Sentencia 56576 de julio 4 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 56576

Acta Nº 23

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Bogotá, D.C., cuatro de julio de dos mil doce.

Decide la Corte el recurso de apelación interpuesto por la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP, por intermedio de apoderado judicial, en contra de la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el 28 de mayo de 2012, dentro del juicio especial y preferente de calificación de paro o suspensión colectiva de trabajo promovido por la recurrente en contra del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia “Sintraelecol” subdirectiva seccional Caldas.

Antecedentes

La entidad accionante, quien demandó del a quo se declarara [sic ] que el día 13 de septiembre de 2011 existió, por parte de la organización sindical Sintraelecol, subdirectiva Caldas de ese sindicato, una suspensión, cese o paro colectivo de trabajo ilegal, y conminar a aquel y prevenirlo para que se abstuviera de efectuar cualquier tipo de ceses o bloqueos en las instalaciones de la empresa para sus peticiones, impugna la sentencia antecitada, denegatoria de tales pretensiones, con condena en costas a su cargo.

Si bien la demanda se extendía, inicialmente, a varios miembros de la subdirectiva, el colegiado los desvinculó de la litis, al tener en cuenta la naturaleza y fines de esta clase de actuaciones.

El horario de trabajo en la Estación Uribe, de la demandada, es de lunes a viernes de 7.30 de la mañana a 12 del día, y de 1.30 a 6 de la tarde.

La empresa acusa al sindicato de haber promovido y realizado, por medio de los afiliados a la subdirectiva antecitada, el 13 de septiembre de 2011, sin previo permiso, un paro colectivo ilegal de trabajo, sin justificación alguna, mediante el bloqueo de las tres puertas de entrada a la estación, impidiendo el ingreso de los buses, de los carros particulares y del personal de la empresa. Que lo anterior generó represamiento vehicular en cerca de un kilómetro en la vía Autopista del Café, desde la entrada principal hasta la Estación de Servicio Normandía, y obligó a que los trabajadores ingresaran a sus puestos de trabajo a pie, por lo que las actividades laborales se iniciaron solo a las 8.30 de la mañana. Que tampoco pudieron ingresar los invitados al evento “Gira internacional sobre responsabilidad social, empresarial, desarrollo local sostenible y medio ambiente” a realizarse en la estación a partir de las 8 de la mañana.

El sindicato, a su turno, al contestar la demanda, arguyó no haber promovido ninguna suspensión colectiva o paro ilegal, sino que se estaba llevando a cabo el informe sindical que usualmente presenta cada semana a los trabajadores sobre las actividades sindicales y la problemática presentada al interior de la empresa, acompañado de pancartas, megáfonos y carteles, alusivos a despidos, muerte de varios trabajadores en accidentes absurdos y prevenibles, sanciones y acoso a los dirigentes sindicales, y que no impidió que los trabajadores ingresaran a su lugar de trabajo; que los que quisieron se quedaron a escuchar el informe y a discutir con el sindicato, que la gran mayoría estaban en sus puestos de trabajo a las 7.30 de la mañana, y quienes no ingresaron a tiempo fue por la congestión vehicular formada a la entrada y no quisieron dejar el vehículo fuera de la empresa, que el Ministerio el Trabajo se hizo presente y en el acta quedó verificada la inexistencia de alteración en el cumplimiento de las labores de los trabajadores, y que las percepciones citadas en el acta provenían de funcionarios de la empresa. Que en nada se asemejaba un informe sindical, hecho desde hace 27 años, a un cese de labores, pues, quienes quisieron escucharlo lo hicieron libremente y ningún directivo promovió o incitó a suspender labores.

Fueron propuestas las excepciones de inexistencia de un paro o cese colectivo de trabajo en un servicio público, o esencial, producto de las actividades desplegadas por el sindicato el 13 de septiembre de 2011, y la de falta de legitimación pasiva en el sindicato nacional.

La sentencia del tribunal

El tribunal encontró acreditado que el servicio prestado formalmente por la empresa corresponde a un servicio público esencial, lo que implica, por previsión constitucional, la imposibilidad de realización de huelga, paro o cese colectivo de labores; que tampoco existía en ella, para la fecha, conflicto colectivo de trabajo, ni presentaba mora en el pago de salarios o de obligaciones prestacionales o de seguridad social, circunstancias estas últimas que habilitarían la existencia de huelga desde el plano legal.

Procedió, entonces, a establecer si la actividad sindical desplegada por el sindicato el día de los hechos constituía o no cese o paro colectivo de actividades, el que, de demostrarse, indefectiblemente devendría en ilegal por las razones constitucionales y legales atrás delineadas.

