo elemento de juicio que, referido al tiempo de la enfermedad, suministre la convicción de cómo se dio ésta, en qué momento se presentó y qué galeno la evaluó a la sazón como para que hubiese ordenado un reposo absoluto. Simplemente milita en el expediente, pues, el certificado de un médico que da cuenta de un hecho pasado que, a su juicio, hizo menester tan especial sosiego.

No se cuestiona aquí la solvencia profesional y moral de quien así certifica, ni tampoco la del apoderado judicial que reclama la nulidad; simplemente que el principio de la buena fe —que, se recuerda, no es solamente para una de las partes— no es bastante para creerse eximido de probar —y palmariamente como corresponde—, lo que se alega en juicio. De modo que clamo es por el respeto a la igualdad de las partes en el proceso, el cual se echa a perder desde el instante en que se tome por poca cosa el acendrado principio de que se dio cuenta al comienzo de esta salvedad de voto, consistente, repítese, en que nadie, por límpido que sea, tiene la prerrogativa de que sus meras palabras llamen a credulidad. Semejante permisión no sería otra cosa que afirmar: qué venturoso el abogado que tiene por cliente a un médico.

Todo sin contar que de al susodicha certificación no efunde qué tan grave fue la enfermedad como para que, acorde con la jurisprudencia, eliminarse la posibilidad, humana claro está, de remediar la situación. La demostración más patente de esto lo da la propia decisión de que me aparto, en donde se descubre un esfuerzo mayúsculo para suponer lo que debió acreditarse fehacientemente. Por ese camino bien podría anidarse la peligrosa idea de que en pruebas científicas lo que vale son las conclusiones, antes que sus fundamentaciones.

Así las cosas, el cargo no ha debido prosperar y, por ende, era preciso estudiar el resto de acusaciones contenidas en la demanda de casación.

Manuel Ardila Velásquez 

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