SENTENCIA 5593 DE OCTUBRE 22 DE 1990

 

LIQUIDACIÓN DE CONDENA

ACEPTACIÓN POR ENTIDADES PÚBLICAS

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Gustavo Arrieta Padilla

Ref.: Exp. 5593

Bogotá, D. E., veintidós de octubre de mil novecientos noventa.

Procede la Sala a desatar el grado de consulta ordenado por la ley con respecto al auto de 27 de octubre de 1988, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Quindío aprobó la liquidación de la condena en abstracto presentada por la parte actora y aceptada por la demandada en el proceso de la referencia.

Antecedentes

1. Tanto el actor, como la demandada —Ministerio de Defensa, Policía Nacional—interpusieron recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, que condenó in genere a esta última, y ordenó la liquidación de perjuicios materiales de acuerdo con el artículo 308 del C.P.C., según la parte considerativa de la providencia (folio 105 C.l).

2. Esta Sala, al desatar el recurso, mediante providencia de 22 de enero de 1988, confirmó los numerales 1, 3, 4 y 5 de la parte resolutiva de la sentencia apelada, y reformó el numeral 2º de la misma, condenando en concreto a la parte demandada a pagar al actor las sumas líquidas de dinero allí expresadas. Adicionalmente, condenó en abstracto al pago parcial del lucro cesante, valor que debía determinarse según el procedimiento del artículo 308 del C.P.C., de acuerdo con las pautas dadas en el literal I de la parte considerativa (folios 139 - 141 ibídem).

3. El actor presentó una liquidación efectuada por él (folios 1 a 7 del cuaderno 2), afirmando que se realizó siguiendo las directrices de esta Sala, y anexando los elementos probatorios para sustentarla. Solicitó el actor, que si la parte demandada se oponía a la liquidación presentada, se designaran peritos idóneos para establecer si ésta se adecuaba a lo ordenado y, si no, que estos procedieran a efectuar las estimaciones correspondientes.

4. El a-quo corrió traslado a la demandada de la anterior liquidación (fls. 43 y 49, C. 2) la cual fue expresamente aceptada por la apoderada especial de la Nación-Policía Nacional, según escrito visible a folio 53 del cuaderno 2, y con fundamento en tal aceptación, el Tribunal aceptó y aprobó la liquidación correspondiente, ordenando surtir el grado de consulta ante el superior.

La vista fiscal

En concepto que obra a folios 152 y 153 del cuaderno 1, el Fiscal Octavo del Consejo de Estado, afirma:

“Pues bien, observa esta Fiscalía que el Tribunal Administrativo del Quindío en el auto de 27 de octubre de 1988 está simplemente aprobando la liquidación presentada por el apoderado del actor, pero no hace ningún análisis ni ordena qué suma se debe pagar.

El auto de liquidación en condena es tan importante, que tiene consulta ante el superior, debe ser motivado, debe contener las cantidades que la parte demandada debe pagar.

Por lo tanto, esta Agencia del Ministerio Público solicita al H. Consejo de Estado se revoque el auto de 27 de octubre de 1988 y se envíe el proceso al Tribunal de origen para que se dicte el auto de conformidad con lo dicho anteriormente''''. (fl. 153).

Dos son las observaciones que el señor fiscal hace al auto de 27 de octubre de 1988, una de ellas expresa, y la segunda implícita en su texto. La primera se refiere a la indeterminación del auto consultado, por cuanto el mismo se limita simplemente a aprobar la liquidación, pero no precisa, ni ordena, en consecuencia, la suma concreta que haya de pagarse al actor. La segunda crítica se refiere a la falta de motivación de la providencia, por cuanto ella no contiene análisis alguno, ni apreciación de los documentos aportados, de las aseveraciones y supuestos que se hacen ni de las cifras allí resultantes, crítica que cuestiona en el fondo la posibilidad que tiene el juez para aprobar de plano las liquidaciones de perjuicios en las que están de acuerdo demandante y demandado.

Por tratarse de un asunto de crucial importancia, frente al cual la Sala ha manifestado que no es viable la aprobación de plano de la liquidación por cuanto ello sólo es posible frente a personas que puedan confesar libremente, o allanarse (auto de 30 de agosto de 1988, Expediente 3213), se considera necesario adentrarse en el estudio de la situación con el objeto de esclarecer el alcance real y la procedencia de tal aprobación de plano en la jurisdicción contencioso administrativa.

