Sentencia 5654 de septiembre 21 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL

SUPRESIÓN DE DEPENDENCIAS POR EL ALCALDE DE BOGOTÁ

EXTRACTOS: «Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 29 de abril de 2000, de la sección primera, subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

Antecedentes

I.1. La demanda.

En ejercicio de la acción de nulidad que consagra el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo y mediante el trámite del proceso ordinario, el ciudadano Jairo Villegas Arbeláez solicitó que se accediera a la siguiente

I.1. 1. Pretensión.

Que se declare la nulidad del Decreto 766 de 1996, expedido por el Alcalde de Santafé de Bogotá, D.C., “Por el cual se modifica la estructura orgánica y se suprimen unos cargos en la planta de personal de la Secretaría de Hacienda de Santafé de Bogotá, D.C.”.

(...).

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir, previas las siguientes

Consideraciones

V. 1. El acto acusado.

Dice el decreto acusado:

“El Alcalde Mayor (...)

en uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial de las que le confiere el artículo 38 del Decreto-Ley 1421 de 1993

DECRETA:

ART. 1º—Suprimir de la estructura administrativa de la Secretaría de Hacienda las siguientes dependencias: jefatura de apoyo a las juntas administradoras locales y la división de apoyo presupuestal.

ART. 2º—Suprimir los siguientes cargos de la secretaría de hacienda, dirección distrital de presupuesto, jefatura de apoyo a las juntas administradoras locales y división de apoyo presupuestal: (...)”.

V. 2. El asunto de fondo.

Considera el apelante que la sentencia controvertida no se ajusta a las normas jurídicas porque corresponde al concejo determinar la estructura de la administración y al alcalde, con arreglo a los acuerdos, suprimir los empleos, lo que no hizo en el asunto sub examine, pues suprimió unos cargos, sin acuerdo preexistente en la materia. Ese concepto es compartido por el agente del Ministerio Público, amén de que la supresión de unas dependencias no se hizo para distribuir los negocios y asuntos distritales.

Las normas en juego son del siguiente tenor:

De orden constitucional, el numeral 6º del artículo 313, que le asigna a los concejos la competencia para “determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias...” y los numerales 4º y 7º del artículo 315 que, en su orden, le asignan al alcalde las funciones de “suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con los acuerdos respectivos” y “crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes...”.

De otra parte, el inciso 2º del artículo 322 de la Constitución Política prescribe, respecto de Bogotá, que “su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución, las leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios”.

En el orden legal, se tiene el numeral 9º del artículo 38 del Decreto 1421 de 1993, cuya texto reza:

“Son atribuciones del Alcalde Mayor: (...)

9. Crear, suprimir o fusionar los empleos de la administración central, señalarles sus funciones especiales y determinar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. Con base en esta facultad, no podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado.

ART. 55.—Creación de entidades ... En ejercicio de la atribución conferida en el artículo 38, el alcalde mayor distribuirá los negocios y asuntos, según su naturaleza y afinidades, entre las secretarías, los departamentos administrativos y las entidades descentralizadas, con el propósito de asegurar la vigencia de los principios de eficacia, economía y celeridad administrativas. Con tal fin podrá crear, suprimir, fusionar y reestructurar dependencias en las entidades de la administración central, sin generar con ello nuevas obligaciones presupuestales. Esta última atribución, en el caso de las entidades descentralizadas, la ejercerán sus respectivas juntas directivas”.

Indican las normas pretranscritas que el Distrito Capital tiene un régimen administrativo gobernado por leyes especiales, constituido por el capítulo IV del título XI de la Constitución Política, por el Decreto-Ley 1421 de 1993 y por el régimen legal ordinario de los municipios. En ese orden de ideas, la aplicación preferente de la normatividad pasa por el capítulo I\/ del título XI de la Constitución y par el precitado Decreto-Ley 1421.

El artículo 55 del estatuto orgánico de Bogotá le confiere facultades al alcalde para “... crear, suprimir, fusionar y reestructurar dependencias en las entidades de la administración central ...”, con el propósito, de acuerdo con el numeral 6º del artículo 38 ibídem, de “distribuir los negocios según su naturaleza entre las secretarías, los departamentos administrativos y las entidades descentralizadas”.

La Sala observa que la supresión de dependencias en entidades de la administración central, como es el caso de la supresión en la Secretaría de Hacienda de la jefatura de apoyo a las juntas administradoras locales y de la división de apoyo presupuestal, implica necesariamente una nueva distribución de negocios o asuntos porque la función que estaba asignada a las dependencias suprimidas deberá ser desempeñada por otra dependencia administrativa, sin necesidad de que ello se diga expresamente por la autoridad que ejerce la competencia.

De otra parte la supresión de dependencias administrativas en una entidad conlleva como consecuencia obvia la supresión de cargos, pues resultaría absurdo que los empleos, siguieran subsistiendo sin funciones que desempeñar porque la respectiva dependencia ha desaparecido. No se pueden separar los aspectos relativos a supresión de dependencias, supresión de empleos y redistribución de funciones, de manera que si la autoridad es competente para suprimir dependencias administrativas, sin necesidad de autorización del Concejo Distrital, también lo será para, como lo hizo en el asunto sub examine, suprimir unos cargos. Lo que no podría hacer la autoridad administrativa seria suprimir una entidad, sin la correspondiente autorización del concejo, pues esa competencia le corresponde a dicho órgano administrativo.

Dadas las anteriores consideraciones, la Sala, en desacuerdo con el agente del Ministerio Público, declarará no próspero el recurso de apelación y, en consecuencia, confirmará la providencia recurrida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, sección primera administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia recurrida.

En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(Sentencia de septiembre 21 de 2000. Expediente 5654. Consejero Ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola).

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