Sentencia 5638 de octubre 18 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RECONOCIMIENTO DE HIJO EXTRAMATRIMONIAL

CASO EN QUE NO ES POSIBLE EFECTUARLO ANTE NOTARIO

Ref.: Expediente 5638

Magistrado Ponente:

Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo 

Bogotá, D.C., dieciocho de octubre de dos mil.

EXTRACTOS: «La Corte no comparte la interpretación del numeral cuarto del artículo primero de la Ley 75 de 1968 efectuada por el ad quem, motivo por el que juzga oportuno registrar la adecuada hermenéutica de esa disposición, para lo cual resultan necesarias las siguientes consideraciones generales enderezadas a la correspondiente rectificación doctrinaria:

El numeral cuarto del artículo primero de la Ley 75 de 1968 no permite una interpretación extensiva, en el sentido de que los notarios públicos puedan ser receptores de las manifestaciones de reconocimiento de paternidad, ante lo cual los únicos sujetos pasivos de esas diligencias, en puridad, son los jueces, y sólo ellos.

Dos criterios fundamentales permiten arribar a esta conclusión, como son el histórico y el relativo al de la especialidad de la norma, como pasa a explicarse:

a) Criterio histórico:

Desde la promulgación de la Ley 45 de 1936 se establecieron las diferentes formas llamadas a efectuar el reconocimiento de paternidad: notarialmente, mediante la firma del acta de nacimiento, suscripción de escritura pública e inclusión de esa manifestación en un testamento; judicialmente, cuando se formulaba “por manifestación expresa y directa ... aunque el reconocimiento no haya sido el objeto único y principal del acto que lo contiene”. Con la reforma de 1968, por medio de la Ley 75, se amplió la redacción de la disposición inicial en el sentido de incluir el segundo inciso relativo al trámite de citación del pretenso padre para el reconocimiento, pero los canales de reconocimiento, en sí, permanecieron incólumes (art. 1º ).

Se observa, entonces, que desde el año de 1936, el legislador consideró que el reconocimiento filial podía realizarse bien ante notario, o bien ante la autoridad jurisdiccional —ora espontánea, ora provocadamente—, y fijó allí mismo los medios formales en desarrollo de los cuales debía constar ese acto de reconocimiento.

En el año de 1989, como es conocido, el legislador extraordinario expidió una normativa especial, con la confesada finalidad de obtener una descongestión judicial, con el ánimo de despojar a los jueces de asuntos y trámites no contenciosos que saturaban su actividad, en detrimento de su verdadera función definitoria de conflictos. Así, profirió el Decreto 1712, por medio del cual autorizó efectuar la insinuación de las donaciones ante notario público; gracias al Decreto 1900 permitió el trámite del divorcio por mutuo acuerdo ante este mismo funcionario, y por el Decreto 1557 de 1989 autorizó que se presentaran ante notario las declaraciones extraprocesales bajo juramento, que en tal virtud gozarían del mismo alcance que las rendidas ante el juez civil. Este último decreto permitió que las personas que requerían efectuar manifestaciones o declaraciones, con fines extraprocesales —y que para ello, normalmente acudían ante los jueces de la República—, tuvieran la alternativa de concurrir con esa misma finalidad, ante los notarios públicos, con el objeto de descongestionar los despachos judiciales, sin perjuicio de que se mantuvo la competencia para recibir declaraciones, a manera de alternativa Legis, cuando había de por medio citación de parte contraria (CPC, art. 298, modificado por el numeral 129 del D. 2282/89).

No obstante lo anterior, por medio del artículo 10 del Decreto 2272 de 1989 —posterior al Decreto 1557 de ese mismo año—, se reiteró el contenido medular del numeral cuarto de la Ley 75 de 1968 y se modificó su segundo inciso, específicamente en lo que se refiere a las personas que pueden citar al pretenso padre ante el juez y en relación con el trámite en caso de que éste no concurriere a la citación formulada.

Se desprende de lo visto que, a pesar, de la genérica facultad otorgada a los notarios públicos para recibir declaraciones juramentadas, el legislador mantuvo la competencia, de suyo restringida, para conocer de las manifestaciones de reconocimiento de paternidad descritas en el numeral cuarto, en cabeza de los jueces de la República, en la medida en que esta disposición no ha sido derogada, sino más bien reiterada o ratificada —en lo esencial— por el legislador extraordinario de 1989.

b) Criterio relativo a la especialidad preceptiva:

Del devenir histórico de la norma antes expuesto, fluye que la comentada disposición de la Ley 45 de 1936, modificada por el artículo primero de la Ley 75 de 1968, reviste una naturaleza especial, a fuer que específica en cuanto atañe a las formas de las declaraciones de reconocimiento de la paternidad ante notario y juez, mientras que los mandatos del Decreto 1557 de 1989 y del artículo 299 del Código de Procedimiento Civil, en lo tocante con las declaraciones que pueden recibir los notarios públicos, tienen un espectro general, en cuanto éstas pueden realizarse con finalidades extraprocesales y procesales (sin citación de contraparte), y se pueden referir a multitud de asuntos. En efecto, la primera disposición es especial desde dos puntos de vista: en primer lugar, por razón de la materia, pues se refirió expresamente al reconocimiento de la paternidad, en el sentido que se podría efectuar “por manifestación expresa y directa hecha ante un juez, aunque el reconocimiento no haya sido el objeto único y principal del acto que lo contiene”, y, en segundo término, definió las formas que debía revestir ese tipo de manifestaciones, cuando se verificaban ante notario (por medio de suscripción del acta de nacimiento, por escritura pública y por declaración dentro del testamento) y ante el juez (expresión de tal naturaleza en el curso de un proceso o en diligencia extraprocesal con citación de la contraparte).

En la medida en que el legislador se pronunció expresa y específicamente en punto a las formas de declaración de la paternidad ante el notario y el juez (L. 75/68, art. 1º) y, luego, se refirió a las declaraciones que podía recibir el notario público (D. 1557/89 y art. 299 CPC), si, en gracia de discusión, se estimare que hubiere conflicto entre ambas disposiciones —y la Corte advierte no lo evidencia—, debe entenderse, con arreglo al principio de especialidad de la ley consagrado en el artículo 10 del Código Civil, que este tipo de expresiones de conocimiento en cuestiones de paternidad, deben formularse conforme lo estableció el artículo primero de la Ley 75 de 1968.

Por tal motivo, no puede pretenderse que el numeral cuarto del artículo primero de la Ley 75 de 1968 fue objeto de una ampliación, por virtud de la posibilidad de que los notarios ahora puedan recibir declaraciones con fines extraprocesal y procesales, pues estos ya tenían, en este concreto punto, una competencia asignada, la cual podía desarrollarse mediante las formas ya señaladas (L. 75/68, art. 1º, nums. 1º a 3º).

Por lo anterior, la Corte precisa que las manifestaciones de reconocimiento de paternidad que se efectúen con base en el numeral cuarto del artículo primero de la Ley 75 de 1968, sólo podrán efectuarse ante jueces de la República, entendidos, claro está, en una más amplia acepción —en orden a cobijar magistrados y árbitros—, no tanta, empero, como para pretender incluir a los señores notarios, ajenos a la función de juzgamiento a aquellos connatural».

(Sentencia de casación, octubre 18 de 2000. Expediente 5638. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo).

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