Sentencia 5617 de junio 20 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CALIDAD DE PROPIETARIO DEL BIEN CON EL QUE SE CAUSÓ EL DAÑO

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel Ardila Velásquez

Ref.: Expediente 5617

Santafé de Bogotá, D.C., veinte de junio de dos mil.

Decídese el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 18 de mayo de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia en el proceso ordinario de Jairo Nel Roldán Pineda, Clara Inés Jaramillo Restrepo, Juan Manuel, Diana Patricia, Beatriz Elena, Héctor Darío, Luz Amanda, Jorge Eliécer, Amparo del Socorro, Alba Rocío y Martha Cecilia Roldán Jaramillo contra Carbones de Colombia S.A., Carbocol S.A.

I. Antecedentes

1. En la demanda pidieron los actores que a la sociedad demandada “en su calidad de propietario del vehículo de placas EL 7998”, se le declare civilmente responsable del accidente automoviliario que allí se detalla, y se la condene, por consiguiente, a resarcir los perjuicios recibidos por ellos, a los cuales se alude a lo largo de dicho libelo.

2. Lo cual fundamentaron en los hechos que a continuación se condensan:

a) El 7 de marzo de 1987, en momentos en que el tractocamión conducido por Hugo Hoyos González se desplazaba en la ruta Medellín-Cartagena, fue colisionado, a la altura del municipio de Cáceres, paraje denominado Pavicol, por una volqueta que venía en sentido contrario, cuyo conductor ejecutaba, imprudente e irresponsablemente, maniobras peligrosas, tales “como es zig zaguear (sic), invadiendo el carril contrario, debido al supuesto estado de alicoramiento que tenía en esos momentos”, a causa de lo cual, amén de las lesiones del conductor Hoyos y del deceso de otras personas de la volqueta, murió el propietario del tractocamión, dedicado al transporte de carga, señor Fabián de Jesús Roldán Jaramillo, quien en él viajaba.

El conductor de la volqueta, distinguida con las placas EL 7998, Chevrolet, blanco crema, modelo 1981, ante su flagrante imprudencia consistente en conducir en estado avanzado de embriaguez y a alta velocidad, se dio inmediatamente a la fuga.

b) Los padres de Fabián de Jesús, señores Jairo Nel Roldán y Clara Inés Jaramillo —de 61 y 55 años de edad, respectivamente— dependían económicamente de aquél, quien sufragaba tales costos con el producido del tractocamión, calculado, a la fecha del percance, en $ 400.000 mensuales. Ellos tienen derecho, pues, a que se les abone el lucro cesante.

El tractocamión, identificado con las placas TB 2360, tipo remolque, color amarillo, modelo 1981, con capacidad para 30 toneladas, quedo destruido totalmente en su parte delantera, recibiendo daños por valor de tres millones de pesos; viéronse así obligados los demandantes a venderlo a Alfredo Tascón, precisamente ante la falta de recursos para su reparación.

Tanto sus padres como sus hermanos (todos aquí demandantes) padecieron perjuicios morales, dado el intenso dolor que les produjo la desaparición tempranera de Fabián de Jesús, quien contaba apenas 31 años de edad; así que han de ser resarcidos por ese aspecto, teniendo en cuenta que se trata de un hogar que se distinguió por “la unidad entre sus componentes, respeto y ayuda mutua, girando todo alrededor del segundo de los hijos, o sea Fabián de Jesús”.

3. La demandada no descorrió el traslado de rigor. Sólo que se negó a conciliar aduciendo que dicha sociedad “no era parte” en este asunto, porque la volqueta indicada en la demanda ya había dejado de pertenecerle para la fecha del accidente, exhibiendo al efecto algunos documentos que el juzgado no admitió entonces como prueba en vista de su extemporaneidad, decisión que fue confirmada por el superior.