Planteamiento del problema 

Dada la limitación de índole legal para que las entidades públicas puedan allanarse o para que puedan confesar, originada en las prescripciones de los artículos 94 y 199 del Código de Procedimiento Civil y 218 del Código Contencioso Administrativo, se pregunta la Sala si la misma limitación se aplica a las entidades públicas para la aceptación de liquidaciones de condenas realizadas por su contraparte en el procedimiento contencioso-administrativo, o si, por el contrario, se trata de figuras o situaciones diferentes que se rigen por principios distintos, no siendo la limitación expresada aplicable a dicha aceptación. Consecuentemente, deberá definirse cuál es el papel del juez contencioso-administrativo en tal evento, y si él está obligado a adelantar el trámite incidental con intervención de peritos a que se refería el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil, aún a pesar del acuerdo antedicho, o si dicho juez puede y debe aprobar de plano la liquidación de perjuicios en que están de acuerdo demandante y demandado.

Para tal propósito, la Sala estudiará las figuras del allanamiento y de la confesión, pues ellas fueron el sustento de la decisión en la cual se fundó esta corporación para tomar la determinación a que antes se hizo referencia, así como la relación de estas figuras con la aceptación de la liquidación practicada por una de las partes en el proceso contencioso-administrativo.

Por su importancia como medio probatorio, la confesión ha sido una de las figuras más estudiadas dentro del procedimiento civil, habiendo convenido distintos doctrinantes, en desarrollo de lo dispuesto por los artículos 194, 195 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, que la misma no es más que una declaración de parte entendida esta última expresión en su sentido procesal formal, mediante la cual se reconocen expresamente hechos propios, o hechos ajenos que por tal reconocimiento producen consecuencias desfavorables al confesante o benefician a la parte contraria, que sea formulada en forma expresa, consciente y libre, y que provenga de quien tenga capacidad y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado. En otras palabras, entiende la Sala, la confesión judicial es un acto dispositivo que reconoce una situación un hecho o un derecho que está siendo controvertido o que tiene relación con una controversia judicial, y que por tal virtud afecta negativamente los intereses litigiosos de quien la hace.

Por su parte, el allanamiento, tal cual lo define el profesor Hernando Morales Molina en su libro Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General (9a Edición, Edit. ABC, 1985, págs. 349 y 350), no es más que la admisión, por parte del demandado, de las pretensiones y hechos de la demanda. Dice el profesor Morales:

“Para que exista el allanamiento se requiere que el demandado admita las pretensiones de la demanda y los hechos. Pues si acepta éstos y no aquéllas, sólo se produce confesión respecto a los que fueren susceptibles de dicha prueba; y la admisión de los hechos no personales del demandado excluye la necesidad de que específicamente se demuestren. La aceptación de las pretensiones, sólo implica su reconocimiento, pero no el de los hechos los cuales carecerán de prueba, fuera de la indiciaria nacida del allanamiento a las pretensiones, lo que no basta. El allanamiento es pues más amplio que la confesión, porque se aceptan los hechos y el derecho.

Producido el allanamiento, en el estado en que esté el proceso se dicta sentencia conforme a la demanda, ya que la aceptación de los hechos constituye prueba suficiente para pronunciarla en sentido estimatorio. Y porque determinada la sentencia, no puede el allanamiento estar sujeto a término o condición.

Por constituir un acto procesal, el allanamiento debe ser expreso y sólo puede realizarse dentro del proceso, de modo que si se hace fuera de éste, sólo producirá efectos de confesión sobre los hechos. Y por ser un acto dispositivo es ineficaz cuando el demandado fuere incapaz, o cuando el derecho materia de la litis no sea susceptible de disposición de las partes (o sea que en esto se equipara con la transacción), por ejemplo si recayera sobre estado civil o derecho a pedir alimentos, etc. (numerales I y 2). Por ello, para que el allanamiento tenga eficacia, el apoderado judicial debe tener facultad de confesar, y aun el que se haga en la contestación de la demanda exige dicha facultad, pues el allanamiento es un acto independiente de la contestación misma, para el cual no se presume aquella facultad. Por lo mismo, si los hechos de la demanda no se pueden probar por confesión, no cabe el allanamiento. Tampoco tiene efecto el allanamiento de la nación, departamentos, intendencias, comisarías y municipios, pues sus representantes o apoderados no pueden confesar (art. 199) en su nombre (numerales 3 y 5 del 94).

Como el código se inspira en el principio publicista, el allanamiento del demandado no obliga al juez, quien puede decretar pruebas de oficio y ordenar que siga el proceso cuando advierta fraude o colusión, o lo pida un interviniente principal, que ya figure en el proceso, pues a éste no lo comprenden los actos dispositivos del demandado, según se ha visto”.

(Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General, 9a. Edición, Edit. ABC- Bogotá 1985, págs. 349 y 350).

Como puede verse a simple vista del texto transcrito, así como de la lectura de los artículos 93 y 94 del Código de Procedimiento Civil, el allanamiento se asemeja a la confesión en cuanto parte del reconocimiento de unos hechos determinados en que se funda una demanda, pero se diferencia en que, además de tal reconocimiento, se aceptan las pretensiones que formula el demandante y que son materia de la litis que se ha trabado. Así, el allanamiento, al igual que la confesión, debe entenderse como un acto dispositivo de quien tiene la facultad de disponer, que por tal virtud admite unos hechos y genera para quien lo hace unas consecuencias desfavorables, en este evento la aceptación de lo que había sido pedido por la vía judicial.

Confesión y allanamiento tienen, pues, aspectos comunes y características que los separan; siendo dentro de estas últimas la principal aquella que resulta de la naturaleza de medio probatorio de la primera, frente a la naturaleza de acto procesal del segundo. La primera se refiere a aspectos de hecho, mientras que el segundo incluye también aspectos de derecho, generando ambos efectos desfavorables para la parte que los produce. Ambos tienen efectos dispositivos, por cuanto implican reconocer, a favor de otro, algo que es materia de la litis y que por el solo hecho de darse habrán de beneficiar a la contraparte o perjudicar a quien lo hace. Ambos se producen dentro del proceso y tienen efecto fundamental sobre la sentencia, aun cuando puede ser mayor el del allanamiento que el de la confesión. Ambos pueden ser desestimados por el juez en ciertas circunstancias, o apreciados plenamente por éste si se producen dentro de las condiciones de hecho y derecho previstas en la ley.

Ahora bien, ¿puede afirmarse que el acto mediante el cual una entidad pública condenada acepta la liquidación de una condena en abstracto, hecha por la parte demandante, es una confesión o un allanamiento, tal como se asevera en anteriores decisiones de esta Sala? La liquidación de una condena in genere no es más que la determinación cuantitativa de algo que ya ha sido definido en un proceso que por tal motivo es cosa juzgada y que por lo tanto no es materia controvertible entre las partes. Es un incidente complementario al proceso, consecuencia del trámite dado a la demanda y de todo el debate probatorio en el cual no se controvierte ni el derecho que asiste a las partes, ni la existencia de los hechos, ni la procedencia o justificación de los perjuicios, ni las características intrínsecas de éstos o aquellos, todo lo cual se definió en el proceso precedente y que dio origen a la sentencia definitiva. Así, para la liquidación no se dan, ni se debaten, nuevos hechos o derechos, ni sus efectos jurídicos, sino que ellos, ya reconocidos, se traducen en cifras concretas y específicas que han de reflejar el alcance de la condena.

Y por ello mismo, la aceptación de la liquidación no puede entenderse como un allanamiento o una confesión, pues no tiene ninguno de sus elementos o características, además de que por su naturaleza es una actuación procesal sustancialmente diferente a las figuras antedichas. Al aceptarse una liquidación no se reconocen hechos, pues los mismos fueron definidos en la sentencia; tampoco se están otorgando o consolidando derechos, pues ellos tienen un origen distinto ni menos aún se están discutiendo unos u otros pues la controversia misma ya se surtió, haciendo tránsito a cosa juzgada. Así las cosas, el solo hecho de pretender que en una liquidación de condena in genere pudiese presentarse algo similar a la confesión o al allanamiento implicaría desconocer el principio de la cosa juzgada, contradiciendo así una construcción legal, doctrinaria y jurisprudencial esencial a nuestro estado de derecho.

En términos estrictamente procesales, tampoco procede la asimilación que trata de hacerse entre la aceptación de la liquidación y el allanamiento o la confesión, pues mientras tales figuras solamente pueden presentarse antes de la sentencia, la aceptación tiene que producirse necesariamente después de ésta. Y por ello, tal aceptación no es ni puede asimilarse, ni por su naturaleza, ni por sus condiciones, ni por sus características, al allanamiento y a la confesión. Ella no es más que la aceptación de la concreción de unos parámetros determinados, dados previamente en la sentencia, y que no conlleva acto dispositivo alguno.

