Sentencia 5595 de marzo 21 de 1991

 

Sentencia 5595 de marzo 21 de 1991

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

Consejero ponente:

Dr. Julio Cesar Uribe Acosta.

Rad.: 5595

Actor: Juan C. Hernández Henao.

Bogotá, D.E., marzo veintiuno de mil novecientos noventa y uno.

I.

Agotada la tramitación procesal de ley, sin que se observe causal de nulidad que vicie la actuación, procede la Sala a desatar el grado de consulta de la sentencia proferida el día cinco (5) de agosto de mil novecientos ochenta y ocho (1988), por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró a la Nación Colombiana - Policía, administrativamente responsable por los daños y perjuicios sufridos por el señor Juan C. Hernández Henao con ocasión de la destrucción del bus de su propiedad, ocurrida en inmediaciones de la Universidad de Antioquia, el día veintitrés (23) de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro (1984).

Para la mejor comprensión jurídica de todas las circunstancias legales, generales y particulares del caso, se transcribe a continuación lo pertinente del referido proveído, en el cual se discurre dentro del siguiente universo:

“Obrando a través de apoderado, mediante escrito presentado al día 10 de mayo de 1984, en ejercicio de la acción de reparación directa y cumplimiento, el señor Juan C. Hernández Henao demanda al Municipio de Medellín y a la Nación, a fin de que sean declarados administrativamente responsables de todos los daños y perjuicios que le fueron ocasionados por el incendio y destrucción de su bus de placas TB 18 - 54, el 23 de febrero de 1984, en las instalaciones de la Universidad de Antioquia, de esta ciudad. Que, consecuencialmente, se les condene a los pagos indicados a folios 29.

“Como fundamentos de la pretensión se narran los siguientes hechos:

“El bus de su propiedad tipo metropolitano, marca Dodge, modelo 1979, con placas TB 18-54, matriculado en la Dirección de Transportes y Tránsito de Antioquia, afiliado a la Cooperativa Nacional de Transportadores (COONATRA), en perfectas condiciones (mecánicas y estéticas), fue despachado el día 23 de febrero de 1984, a las 11:10 de la mañana, del terminal que tiene Coonatra cerca a la Universidad de Medellín (Sector Belén), para que hiciera el recorrido normal, fijado por la Secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín.

“A eso de las 11:50 de la mañana, al llegar al semáforo instalado en el crucero de la calle Barranquilla con la Avenida del Ferrocarril, se acercaron varios sujetos encapuchados, con revólver en mano y le solicitaron al conductor, Guillermo Gaviria, que entregara el dinero y las llaves del carro y ordenaron a los pasajeros que descendieran del vehículo; también el conductor tuvo que alejarse del vehículo, luego de entregar las llaves y el dinero, acudió a un teléfono cercano para llamar a la policía, a fin de que se le prestara protección, prometida la tarde anterior por las autoridades. Cuando el conductor efectuaba la llamada pudo observar, desde lejos, cómo el automotor había sido llevado hasta el interior de la ciudad universitaria y cómo se procedía a incendiarlo. Cuando vio que las llamas comenzaban a consumir el vehículo llamó al Cuerpo de Bomberos para que concurrieran a apagarlo.

“Se hicieron presentes inicialmente los agentes de policía, quienes temerosamente intentaron entrar al recinto universitario para apagar el bus incendiado, pero los estudiantes comenzaron a lanzar piedra. Luego llegaron los Bomberos y en vez de proceder a apagar las llamas para salvar el vehículo, se quedaron fuera viendo como ardía, alegando que la policía debía protegerlos para apagarlo.

“Afirma que, ante las manifestaciones de quienes presenciaban el espectáculo, la policía pretendió ingresar a los predios universitarios, pero un oficial que se hizo presente dijo que existían órdenes superiores de no ingresar por la fuerza a los predios universitarios; que hubo omisión de la policía y de los bomberos <%0>.

“Que el día anterior, en las horas de la tarde, se reunieron en la Gobernación del Departamento los transportadores y representantes de todas las autoridades para exigirles la prestación del servicio normal y prometieron a los transportadores la máxima seguridad para que sus vehículos no sufrieran daños. Los transportadores, convencidos de la seriedad de esa promesa, autorizaron la salida de sus buses.” (fls. 264-265, cdno.1).

(...)

“Consideraciones del Tribunal.

“Como lo tienen establecido la doctrina y la jurisprudencia, debe declararse la responsabilidad del Estado (o de la administración, como también se denomina), cuando aparece demostrada una falta o falla del servicio, o de la administración (por acción u omisión), un daño y la relación de causalidad entre la falta o falla imputable a la administración y el daño.

“El Estado queda exonerado de responsabilidad cuando demuestra como causa del daño la culpa de la víctima, el hecho de un tercero, la fuerza mayor o el caso fortuito, pues, en el fondo, lo que acredita es la ausencia de la relación de causalidad entre la falta o falla y el daño (C.E., sent. oct. 28/76. C.P. Jorge Valencia Arango).

“La prueba.

“Es de importancia la narración que de los hechos hace el señor Luis Guillermo Gaviria Zapata, conductor del vehículo incendiado:

“Yo salí despachado a las 11 y diez de la mañana de la terminal del circular, de la Universidad de Medellín, salí normalmente a hacer el recorrido y llegando a la Avenida del Ferrocarril esperé a que el semáforo me diera la vía, cuando me dio la vía llegué al paradero de buses a las 11 y 50, cuando se me montaron cuatro encapuchados con revólver y me quitaron las llaves y la plata, a los pasajeros los obligaron a bajar, iba con 36 pasajeros, luego se lo llevaron para las instalaciones de la Universidad, todos cuatro se fueron en el bus, luego corrí a llamar al Cuerpo de Bomberos y a la policía, a los diez minutos llegaron a intervenir a defender el vehículo y no los dejaron entrar; tiraban piedras y bombas molotov, luego llegaron dos pelados en moto con extinguidores a defender el bus y no los dejaron entrar; las bombas eran como unas cajetillas o frascos que las tiraban y explotaban, eso es lo que llaman bombas molotov; luego se retiraron todos hasta que se incendió el bus del todo, después llegó el dueño del vehículo, Juan C. Hernández, y se entró a ver el vehículo y habló con los profesores y doctores allá; de ahí me fui yo para la casa y al otro día sacaron el carro de allá” (fl.120).