4. El juzgado civil del circuito de Caucasia (Antioquia) dictó sentencia estimatoria el 12 de enero de 1995. Así que tras deducir la responsabilidad civil endilgada a la sociedad demandada, reconoció en favor de los actores las siguientes indemnizaciones: para Jairo Nel Roldán, por concepto de lucro cesante pasado y futuro, $ 2.788.875; para Clara Inés Jaramillo, por idéntico rubro, $ 6.563.550. Cuanto a perjuicios morales reconoció en favor de cada uno de los premencionados la suma de un millón de pesos; y para cada uno de los restantes demandantes la suma de quinientos mil pesos.

Pero, apelada que fue por las partes, el Tribunal Superior de Antioquia la revocó y, a cambio, desestimó las súplicas de la demanda. La decisión del ad quem, como se dijo, fue entonces recurrida en casación por los demandantes.

II. La sentencia del tribunal

No sin antes relatar el litigio en el preludio de la misma, habló prolijamente de la legitimación en la causa no más que para desembocar en que la aquí demandada no es responsable porque para la época del accidente no era guardiana de la volqueta que causó el accidente, pues ya había sido adjudicada a otra persona. Conclusión que dijo obtener merced a su decreto oficioso de pruebas, a través del cual pudo tener en cuenta el documento del folio 74 del cuaderno principal, arrimado por la sociedad en la audiencia de conciliación, el mismo que, dada su extemporaneidad, entonces había sido rechazado como prueba.

Tal documento —explicó— está “elaborado por un funcionario público, cuya firma también fue autenticada”, en el cual se afirma que el 19 de junio de 1986 se adjudicó dicho vehículo, por sistema de martillo del Banco Popular, y por cuenta de Carbocol, a Alfonso Gómez Ortiz.

Por modo que el tribunal, consciente de lo fundamental que es establecer a cargo de quién estaba la guarda del automotor, llegó a la conclusión de que la mera prueba del remate indicaba que ya no era Carbocol la susodicha guardiana, como que, de manera por demás terminante, dijo al respecto:

“La prueba de la subasta demuestra que al momento del accidente la guarda de la volqueta no estaba a cargo de Carbocol, sino del señor Reinaldo Alfonso Gómez Ortiz, o de su sucesor”.

III. La demanda de casación

Apoyados en la primera causal del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, tres cargos se han formulado; no obstante, se despachará solamente el primero en vista de su prosperidad.

Primer cargo

Denuncia la violación directa de los artículos 673, 745, 749, 751, 754, 1849, 1857 y 1880 del Código Civil —aplicables al caso según la preceptiva de los artículos 2º y 822 del Código de Comercio—, 905, parágrafo del 922, 923 (num. 4º) también de esta última codificación. Infracción que trajo como consecuencia el quebrantamiento de los artículos 2341 y 2356 del Código Civil.

Se desenvuelve sobre la base de considerar que cuando el tribunal, reconociendo que en el propietario se presume la guarda de la cosa con que se desarrolla una actividad peligrosa, y que esa presunción bien puede ser desvirtuada, entiende que esto último sucedió aquí con la certificación del Banco Popular (fl. 74, c. ppal.), de la que se desprende que la guarda de la volqueta ya no estaba a cargo de Carbocol, cometió un yerro eminentemente jurídico. Porque —dice— ningún esfuerzo implica sentar que en nuestro ordenamiento jurídico del contrato de compraventa no surge sino una relación meramente obligatoria, “integrada por derechos personales de las partes, en particular para el comprador el derecho a que su vendedor le transfiera el dominio de la cosa vendida”, o sea mediante tradición. Del mero contrato no nace derecho real alguno, salvedad hecha de los dos casos que menciona el artículo 754 del Código Civil.

“Es rotundo y palmario” el yerro consistente en admitir que un mero contrato de compraventa produce “la cesación del derecho de propiedad del vendedor sobre la cosa vendida, o la posesión de ella, o aún su mera tenencia corporal, o, en fin, de cualquier situación o relación del vendedor con la cosa susceptible de fundar la presunción de culpa o de responsabilidad por actividades peligrosas que anima la teoría de la guarda”; y que correlativamente el comprador entre a ser sujeto de dicha presunción. Porque es claro que mientras no haya tradición, o mientras en virtud de cualquier hecho “la cosa no pase a ser manejada físicamente por el comprador y quede sujeta a su control, lo que desde luego ha de ser objeto de la carga de la prueba que pesa sobre el vendedor, este será el responsable ante terceros de los daños que la activación de la cosa pueda llegar a causarles”.