Expresó que, para tales efectos y, conforme a pronunciamiento de esta Sala (42272 sep. 29/2009), para calificar judicialmente un paro o cesa colectivo de trabajo como legal o ilegal, para el juez “resulta intrascendente” distinguir entre tales acepciones.

A continuación, previa transcripción de la definición de huelga conforme al artículo 429 del Código Sustantivo de Trabajo(1), y la de un doctrinante argentino(2), más citación del artículo 449 del Estación de Servicio Normandía(3), y de la diferenciación jurisprudencial entre participantes activos y pasivos en la huelga (CST, art. 450, num. 2º y C. Const. sents. de esta Sala 236 de oct. 31/86 y SU 36 de ene. 27/99), infirió que, para estructurarse la huelga, cese o paro colectivo de trabajo, es requisito imperativo el que los trabajadores hayan sido colocados por sus auspiciadores en situaciones de imposibilidad de prestar su servicio personal al empleador, y señaló:

“Efectúa la Sala el precedente análisis doctrinario y jurisprudencial pues lo tiene por ineludible para la dilucidación del difícil caso concreto a su consideración, en función de que a su tenor debe establecerse si en la actividad que el sindicato demandado indubitablemente realizó en la portería principal de la sede de la demandante en la Estación Uribe... los trabajadores de esta estuvieron o no compelidos, obligados o sometidos a no prestar sus servicios laborales personales a la empleadora...”.

Y concretó:

“En relación con dicho álgido punto, encuentra la Sala que en el expediente existen medios de prueba que indican que en la actuación sindical realizada por el sujeto pasivo de la acción en la fecha y lugar ya varias veces referido, en rigor no se obligó o se sometió a los trabajadores de la sociedad empleadora a no prestarle personalmente sus servicios, ni se les impidió cumplir esa obligación... pues no obstante que está acreditado que en el marco de la acción sindical génesis del conflicto, los activistas de la misma se apostaron ellos o apostaron objetos en las entradas de la sede empresarial, ello solo impidió el paso de vehículos, pudiendo los trabajadores que quisieran ingresar a laborar, hacerlo, apeándose de sus automotores particulares o de los buses dispensados por la empresa, que los transportaban a su sitio de trabajo.

Así mismo está acreditado en el plenario que incluso trabajadores que empezaron a escuchar el denominado informe sindical, pudieron libremente retirarse de él e ingresar a laborar para la demandada, el día de los hechos investigados”.

Respaldó la conclusión anterior en el análisis de siete testimonios(4), a cuya culminación manifestó:

“En consecuencia, al tenor de la testimonial examinada, que proviene tanto de la solicitada por la empleadora demandante, como por el sindicato... el elemento obligatoriedad de participación, o imposición de ineludible presencia de los trabajadores, que caracteriza, según arriba se lucubró, a la huelga, paro o cese colectivo de actividades propiamente dicho, no se dio en la casuística aducida por la demandante como sustento de sus elementos, lo cual es razón suficiente para no acceder a los mismos”.

Y, además de lo anterior, el tribunal reforzó su convicción en la circunstancia de tener antecedentes [de] los informes sindicales en las puertas de acceso a la empresa, “lo cual razonablemente indica que, por lo menos, esa conducta ya había sido tolerada por la empleadora en otras oportunidades, y devenía entonces en repetida para la fecha de los hechos... circunstancia fáctica de no desdeñable repercusión en el campo del derecho colectivo del trabajo, si se recuerda que la doctrina ha dicho que el cese y paro colectivo no se estructura ‘... cuando el empleador consiente la interrupción pero tampoco cuando esta corresponde a una costumbre’” (cita del doctrinante Krotoschín).

En respaldo de lo anterior transcribió las respuestas al respecto dadas por el representante legal de la demandante y la secretaria general de la misma, y señaló:

“De donde infiere esta Sala que aparte de estar demostrado que no estaban obligados los trabajadores de la demandante, por el sindicato accionado, a participar en la actividad sindical del 13 de septiembre de 2011, lo que significa que no estaban sometidos a no trabajar para ella, como su empleadora, también está acreditado que tal tipo de conducta sindical no devino en históricamente aislada, sino que tenía antecedentes, que al ser por lo menos tolerados por la demandante, impiden que pueda hablarse de huelga, cese o paro colectivo de trabajo, en los términos en que se anclan las pretensiones del introductorio”.

El recurso de apelación

Lo ejercitó la parte demandante en los términos visibles del folio 576 a 586, en audiencia, y le fue concedido por el a quo.