“A continuación explica que los encapuchados —unos con pañuelos y otros con capucha entera—, lanzaban piedras y bombas a los policías y al cuerpo de bomberos, en forma que no los dejaron entrar y que la policía, para defenderse utilizaba piedras, bolillos y gases lacrimosos. Que los agentes eran por lo menos 40 y de los bomberos eran 4 máquinas.

“El señor Rodrigo de Jesús Vergara Henao, quien en su calidad de bombero intervino para tratar de apagar el vehículo, en términos generales confirma lo dicho por Gaviria Zapata, en cuanto al enfrentamiento entre la policía y los estudiantes. Que la policía, excepto los oficiales, no tenía armas. Sólo tenían el escudo. Explica que cuando llegaron, las puertas de la Universidad estaban cerradas y la policía estaba enfrentada con los estudiantes; se arrimaron a la puerta y de allí tiraron agua al bus. No entraron porque los cogieron a piedra y hasta les tiraron una bomba. Fueron a “tanquiar” —sic— y cuando volvieron no los dejaron arrimar más, inclusive había llegado otra máquina de la subestación del Norte (fls. 112 a 115).

“El señor Darío Pastor Restrepo Rojas dice que el Cabo Ricaurte les avisó que estaban incendiando un vehículo en la Universidad de Antioquia, por lo que, acompañado de su hermano, en una moto de su propiedad, dotados de extinguidor y morral, se trasladaron al lugar. Al llegar a los alrededores le pidieron permiso a un oficial para pasar el cordón que estaba haciendo, manifestándole que podían apagar el carro — aunque se habían dado cuenta que no era propiedad de la empresa para la cual trabajaban—. Este los llevó ante el oficial que estaba a cargo de todos los policías, quienes manifestaron que no se podía porque tenían cerradas las puertas de la Universidad con unos alambres. Al rato llegó la máquina del cuerpo de bomberos y cuando habían procedido a desenrollar la manguera, los encapuchados que estaban al otro lado de la verja tiraron un petardo, por lo que uno de los bomberos soltó la manguera y salieron corriendo; tomó la manguera y en compañía de otro bombero procedieron a intentar apagar el carro. Luego los encapuchados tiraron otro petardo dirigido contra el testigo y el bombero específicamente, que explotó contra la portería de la Universidad, momento en el cual el bombero le dijo “pelao no comamos de nada”, es decir que siguieran apagando el carro, y utilizaron el chorro de agua para ahuyentar a los encapuchados. Que hasta ese momento la policía los estaban protegiendo en la puerta con los escudos. Después de prácticamente apagar el carro en forma total el agua de la máquina se acabó y la máquina se retiró porque empezaron a tirarle piedra y otros objetos como botellas y palos. Se retiraron todos de la puerta y los encapuchados se acercaron otra vez al bus, le sacaron gasolina al mismo vehículo, ya que al parecer no tenían más bombas molotov; con la gasolina del mismo vehículo lo rociaron de nuevo, le abrieron la tapa del motor y lo volvieron a incendiar, oportunidad en la cual llegó otra máquina del cuerpo de bomberos y el bombero encargado de ella dijo al oficial que si los protegía podían entrar a apagar el carro, a lo que respondió que no tenía autorización del Gobernador para entrar a la Universidad. Que habían 40 ó 50 policías, fuera de los que hacían cordón en el puente Barranquilla. Que le quedaba más difícil calcular el número de encapuchados porque estaban más dispersos, pero no cree que pasarán de 50, aproximadamente.

“A solicitud de la apoderada del Municipio manifiesta que trabaja en la Sociedad Antioqueña de Transportes Ltda., como jefe de Estadística y es miembro de un equipo de seguridad formado por la Empresa para estos casos; que el Gerente es su papá, en la cual tiene aproximadamente unos diez carros, entre 110 como total de la empresa, vehículos que han sufrido varios atentados, siendo el más grave en 1977, cuando un comando subversivo entró al parqueadero de la empresa y trató de incendiar todo el parque automotor, quemando 7 u 8 carros y dejando con averías aproximadamente 15. Se le preguntó si la empresa ha presentado demanda por tales hechos y respondió:

“Que yo sepa no quizá porque hasta el momento no se había creado ningún precedente pero me imagino que las autoridades y la Nación están en la obligación de proteger los bienes de los particulares” (fls. 135 a 137).

“Juan Antonio Restrepo Rojas, —folios 127 a 131— (hermano del anterior) afirma que solicitaron inicialmente permiso al oficial para entrar “... y me parece que dijo que esperáramos para ver si se podía hacer retirar a los estudiantes de allá, a los encapuchados...” (fl. 127). Que, posteriormente, solicitaron autorización al oficial para entrar y tratar de sacar el bus, pero este dijo que no podían entrar a la Universidad. Se le preguntó al testigo si, según respuesta anterior lo que lanzaban estudiantes y encapuchados eran petardos que sólo tenían por finalidad asustar y no eran bombas como algunos estaban diciendo y respondió:

“Eso es muy relativo ya que un petardo es una cuestión de dinamita y si a alguna persona se le da con esto la puede lesionar, ellos también arrojaban botellas de vidrio y piedra” (fl. 129). Que 50 ó 60 agentes estaban al frente y rodeando la Universidad y dentro de la Universidad por ahí 20 a 35 estudiantes.

