Sentencia 56580 de noviembre 13 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 56580

Acta 37

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Hernando López Algarra

Bogotá, D.C., trece de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: « El recurso de apelación

Formulado por la parte demandada y concedido por el tribunal, tienen como propósito que se revoque el fallo de primera instancia por falta de legitimación en la causa por activa de la sociedad Vicpar S.A., y porque la comunidad agotó la etapa de arreglo directo, antes de producirse el cese de actividades.

Lo anterior, bajo el entendido de que dicha sociedad no tenía facultad para iniciar, tramitar y acordar la solución del conflicto colectivo de trabajo a que hace referencia este proceso, como tampoco, para iniciar la presente acción, porque era la sociedad Petrominerales, operadora del contrato de exploración y explotación denominado “Llanos 25D” la que estaba llamada a demandar; y además porque la comunidad agotó el requerimiento previo de negociación.

Al respecto indicó que en el fallo de primera instancia se manifestó que la sociedad demandante era un simple intermediario de la sociedad Petrominerales, lo que considera acertado ya que como efectivamente se demostró durante el proceso a través de los testimonios de los diferentes presidentes de juntas de acción comunal, y del interrogatorio de parte al representante legal suplente de la sociedad demandante, esta no es la que fija los salarios de sus trabajadores, pues la que lo hace es Petrominerales; por lo que en consecuencia, quien debió formular la presente demanda no era otra que Petrominerales y no la sociedad Vicpar S.A., tanto que el acuerdo que se logró sobre salarios con los trabajadores que prestaban sus servicios en el proyecto canatúa, se efectuó con Petrominerales; agregó que la comunidad agotó el requerimiento previo de negociación.

Consideraciones de la Corte

Procede la Sala a estudiar los motivos de inconformidad propuestos por la parte recurrente de acuerdo con lo previsto en el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y en cumplimiento además de lo establecido en el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1210 de 2008.

El problema jurídico planteado inicialmente en la demanda por la sociedad Vicpar S.A., fue el atinente a la calificación de la ilegalidad del cese de actividades promovido y materializado por ciento once (111) trabajadores, desde el 30 de noviembre de 2011, con fundamento en la causal contemplada en el literal c) del artículo 65 de la Ley 50 de 1990, que modificó el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo.

Los trabajadores demandados, al responder a la acción indicaron, que el cese de actividades realizado por ellos a partir del 30 de noviembre de 2011, se efectuó después de evacuar la etapa de arreglo directo, la cual fue adelantada por las juntas de acción comunal, que citaron a la demandante a reuniones para tratar asuntos relacionados con las condiciones de trabajo de los trabajadores de su área de influencia, y de otros temas relacionados con la comunidad; llamado este que no atendió la demandante. Agregó que la suspensión de trabajo ocurrió previo aviso a la parte demandante.

Sellado el caso con la sentencia de primera instancia, la apelación de la parte demandada se centró en indicar, que la legitimada en la causa por activa para iniciar la presente acción no era la demandante, sino la sociedad Petrominerales Colombia Limited, y además, que la etapa de arreglo directo fue evacuada.

El problema jurídico a resolver se centra en determinar si la parte demandante estaba o no legitimada para iniciar la presente acción, y además, si en forma previa al cese de actividades realizado por los demandados, se cumplió o no el procedimiento de arreglo directo.

Antes de entrar a resolver los problemas jurídicos indicados, es pertinente señalar que entre las partes en conflicto no hay discusión en cuanto a que los trabajadores demandados, realizaron un cese de actividades laborales entre el 30 de noviembre de 2011 y el 30 de marzo de 2012.

En cuanto a si la parte demandante estaba o no legitimada para iniciar la acción de calificación de cese de actividades, se hace necesario primero dilucidar si el demandante está actuando como verdadero empleador de los demandados, como se afirma en la demanda, o si obró como simple intermediario de la sociedad Petrominerales Colombia Limited frente a los mismos demandados, como lo consideró el a quo.