Esencialmente, lo que plantea el recurso, es que, aun cuando la empresa sí ha tolerado y lo seguirá haciendo hacia futuro, que el sindicato pueda informar a sus afiliados todas las observaciones, puntos o comentarios que hagan parte de su quehacer sindical, ello jamás puede confundirse con el bloqueo, con el hecho de impedir la entrada y salida de vehículos justo antes del inicio de la jornada laboral de la mañana, impidiendo el acceso de los trabajadores que en ellos se desplazan, porque tal actuar no puede ser catalogado como un informe sindical como los que precedieron en el tiempo, por comportar vías de hecho que impiden que quienes deseen laborar lo hagan, que coarta la libertad de locomoción y pone en situación de desventaja a quienes asisten a laborar en sus vehículos particulares.

Esa premisa argumentativa es reiterada en los 9 puntos de la impugnación, donde se plantea, por ello, la existencia del cese de labores enrostrado.

Consideraciones de la Corte

El a quo, con fundamentos legales, doctrinarios y jurisprudenciales, expuso la premisa jurídica atinente a que si no se coloca a los trabajadores en imposibilidad para prestar sus servicios personales al empleador por parte de los huelguistas o promotores de un paro o cese colectivo de trabajo, no puede pregonarse la existencia de este.

Y, como, en el plano fáctico, halló acreditada la inexistencia de obligación de los trabajadores de la empresa para participar en la actividad sindical del 13 de septiembre de 2011, descartó la estructuración de la figura alegada por la empresa.

Expuso, además, otra premisa jurídica, cuyo sustrato fáctico también halló acreditado: la permisión o tolerancia previa por parte de la empresa, de esa clase de actividad, excluye también la conformación de aquella figura.

La previsión normativa de declaratoria de ilegalidad o legalidad de suspensión o paro colectivo de trabajo restablecida para la jurisdicción ordinaria laboral mediante la Ley 1210 de 2008 es una herramienta procesal de conocimiento judicial, a cargo de tribunales superiores y Corte Suprema de Justicia, cuyo ejercicio no debe distorsionar el objetivo de la misma, ya que no es dable que, a través de ella, se asimilen a las instituciones allí previstas actuares u omisiones que no las conforman; por ello la nueva delicada función atribuida a la rama judicial en materia laboral colectiva, en desarrollo del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización, 1948 o Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, implica una atribución garantista del Estado de derecho para proteger, cuando haya lugar, la esencia del derecho de asociación sindical, lo cual, obviamente, no implica la intangibilidad o inmunidad sindical para incurrir en transgresiones de toda índole de la normatividad laboral. De lo que se trata, entonces, es de realizar, por parte de los afectados, una correcta determinación de las instituciones o categorías a invocar, y de los procedimientos condignos a seguir. Al juez laboral competente, entonces, le corresponderá verificar, estrictamente, la correspondencia de los hechos con, verbigracia, la adecuación alegada respecto de los mismos, como acá ha acontecido, donde se ha proclamado paro o cese de labores a lo que, en verdad, no lo fue.

Estima la Sala, que el elemento de concertación, generalmente previo (aunque puede ser sobreviniente), de pluralidad de voluntades que confluyen, conscientemente, en el objetivo de suspender o parar colectivamente el trabajo, es esencial para reputar el hecho como tal. Habrá de desplegar el funcionario judicial, entonces, una delicada y responsable disección de las circunstancias del hecho para, antes que todo, definir si se encuentra o no en presencia del sustrato fáctico que prevé la norma, y, de hallarlo, quedar en posibilidad de efectuar una ponderación adecuada a la altura de la contemporaneidad en esta materia, con sintonía no refractaria a la legislación internacional a la que el país haya adherido y que, por tanto, hace ya parte de la legislación interna, en no pocas veces rezagada respecto de aquella, a efectos de no restringirse a la simple literalidad normativa nacional, desconociendo la necesaria armonización con el bloque constitucional en materia, para estos casos, del derecho fundamental de asociación sindical, o las modulaciones que la jurisdicción constitucional haya introducido en los preceptos vigentes, a efectos de poder cumplir, con elementos jurídicos suficientes, la trascendental misión social de emitir una calificación de legal o ilegal respecto de una suspensión o paro colectivo de trabajo.

El acaecimiento de una suspensión o paro colectivo de labores no es, entonces, la circunstancia que se erige como simple sustrato objetivo para desencadenar, ante el requerimiento del empleador, la declaratoria de ilegalidad, pues, precisamente, el objetivo del trámite de esta reestrenada institución judicial, implica para el juez la atribución de calificar los hechos en un sentido u otro.