“Se le preguntó el origen o razón para que los encapuchados incendiaran el vehículo y respondió:

“Eso fue en una semana donde había una cuestión de un paro cívico y entonces ellos estaban protestando contra el alza en el transporte y los vehículos”.

“En respuesta a interrogatorio formulado por la apoderada del Municipio, manifiesta que su papá es socio de Santra (empresa donde el demandante también trabaja) y tiene por ahí unos treinta vehículos, busetas y buses —llama la atención que su hermano, jefe de estadística en la empresa sólo habló de diez carros—. Se le preguntó si su papá ha tenido vehículos que han sufrido las mismas situaciones, incendiados y objeto de terrorismo y respondió que una vez fue incendiado el parqueadero de la empresa Santra y se quemaron 7 vehículos y que, durante el tiempo que lleva funcionando, por actos terroristas se han quemado por ahí unos 15 vehículos.

“En lo demás coincide, en términos generales, con lo manifestado por Darío Pastor.

“Mario de Jesús Cadavid (fls. 176 a 178) se desempeñaba como Jefe del Cuerpo de Bomberos; no presenció los hechos.

“La señora Fanny Arango De Ramírez explica que el día anterior (febrero 22) las autoridades (Alcalde de Medellín, Comandantes de la Policía y la Brigada Militar, Gobernador) solicitaron a los transportadores no mermar el servicio de vehículos vinculados al sistema T.S.S. y prometieron protección, haciendo énfasis en cuanto a las áreas universitarias.

“Se le preguntó a la declarante si el demandante, el conductor o la empresa podían tener enemigos que quisieran ocasionarle ese daño, o es posible creer que se trata de actos terroristas encaminados a perturbar el orden público y a protestar contra las autoridades y contestó:

“Eso es una reacción terrorista, una protesta por el trato de modalidades, debido al cambio de los T.S.S., y todavía están en las mismas, continúan en las mismas. La gente protesta por el desmonte del subsidio de transporte, ya que el gobierno paga al usuario un 50% del costo del servicio y al pasar a tarifa plena (T.S.S.) el usuario tiene que pagar el ciento por ciento (100%)” — fl.126 — .

“En respuesta al oficio 540 (bis) el Comandante del Departamento de Policía de Antioquia manifiesta:

“1º. En efecto, según el Decreto 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía) Artículo 74, un establecimiento de educación es considerado como un domicilio ajeno pero si dentro de ese domicilio o en sus alrededores se comete una infracción penal verbigracia “incendio” (D. 100/80 art. 189 del Código Punitivo), la policía debe actuar de inmediato pues es su obligación fundamental según reza el Decreto 2137 de 1983 (Estatuto Orgánico) en sus artículos lº y 2º.

“2º. Para el cumplimiento cabal de las obligaciones que le compete a la fuerza pública y en el caso concreto de incendio de vehículos que usted cita, la policía puede penetrar al domicilio ajeno por hallarse frente a una flagrante violación de la ley penal (D. 522/71, art. 111, D. 1355/70 en concordancia C.N., arts. 56 y 24).

“3º. Ahora bien, si la policía nacional ha actuado en conjunto con otra fuerza pública, ello está también respaldado por el ya citado Estatuto Orgánico en su artículo 145 y ss.” (fls. 185 y 186).

“De lo expuesto se deduce:

“En forma sorpresiva, el día 23 de febrero de 1984, a las 11:50 a.m, a la altura de la Calle Barranquilla con la avenida del Ferrocarril, 4 sujetos encapuchados, armados con revólver, obligaron al conductor del vehículo Guillermo Gaviria Zapata a entregar la plata y las llaves del vehículo, obligaron a los 36 pasajeros a abandonar el bus y condujeron el vehículo a las instalaciones de la Universidad de Antioquia, donde lo incendiaron.

“Una vez despojado del vehículo, el conductor Gaviria Zapata acudió a llamar al cuerpo de Bomberos y a la policía; en diez minutos concurrieron al lugar de los hechos miembros de ambos organismos.

“También lo hicieron los hermanos Juan Antonio y Darío Pastor Rojas Restrepo, folios 127 y 135, y con extinguidor en mano ofrecieron apagar el bus incendiado, pues estaban prevenidos de que se presentase los desmanes ya que su padre es transportador y había sido víctima de la acción de los vándalos por esos mismos días.

“Los incendiarios eran encapuchados. Unos con pañuelos y otros con capucha entera y en número considerable se liaron en batalla campal con la policía utilizando guijarros, botellas, piedras, bombas molotov, los revoltosos y gases lacrimógenos la policía, impidiendo en todo caso el acceso de los bomberos a los predios universitarios donde el bus ardía.

“La primera máquina de bomberos que llegó al sitio, se arrimó hasta la puerta de la universidad y de ahí le tiraron agua al bus, hasta cuando se agotó el líquido. Se fueron a tanquear y cuando regresó, no los dejaron arrimar más, “...inclusive había llegado otra máquina de la subestación del Norte, ya la policía empezó a lanzar gases lacrimógenos y el bus se consumió totalmente por el efecto de las llamas...” —fl. 112—.

“Los policías eran entre 40 y 60. Los encapuchados 20 ó 35, aproximadamente 50 advierten algunos testigos, pero según el conductor del vehículo Luis Guillermo Gaviria Zapata”...eran como cincuenta o cien encapuchados” (fls. 137, 130 y 123).