De esa manera violó el sentenciador los artículos 1849 del Código Civil y 905 del de Comercio, precisamente “al asignarle al contrato de compraventa, tal como es definido en esos textos, un alcance que desborda el que en ellos realmente se le asigna a dicho contrato”; y quebrantó igualmente los artículos que en ambos códigos refieren a la obligación de hacer la entrega o tradición “que genera para el vendedor el perfeccionamiento del contrato de compraventa y a la tradición misma como modo de adquirir”. En consecuencia, dejó de aplicar los artículos 2341, 2343 y 2356 del Código Civil.

Casado el fallo, se impone entonces la confirmación del de primera instancia, aumentando sí las cuantías indemnizatorias que se hicieron ver en el alegato de apelación.

IV. Consideraciones

Todos están acordes en que esta litis obra dentro de los confines de la responsabilidad civil extracontractual generada como consecuencia de actividades peligrosas; pero hay disenso en cuanto que fuese la demandada la propietaria de la volqueta, punto de referencia en torno al cual giró la averiguación de sobre quién pesaba entonces la presunción de guarda de dicho automotor. En efecto Carbocol, a vuelta de no enfrentar la litis desde un comienzo, simplemente alegó que había dejado de ser propietaria del vehículo por efecto de un remate que del mismo llevo a cabo el Martillo del Banco Popular; su contraparte niega esa circunstancia y se finca en un certificado de la oficina de tránsito que obtuvo días antes de instaurar el proceso, cuestión que acabó de consolidarse con otro certificado del mismo genero que el a quo obtuvo después mediante pruebas de oficio; y, en fin, el juzgador de segundo grado vio en esa precisa disputa lo decisivo del asunto, como que así mismo oficiosamente decretó pruebas a objeto de que como tales se tuvieran los documentos que daban cuenta del remate. En una palabra, lo que dijo Carbocol fue lo siguiente: no soy dueña del automotor; luego ni siquiera se presuma en mí la guarda. Y a eso limitó la controversia.

Naturalmente que, atendiendo la naturaleza de la casación, la Corte debe ceñirse a dicho contexto.

A los resultados del recurso conviene precisar, desde ya, cuál fue el recorrido por el que pasó la prueba de tal cosa.

Recuérdase que los actores deducen responsabilidad de la demandada en una calidad precisa, y en dicha calidad la convocaron al juicio: la de propietaria de la volqueta. Empero, no sólo se trató de una afirmación que sin ambages hicieron en la demanda, pues que dijeron apuntalarla en la certificación de la Inspección de Tránsito y Transportes de Zipaquirá, en la que el vehículo aparece inscrito a nombre de la demandada (fl. 37, c. 1).

La demandada, sin embargo, pese a enterarse de que encaraba tamaña conjunción de circunstancias, en vez de rebatirla, guardó silencio, por supuesto que dejó de contestar la demanda.

Cierto que ya en la audiencia de conciliación, realizada en acatamiento de lo dispuesto por el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, resolvió abandonar su pasividad inicial para alegar que ella no era “parte” en el proceso, en vista de que la volqueta no le pertenecía entonces. Pero la documentación que blandió en pos de su aserción no se tuvo allí como prueba, dada su extemporaneidad.

Fue insistente la demandada para que se le recibiese dicha prueba, así fuera de oficio. Y aunque la negativa del juzgado fue pertinaz, finalmente el ad quem así procedió.

