Sentencia 5597 de noviembre 9 de 1990 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

BIENES VINCULADOS AL NARCOTRÁFICO

OCULTAMIENTO MEDIANTE TESTAFERRO

Magistrado Ponente:

Dr. Édgar Saavedra Rojas

Ref.: Radicación 5597. Colisión de Competencias. Aprobado Acta Nº 076 del 7 de noviembre de 1990.

Bogotá, D. E., nueve de noviembre de mil novecientos noventa.

Vistos

Por auto del veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa el Juzgado Cuarto Especializado de Bogotá propuso colisión negativa de competencia al Juzgado Veintiuno de Instrucción Criminal de Neiva.

El mencionado despacho por auto del cuatro de octubre rechazó la pretensión del colisionante y dispuso el envío del proceso a esta Corporación para que dirima el conflicto planteado.

La Sala de Casación Penal procede a resolver la colisión suscitada luego de hacer una síntesis de los siguientes

- Hechos

Fue inmovilizada en el aeropuerto de la ciudad de Neiva la avioneta HK3263 matriculada en la empresa Aerocartagena, por haberse detectado la realización de vuelos nocturnos sin autorización de Aerocivil y con la utilización de pistas clandestinas.

Los socios de la empresa dueña de la aeronave, al igual que de otras dos inmovilizadas en Medellín e Ibagué al parecer no presentan un patrimonio adecuado para ser propietarios de una empresa que representa un capital muy grande por el elevado valor de los aparatos de aeronavegación, razón por la cual se sospechó que pudieran pertenecer en realidad a una tercera persona y como se demostrara que entre los documentos encontrados en las oficinas allanadas de Rodríguez Gacha figuraban documentos donde aparecían los nombres de los mencionados socios, se ha pensado en la existencia de una infracción al Decreto Legislativo 1856 de 1989, que contiene como figura típica el servir de testaferro para el ocultamiento de bienes originados en el narcotráfico.

La funcionaria de Bogotá en un lacónico auto se deshace del proceso afirmando que el competente para conocer es Neiva porque allí se decomisó la aeronave y de manera irreflexiva procede a absolver a los sindicados en cuanto afirma que como la avioneta fue adquirida antes de la vigencia de la norma citada, por favorabilidad no le puede ser aplicable.

El funcionario de Neiva, con mucha mayor ponderación y como corresponde a la actividad de un juez de la República considera la posibilidad del delito mencionado para concluir igualmente que éste es permanente y que la competencia le corresponde al juez de Bogotá, por haber sido en esta ciudad donde prestaron sus nombres los socios para la constitución de la sociedad.

Consideraciones de la Sala

Razón le asiste al juzgado de Neiva, porque en principio existen indicios de una posible infracción del Decreto 1856 de 1989 que consagra en su artículo 6º la conducta de quien presta su nombre para ocultar bienes originados del narcotráfico que dice:

“Quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del delito de narcotráfico y conexos, incurrirá en pena de prisión...''''.

Testaferro, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia es “El que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona”'' y en tales condiciones incurre en dicha conducta ilícita quien, a sabiendas del origen de los dineros que se ponen en su cabeza, accede a prestar su nombre para que determinados bienes o propiedades figuren como de su dominio y de esa manera ocultar el verdadero volumen patrimonial de la persona que lo oculta.

Es claro que se consuma en el sitio donde se perfecciona el documento mediante el cual el bien o propiedad comienza a figurar legalmente como de dominio del testaferro. En el caso específico que nos ocupa, en el sitio donde se registró la avioneta decomisada como de propiedad de quien en realidad no lo es, y es claro que este tipo de registros necesariamente se operan en la ciudad de Bogotá, ante las oficinas de la Aeronáutica Civil, que es la entidad oficial que regula todo lo relacionado con el transporte aéreo, o en el sitio donde se perfeccionó la escritura de venta de la avioneta para que figurara como dueño el testaferro.

Es igualmente claro, y en esto también le asiste razón al funcionario de Neiva, que se trata de un delito de conducta permanente, porque el delito se perfecciona, como ya se dijo, en el momento en que por medio de contrato, escritura o cualquier otro medio legal, un bien pasa a figurar como propiedad de quien realmente no lo es, pues se trata simplemente de una persona que presta su nombre para que figuren en su cabeza bienes que en realidad pertenecen a terceras personas. Y este delito continúa perfeccionándose mientras subsista su condición de testaferro, puesto que el bien jurídico protegido por la norma continúa vulnerándose mientras dure la ilícita simulación. En relación con este punto, es bueno advertir que el bien jurídico tutelado no es la economía nacional ni el orden público, sino que deben entenderse protegidos por este tipo penal, la administración de justicia, pues debe aceptarse que se trata de una forma especial de encubrimiento, porque la finalidad que busca el narcotraficante al utilizar testaferros para que a nombre de éstos figuren bienes de su propiedad, es con el propósito de ocultar su cuantioso patrimonio y de tal manera engañar a las autoridades sobre sus ilícitas actividades y es necesario aceptar que, como sucede con muchos tipos penales, éste también puede ser pluritutelar, es decir que simultáneamente proteja otros bienes jurídicos, pero el mencionado en primer lugar e el que caracteriza la actividad comportamental descrita en el tipo penal y la finalidad que guía a los sujetos activos cuando la realizan, de la misma manera que cuando el Estado decide criminalizarla es para dificultar la acción de los narcotraficantes que se han enriquecido con la ilicitud.

En las condiciones anteriores tampoco le asiste la razón a la funcionaria del Juzgado Especializado donde propone la irretroactividad de la ley penal desfavorable cuando afirma que como la compra de la avioneta fue con anterioridad a la vigencia del decreto, éste no le es aplicable. Ni le asiste la razón porque realizada la conducta por la cual asume la condición de testaferro, se dicta la norma que criminaliza tal conducta y se persiste en ella, es decir, se continúa en la condición de testaferro. Es evidente que por ser un delito permanente le es aplicable la nueva norma puesto que la conducta continúa perfeccionándose durante su vigencia.

Por lo anterior se puede concluir que el juzgado competente para conocer de este proceso por lo menos por ahora con lo suscintamente probado, lo es el Cuarto Especializado de la ciudad de Bogotá, a donde deberá remitirse el expediente, enviándose copia de esta providencia a Juzgado Veintiuno de Instrucción Criminal de Neiva.

Las precedentes consideraciones son suficientes para que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVA:

DIRIMIR la colisión de competencia negativa propuesta, en el sentido de declarar que el competente para conocer de esta investigación lo es el Juzgado Cuarto Especializado de Bogotá, a quien deberá remitirse el proceso, enviándose copia de esta providencia al Juzgado Veintiuno de Instrucción Criminal de Neiva.

Jorge Enrique Valencia M . —Ricardo Gl veCalvete Rangel—JorgeCarreñoLuengas—GuíllermoDuque Ruiz—Gustavo Gómez Velásquez—Dídimo Páez Velandia—Édgar Saavedra Rojas—Juan Manuel Torres F. 

Rafael Cortés Garnica, Secretario.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

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