Sentencia 5627 de noviembre 12 de 1976 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

RESARCIMIENTO DE PERJUICIOS POR ABANDONO DEL EMPLEO QUE HAGA EL TRABAJADOR EL OMITIR DARLE A SU PATRONO EL PREAVISO INDISPENSABLE PARA QUE PUEDA DAR POR TERMINADO EL VÍNCULO LABORAL POR INICIATIVA SUYA Y DE MANERA LEGÍTIMA (D.L. 2351/65, ART. 8º)

Si el patrono desea obtener el resarcimiento por abandono del empleo que haga el trabajador a que está llamado por el aludido artículo 8º debe solicitarlo judicialmente, sea en acción directa o por reconvención, desde luego que a nadie es permitido hacerse justicia por propia mano y a los jueces no es posible decidir oficiosamente en favor de personas que nada les hayan impetrado

INDEMNIZACIÓN MORATORIA CONSAGRADA POR EL ARTÍCULO 65 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. BUENA O MALA FE PATRONAL

La jurisprudencia ha dicho en repetidas ocasiones que la indemnización moratoria consagrada por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo no opera de modo automático, sino que en cada caso han de examinarse sus circunstancias concretas, para esclarecer si está demostrado o no la buena fe con que el patrono retardó el cumplimiento de su obligación de ponerse en paz y salvo con el trabajador al fenecer el vínculo de servicios y decidir así sobre la procedencia o improcedencia de aquella indemnización

Magistrado Ponente:

Dr. Juan Hernández Sáenz

Ref.: Exp. 5627

Acta Nº 42.

Bogotá, D.E., doce de noviembre de mil novecientos setenta y seis.

La firma “Jorge Lemus Roca y Cía.”, demandada en juicio laboral por Víctor Enrique Algaraín Lubo, recurre en casación contra el fallo pronunciado por el Tribunal Superior de Barranquilla con fecha 13 de mayo de 1976, pretende que se invalide totalmente esa providencia y, en su lugar, se confirme la absolución impartida en la primera instancia; o, en subsidio, que se infirme en cuanto a la condena al pago de indemnización moratoria y luego se la deje libre de esa carga, conforme lo dispuso el juez.

Así consta en la demanda respectiva (fls. 9 a 17 de este cuaderno), donde formula tres cargos contra el fallo aludido, que no tuvieron réplica de la contraparte.

Es oportuno analizar ahora la acusación:

Primer cargo

Dice: “Acuso la sentencia por la causal primera de casación contemplada en el artículo 87 del Código de Procedimiento Laboral, modificado por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, esto es, por ser violatoria de la ley sustancial a causa de la interpretación errónea de los artículos 5º, numeral 2º y 8º, numeral 7º del Decreto 2351 de 1965, infracciones éstas que a su vez condujeron a la indebida aplicación de los artículos 306, 249 y 253 modificado este último por el artículo 17 del Decreto 2351 de 1965 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

“La violación de las anteriores disposiciones se produjo en forma directa, por haber entendido el sentenciador en forma errónea el sentido y alcance de las normas primeramente citadas, yerro hermenéutico que a su vez lo condujo a aplicar en forma indebida las disposiciones que consagran los derechos relativos a la cesantía, la prima de servicios y la indemnización moratoria, pues la correcta interpretación de las primeras habría conducido a la sala falladora a absolver a la demandada de las mencionadas súplicas del libelo introductorio de la causa.

Demostración del cargo

Observa el tribunal que en el proceso está demostrada la vinculación laboral desde el 12 de noviembre de 1973; que el promedio de lo devengado mensualmente fue de $ 6.930.60 M/cte., que la demandada no ha aprobado que canceló al actor la cesantía y la prima proporcional de servicios y que el trabajador no dio el preaviso de treinta (30) días para retirarse de la empresa (fls. 4 y 5, cuad. 2º).

El cargo se formula por la vía directa, pues el recurrente está de acuerdo con los anteriores presupuestos fácticos del fallo impugnado acreditado con los documentos de folios 6 y 7, con la respuesta de la demanda (fl. 8) y con lo aceptado por la parte actora y constatando en las dos diligencias de inspección judicial que practicó el a quo (fls. 16 y 21).