“Darío Pastor Restrepo declara que el oficial que estaba a cargo de la operación le dijo que no podían entrar a la Universidad porque las puertas estaban cerradas con unos alambres (fl. 135); posteriormente manifiesta que el bombero encargado de la máquina le dijo al oficial que si los protegían podían entrar a apagar el carro y el oficial respondió que no tenía autorización del Gobernador para entrar a la Universidad.

“La puerta del claustro Universitario estaba cerrada y los encapuchados repelían la fuerza pública y desde dentro lanzándole diferentes objetos. La policía lo único que hizo allí fue agarrarse a piedra con los estudiantes”. Rodrigo de Jesús Vergara Henao —fl. 112—.

“La ley establece que en caso de flagrante violación de la norma penal, las autoridades pueden incluso penetrar en domicilio ajeno para perseguir a los infractores —D. 1355/70, art. 81, modificado por el art. 111 del D. 522/71. Así lo certifica el Comandante de Policía de Antioquia —fl. 185—.

“Si la síntesis de lo historiado pudo hacerse con fundamento en los elementos de convicción antes referidos, resulta fácil inferir que la Policía Nacional concurrió al lugar de los hechos, fue espectadora de la comisión colectiva de un delito contra la propiedad privada; coprotagonizó la pedrea que acompañó al acto vandálico, pero no protegió los “bienes” del ciudadano afectado cual era su obligación, como se desprende de los textos de los artículos 16 de la Constitución Nacional; 3º y 4º del Decreto 2137 de 1983 y 1º del Decreto 1355 de 1970.

“La protección es típica función policial que no se agota con la sola presencia del cuerpo profesional al sitio de los hechos, sino con el despliegue de los recursos materiales, técnicos y logísticos orientados a la real protección de la vida, honra y bienes de los habitantes del territorio nacional.

“En el caso de autos la Policía estuvo lejos de ejercer un efectivo control de la situación de orden público que degeneró en la comisión de un delito, como era su obligación, se limitó a participar en la “pedrea” y luego a observar el espectáculo que brindaba un bus incendiado por revoltosos. El no actuar o hacerlo deficientemente constituye a no dudarlo una falla del servicio de la policía por la que debe responder la Nación Colombiana, ente de derecho público al que pertenece ese organismo armado.

“Es verdad que los medios de convicción aportados al proceso advierten que la policía fue obstaculizada en la prestación del servicio, pero no se acreditó que el obstáculo fuera insuperable hasta el punto de que pueda decirse que hubo fuerza mayor, que los exonerara de la obligación legal de proteger la propiedad privada del señor Juan C. Hernández Henao en vía de perecer por acción de manifestantes exaltados. Ocurrió simplemente que no tuvieron la voluntad de hacerlo, utilizando razonablemente los instrumentos adecuados con entereza y profesionalismo.

“No puede decirse igual cosa del cuerpo de bomberos de Medellín, organismo que fue llamado para que extinguiera la conflagración y que concurrió al sitio del incendio, procedieron a apagarlo desde donde los manifestantes que lanzaban piedras lo permitieron, lo lograron en primera instancia. Pero los encapuchados se acercaron otra vez al bus, le sacaron gasolina al mismo vehículo, lo rociaron de nuevo, le abrieron la tapa del motor y volvieron a prenderlo; “...nosotros le dijimos al oficial que si podíamos entrar a bregar a sacar el bus que el bus estaba apagado y nos contestó que no podíamos entrar a la universidad; y de ahí nos quedamos hasta que los estudiantes se retiraron y el bus se quemó totalmente”. —fl. 128, Juan Antonio Restrepo Rojas— .

“Igual solicitud elevaron a la policía, los bomberos que también fueron presa de la violenta pedrea, y que, si bien es cierto “...gozan de ilimitadas facultades en caso de siniestro, como las de demoler edificaciones, forzar cerraduras, cortar canales eléctricos, deben recibir la cooperación inmediata de los jefes y agentes de Policía, de los médicos, de los particulares en general y del ejercicio en caso necesario...”, pues las prerrogativas de que gozan no autorizan a sus miembros para ningún atropello, acto u omisión que lesione el haber ajeno o ponga en peligro la vida de las personas, por razón del tránsito por las vías públicas, como surge de lo previsto en los artículos 17, 18 y 66 del Decreto Municipal 100 de 1965.

“No se presentó entonces la falla del servicio por parte del Cuerpo de Bomberos de Medellín y por ende del Municipio de Medellín al que pertenece el organismo. Esta fue como se dejó expuesto de la Policía Nacional.

“Del Daño.

“Consistió en la destrucción total por incendio del bus de servicio público, marca Dodge, modelo 1979, afiliado a COONATRA de placas TB 1854 de propiedad del señor Juan C. Hernández Henao. Lo informan todas las personas que declararon en el período probatorio de este proceso y lo ratifican las fotos que reposan en el expediente a folios 11, 12, 13, 14 y 15. Y lo confirman el señor Oscar Medina Rodríguez, fl. 134, quien en constancia de folios 10 había conceptuado que no se justificaba la reparación del bus, “...ya que su destrucción es de un 95%”.

Relación de Causalidad.

“Probada la falla del servicio de policía por parte de la Nación Colombiana y la destrucción total del bus por incendio, se infiere el nexo o relación de causa a efecto, sobre todo cuando ninguna prueba advierte que el hecho dañino ocurrió por fuerza mayor o por culpa exclusiva del conductor del vehículo o de su propietario.

Valor de los Perjuicios.

“En la demanda se piden a favor del actor Juan C. Hernández Henao, sumas actualizadas al momento del fallo así:

“a) Daño emergente: Tres Millones Quinientos Mil Pesos M.L ($3.500.000), por la pérdida del vehículo.