Por consiguiente, es válido afirmar, a juicio de la Sala, que la prohibición legal que tienen las entidades públicas para confesar o para allanarse no se extiende a la aceptación que éstas pueden hacer de la liquidación de perjuicios hecha por la parte demandante y que resulta de una condena ya ejecutoriada, pues se trata de figuras distintas no relacionadas. Lo anterior es, además, consecuente con los más sanos principios de economía procesal, por cuanto al impedir sin razón alguna la aceptación por parte de la entidad demandada de la liquidación presentada por la parte demandante, se sometería a la parte favorecida a una demora injusta, y se impondría al juez una obligación permanente que la ley no estipula cual es la de realizar oficiosamente un debate muchas veces innecesario, y ordenar unas pruebas que no han sido solicitadas, ocasionando así un desgaste de jurisdicción injustificado. Implicaría, además, convertir al juez administrativo en un juzgador cuya función sería siempre la de suplir las eventuales deficiencias de la entidad pública y en la práctica tratar de protegerla, lo cual no se compadecería con el principio de imparcialidad, propio de la jurisdicción contencioso administrativa. Llevaría también a suponer, en virtud de interpretación legal la incompetencia de las entidades públicas, lo cual ni puede, ni es justo colegirse, a la luz de las disposiciones que regulan su actuación ante esta jurisdicción.

Ahora bien, definido lo anterior, es menester precisar cuál es la responsabilidad real del juez administrativo frente a la aceptación que puede hacer una entidad pública de la liquidación de una condena in genere presentada por la persona o entidad, especialmente si se tiene en cuenta que el artículo 308 del C.P.C. ordenaba la aceptación de plano de la misma en el evento de acuerdo entre las partes.

En opinión de la Sala, la responsabilidad del juez administrativo en tal evento es la de revisar la liquidación sobre la cual ha habido acuerdo, y constatar que la misma se ajusta a los parámetros o pautas dadas por la sentencia condenatoria, en cuyo caso deberá aprobarla. Si por el contrario el juez detecta alguna irregularidad en la liquidación, o estima que ella se aleja de las pautas fijadas en la sentencia, o considera que se requiere necesariamente alguna prueba específica de carácter técnico que no puede suplirse con la sola aprobación, deberá manifestarlo así y ordenar la práctica de las pruebas necesarias para ajustar la liquidación a lo dispuesto en la mencionada providencia.

Al aplicar lo anterior al caso sub-judice, encuentra la Sala que el auto de 27 de octubre de 1988 del Tribunal Administrativo del Quindío se limitó a aprobar de plano la liquidación presentada por la parte demandante, y aceptada por la entidad demandada, sin analizar si la misma se ajustaba o no a las pautas fijadas por esta Corporación y sin determinar el monto de la condena. Por ello, no se detectaron dos errores serios en dicha liquidación, cuales fueron:

a) En la apelación interpuesta ante el Consejo de Estado, el apoderado de la parte demandante había sostenido la tesis de que la pérdida de flexión de la pierna izquierda en 40 grados, representaba una disminución del 22.22% en su capacidad generadora de ingresos, tesis que no fue aceptada por esta Corporación, y que la llevó precisamente a afirmar, en el ordinal e) de la sentencia (fl. 35), que dicha cuantificación debería hacerse mediante peritos, quienes habrían de determinar cuál fue el porcentaje de disminución de la capacidad productiva del afectado. Ello, por cuanto la simple aseveración de que la pérdida de flexión de 40 grados en la pierna izquierda implica una perdida de capacidad productiva del 22 22% no tiene ningún sustento real.

b) Al hacer el apoderado de la parte demandante la liquidación de la indemnización futura o anticipada, cometió el error de utilizar la fórmula equivocada, pues empleó aquélla que el Consejo de Estado ha usado para determinar la indemnización vencida o consolidada. La que correspondería utilizar sería la siguiente:

 

El factor resultante será el que se aplicará a la renta perdida, la cual habrá de determinarse, a su vez según el porcentaje de disminución de la capacidad productiva que determinen los peritos, aplicado a los ingresos mensuales del Sr. William Brito, según se establecen en el folio 3 de Cuaderno Nº 2.

En mérito de lo expuesto se resuelve:

1 . Infirmar el auto de 27 de octubre de 1988 del Tribunal Administrativo del Quindío mediante el cual se aprobó la liquidación de la condena en abstracto presentada por la parte actora en el proceso iniciado por William Brito Peláez contra la Nación, Policía Nacional.

2. Devolver el expediente al Tribunal Administrativo del Quindío para que practique la prueba ordenada y efectúe la liquidación conforme a lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de fecha diez y ocho (18) de octubre de mil novecientos noventa (1990).

Carlos Betancur Jaramillo, Presidente de la Sala—Carlos Gustavo Arrieta Padilla—Gustavo de Greiff Restrepo—Julio César Uribe Acosta.

Félix Arturo Mora Villate, Secretario.

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