Fácilmente se aprecia que de ese modo creyó estar exenta de responsabilidad la demandada. Principalmente porque, satisfecha su aspiración, ya se tendría en cuenta el documento que a su juicio estimaba decisivo, esto es, el que obra al folio 74 del cuaderno 1, conforme al cual el gerente general del Martillo Banco Popular hace constar que aquella volqueta fue adjudicada, por cuenta de Carbones de Colombia, a Alfonso Gómez Ortiz, en remate realizado el 19 de junio de 1986, cuyo precio fue consignado. Cabe recordar a este respecto que la Ley 101 de 1960, que autorizó a la citada entidad bancaria para establecer su propio martillo, en su artículo 3º dispuso, en lo pertinente, que “toda venta de bienes muebles que las entidades oficiales deben efectuar por el sistema de remate o adjudicación al mejor postor se hará por conducto del martillo del Banco Popular (...)”, y que “las entidades semioficiales y los particulares podrán utilizar el servicio de martillo para dar en venta, en licitación y al mejor postor, toda clase de bienes muebles”. Fue así como Carbocol adujo que ya no tenía la explotación económica del automotor, apoyándose en que el dominio de la volqueta ya no era suyo.

Pero anduvo distante de lograrlo. Porque ese documento, que prácticamente es la prueba única en que fincó su parecer, no comporta la connotación que acaso abrigó, dado el argumento jurídico de que en nuestro medio un simple contrato carece de virtud para transferir el dominio.

En efecto: bien es verdad que, dada la fuente romanística que inspiró al legislador colombiano, en nuestro ordenamiento jurídico se diferencia claramente el título del modo; si el título no es más que la actividad o situación del sujeto que lo ubica en una cualquiera de las fuentes de las obligaciones, en ocurriendo ello, de allí no emanan sino apenas obligaciones; meros derechos personales. Ya el contrato. Este título no dice sino que un sujeto se obligó; que restringió su libertad en la medida en que hoy está sujeto a una determinada actitud, que consiste en dar, hacer o no hacer una cosa. El que contrata, es cierto, simplemente es un contratante; hay que suponer que de allí necesariamente surgieron obligaciones, pues que el contrato es por antonomasia, bien pudiera decirse, la gran fábrica de obligaciones.

Hasta ese momento para nada se ha rozado el concepto del derecho real; porque para que éste brote o simplemente mude, es menester que ocurra algo más que el simple título: en términos concisos, que quien resultó obligado por ese título, cumpla; esto es, que extinga la obligación. Así, el vendedor, el mero contratante, no hace que el dominio se radique desde ya en cabeza del comprador, porque hasta allí no han realizado más que el simple título. Ese algo más, que de menos se echa, es que el vendedor cumpla la obligación de transferir el dominio; lo que acontecido válidamente, toma el nombre de tradición, que es precisamente el modo que hasta entonces se echaba de menos. Por manera que solamente cuando a la realización del título se suma la del modo, prodúcense ahí sí consecuencias jurídicas en punto de los derechos reales. El propietario anterior, quien entre tanto era apenas vendedor, al realizar el modo de la tradición, deja de serlo, porque tal derecho real de domino se ubica entonces en cabeza del adquirente, quien, correlativamente, en el entretanto, no fue más que un mero comprador o simple contratante.

Con arreglo, pues, al supradicho documento, en tanto que no entraña sino el simple título, vale decir, el mero contrato generado por el remate, hay que decir que la aquí demandada no cesó en su derecho de dominio. Y por ahí mismo cabe convenir que grave error jurídico cometió el sentenciador de segundo grado al creer que Carbocol, por vender simplemente, había dejado de ser dueña, lo que, como se hizo notar ya, choca abiertamente con el esquema jurídico que del contrato concibe nuestro ordenamiento. Para decirlo en breve, admitir sin más que el remate de un bien, al propio tiempo que extingue la propiedad de su titular, hace dueño inmediatamente al rematante, es, como se hizo notar, grave desatino; elucídase ahora que ese desacierto es de linaje estrictamente jurídico, porque semejante razonar no es posible sino pasando de largo la precisa estructura jurídica que en materia contractual tiene establecida la ley.