“b) “...Lucro Cesante, la suma de Seis Mil Veinte Pesos Diarios ($6.020)...” a partir del 22 de febrero de 1984 hasta cuando se cancele el monto del daño emergente.

“c) “...intereses legales correspondientes hasta el momento efectivo del pago.

“d) “...los gastos del proceso y las agencias en derecho...”

“Los peritos en bien fundado dictamen señalaron el valor del bus a la fecha del siniestro en $2'308.800 y actualizada a 30 de abril de 1986, fecha posible de la sentencia en $3'624.816.

“El lucro cesante consolidado lo fijaron por anualidades, así: “Primera anualidad $940.605.12. Segunda anualidad $l'077.776.70. Tercera anualidad $181.425.73, para un total de $2'199.807.55.

“Fijan en últimas las siguientes cantidades:

“Sin daño emergente actualizado: $4'508.607.55.

“Con daño emergente actualizado: $5'824.623.55”.

“La pericia está en firme. Para rendirla los expertos tuvieron en cuenta los elementos probatorios que obran en el proceso; consultaron estudios serios sobre rentabilidad de la industria de transporte urbano, fue explicada con precisión y fundamento y para fijar los perjuicios se tuvieron en cuenta los derroteros señalados por el Honorable Consejo de Estado en la aplicación de la fórmula

FORMULA 5595-1
 

“Además los honorarios que causó le fueron cubiertos a los peritos. Todo ello hace que el Tribunal acoja sus fundamentos y explicaciones orientadas a elaborar una liquidación actualizada de los guarismos que ella recoge.

“Como los perjuicios sólo se encuentran actualizados hasta el 30 de abril de 1986, fecha considerada probable por los peritos para dictar la sentencia, es necesario reactualizar dicha suma a efecto de que la reparación aquí ordenada sea integral. (art. 178 del C.C.A.).

“Siguiendo las pautas trazadas por la sección tercera del Consejo de Estado, la suma total de la indemnización, equivale al valor del daño emergente y lucro cesante $5.824.623.55, se actualizará con el Indice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior a la fecha de presentación de la cuenta de cobro.

Para tal efecto bastará la aplicación de la siguiente fórmula:

FORMULA 5595-2
 

En donde:

VF = valor final o indemnización.

vp = valor presente o suma que se actualiza.

ind. f. = índice final - IPC del mes anterior a la presentación de la cuenta de cobro.

Ind. inicial = IPC de abril de 1986.

FORMULA 5595-3
 

“La suma así obtenida, representará el valor del daño emergente y lucro cesante, actualizado a la fecha del pago.

“Ante la presencia de elementos de convicción que facilitan el señalamiento de los perjuicios, y, por no ser determinantes, según expresión de la H. Corte Suprema, no se tendrán en cuenta las declaraciones de renta del actor traídas oficiosamente al expediente por el Magistrado sustanciador.

“No se condenará a gastos del proceso y agencias en derecho por prohibirlo expresamente el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.

“La condena se hace en favor del señor Juan C. Hernández Henao, quien, dicho sea de paso, acreditó con la fotocopia de la matrícula, ratificada con la certificación de la Dirección Departamental de Tránsito, obrante a folios 12 y 4, que estaba legitimado para impetrar la acción resarcitoria deducida en este proceso.

“La ponencia elaborada por el Magistrado Oscar Aníbal Giraldo Castaño no fue aceptada por la Sala, razón ésta para que lo hiciera el que por orden alfabético le siguiera en turno.

“Por lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Antioquia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, acorde con su colaborador fiscal, y por autoridad de la ley,

FALLA:

“1º. Declárase a la Nación Colombiana - Policía, administrativamente responsable de los daños y perjuicios sufridos por el señor Juan C. Hernández Henao con ocasión de la destrucción del bus de su propiedad de placas TB 1854, ocurrida en inmediaciones de La Universidad de Antioquia el día 23 de febrero de 1984.

“2º. Como consecuencia de la declaración que antecede, condenase a la Nación Colombiana - Policía Nacional a pagar el valor de los perjuicios materiales en la suma de Cinco Millones Ochocientos Veinticuatro Mil Seiscientos Veintitrés con Cincuenta y Cinco cvs. M.L. ($5'824.623.55) debidamente actualizada en la forma como se indicó en la parte motiva de esta sentencia.

“Esta condena se entiende en concreto y la cuenta de cobro deberá presentarse con la certificación correspondiente del DANE, sobre los índices señalados en la misma motivación.

“3º. Absuélvase de los mismos cargos al Municipio de Medellín.

“4º. Dése cumplimiento a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

“5º. No se condena a gastos del proceso ni agencias en derecho por prohibirlo la Ley.

“6º. Consúltese esta sentencia si no fuere apelada”. (fls. 266-278, cdno.1).

II.

Conducta Procesal de la Apoderada de la Nación - Policía Nacional.

Dentro del término de ley, alegó de conclusión, como se desprende del escrito que obra a folios 293 y siguientes del cuaderno 1, en el cual hace sus valorizaciones de naturaleza jurídica y fáctica, dentro del siguiente temperamento:

“Tal como lo dije en mi memorial de contestación de demanda, la Nación - Policía Nacional debe ser exonerada de toda responsabilidad por no existir en el sub judice falla del servicio.

“En el presente caso, la Policía Nacional ante el llamado del conductor del bus se hizo presente en el lugar de los hechos pero los estudiantes tras de cerrar las puertas de la Universidad agredieron a la autoridad con piedras y hasta bombas.

“Ante hechos como el presente no es procedente hacer uso de las armas; porque en tal caso otros hubieren sido los hechos y estaría la Nación demandada por los familiares de los muertos. La Policía Nacional no podía salvar un vehículo sin sacrificar la vida de varias personas.