Sin embargo, estima el sentenciador que a la terminación del contrato laboral la demandada debió poner a disposición del trabajador las prestaciones indiscutibles, en este caso la cesantía y la prima y como aquél no dio el preaviso de treinta (30) días a la empresa “... no podía ésta de motu propio pagarse el preaviso de las prestaciones sociales del actor, y descontar por sí y ante sí dicha suma”.

Después de transcribir el numeral 7º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 que reglamenta la indemnización a favor del patrono, concluye el fallador que éste debía haber depositado ante el juez laboral el monto del preaviso ”... descontándolo de lo que le adeude al trabajador por prestaciones sociales mientras la justicia decide”.

Para el sentenciador, “El sentido de la ley es muy claro. En ningún momento se autorizó al patrono para que compensase por derechas el valor del preaviso, se le dieron pautas para proceder en estos casos, se le exigió el depósito ante el juez y que este funcionario se pronunciara sobre el abandono del cargo y el derecho del patrono a recibir la suma depositada” (fl. 5 cuad. 2º).

El tribunal no niega que el actor abandonó el cargo sin dar el preaviso de treinta (30) días, pero estima que estaba obligada la demandada a depositar ante el juez laboral el valor de la cesantía y la prima de servicios e iniciar demanda ordinaria laboral contra el trabajador demandante para que la justicia se pronunciara sobre el abandono del cargo y el derecho del patrono a recibir la suma depositada, conclusiones estas, que estructuran la errónea interpretación de las disposiciones quebrantadas en el ad quem.

“En (sic) entendimiento anterior debe ser revisado por esa honorable corporación en su misión unificadora de la jurisprudencia laboral, desde luego que no puede ser igual la situación jurídica cuando el valor de las prestaciones sociales es superior al monto del preaviso que en el caso contrario.

Para el sentenciador es indiferente que se presente cualquiera de los dos eventos, pues en todo caso el patrono debe depositar ante la justicia laboral el monto de la liquidación de prestaciones sociales e iniciar un proceso ordinario para demostrar el abandono del cargo del trabajador y obtener a través de ese medio el reembolso de la consignación.

El numeral 7º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 regula la indemnización de treinta (30) días que debe pagar el trabajador al patrono por incumplimiento total o parcial de lo preceptuado en el artículo 5º numeral 2º ibídem, y en su parte final señala el siguiente procedimiento a seguir por el segundo:

“El patrono depositará ante el juez el monto de esta indemnización, descontándolo de lo que le adeude al trabajador por prestaciones sociales mientras la justicia decide.

La palabra “descontándolo hace referencia al “monto de la indemnización”, por manera que si aquél tiene un valor superior a la deuda por prestaciones, no puede existir, por física imposibilidad, saldo para depositar a órdenes del juez laboral”.

La norma en comento resulta clara y comprensible en el caso contrario, pues una vez efectuado el descuento del preaviso, éste se debe depositar y el saldo queda a disposición del empleado. Pero no se puede dar el mismo alcance cuando la situación es la opuesta. Pues el verbo “descontar” se refiere al monto, luego supone necesariamente que haya una cantidad superior por prestaciones, de la cual puede efectuarse la deducción del “monto de la indemnización”.

Afirma también el tribunal que debe el patrono demandar al trabajador para acreditar el abandono del cargo, deber que no le impone en parte alguna el numeral analizado. Es cierto que éste habla de que el depósito, se efectúa “... mientras la justicia decide”. Pero si el patrono no está obligado a consignar, tampoco se le puede imponer al deber consecuencial de demandar judicialmente.

La decisión de la justicia no surge necesariamente de la acción que está obligado a instaurar el patrono, como se ha venido entendiendo. Se produce igualmente cuando el trabajador la adelanta, y si éste resulta victorioso en sus pretensiones, el juzgado laboral habrá de condenar al empleador al pago de las prestaciones insolutas, lo cual es bien diferente a entender que en todo caso aquél debe promover la actividad judicial para demostrar el abandono del cargo, máxime si se tiene en cuenta como ocurre en el sub lite, que la misma parte actora aceptó no haber dado el preaviso de treinta (30) días, lo cual estructura el abandono del cargo, como lo admitió expresamente el apoderado del demandante en el curso de la diligencia de inspección judicial (fl. 21), hecho acogido igualmente por los falladores de instancia y que no se controvierte en este recurso extraordinario.