Sea lo primero indicar que en el presente proceso no fue vinculada la sociedad Petrominerales Colombia Ltd., Sucursal Colombia, y a pesar de eso en la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, se declaró que los demandados eran “trabajadores de Petrominerales en los que Vicpar S.A. aparece como intermediario”.

Al respecto vale la pena rememorar que el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, consiste en que nadie podrá ser juzgado sino, entre otras, con observancia de las formas propias de cada juicio, en el cual se le deberá garantizar el derecho a la defensa, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, y a impugnar la sentencia condenatoria. En forma adicional, el fallador debe mantener los parámetros de congruencia plasmados en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, aplicables al proceso laboral, por remisión analógica del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

En efecto, el debido proceso, como principio medular del Estado social de derecho, impone a la rama judicial y a la administrativa el deber de adelantar las causas conforme a debidos procesos consagrados en las leyes establecidas con antelación a la ocurrencia de los hechos objeto de la actuación, con audiencia de las partes interesadas, que asegure la igualdad entre ellos, así como la consideración de sus intereses y derechos. Dicho derecho exige además que la litis se haya trabado debidamente con la presencia ineludible de las partes que constituyen la relación procesal tanto activa como pasiva. Así mismo reclama la comparecencia obligatoria al proceso de todas las partes en litigio, para efectos de otorgar a los sujetos la garantía de no ser vinculados o afectados con una decisión sin antes haber tenido la oportunidad de controvertir los hechos contenciosos en defensa de sus intereses.

Luego en el presente caso, el fallador de primer grado estaba impedido para analizar, decidir y fallar a favor o en contra de la sociedad Petrominerales Colombia Ltd., Sucursal Colombia, precisamente por no haber sido esta convocada al proceso.

Ahora bien, sobre los simples intermediarios, precisa el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, que

“1. Son simples intermediarios las personas que contratan servicios de otras para ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un (empleador).

2. Se considera como simples intermediarios, aun cuando aparezcan como empresarios independientes las personas que agrupan o coordinan los servicios de determinados trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales utilicen locales, equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de un (empleador), para beneficio de este y en actividades ordinarias, inherentes o conexas con el mismo”.

Al punto sostuvo esta Sala, en sentencia de 27 de octubre de 1999, radicación 12187, lo siguiente:

“Como se ve de estos dos primeros incisos del artículo trascrito, en el derecho colombiano se prevén dos clases de intermediarios:

“a) Quienes se limitan a reclutar trabajadores para que presten sus servicios subordinados a determinado empleador. En este caso la función del simple intermediario, que no ejerce subordinación alguna, cesa cuando se celebra el contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador.

“b) Quienes agrupan o coordinan trabajadores para que presten servicios a otro, quien ejercerá la subordinación, pero con posibilidad de continuar actuando el intermediario durante el vínculo laboral que se traba exclusivamente entre el empleador y el trabajador. En este evento el intermediario puede coordinar trabajos, con apariencia de contratista independiente, en las dependencias y medios de producción del verdadero empresario, pero siempre que se trate de actividades propias o conexas al giro ordinario de negocios del beneficiario. Esta segunda modalidad explica en mejor forma que la Ley colombiana (D. 2351/65, art. 1º) considere al intermediario “representante” del empleador.

“La segunda hipótesis es la más próxima a la figura del contratista independiente. Por regla general este dispone de elementos propios de trabajo y presta servicios o realiza obras para otro por su cuenta y riesgo, a través de un contrato generalmente de obra con el beneficiario. Parte de esos trabajos puede delegarlos en un subcontratista. Si la independencia y características del contratista es real, las personas que vincula bajo su mando están sujetas a un contrato de trabajo con él y no con el dueño de la obra o beneficiario de los servicios, sin perjuicio de las reglas sobre responsabilidad solidaria definidas en el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo y precisadas por la jurisprudencia de esta Sala, especialmente en sentencias del 21 de mayo de 1999 (Rad. 11843) y 13 de mayo de 1997 (Rad. 9500). Empero, si a pesar de la apariencia formal de un “contratista”, quien ejerce la dirección de los trabajadores es el propio empresario, directamente o a través de sus trabajadores dependientes, será este y no el simple testaferro el verdadero patrono, y por tanto no puede eludir sus deberes laborales.

