Sentencia 5647 de marzo 14 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: exp. 5647

Magistrado Ponente:

Dr. José Fernando Ramírez Gómez

Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos mil uno (2001).

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. No ha sido pacífica la doctrina en el punto concerniente a la forma corno se perfecciona la cesión de derechos litigiosos. Un importante sector de la doctrina califica el acto como meramente consensual a partir de la distinción entre los conceptos de derecho litigioso y cosa litigiosa, entendiendo por el primero la eventualidad de ganar o perder un proceso (litigio), donde se controvierte la existencia o titularidad de un derecho sustancial, y por la segunda, el bien disputado en el respectivo proceso, el cual existe como realidad ontológica con independencia del derecho, y del proceso mismo y su resultado (Fernando Vélez, T. 7º, pág. 350, Gómez Estrada, pág. 189, Bonivento Fernández, pág. 182). Por su lado, la doctrina chilena ocupándose de normas similares a las colombianas, plantea la distinción señalada entre derecho y cosa litigiosa y tratando la forma de la cesión de los derechos litigiosos, deja por averiguado que “no ha establecido el código la forma de efectuar la cesión de derechos litigiosos” (Véase Meza Barros, pág. 88, Alessandri Rodríguez y Samarriva Undurriaga, T.I., pág. 444). También la Corte ha hecho la distinción “el contrato de cesión de derechos litigiosos —ha dicho— es esencialmente distinto del de venta de cosas litigiosas. El objeto del primero “es el evento incierto de la litis” (C.C., art. 969), o sea el derecho sometido a controversia judicial; el del segundo es la cosa corporal misma cuya propiedad se litiga (G.J. LXIV, pág. 477). Otro grupo de doctrinantes, entre los cuales se destacan Álvaro Pérez Vives y Arturo Valencia Zea, aplicando el espíritu general del código, según lo explica el primero, y la manera como debe hacerse la tradición de los derechos que versen sobre inmuebles, considera que cuando la cesión involucra este tipo de bienes, el acto debe celebrarse “por escritura pública” cuya “copia auténtica y debidamente registrada”, debe aducirse al proceso para reconocer al cesionario como contraparte en lugar del cedente (Tratado General de las Obligaciones, pág. 761, Compraventa y Permuta en Derecho Colombiano, pág. 108).

A decir verdad, este segundo criterio, esto es, someter la cesión a la solemnidad de la escritura pública cuando el derecho litigioso recae sobre bien inmueble, se justifica y resulta razonable, en tanto no se haga la diferenciación que propone el otro sector, porque de conformidad con el artículo 667 del Código Civil, los derechos se reputan quienes muebles o inmuebles, según lo sea la cosa en que han de ejercerse o que se debe. De manera tal, que tratándose como en el caso se trata, de la venta de unos derechos litigiosos atribuidos sobre un bien inmueble, entonces sin más se estaría frente a la enajenación de un bien raíz, y por ende la compraventa quedaría sujeta a la solemnidad ad substantiam actus de la escritura pública, conforme a las previsiones del inciso 2º del artículo 1857 del Código Civil, en armonía con el artículo 12 del Decreto 960 de 1970.

Sin embargo, la Corte no comparte esta segunda posición, la misma que enarboló el ad quem, para proferir la sentencia impugnada en casación, porque la cesión del derecho litigioso, cualquiera sea el título de la misma, debe analizarse no sólo teniendo la distinción propuesta entre litigioso y cosa litigiosa, que entre otras razones tiene asidero legal en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, sino en el marco de su incidencia procesal y consultando su propio régimen de consensualidad ciertamente consagrado por el Código Civil.

Como antes se indicó, uno es el derecho litigioso y otra muy distinta la cosa litigiosa, porque mientras que el primero se entronca con la existencia de un proceso judicial como consecuencia de la resistencia a la pretensión, la segunda constituye el objeto de esa pretensión: inmediato si se mira el derecho, relación o situación jurídica sustancial controvertida, o mediato si se atiende al bien o interés de la vida afectivamente perseguido. En otras palabras, el concepto de derecho litigioso tiene un contenido procesal, por oposición al sustancial de la cosa litigiosa. De ahí que la ley entienda litigioso el derecho desde cuando se da la litis contestatio, porque se traba la relación jurídica procesal por virtud de la notificación judicial de la demanda (C.C., art. 1969, inc. 2º).