La doctrina de esa honorable corporación que cita la sentencia no corresponde a la misma situación fáctica aquí controvertida, pues como se desprende de la parte que transcribe el fallo impugnado, en aquella oportunidad la demandada “... se abstuvo de cobrarle indemnización por ruptura del contrato al tiempo de expirar el vínculo laboral...”, todo lo contrario de lo probado en el caso de autos, en el cual desde el momento mismo de la liquidación de prestaciones sociales la empresa exigió al actor el pago de los veintiséis (26) días de preaviso no laborados (fl. 7).

En suma, la obligación de consignar consagrada en el numeral 7º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 no puede operar cuando el monto de la indemnización excede el quantum de la liquidación final, pues desaparece el supuesto de hecho que debe cumplirse para que la norma actúe, ya que esa contingencia no existe cantidad alguna que deba colocarse a órdenes del juez laboral, ni se le puede imponer al patrono el cumplimiento de una obligación imposible.

No lo entendió así el tribunal, incurriendo en el quebranto, por errónea interpretación de las reglas legales citadas en el encabezamiento del cargo, cuales son el numeral 7º artículo 8º y numeral 2º del artículo 5º del Decreto 2351 de 1965.

A su vez las anteriores infracciones condujeron a la violación de las disposiciones sustantivas reglamentarias de la cesantía, la prima de servicios y la indemnización moratoria, pues al ser superior el valor del preaviso al de aquellos derechos, no podía condenarse a la demandada a pagar las sumas fulminadas por el tribunal, si se tiene en cuenta que más bien quedó un saldo de $ 1.112.36 M/cte., a favor de la demandada. Y menos aún había lugar a imponerle una gravosa sanción moratoria, cuando no se encontraba obligada a efectuar depósito alguno, como ya se ha explicado.

Procede por tanto la casación de la sentencia, para en su lugar, acceder a lo pedido en el alcance de la impugnación, sin que sean necesarias otras consideraciones de instancia, pues ya se señaló, como se han discutido los hechos fundamentales de la litis, cuales son la renuncia intempestiva del trabajador y la omisión de cumplir veintiséis (26) días de preaviso que estructura el abandono del cargo por parte del asalariado”.

Se considera

El artículo 8º del Decreto Legislativo 2351 de 1965 dispone que cuando el trabajador omite darle a su patrono el preaviso indispensable para que pueda dar por terminado el vínculo laboral por iniciativa suya y de manera legitima, el empleador tiene derecho a descontar de lo que le adeude al empleado por prestaciones sociales una indemnización equivalente a treinta días de salario.

Pero la norma añade que el patrono debe depositar el valor de esa indemnización ante el juez “mientras la justicia decide”. O sea, que si le es legalmente permitido a aquél hacer dicho descuento, no le es lícito, en cambio, conservar en su poder la referida suma sino que ha de consignarla judicialmente en espera de que se decida el litigio a que hubiere lugar, ya por iniciativa del mismo patrono o de su antiguo servidor, pues en cuanto a ello la ley no le impone al empleador la obligación de promover el juicio. Pero de todos modos si el patrono desea obtener el resarcimiento por abandono del empleo que haga el trabajador, a que está llamado por el aludido artículo 8º, debe solicitarlo judicialmente, sea en acción directa o por reconvención, desde luego que a nadie es permitido hacerse justicia por propia mano y a los jueces no es posible decidir oficiosamente en favor de personas que nada les hayan impetrado.

No varía, finalmente, este claro, sentido del artículo 8º porque haya hipótesis en que el monto de aquella indemnización exceda al de las prestaciones sociales que adeude el patrono, desde luego que sea cual fuere la cuantía pecuniaria de lo retenido lícitamente por el empleador a título de resarcimiento de perjuicios debe consignarlo judicialmente, como lo ordena el texto, para no verse expuesto en caso contrario a las sanciones previstas por la ley.