“Naturalmente, en cada caso debe examinarse en forma detenida las circunstancias fácticas que permitan determinar si se está en presencia de una de las figuras señaladas, sin que se pueda afirmar categóricamente que por el simple hecho de realizarse los trabajos en los locales del beneficiario, deba descartarse necesariamente la existencia del contratista independiente, pues si bien en principio no es lo corriente frente a tal fenómeno, pueden concurrir con esa particularidad los factores esenciales configurantes de él. Entonces, será el conjunto de circunstancias analizadas, y especialmente la forma como se ejecute la subordinación, las que identifiquen cualquiera de las instituciones laborales mencionadas”.

Pues bien, en el presente caso la demandante afirmó en los hechos décimo cuarto y décimo sexto, que los demandados eran sus trabajadores, vinculados por contrato de trabajo por duración de la obra o labor contratada, indicando para cada uno de ellos, la fecha de inicio del contrato; y en el décimo quinto que les había asignado un cargo a desempeñar como obreros, oficiales de obra, inspectores HSE, y cadeneros, hechos que fueron admitidos por la parte demandada al contestarlos, lo cual constituye confesión, a la luz de lo establecido en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el D.E. 2289 de 1989, y de aplicación analógica al proceso del trabajo.

Lo anterior se corrobora con los contratos de trabajos que suscribió la empresa demandante con cada uno de los trabajadores demandados (fls. 48 a 385); y con los llamados a descargos a los mismos demandados (fls. 395 a 731), lo que informa la calidad de subordinados de los demandados respecto de la sociedad demandante.

En igual forma se acreditó en el expediente que el 1º de febrero de 2011 y con vigencia por 3 (tres) años, la demandante suscribió con la sociedad Petrominerales Colombia Ltd., Sucursal Colombia, el contrato de obra PC-003-11 que tenía por objeto la construcción de localizaciones, vías de acceso y facilidades tempranas de obras civiles a nivel nacional (fls. 28 a 41). En desarrollo de este, la demandante debía actuar con sus propios medios con plena autonomía técnica, financiera, administrativa y directiva, y se estableció como una de sus obligaciones, la de suscribir contratos de trabajo con el personal empleado para la ejecución de la obra y el pago de los derechos laborales correspondientes. Que en virtud de ese contrato, fueron vinculados los trabajadores demandados, como se desprende de cada uno de los contratos de trabajo, que en el parágrafo primero de la cláusula primera establecían: “Las partes manifiestan que la causa que origina la presente contratación es la ejecución del Contrato PC 003 11, firmado entre El Empleador y Petrominerales Colombia Ltd.”. Asimismo indicó el citado contrato de obra en las clausulas 5.6.2. a 5.6.8., como obligación del contratista, proveer los materiales, equipos, herramientas, accesorios y todos los demás elementos requeridos para la prestación del servicio contratado.

Aducen el a quo, y la parte recurrente, que de los testimonios y la declaración de parte del representante legal de la sociedad demandante se deduce que la demandante es una simple intermediaria de la sociedad Petrominerales Colombia Ltd., Sucursal Colombia. Escuchados los testimonios de Charles Calixto Quintero, Héctor José Guerrero Alzate, y José Silvino Gómez, presidentes de las Juntas de Acción Comunal que funcionan en la zona, como también el interrogatorio del representante legal de la parte demandante rendido por Juan Carlos León Angarita, y leída el acta respectiva (fls. 204 a 206), contrario a lo indicado por los demandados, lo que se infiere es, que Petrominerales era la sociedad encargada de la explotación petrolera del lugar, y la demandante era contratista de aquella para la construcción de obras civiles; que como presidentes de las diferentes juntas de acción comunal de la zona se entendían directamente con Petrominerales, tanto que fue esta empresa quien acordó con ellos, desde el inicio de la exploración petrolera, la parte laboral, referente al número de contrataciones por comunidad, y el valor de los salarios para los miembros de la comunidad que cada uno representaba; pero que una vez fueron contratados laboralmente algunos miembros de su comunidad, se entendían directamente con Vicpar. Agrega el representante legal de la parte demandante que si bien ellos contrataban y pagaban los salarios de sus propios trabajadores, cuando se trataba de miembros de la comunidad en donde desarrollaban las obras, Petrominerales les recomendaba a quien enganchar y el salario a pagar.