“Por lo que se vivió ese día lo único que se podía hacer era disparar para tratar de entrar a los predios de la universidad pero los agentes no lo hicieron por respeto a la vida de los estudiantes.

“Así las cosas, y en un todo de acuerdo con el salvamento de voto del Dr. Mario Vélez A., solicito se revoque la sentencia consultada y en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda por no existir falla del servicio por parte de la Policía Nacional”. (fls. 293-294. cdno.1).

III.

Vista Fiscal

La Fiscal Segunda de la Corporación, Dra. Edne Cohen Daza, en su concepto de fondo Observa:

“Para la prosperidad de las acciones administrativas tendientes a que se declare la responsabilidad del Estado, se ha exigido por la jurisprudencia la comprobación de los siguientes elementos:

“a) Una falla o falta del servicio a cargo de la administración.

“b) Un daño cierto y determinado.

“c) Una relación de causalidad entre la falla o falta del servicio y el daño ocasionado.

“La señora Fanny Arango de Ramírez, Gerente de Coonatra, expresa en su declaración visible a los fls. 124 a 126, que “los Gerentes de las empresas transportadoras solicitamos al Gobierno la protección por estos atentados y ellos prometieron, Gobernador, los militares y toda la rama del gobierno, protección y nos solicitaron muy encarecidamente no mermar el servicio de estos vehículos y nosotros bajo este compromiso prestamos el servicio normalmente. Se había hecho mucho énfasis por parte de todos los transportadores de las áreas universitarias de una protección especial allí. Preguntada: ¿Recuerda Ud. si el Alcalde de Medellín, el Comandante de la Policía, el Comandante de la Brigada Militar participaron en esa reunión y se comprometieron oficialmente a brindarle protección y ayuda a los vehículos T.S.S., especialmente en las universidades, para que no fuera a disminuir el servicio de transporte que se prestaba en la ciudad de Medellín? Respondió: Sí participaron en la reunión del día 22 de febrero, día anterior a la quema de este bus. Preguntada: ¿Qué lapso de tiempo transcurrió entre la reunión que los transportadores celebraron con las autoridades nacionales, departamentales y municipales y el incendio del bus de placas TB 1854 al cual nos hemos venido refiriendo? Respondió: Más o menos a las 8 de la noche se terminó la reunión de una comisión que se nombró y a las 11 y 50 del día siguiente hora en que quemaron este vehículo”.

“El conductor del vehículo mencionado, dice en su versión visible a los folios 120 a 123, sobre los hechos, lo siguiente: “Yo salí despachado a las 11 y diez de la mañana de la terminal del circular, de la Universidad de Medellín, salí normalmente a hacer el recorrido y llegando a la Avenida del ferrocarril con Barranquilla esperé a que el semáforo me diera la vía, cuando me dio la vía llegué al paradero de buses a las 11 y 50, cuando se montaron cuatro encapuchados con revólver y me quitaron las llaves y la plata, a los pasajeros los obligaron a bajar, iba con 36 pasajeros, luego se lo llevaron para las instalaciones de la Universidad, todos cuatro se fueron en el bus, luego corrí a llamar al cuerpo de Bomberos y a la Policía, a los 10 minutos llegaron a intervenir a defender el vehículo y no los dejaron entrar; tiraban piedras y bombas molotov, luego llegaron dos pelados en moto con extinguidores a defender el bus y no los dejaron entrar; las bombas eran como unas cajetillas o frascos que las tiraban y explotaban, eso es lo que llaman `bombas molotov'; luego se retiraron todos hasta que se incendió el bus del todo, después llegó el dueño del vehículo, Juan C. Hernández y se entró a ver el vehículo y habló con los profesores o doctores allá; de ahí me fui yo para la casa y al otro día sacaron el carro de allá”.

“De los anteriores medios probatorios se establece:

“a) Los Gerentes de las Empresas Transportadoras de Medellín, habían solicitado a las autoridades protección para prestar el servicio en forma normal, petición que se justificaba por los actos terroristas que venían ocurriendo a raíz de que el gobierno había dispuesto un nuevo servicio de transporte urbano conocido como T.S.S.

“b) Las autoridades llevaron a cabo una reunión el día 22 de febrero de 1984, con los transportadores, en donde se comprometieron a prestar la debida protección para que el transporte urbano no fuera alterado con motivo de los actos terroristas que se venían presentando.

“c) El bus de placas TB 1854, salió el día 23 de febrero de 1984, a cumplir la ruta acostumbrada, sin embargo pese a las promesas de protección de las autoridades, tanto su conductor como los pasajeros fueron bajados del vehículo por cuatro encapuchados y el vehículo conducido a la Universidad en donde fue quemado.

“d) Tanto la Policía como los bomberos acudieron al llamado del conductor del bus, pero su intervención no fue eficaz a pesar de conocerse con antelación los riesgos que corrían los automotores que prestaban el servicio urbano de transporte sin subsidio.

“Lo anterior indica que sí existió la falla del servicio por parte de la Policía Nacional y del Gobierno Municipal de Medellín, al no tomar las medidas necesarias para prevenir la quema de los vehículos que prestaban el servicio conocido como T.S.S., como ocurrió con el automotor de placas TB - 1854. Más aún cuando existiendo riesgo para quienes prestaban dicho servicio, se les exigió por parte de las autoridades su normal prestación, con los resultados conocidos.

“Pero dicha falla del servicio, se resalta más cuando las autoridades encargadas de preservar el orden público, no lograron controlar la situación hasta el punto de no poder hacerse presentes en el lugar en donde el bus se encontraba porque los autores de los hechos lo impidieron.