Si se comparan estas reflexiones con los argumentos que hace el tribunal sobre el tema debatido en el cargo, resulta nítido que concuerdan en lo fundamental respecto a los alcances y en el sentido del artículo 8º del Decreto Legislativo 2351 de 1965, cuya interpretación equivocada le imputó el recurrente al dicho sentenciador.

No se configura entonces esta violación preceptiva, así como tampoco quedan establecidos los demás quebrantos legales que menciona el cargo, ya que éstos se derivaban de aquél.

La impugnación no prospera, en consecuencia.

Segundo cargo

Está planteado así: “Acuso la sentencia por la causal primera de casación contemplada en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, que subrogó el artículo 87 del Código de Procedimiento Laboral, esto es, por ser violatoria de la ley sustancial a causa de la interpretación errónea del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con los artículos 5º numeral 2º y 8º numeral 7º del Decreto 2351 de 1965 y 59 ordinal 1º del Código Sustantivo del Trabajo.

La violación anterior se produjo en forma directa, independientemente de las cuestiones de hecho.

Demostración del cargo

Para imponer a la sociedad demandada al pago de la indemnización moratoria en cuantía de $ 231.02 diarios a partir del 21 de abril de 1974 el tribunal aplicó el artículo 65 del estatuto sustantivo laboral en forma mecánica, pues en su sentir el solo hecho del no pago ni consignación de la prima de servicios y la cesantía, genera en forma automática la sanción por salarios caídos, olvidando que de acuerdo a reiterada jurisprudencia de esa honorable sala, la norma citada no puede aplicarse sin tener en cuenta los motivos o razones que tuvo el patrono para proceder en tal forma, así como la buena fe patronal respecto de la existencia y exigibilidad de la deuda laboral de su cuantía.

Después de transcribir el texto del artículo 65 argumenta así el ad quem:

“En el juicio es un hecho cierto que el actor estuvo vinculado por contrato de trabajo con la demandada hasta el 20 de abril de 1974, que la liquidación que sin fecha aparece en el expediente, no le fue cancelada al terminar la relación laboral.

Que no es excusa para el no pago de prestaciones tan indiscutibles lo alegado por la empresa, porque ella violó la disposición que ordenaba consignar ante el juez el valor del preaviso y esperar a que la justicia decidiera sobre el particular.

Incurrió por tanto la empresa en mora y violó el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo ya transcrito, que le ordenaba pagar a la terminación del contrato de trabajo las prestaciones al demandante; se hizo acreedora a la condena por mora a razón de $ 231.02 diarios a partir del 21 de abril de 1974 y hasta el día que cancele las prestaciones sociales del demandante (fl. 7 cuad 2º).

Las anteriores consideraciones son precisamente las que ha descalificado esa honorable corporación, pues las mismas razones que presenta el juzgador para condenar al pago de las acreencias laborales principales, cesantía y prima, no son suficientes para que fatalmente prospere la súplica de indemnización moratoria, que requiere algo más, esto es, examinar si se estructura la mala fe patronal, pues lo contrario conduce a un entendimiento automático del artículo 65, rechazado tradicionalmente por las doctrinas de la sala de casación laboral en múltiples sentencias, entre las cuales cabe destacar la del 24 de julio de 1973, juicio de Víctor M. Espinel Blanco vs. Universidad de Pamplona, la del 2 de julio de 1975, de sala plena, juicio de Cecilia Flórez de Caicedo vs. Hijas de la Sabiduría, y más recientemente, la del 19 de agosto de 1976, juicio de Jaime Rodríguez García vs. Gercol Comercial Ltda., de esta misma sección de la Sala.

Para el ad quem la condena moratoria se apoya en el no pago de la cesantía y la prima y en la omisión de la consignación en espera de que la justicia decida sobre el particular, sin que se observe el menor análisis sobre la conducta patronal y los motivos que la asistieron para el anterior proceder, todo lo cual conduce a la casación de la sentencia, por el motivo anotado de violación del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con las demás disposiciones citadas”.