Aflora indubitable, así, que la única defensa de la demandada, consistente, repítese, en que ya no era propietaria del vehículo, no resultó ser cierta porque el simple remate del mismo no produce semejante efecto jurídico; desacierto del tribunal que cobró trascendencia en tanto que no ha debido pensar que con solo ello ya la demandada había cumplido con derribar la presunción de que en los propietarios se presume la guarda de las cosas. —Presunción que, dicho sea de paso, encuentra arraigo en la jurisprudencia y la doctrina; así, por ejemplo, se ha dicho cómo “no es cierto que el carácter de propietario implique necesaria e ineludiblemente el de guardián; pero sí lo hace presumir como simple atributo del dominio, mientras no se pruebe lo contrario” (sent. 18 de mayo de 1972, t. CXLII, pag. 188).

Tiénese, en suma, que Carbocol no demostró, siendo de su cargo, haberse desprendido de la guarda, bien porque hubiese dejado de ser propietaria, como infructuosamente lo dijo, ya de cualquiera otra forma.

Sí, entonces, el único basamento de la sentencia es un desatino jurídico, necesariamente ha de ser ella casada, y colocarse la Corte en sede de instancia para proferir la que haya de reemplazarla.

V. Sentencia sustitutiva

No habiendo duda sobre la procedencia de una sentencia de mérito, empiézase por decir que los hechos alusivos a la causa del accidente automovilístico no ofrecen en esta especie judicial controversia ninguna. Aparecen, es verdad, indiscutidos en el proceso. Y es que, amén de que la demandada desdeñó la posibilidad de discutirlos, inclusive permitiendo que se le viniese encima el indicio grave que entraña dejar de ejercer la litis contestatio (CPC, art. 95), es de ver que algunas circunstancias adicionales definitivamente no dejan espacio a la duda, como el hecho de que el conductor de la volqueta se dio a la fuga inmediatamente, eludiendo toda posibilidad de localizarlo, y también, acaso lo más importante, la elaboración misma del croquis de tránsito levantado entonces, respecto del cual atestiguó su autor (a la sazón agente de tránsito que atendió el caso, señor Rubén Darío Gómez Arango —folio 22 v., cuaderno 6—) que allí “se puede observar que las causas del accidente fue del conductor de la volqueta por el estado en que se hallaron los vehículos y los comentarios de los allí presentes”, encontrando inexplicable por qué ese vehículo, según la información que recogió en ese preciso momento, invadió la calzada por la que se desplazaba reglamentariamente el tractocamión, si “es un lugar de gran visibilidad”.

En fin, tampoco fue ese el motivo de inconformidad en la alzada interpuesta por la sociedad.

A vista de lo cual cumple ahora adelantar la pesquisa sobre los daños que se piden resarcir. En punto de daño emergente, débese abrazar ante todo la conclusión del a quo, al desestimar el abono de los daños materiales recibidos por el tractocamión, porque la razón última que esgrimió para ello se ofrece jurídica. En realidad, dichos daños los padeció el patrimonio mismo del occiso, por supuesto que, como figura admitido, tal automotor le pertenecía; despréndese, entonces, que los aquí demandantes no pueden reclamar a título personal, porque la legitimidad estaría en cabeza de la herencia. Porque según doctrina reiterada de esta corporación, “hay que distinguir dos clases de indemnización: la proveniente de perjuicios causados directa y personalmente a la víctima, antes de su muerte, y la originada por los causados con el deceso, a personas que derivaban alguna utilidad o beneficio del difunto, mientras vivía; los segundos únicamente por y para los perjudicados, personal o individualmente considerados” (LXX, 854). Y aquí está fuera de duda, así mismo, que los actores no ejercen ninguna pretensión de las denominadas jure hereditario.