Punto importante, además, para la resolución de la alzada radica, ciertamente, en que no aparece acreditado en forma fehaciente el que el sindicato demandado, a través de su subdirectiva Caldas, hubiere obligado, o siquiera instado, a los trabajadores de la empresa, a suspender o parar labores, total o parcialmente, el martes 13 de septiembre de 2011. Lo que se desprende de las probanzas arrimadas a autos fue que existió una actividad sindical de informes, en las inmediaciones de las entradas a la empresa, a la que podían, conforme a su fuero interno, acercarse los trabajadores que a bien lo tuvieren o retirarse de la misma, fuese que ya estuvieran en sus puestos de trabajo o que llegaran, en vehículos particulares o suministrados por la empresas, tales como buses; ello se admite, en el memorial de alzada, que era ya conocido y permitido por la empresa, lo que conlleva a destacar que el tiempo tomado para tales informes contaba con la anuencia de aquella. De otro lado, la precariedad para el ingreso de los vehículos particulares no aparece claramente atribuible al sindicato, (las mismas fotografías aportadas al expediente, muestran, por ejemplo, cómo una de las talanqueras de la entrada estaba levantada, fls. 91, 92, 95, 97, 98), pero, de serlo, constituiría una figura diferente de aquella de estirpe colectiva cuya declaratoria acá se gestiona, cognoscible, controvertible y conjurable, ya a nivel inmediato e interno por la empresa, ya posteriormente, de requerirse, mediante ritualidades distintas ante la jurisdicción del trabajo y en la que se determinarían responsabilidades individuales.

Acá, como atrás se advirtió, si ni siquiera se encuentra delineada la existencia de un paro o suspensión colectiva de trabajo por parte de la entidad sindical imputada, ya por no percibirse el elemento de concertación previa o concomitante con el acto de rendición de informe sindical, que estuviera encaminado a suspender o parar colectivamente labores, a tal punto de no haber acreditación de arengas, verbales o escritas, al respecto; ya por poderse, razonablemente, ubicar la actuación sindical dentro de los precedentes tolerados al respecto por la demandante, o porque no se halló que se hubiere colocado a los trabajadores en imposibilidad real de concurrir a sus lugares de trabajo, no es dable, entonces, acceder a lo pretendido por la accionante, sino proceder a confirmar lo decidido en primera instancia, sin que ello implique, se reitera, que si las actuaciones u omisiones sindicales acá esgrimidas lleguen a

comportar adecuación a otro clase de situaciones previstas normativamente se predique que la Corte las cohoneste o respalde, sino que deben controvertirse en otra clase de actuación judicial.

Sin costas en la alzada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Manizales el 28 de mayo de 2012, dentro del juicio especial y preferente de calificación de paro o suspensión colectiva de trabajo promovido por la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP en contra del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia, Sintraelecol, subdirectiva seccional Caldas.

Sin costas en el recurso.

Conforme lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley 1210 de 2008, hágase conocer esta providencia al Ministerio de la Protección Social o al que haga sus veces actualmente. Remítase copia para tales efectos.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Francisco Javier Ricaurte Gómez—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve—.

(1) “... la suspensión colectiva temporal y pacífica del trabajo, efectuada por los trabajadores de un establecimiento o empresa con fines económicos y profesionales propuestos a sus empleadores y previos los trámites establecidos en el presente título”.

(2) “... La huelga es formal y materialmente, un acto colectivo. Su esencia consiste en la interrupción de una pluralidad de relaciones de trabajo. Si bien la huelga no puede realizarse sin la participación individual de los trabajadores, esta participación solo adquiere carácter de huelga gracias a la comunidad de acción en la cual se expresa la solidaridad del grupo...”. “Ernesto Krotoschin, instituciones del derecho del trabajo...”.

(3) “El empleador no puede celebrar entre tanto nuevos contratos de trabajo para la reanudación de los servicios suspendidos, salvo en aquellas dependencias cuyo funcionamiento sea indispensable a juicio del respectivo inspector del trabajo, para evitar graves perjuicios (...) y solamente en el caso de que los huelguistas no autoricen el trabajo del personal necesario de estas dependencias”.

(4) María Cristina Toro (fls. 501-504), Gustavo Cubillo (fls. 509-511), Andrés Felipe Mosquera (fls. 512-517), John Granada (fls. 517-520), Helder Moreno (fls. 520-521), Germán Arbeláez (526-529, y Jesús Ramírez (fls. 529-530).