En este orden de ideas, la cesión del derecho litigioso debe considerarse dentro de la órbita procesal señalada, como el acto por medio del cual una de las partes del proceso cede en favor de otra persona, total o parcialmente, la posición de sujeto de la relación jurídica procesal, y con ella la posibilidad de ejercer las facultades y derechos que de allí se derivan con miras a conseguir una decisión final favorable, que en manera alguna garantiza la cesión.

Desde luego que este acto está desprovisto de cualquier clase de solemnidad, no sólo por el examen independiente de la cosa litigiosa, sino porque ninguna norma legal exige algún tipo de formalidad. Por su lado, el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, se limita a reconocer el fenómeno, partiendo de la distinción entre cosa y derecho litigioso, al establecer la facultad que tiene el adquirente de intervenir como litisconsorte del anterior titular, o sustituirlo, dándose lugar a la llamada sucesión procesal, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente, pero sin indicar formalidad o solemnidad alguna, como la misma práctica judicial lo ha entendido. Otro tanto sucede en el marco del Código Civil, donde los artículos 1969 a 1972, regulan el tema sin que por parte alguna distinga entre el tipo de derecho litigioso (personal o real ), o establezca solemnidades para la perfección del acto en consideración a la clase de bien comprometido con la demanda.

Ahora, aplicar a la cesión de derechos litigiosos a título de compraventa, el inciso 2º del artículo 1857 del Código CiviL, para consecuentemente someter el acto a la solemnidad de la escritura pública, implica, como lo dice el casacionista, violar por falta de aplicación el inciso 1º del citado artículo, así como el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, por cuanto con fundamento en ese raciocinio se extiende analógicamente un régimen de excepción desconociendo el principio general de la consensualidad sentado por el inciso 1º del artículo mencionado, donde necesariamente quedaba comprendido el acto jurídico en comentario, ya que las excepciones, de interpretación restrictiva, las define expresamente el legislador cuando preceptúa: “la venta de los bienes raíces y servidumbres y la de la sucesión hereditaria, no se reputan perfectas ante la ley, mientras no se ha otorgado escritura pública”. Obviamente ninguna de las tres excepciones se refiere a la cesión de derechos litigiosos a título de compraventa.

Así las cosas, estima la Corte que las anteriores consideraciones son suficientes para casar la sentencia, pues el error de derecho en que incurrió el tribunal, lo condujo a infringir indirectamente los preceptos normativos mencionados en el cargo, por cuanto las pretensiones de la demandante fueron negadas so pretexto de que no se había acreditado la cesión de los derechos litigiosos, mediante la prueba específica exigida por la ley, cuando en verdad esta última en modo alguno prevé tal requisito.

Como la acusación tiene la virtud de arrasar totalmente con la sentencia impugnada, queda relevada la Corte de adentrarse en el estudio del otro cargo formulado.

Sentencia sustitutiva

Dada la prosperidad de la acusación, la Corte, en sede de instancia, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia dictada en este proceso por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, el 15 de abril de 1994 (fls. 116 al 121, cdno. 1), cumplidos como se encuentran los presupuestos procesales y porque no se advierte nulidad en la actuación.

Ya se anotó a espacio en este proveido, que cuando el objeto de una cesión es el evento incierto de una litis, tiene lugar el acto o contrato que se ha conocido como “cesión de derechos litigiosos”. Es decir, mediante dicho convenio un litigante cede el derecho que es objeto de discusión en un proceso ya iniciado, cesión que puede ser a título gratuito u oneroso, siendo indiferente en este último caso, que se haya efectuado mediante una venta o permuta.

Como al tenor del artículo 1970 del Código Civil es indiferente también “que sea el cedente o (sic) cesionario el que persigue el derecho”, han considerado la doctrina y la jurisprudencia que es facultativo de este último hacerse presente o no dentro del proceso. Al respecto dijo la Corte en sentencia del 4 de diciembre de 1952: “Desde que un derecho litigioso es susceptible de traspasarse en todo o en parte, el cesionario, en guarda de sus intereses puede hacerse presente en el respectivo juicio para que su derecho sea reconocido...” (G. J. LXIII, número 2118, pág. 742. El destacado no es original).