“La alteración del orden público era manifiesta y de pleno conocimiento de las autoridades, incluidas las del municipio de Medellín, y éstas exigieron la prestación del servicio urbano conocido como T.S.S., servicio que había generado las protestas y algunos actos terroristas. Las autoridades no tomaron las medidas necesarias para garantizar el normal desarrollo de las rutas asignadas, no obstante que los transportadores habían solicitado de manera expresa una especial protección. De lo anterior debe deducirse, que tanto las autoridades municipales como la Policía Nacional son directamente responsables de lo ocurrido.

“La destrucción del automotor afiliado a Coonatra de placas TB 1854, cuando prestaba el servicio urbano, está debidamente acreditada con los diferentes testimonios, las fotografías visibles a los fls. 11 a 15 y en especial con la constancia visible al folio 10 en donde se expresa que la destrucción del automotor es de un 95% que no amerita su reparación.

“Existe relación de causalidad entre la falla de la administración y el daño ocasionado. Luego la responsabilidad administrativa del Municipio de Medellín y de la Nación - Policía Nacional, está debidamente acreditada y debe ser solidaria.

“Por lo expuesto, esta Fiscalía se permite solicitar a la Sala, se modifique la providencia apelada, para que se declare que también el Municipio de Medellín es responsable de los hechos ocurridos y en consecuencia se le condene a pagar los perjuicios en forma conjunta con la Nación —Policía Nacional”. (fls. 298-301, cdno.1)—.

IV.

Consideraciones de la Sala.

A) La Sala hace suya la perspectiva jurídica que manejó el a quo y que lo llevó a concluir que en el sub lite se acreditó, en debida forma, la falla del servicio. Del acervo probatorio fluye con claridad que para la época en que ocurrieron los hechos que se valoran (febrero 23 de 1984) se presentaron movimientos de protesta popular, en la ciudad de Medellín, con ocasión de la prestación del servicio de transporte conocido como T.S.S. (Transporte sin subsidio). Esta realidad llevó a los transportadores a solicitar una especial protección de la autoridad policiva en los puntos críticos del área urbana, como bien lo destaca la declarante Fanny Arango De Ramírez, Gerente de Coonaltra (fl. 124, cdno. 1) que el ad quem valora en todo su universo, dadas sus condiciones personales y la forma como ilustra al sentenciador sobre distintas circunstancias particulares del caso. En lo sustancial de su exposición ella depone dentro del siguiente temperamento:

Preguntado: Es cierto, que en esa época se había dispuesto por el Gobierno un nuevo servicio de transporte conocido como T.S.S. (Transporte sin subsidio) que exigía a los vehículos que se iban a vincular a éste una inmejorable presentación estética y un insuperable servicio mecánico? Contesto: Tenía una revisión previa cada vehículo para cambiarle la tarjeta de operación con la palabra T.S.S. Preguntada: Es cierto o nó, que precisamente el establecimiento de ese servicio T.S.S. originó la reacción de varios estamentos y algunos atentados terroristas contra dichos buses? Respondió. Sí. Preguntada: Ante esa situación qué hicieron los directivos del transporte, qué hicieron los gobernantes de turno para proteger a los dueños de los buses? Respondió: Los gerentes de las empresas transportadoras solicitamos al gobierno la protección por estos atentados y ellos prometieron, gobernador, los militares y toda la rama del gobierno, protección y nos solicitaron muy encareciggdamente no mermar el servicio de estos vehículos y nosotros bajo este compromiso prestamos el servicio normalmente. Se había hecho mucho énfasis por parte de todos los transportadores de las áreas universitarias de una protección especial allí. Preguntada: Recuerda Ud. si el Alcalde de Medellín, el Comandante de la Policía, el Comandante de la Brigada Militar participaron en esa reunión y se comprometieron oficialmente a brindar protección y ayuda a los vehículos T.S.S., especialmente en las Universidades, para que no se fuera a disminuir el servicio de transporte que se prestaba a la ciudad de Medellín? Respondió: Sgi participaron en la reunión del día 22 de febrero, día anterior a la quema de este bus...” (Resaltado de Sala). 

B) El ad quem hace la anterior valoración con la filosofía que informa el pensamiento del Profesor Jean Rivero quien enseña que la falla “...es un incumplimiento en el funcionamiento normal del servicio, que incumbe a uno o varios agentes de la administración, pero no imputable a ellos personalmente...”. Ese incumplimiento, prosigue el ilustre tratadista, debe examinarse a la luz del nivel medio que se espera del servicio “...variable según su misión y según las circunstancias...”, estructurándose la falla, cuando éste se presta por debajo de ese nivel. Por todo ello, concluye, el juez debe apreciarla sin referencia a una norma abstracta pero sí preguntándose “...lo que en ese caso debía esperarse del servicio, teniendo en cuenta la dificultad mas o menos grande de su misión, de las circunstancias de tiempo (períodos de paz, momentos de crisis), de lugar, de los recursos de que disponía el servicio en personal y en material etc. De ello resulta que la noción de falta de servicio tiene un carácter relativo, pudiendo el mismo hecho, según las circunstancias, ser reputado como culposo o como no culposo” (Derecho Administrativo. Novena Edición. Caracas 1984, pág 303 y ss.) (resaltado de Sala). 

La anterior precisión jurídica viene al caso, pues para más de un crítico de la jurisprudencia puede resultar extraño que, en casos similares al presente, las pretensiones hayan sido denegadas. Recientemente la Sala tuvo la oportunidad de hacer algunas precisiones jurisprudenciales en un caso sensiblemente igual al que ahora se falla, para destacar:

“Muestran los autos que por la época de los acontecimientos trágicos la ciudad de Bucaramanga vivió un especial estado de agitación, causado por el alza de las tarifas en el transporte urbano. Y si bien para contrarrestarlo se tomaron algunas medidas policivas, éstas no fueron suficientes para evitar los desmanes de los agitadores, los que terminaron con la quema de buses y con la muerte de la señorita...