De todo lo anterior se concluye que en el presente caso la sociedad Vicpar S.A. no actuó como simple intermediaria, sino como empleadora de los demandados.

Ahora bien, en cuanto a la legitimación en la causa de la parte demandante para iniciar el presente proceso, establece el artículo 129A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, adicionado por el artículo 4º de la Ley 1210 de 2008, que el proceso de calificación de la suspensión o paro colectivo del trabajo, se inicia “a solicitud de parte o del Ministerio de la Protección Social”, hoy Ministerio del Trabajo.

Al respecto, sentó esta corporación en sentencia de 12 de septiembre de 2012 dentro del radicado Nº 55498:

“Uno de los elementos de la pretensión, es la denominada ‘legitimación en causa’ (legitimatio ad causam), que, según tiene enseñado esta Corte, hace relación a la titularidad de la situación jurídica material discutida en un juicio.

Corresponde a la Corte Suprema de Justicia, como juez de apelación, determinar si la empresa Polipropileno del Caribe S.A., en calidad de beneficiaria de la obra, tiene derecho a promover una acción en busca de la calificación de un cese de actividades que presuntamente realizaron quienes no fueron sus trabajadores subordinados, vinculados a la sociedad Aseco S.A.S, contratista independiente.

Desde ya no puede perderse de vista que cuando el empleador pone en movimiento el órgano jurisdiccional del Estado, en aras de que se califique una huelga como ilegal, es porque estima que sus trabajadores han incumplido con una de sus obligaciones inherente al contrato laboral, cual es la de prestar el servicio pactado, como consecuencia de un conflicto colectivo suscitado entre él y sus propios trabajadores.

Como ya se anotó, en la figura del contratista independiente se celebran contratos, entre este y quien se beneficia del servicio o es dueño de la obra, los cuales son de naturaleza civil o mercantil.

Pero también se da simultáneamente otra vinculación, esta sí de carácter eminente y rigurosamente laboral, que es la que se realiza entre el contratista independiente y sus colaboradores subordinados, con el fin de cumplir lo pactado con el contratante. Son contratos bilaterales, que producen obligaciones recíprocas entre empleador y trabajador, por ser ambos los titulares de la relación laboral.

De suerte que, el contratista independiente actúa como verdadero y real empleador, a la luz de las disposiciones contempladas en el Código Sustantivo de Trabajo.

En tales circunstancias, preciso es poner de presente que, en principio, a los fines del postulado de la relatividad de los contratos, estos solo afectan y producen derechos y obligaciones frente a las partes contratantes y no respecto a terceros no intervinientes.

Por consiguiente, no es aceptable la tesis de que el beneficiario de la obra está legitimado para que, mediante su solicitud, un juez de la república califique el comportamiento o conducta de los trabajadores de un tercero, como consecuencia de un conflicto colectivo de trabajo entre estos últimos. Aceptarlo, sería tanto como permitir que el beneficiario abandone su posición de tal, para asumir o ubicarse en el plano de verdadero empleador de esos trabajadores (parte), calidad que, a no dudarlo, la ley no le reconoce.