El tribunal, de su parte, dijo sobre la indemnización moratoria impetrada por Lubo, lo siguiente:

“En el juicio es un hecho cierto que el actor estuvo vinculado por contrato de trabajo con la demandada hasta el 20 de abril de 1974, que la liquidación que sin fecha aparece en el expediente, no le fue cancelada al terminar la relación laboral.

Que no es excusa para el no pago de prestaciones tan indiscutibles lo alegado por la empresa, porque ella violó la disposición que ordenaba consignar ante el juez el valor del preaviso y esperar a que la justicia decidiera sobre el particular.

Incurrió por tanto la empresa en mora y violó el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo ya transcrito, que le ordenaba pagar a la terminación del contrato de trabajo las prestaciones al demandante: se hizo acreedora a la condena por mora a razón de $ 231.02 diarios a partir del 21 de abril de 1974 y hasta el día que cancele las prestaciones sociales del demandante”.

Se considera

Ciertamente la jurisprudencia ha dicho en repetidas ocasiones que la indemnización moratoria consagrada por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo no opera de modo automático sino que en cada caso han de examinarse sus circunstancias concretas, para esclarecer si está demostrada o no la buena fe con que el patrono retardó el cumplimiento de su obligación de ponerse en paz y a salvo con el trabajador al fenecer el vínculo de servicios y decidir así sobre la procedencia o improcedencia de aquella indemnización.

Pero si se examinan en el caso sub judice las razones que presenta el fallo impugnado para condenar a la empresa al pago de indemnización por mora, de ellas resulta, implícito pero con claridad suficiente, que el sentenciador no encontró configurada la buena fe en la conducta patronal, cosa que se acomoda a la doctrina que invoca el recurrente, que no exige, como es obvio, que los argumentos de una providencia sean más o menos extensos o prolijos cuando haya de condenarse al pago de tal indemnización sino apenas que se califique, así sea sucintamente, el comportamiento del empresario con quien fue su servidor y le reclame en juicio aquella compensación por mora.

Se desvanece entonces el fundamento de esta segunda acusación, que no prospera en consecuencia.

Tercer cargo

Reza textualmente: “Acuso la sentencia por la causal primera de casación contemplada en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, que modificó el artículo 87 del Código de Procedimiento Laboral, a su vez modificado por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, esto es, por ser violatoria de la ley sustancial a causa de la indebida aplicación del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 5º numeral 2º y 8º numeral 7º del Decreto 2351 de 1965 y 59 ordinal 1º del mismo código.

La violación anterior se produjo en forma indirecta a causa de haber aplicado indebidamente el tribunal dichas normas, pues con fundamento en ellas condenó a la sociedad demandada a pagar la indemnización moratoria en cuantía que aparece en el fallo de segunda instancia, siendo así que su correcta aplicación lo habría conducido a absolver a la sociedad demandada de esta súplica de la demanda.

En la violación indirecta anotada incurrió el sentenciador por evidentes errores de hecho, que de manera ostensible aparece en la sentencia recurrida y que a continuación se relacionan.

1. No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad demandada actuó de buena fe y procedió con motivos atendibles al no consignar suma alguna por concepto de prestaciones sociales, a la terminación del contrato de trabajo con el demandante.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad demandada se abstuvo de efectuar consignación alguna a favor del actor, por creer de buena fe que nada adeudaba a aquél.

3. No dar por demostrado, estándolo, que al haber abandonado su cargo el demandante y siendo el valor de la indemnización de treinta (30) días a su cargo y a favor del patrono, superior al monto de la cesantía y prima de servicios proporcional del primer semestre de 1971, existía un motivo poderoso y razonable para que la sociedad demandada hubiera estimado no estar obligada a consignar suma alguna a favor del actor, por tratarse de un caso de retención autorizado por la ley.

Los errores de hecho anotados fueron originados en la apreciación errónea que hizo el sentenciador de las siguientes pruebas, todas las cuales permiten fundar este cargo en casación, conforme al artículo 7º de la Ley 16 de 1969:

a) La demanda del proceso (fls. 2 y 3);

b) La contestación de la demanda (fls. 8 y 9);

c) Carta de renuncia del demandante (fl. 7), y

d) Liquidación final de prestaciones sociales (fl. 6).