Cuanto hace al lucro cesante suplicado por los padres del interfecto, quienes adujeron que, por la muerte de éste, cesó la ayuda económica que venía ofreciéndoles, hay que decir que, aun cuando está demostrada la existencia de dicho auxilio patrimonial (hay prueba testimonial que así lo evidencia), topóse con una primera dificultad consistente en que no se lograron determinar los ingresos de Fabián de Jesús. No asomó prueba sobre los recursos que éste derivaba de la actividad transportadora invocada para tales efectos en la demanda. Ha de verse a este propósito que si bien Silvano Ospina Martínez declaró sobre el particular (fl. 27, c. 5), es muy cierto que, como lo enfatizó el juzgado, su valor demostrativo queda muy comprometido si se relieva: el parentesco que lo une con los actores (yerno de Jairo Nel); sin fundamento de ninguna clase expresó que la víctima devengaba más de lo que saben los mismos actores, quienes señalaron en su demanda una suma inferior; y, todo lo más —añádase ahora—, es notoria la falta de la ciencia del dicho, lo cual, como se sabe, hiere de manera grave la credibilidad en el testimonio.

A más de ello, tampoco se acreditó el quatum de la precisa ayuda que les proporcionaba.

El sentenciador de primer grado eludió el primer obstáculo estimando que Fabián de Jesús obtenía cuando menos el salario mínimo mensual; relativamente al segundo, supuso que el occiso destinaba el 50% de ese monto al sostenimiento de los padres.

Sin reparar en el primero de ellos, que, dicho al paso, bien puede ser de recibo en cuanto que nada descabellado es afirmar que quien trabaja devenga por lo menos el salario mínimo legal, el segundo sí merece objeción, no tanto en su valor intrínseco, cuanto por las especiales circunstancias del caso particular en estudio. No existe, en efecto, ningún dato en el proceso que permita medir objetivamente, así sea en forma aproximada, la cuota con que, de sus entradas, contribuía el hijo para solventar las necesidades económicas de sus padres; mensura que no pudieron y no podrán, acorde con lo manifestado en sus versiones, brindar los testigos; tampoco, a falta de bases concretas, se columbra cómo podría lograrse a través de otros medios probatorios —una pericia, por ejemplo—, lo que, desde luego, frustra las facultades oficiosas para tratar de sortear esa laguna probatoria. A ese propósito no puede perderse de vista que la dificultad en la determinación del perjuicio aumenta en esta especie judicial de tenerse en cuenta que según Jesús Vallejo, Aníbal Cortés y Silvano Ospina Martínez (fls. 24 y ss. c. 5), Fabián de Jesús había instalado un negocio —tienda o granero— a sus padres, precisamente en ayuda de su manutención; no importa que hubiese sido de “mala monta” —como expresamente lo calificó el segundo de los testigos—, porque igual empece saber entonces qué tanto podía representar la eventual ayuda —que en ese evento sería adicional— de Fabián de Jesús. Y aunque se hiciese caso omiso de esta dificultad, aflora otra, traducida en que los actores aseveraron que, ante la falta de recursos para su reparación, viéronse precisados a vender el tractocamión, cosa que supone para ellos el haber recibido parte del capital que Fabián utilizaba en su actividad económica, lo que significa, en rigor, que por ese aspecto no ha podido presentarse el perjuicio que reclaman, a lo menos en igual magnitud a la invocada.

Por lo demás, ni siquiera es factible en este evento un acercamiento equitativo al quantum de lo aportado por el hijo con el aludido objetivo de contribuir a las necesidades de su familia; no se olvide que para definir la suma que podría constituir su ingreso hubo de acudirse a una inferencia en virtud de la cual se estimó que el mismo equivalía al salario mínimo legal; lo que, por razones obvias, impide llegar con una deducción semejante a la cantidad que recibirían sus progenitores, por supuesto que acabó por presumirse que Fabián de Jesús apenas ganaba para sí.

Cuestiones esas que, juntas, descubren la carencia de elementos de juicio para establecer el valor de la mentada ayuda económica; lo cual, de contera, da al traste con la posibilidad de una indemnización en el rubro estudiado.