El hecho de que el beneficiario de la obra funja como garante —cuando así lo determine la ley—, de las obligaciones laborales del contratista independiente —itérese verdadero empleador—, ante el incumplimiento por este de las obligaciones con sus propios trabajadores, no lo habilita para promover una acción como la que es objeto de examen de la Sala en esta oportunidad, con referencia a quienes no son sus directos trabajadores, así estos realicen un cese de actividades que eventualmente le perjudique.

Para la Corte Suprema de Justicia la concepción legislativa que inspiró la Ley 1210 de 2008 en cuanto a que la demanda en esta clase de acción podrá ser “presentada por una de las partes o por el Ministerio de la Protección Social” fue restringida y limitada. Es patente que, cuando la norma hace relación a las partes, se refiere precisamente a los protagonistas sociales de un conflicto colectivo de trabajo, cuales son el empleador y sus trabajadores, sindicalizados o no, id est, propiamente a los gestores del contrato laboral. De manera que si el legislador hubiera querido que estuviesen legitimadas para ello otras personas naturales o jurídicas (terceros) —como lo serían los beneficiarios de la obra o dueños de la obra—, así lo hubiera plasmado claramente.

Nótese que el numeral 6º del artículo 4º de la Ley 1210 de 2008, al referirse a las prevenciones de las partes, expresa que “La providencia en que se declare la legalidad o la ilegalidad de una suspensión o paro colectivo de trabajo deberá contener, además, las prevenciones del caso para las partes en conflicto y se hará conocer al Ministerio de la Protección Social”. Y, se reitera, las partes en conflicto no pueden ser otras que el empleador y los trabajadores vinculados por él.

Es que, como se asentó, la acción que dimana de la mencionada ley tiene como finalidad que se declare judicialmente el incumplimiento de las obligaciones nacidas de un contrato de trabajo y por tanto ella tiene su fuente en la responsabilidad contractual. En tanto que la reparación de los perjuicios que pretende la sociedad Polipropileno del Caribe S.A. le sea reconocida por la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo USO, fluye de la responsabilidad civil extracontractual y, en ese horizonte, no es el juez del trabajo el llamado a dirimir la suscitada controversia.

No desconoce la Sala que puede ocurrir que el contratista independiente le incumpla el convenio al beneficiario de la obra, precisamente por el cese de actividades de sus trabajadores. Pero en tal hipótesis, aflora cristalino que la ley le da al acreedor la posibilidad de echar mano de los “efectos de las obligaciones”, es decir, le otorga el derecho a exigir el cumplimiento de las mismas. Así las cosas, dada la naturaleza civil o mercantil de los contratos que los ligan, y aún a riesgo de fatigar, repítase que no es el juez laboral el competente para conocer sobre ese diferendo.

Ciertamente, un cese de actividades de trabajadores puede generar algún tipo de perjuicio para un tercero de la relación laboral; pero resulta ser una realidad inconcusa que la acción de que es titular este para buscar la reparación de los daños no es la consagrada en la Ley 1210 de 2008, sino de otra índole”.

Entonces, conforme a la norma y sentencia citada, uno de los legitimados para iniciar el proceso de calificación de la suspensión o paro colectivo del trabajo, es el empleador, y no el beneficiario de la obra.

Luego, entendiéndose que en el presente caso la sociedad Vicpar S.A. es la empleadora de los demandados, debe concluirse que estaba legitimada para iniciar la presente acción.

Por ello, se modificará la sentencia de primera instancia para precisar que las personas que adelantaron la suspensión colectiva de trabajo, eran trabajadores de la demandante.

Agotamiento del procedimiento previo de arreglo directo para iniciar y desarrollar el cese de actividades:

Antes de dilucidar el tema acerca de si hubo o no agotamiento previo de la etapa de arreglo directo para efectuar el cese de actividades, es necesario referirse a las diferentes modalidades legales que existen en nuestro país de ceses de actividades laborales.