Dicho entendimiento corresponde hoy al criterio dispositivo que impera en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, donde el fenómeno de la sucesión procesal está regulado como el ejercicio de una facultad que bien puede hacer valer el adquirente del derecho en litigio, quien “podrá” intervenir en el proceso, bien como litisconsorte del cedente o desplazándolo para sucederlo como parte, si “la parte, contraria lo acepta expresamente”. De manera que lo previsto es una intervención voluntaria con asidero en el inciso 3º del artículo 52 del Código de Procedimiento Civil. De tal modo que desacierta el a quo cuando argumenta que por no hacerse valer la cesión en el proceso, se pierde la oportunidad de su reconocimiento, porque dicho raciocinio carece de fundamento legal y resulta contrario a lo expuesto por la Corte en la sentencia mencionada por el a quo, porque en ella no sostiene que los efectos de la cesión no se puedan hacer valer en un ulterior proceso, sino que se exponen los requisitos para que el acto produzca efectos dentro del proceso en curso donde se debatían los derechos objeto de cesión.

Entonces, para la Corte es claro que el cesionario puede intervenir en el proceso presente para reclamar los derechos litigiosos adquiridos hacerlos valer posteriormente, es decir, cuando ya se haya dictado sentencia, momento para el cual habrán perdido la incertidumbre, pues para que proceda la pretensión posteriores obvio que el mismo tendrá que haberse concretado mediante un fallo favorable, ya que de otra manera no habría nada que pedir. Reclamación procesal ulterior que tendría razón de ser ante la negativa del cedente a cumplir con lo convenido, como en el caso ocurrió, radicando precisamente en esa condición (la de cesionario) y en la no satisfacción del derecho, la legitimación y el interés que hubo de negarle a la demandante el a quo.

A decir verdad, la posición de la doctrina en este punto no ofrece dudas. “Por otra parte, —dice el tratadista César Gómez Estrada— si el cesionario no interviene la sentencia será dictada respecto del cedente, quien en el caso de ser aquélla favorable a éste, quedará figurando como tituLar del derecho disputado, no obstante ser el cesionario su verdadero titular pues bien, al igual que lo que se hizo ver atrás para caso similar que puede presentarse en materia de cesión del derecho de herencia, si el cesionario no obtiene que espontáneamente el cedente descubra la realidad y lo declare verdadero beneficiario de lo reconocido en el fallo, tendrá que recurrir a la jurisdicción para obtener de ésta que por sentencia se haga aquel reconocimiento, previa demostración, claro está, de que se celebre el contrato de cesión de los derechos litigiosos respectivos (De los principales contratos civiles, pág. 207).

Definido lo concerniente al mencionado presupuesto, procede averiguar si la cesión en comento se encuentra probada, pues según la juez de primera instancia el documento aportado al proceso para tal efecto carece de valor probatorio, ya que “se presentó inauténtico y apenas legalizado fiscalmente, y que a pesar de que el demandante quiso impetrar la práctica de un reconocimiento en reforma de la demanda, no la obtuvo extemporánea, quedándose con esa invalidez el contrato, a lo cual debe agregarse que se le acusó de falsedad, así se lo atribuyeran los demandados a su propio apoderado, pero la demandante no planteó el incidente donde se hubiera controvertido la falsedad”.