Ningún cuestionamiento, en cambio, ameritan las razones que sustentaron el reconocimiento de perjuicios morales, principalmente en cuanto hace a la atribulación que padecieron los demandantes, todos parientes próximos del fallecido. Pero se aumentarán las cuantías allí señaladas, teniendo en cuenta que, aunque siempre sobre la base de que jamás se podría reparar con toda exactitud el daño moral (por definición inconmensurable), de todos modos la jurisprudencia no ha estado del todo ajena al hecho de que los montos señalados en el pasado pueden devenir hoy irrisorios, y de ahí que en algunos eventos haya reconocido cantidades superiores, particularmente cuando está demostrado, como acá, el lazo íntimo que en la vida afectiva ligaba al fallecido —hombre aún muy joven, de apenas 31 años— con sus seres queridos, lo que se exteriorizaba en la preocupación constante que aquél denotaba por la situación de estos tanto en el terreno moral como económico, y que se tradujo finalmente en el impacto moral que su muerte significó para la familia (a este respecto, véanse una vez más los testimonios de Jesús Vallejo, Jesús Aníbal Cortés y Silvano Ospina); todo, eso si, sin perder el norte de que el “arbitrium judicis” nunca puede servir de sendero para “crear beneficios injustificados para nadie, sino corregir con sentido de justicia, satisfacer o desagraviar sentimientos legítimos heridos sin derecho” (Sent. Cas. Civ. 10 de marzo de 1994, aún no publicada en Gaceta Judicial).

Así que, en favor de cada uno de los progenitores se reconocerá la suma de $ 8.000.000; y, para cada uno de los hermanos, la de $ 2.000.000.

Quizá no sobre advertir que este aumento cuantitativo no pugna con el principio de la congruencia de los fallos, como de primera intención pudiera pensarse. En dicho libelo, es verdad, cuando menos en lo concerniente a los progenitores de Fabián de Jesús, aparece una cifra inferior a la aquí reconocida; mas la atenta lectura de la pretensión correspondiente, deja ver que los actores supeditaron tal cosa a que en el momento del fallo permaneciera vigente la tesis de la Corte sobre el particular, la que entonces, ciertamente, andaba por tal guarismo dentro del criterio de aplicación del arbitrio judicial. La esperanza de una cifra mayor se descubre al rompe cuando seguidamente añadió la demanda que si entonces la Corte aplicase el criterio de indemnizar los perjuicios morales, como lo hace la jurisprudencia del Consejo de Estado, se le reconociera la suma que en gramos oro establece la legislación penal. Comprensible, así, que es nítida la voluntad de los litigantes en el sentido de no menospreciar una más alta indemnización.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia que el Tribunal Superior de Antioquia profirió en el proceso ordinario de Jairo Nel Roldán y otros contra Carbones de Colombia S.A., Carbocol, calendado el 18 de mayo de 1995, materia del recurso extraordinario.

Y, en sede de instancia, dicta ésta de reemplazo:

Confírmase la sentencia que en dicho juicio profirió el juzgado civil del circuito de Caucasia (Antioquia), en cuanto declaró civilmente responsable a la demandada y la condenó a pagar perjuicios morales; empero, las cuantías de estos se elevan así: en favor tanto de Jairo Nel Roldán como de Clara Inés Jaramillo, la suma de ocho millones de pesos ($ 8.000.000) para cada uno; y para los restantes demandantes, Juan Manuel, Diana Patricia, Beatriz Helena, Héctor Darío, Luz Amanda, Jorge Eliécer, Amparo del Socorro, Alba Rocío y Martha Cecilia Roldán Jaramillo, la suma de dos millones de pesos ($ 2.000.000) para cada uno. Confírmase así mismo la desestimación del daño emergente recabado en la demanda.

No se confirma, en cambio, el reconocimiento que allí se hizo sobre lucro cesante, punto que entonces queda revocado. En su lugar, se absuelve a la demandada por ese concepto.

En vista de que la demanda incoativa del proceso prospera apenas parcialmente, no hay condena en costas de las instancias; tampoco las hay en casación, ante la prosperidad del recurso.

Notifíquese y devuélvase oportunamente al tribunal de procedencia.

Silvio Fernando Trejos Bueno—Manuel Ardila Velázquez—Nicolás Bechara Simancas—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros.

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