Si bien es cierto la Sala estima que en casos como el narrado en la demanda no puede exigírsele a la autoridad que ponga a cada vehículo de transporte de pasajeros una escolta especial, por carecer de medios y de personal, sí considera que en estados especiales de agitación se debe redoblar la vigilancia en aquellos lugares de mayor riesgo dentro del perímetro urbano de la ciudad y en especial en ciertas rutas. En el caso concreto, según las voces de los testigos, el Sector de la Universidad, el Colegio Santander, El Tecnológico y los terminales de buses eran los puntos neurálgicos que requerían una especial vigilancia. Especial vigilancia que no se prestó en el lugar del accidente, pese a estar cerca la UIS. Uno de los testigos... vinculados a la empresa Transcolombia, afirma que pese a los pedidos de protección hechos con anterioridad por los transportadores y a las promesas de las autoridades, el día de la tragedia se prestó solamente el servicio ordinario de patrullaje y no se reforzó la vigilancia en los lugares de peligro...” (Sent. dic. 11/90. Exp. 5417. C.P., Carlos Betancur Jaramillo).

En el caso en comento el ad quem encuentra que dentro del informativo no hay prueba alguna que acredite que la autoridad policiva hubiese tomado especiales medidas de protección y seguridad en el sector en donde ocurrieron los hechos, no obstante la situación delicada que se vivía en ese entonces, negligencia que facilitó la labor de los revoltosos que pudieron así retener el vehículo y llevarlo hasta los predios de la Universidad donde fue quemado a la vista de la policía y de los bomberos que vieron limitada su acción por distintas circunstancias que no alcanzan a tipificar la fuerza mayor, causal eximente de responsabilidad. 

Perturbaciones del orden público, con el universo de la que se describe en el libelo, se han tornado frecuentes en el país y frente a ellas la administración suele limitarse a pedirle a los transportadores que no suspendan el servicio público pues de lo contrario se harán acreedores a las sanciones de Ley. Del otro lado, los delincuentes amenazan con acudir a las vías de hecho, creándose así una situación de callejón sin salida que debe romperse en favor de la comunidad, prestando en favor de ésta el servicio, pero con la seguridad de que la administración asume el costo del riesgo. 

Frente a la situación que se deja estudiada, nada impide concluir, como ya se anticipó, que en el caso en comento se dio la falla del servicio, y, por lo mismo debe repararse el daño causado. 

C) El fallo amerita, a juicio de la Sala, un ajuste en el valor de los perjuicios. El valor del vehículo no puede ser el de $2.308.800.oo que fijaron los peritos pues se destruyó en un 95%, quedando un valor de salvamento de cinco por ciento que debe ser descontado (fl. 10, cdno. 1). Se tendrá, pues, como precio histórico del bus a febrero 23 / 84 la suma de Dos Millones Ciento Noventa Y Tres Mil Trescientos Sesenta Pesos ($2.193.360.oo), que se deberán actualizar a la fecha de ejecutoria de este fallo, tomando en cuenta para ello el índice de precios al consumidor certificado por el DANE a la fecha de ejecutoria de ésta sentencia. Para tal efecto bastará aplicar la siguiente fórmula:

FORMULA 5595-4

En donde:

VF= Valor Final o Indemnización

vp= Valor presente o suma que se actualiza ($2.193.360)

Indice Final= Indice Final - IPC del momento de la ejecutoria del fallo.

Ind. Inicial= IPC de febrero de 1984.

La Sala no hace suya la perspectiva jurídica que manejó el a quo para liquidar el lucro cesante. Los peritos consignaron en su peritaje que: “...la rentabilidad contable de la industria del transporte es del 36% anual. Eso quiere decir que Un Patrimonio afectado a la actividad del transporte produce una renta del 36% anual, o 3% mensual” (fl. 199, cdno. 1,). La Sala acoge el concepto pericial y por lo mismo, el lucro cesante que se reconocerá monta Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Pesos Con Ochenta Centavos Moneda Corriente Mensuales ($65.800.80), que se deberán reconocer desde el día veintitrés (23) de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro (1984) y hasta el momento de ejecutoria de ésta sentencia, teniendo el buen cuidado de no liquidar intereses de intereses ni de actualizar la mensualidad indicada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley

FALLA

1. CONFIRMANSE los numerales primero, tercero, cuarto, quinto y sexto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el día cinco (5) de agosto de mil novecientos ochenta y ocho (1988), dentro del proceso del rubro;

2. REVOCASE el numeral segundo de la misma providencia, el cual quedará así: “2. Como consecuencia de la declaración anterior condénase a la Nación Colombiana — Policía Nacional, a pagar al Señor Juan C. Hernández Henao a título de perjuicios por Daño Emergente, la suma de Dos Millones Ciento Noventa y Tres Mil Trescientos Sesenta Pesos ($2.193.360.00), los cuales deberán actualizarse en la forma indicada en los considerandos de éste proveído. Condénase igualmente a la Nación — Policía Nacional — a pagar al Señor Juan C. Hernández Henao, a título de lucro cesante, la suma de Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Pesos con Ochenta Centavos ($65.800.80), por el período comprendido entre el 23 de febrero de 1984 y la fecha de ejecutoria de ésta sentencia. La liquidación se deberá hacer en la forma indicada en los considerandos de este fallo.

Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Carlos Betancur Jaramillo Julio César Uribe Acosta, Presidente de la Sala—Carlos Ramírez ArcilaPolicarpo Castillo Dávila.

Ruth Stella Correa Palacio—Secretaria.