Pues bien, a folio 2 del cuaderno 1, aparece el original del contrato de cesión de derechos litigiosos, en el cual consta que los demandados vendieron a la demandante el “veinte por ciento (20%) de los derechos y acciones que a cada uno de los vendedores y en conjunto les corresponde, en el derecho litigioso debatido dentro “del proceso ordinario de pertenencia que cursa ante el juzgado diecisiete civil del circuito de Bogotá contra... en relación con el inmueble ubicado en el barrio El Real de esta ciudad, en la calle 66 con carrera 73ª y cuyos linderos especiales son los siguientes...” (mayúscula del texto). Respecto de este documento la parte demandada realmente no formuló tacha de falsedad material, y por ende no se tramitó incidente con tal objetivo, pues aunque dubitativamente se quiso negar la autoría, de todos modos se admitió la suscripción, aunque advirtiendo que de “hojas en blanco”, para entonces hablar de una “falsedad ideológica”, también carente de respaldo probatorio. De manera, que vistas así las cosas, necesariamente tiene que concluirse que en el caso cobró vigencia la autenticidad por reconocimiento tácito prevista por el ordinal 3º del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil. Desde luego que esa es la consecuencia de la conducta que en concreto asumió la parte demandada, quien como ya se dijo no cumplió con la carga de tachar de falso el documento y mucho menos con la de probar la falsedad, pues su actitud se asimiló más bien a un desconocimiento que el código establece, pero para los sucesores que son demandados, conforme a lo consagrado en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil.

Con relación a la no concurrencia de la demandante a absolver el interrogatorio de parte decretado, según consta a folio 106 del cuaderno 1, debe tomarse en cuenta que en este evento no es dable deducir la consecuencia confesoria establecida por el artículo 210 ibídem, con respecto al factum que sustenta las excepciones de merito que se dijeron proponer, dada la ausencia de un cuestionario escrito porque como ocurre con el tema antes tratado, lo planteado es completamente confuso y dubitativo, pues de un lado se dice que, “el documento presentado como base de la demanda, fue llenado, luego de haber firmado la hoja de papel sellado en blanco, por petición del apoderado de los demandados que fas representaba en el proceso de pertenencia que cursaba en el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá..., pero de otro que “...mis mandantes suscribieron varios documentos al doctor ... y no precisan haber suscrito hijas (sic) en blanco, aunque pudieron haberlo hecho”. De tal modo que al fin de cuentas no se sabe si lo predicado es la firma de “hojas en blanco, por petición del apoderado...”, o la negación de este hecho, para aceptar la suscripción de otros documentos, sin que se sepan cuáles fueron.

Por consiguiente, estando probado que entre las partes de este proceso se celebró el contrato de cesión de los derechos litigiosos mencionados y que el alea vendido por los demandados a la demandante se concretó mediante las sentencias proferidas por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 20 de noviembre de 1980 y 3 de junio de 1981, respectivamente, (fls. 1 al 10, cdno. 1), por las cuales se declaró que los señores... adquirieron por prescripción adquisitiva de dominio el inmueble situado en la calle 66 con la carrera 73 A de esta ciudad, dentro de los linderos señalados en el libelo introductorio, procede dar respuesta afirmativa a las pretensiones de la actora, por cuanto éstas no resultan enervadas por las excepciones propuestas (prescripción e inexistencia del derecho), porque como ya quedó expuesto no existe óbice alguno para que en este proceso, separado del de pertenencia antes mencionado, se hagan valer los derechos adquiridos con ocasión del acto de cesión inicialmente analizado.

En este orden de ideas, la Corte en sede de instancia revocará la sentencia del a quo, para en su lugar, como ya se dijo, resolver favorablemente las pretensiones de la demandante, condenando a la parte demandada a transferirle a aquella una cuota parte del veinte por ciento (20%) del derecho de dominio que ostenta sobre el bien identificado, conforme a la sentencia que los declaró dueños por haber adquirido el derecho por el modo de la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio.

Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, casa la sentencia de 12 de septiembre de 1994, proferida en este proceso ordinario por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y en sede de instancia,

RESUELVE:

Revócase la sentencia dictada en este proceso por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, el 15 abril de 1994, y en su lugar se condena a los demandados a transferirle a la demandante, señora... el veinte por ciento (20%) de los derechos radicados sobre el inmueble distinguido con el número 66-00 de la carrera 73 A de esta ciudad, el cual se encuentra ubicado dentro de los linderos señalados en el numeral primero del petitum. En consecuencia se ordena a los demandados que dentro del término de los seis (6) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, otorguen a favor de la demandada la respectiva escritura pública, la cual será inscrita en el correspondiente folio de matricula inmobiliaria.

Condénase en costas a los demandados.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

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