Igualmente por falta de apreciación de la diligencia de inspección judicial (fls. 21 y 22)”.

Demostración del cargo

Para el tribunal, resulta un hecho cierto que a la finalización del vínculo laboral, la sociedad demandada no canceló al actor el valor de la liquidación de prestaciones sociales, y que lo alegado por aquélla no es excusa para que el no pago de derechos indiscutibles, pues debió proceder a consignar ante el juez laboral el valor del preaviso y esperar a que la justicia decidiera lo pertinente (fl. 7 cuad. 2).

En cuanto al ad quem encuentra inexcusable el proceder de la demandada, puede entenderse que al analizar la situación fáctica halló demostrada la mala fe patronal y por ende, consideró del caso imponer a la entidad patronal la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

Bajo este supuesto, el sentenciador habría incurrido en evidente error de hecho, al no dar por probado que existieron motivos razonables y atendibles para que la demandada se abstuviera de pagar o consignar suma alguna a favor del señor Algaraín Lubo, a la terminación del contrato de trabajo.

Para efecto de la sustentación de esta censura, ruego a la honorable Corte se sirva tener en cuenta las consideraciones expuestas a propósito del cargo anterior, especialmente las circunstancias relevantes del proceso y la conducta procesal de las partes, elementos estos que de acuerdo al artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral, deben considerarse por el juzgador laboral para resolver la controversia. Es cierto que sobre ellos el tribunal goza de soberanía al valorar las probanzas, pero tal facultad está limitada cuando incurre en error de hecho con carácter de evidente.

Ya se vio cómo el mismo demandante confesó el abandono del cargo y el hecho de no haber laborado sino cuatro días del preaviso, como se acredita con la carta de retiro que tiene fecha 16 de abril de 1974 y la demanda del proceso, en la cual se sostiene que la terminación del contrato de trabajo operó el 20 del mismo mes y año. Además, lo anterior fue aceptado expresamente por el demandante, a través de su apoderado, durante el curso de la segunda diligencia de la inspección judicial (fl. 21) prueba esta que la sala falladora no tuvo en consideración.

Todo lo anterior hace ver que asistían a mi representada fundados motivos de certidumbre para reclamar su derecho al pago de los veintiséis (26) días de servicios que el actor dejó de cumplir en forma injustificada, e igualmente, para considerarse autorizada a descontar y retener las sumas liquidadas a favor del actor por prestaciones sociales, teniendo en cuenta el hecho de que el monto de la indemnización resultó de cuantía superior a aquéllas. De manera que si ahora su proceder no se encuentra correcto, no podrá desconocerse que obró de buena fe y mal puede imponerse en su contra el pago de una sanción cuyo valor es muy superior al de las condenas principales”.

La Sala estudia

Al examinar las pruebas que el recurrente tiene como apreciadas equivocadamente, no aparecen de bulto los errores de hecho que le atribuye a la sentencia atacada. Antes bien, continúa en pie la circunstancia afirmada por el tribunal de que la firma demandada no cumplió con el mandato del legislador de consignar judicialmente el monto de lo retenido a su antiguo empleado por concepto de la indemnización derivada de que éste omitió preavisarle su propósito de terminar el contrato de trabajo.

Y como esta omisión de la empresa, que contraviene un texto de claro sentido, fue la base para que el sentenciador la condenara al pago de la indemnización moratoria por no haberle cancelado a Lubo Algaraín (sic) las prestaciones sociales que reclamó en el juicio y que halló insolutas, según quedó transcrito en el cargo anterior, surge como conclusión forzosa que el presente ataque tampoco prospera.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA el fallo acusado.

Sin costas porque no aparecen causadas.

Cópiese, notifíquese e insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al lugar de origen.

Jerónimo Argáez Castello—José Eduardo Gnecco C.—Juan Hernández Sáenz. 

Vicente Mejía Osorio, Secretario.

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