Debe recordarse que en Colombia se reconocen legalmente tres modalidades de ceses de actividades laborales: la primera es la declarada en desarrollo de un conflicto colectivo económico de trabajo y en aplicación del artículo 429 del Código Sustantivo del Trabajo; la segunda la que se realiza por causa del incumplimiento del empleador de sus obligaciones laborales o de la seguridad social frente a sus trabajadores, de acuerdo a lo prescrito en el literal ‘e’ del artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7º de la Ley 584 de 2000, y la Sentencia C-201 del 19 de marzo de 2002; y la tercera la efectuada por solidaridad.

Las dos primeras modalidades de ceses de actividades laborales fueron explicadas en forma detallada en la sentencia del 10 de abril de 2013 radicación 59420, proferida por esta corporación, así:

“1) La huelga declarada en desarrollo de un conflicto colectivo de naturaleza económica. Para este caso, la huelga está definida en el Código Sustantivo del Trabajo artículo 429 como la “suspensión colectiva, temporal y pacífica del trabajo, efectuada por los trabajadores de un establecimiento o empresa con fines económicos y profesionales propuestos a sus patronos y previos los trámites” previstos en la ley. Es la huelga declarada, como consecuencia de que (dentro de un proceso de negociación colectiva) se finaliza la etapa de arreglo directo sin haberse logrado un acuerdo total sobre el conflicto o diferendo colectivo. En tal evento el sindicato o los trabajadores pueden optar por el cese de actividades, tal como lo previene el Código Sustantivo del Trabajo artículo 444, subrogado por la Ley 50 de 1990 artículo 61. El cese de actividades declarado en tales circunstancias puede válidamente realizarse cuando se observen, de manera adecuada y estricta, los delineamientos señalados por el legislador para su iniciación y realización. Esto significa que no es absoluta esa facultad que tienen los trabajadores y las organizaciones sindicales que los representan, de presionar a los empleadores mediante la suspensión colectiva del trabajo a fin de lograr el reconocimiento de aspiraciones económicas y sociales, que garantice la justicia de las relaciones obrero patronales.

2) La cesación que se declara por causa del incumplimiento del empleador de sus obligaciones laborales para con sus trabajadores, ya sea por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social, u otro emolumento o beneficio.

En relación con este segundo tipo de huelga, es pertinente reiterar que no es cualquier incumplimiento del empleador el que justifica que los trabajadores o el sindicato puedan promover la suspensión colectiva de actividades. Para que esta modalidad de cese se considere legítimo, el empleador ha de adoptar “una conducta manifiestamente contraria a sus obligaciones (...) y que afecte el normal desenvolvimiento de las relaciones con sus trabajadores, acorde con la valoración que haga el juez en concreto como podría ser, a título de ejemplos enunciativos, el no pago de los salarios o de los aportes correspondientes a la seguridad social integral, en cuanto con ello se perjudica la subsistencia vital para el trabajador o su acceso a la salud. Pero en cualquier caso habrá que estarse a las situaciones concretas que se presenten para analizar las posiciones de las partes y deducir de ahí si el incumplimiento empresarial posibilita la cesación colectiva de labores por parte de los trabajadores” (CSJ Laboral, jun. 3/2009, Rad. 40428). Lo que quiere decir que no todo incumplimiento de una obligación laboral a cargo del empleador, lleva consigo la declaración de legalidad del consiguiente cese de actividades”.

El tercer tipo de cese de actividades fue precisado en la Sentencia C-201 del 19 de marzo de 2002, así:

“La huelga por solidaridad consiste en la facultad que tienen los empleados sindicalizados o no sindicalizados, de participar en la huelga promovida por trabajadores de otra empresa o establecimiento que están inmersos en un conflicto laboral con su empleador. Es, pues, subsidiaria a la huelga principal que promueven los trabajadores directamente afectados.

El tratadista Mario de la Cueva define esta figura como “la suspensión de labores realizada por los trabajadores de una empresa, quienes sin tener conflicto alguno con su patrono, desean testimoniar su simpatía y solidaridad con los trabajadores de otra empresa, los cuales sí están en conflicto con su patrono.” La finalidad de este tipo de huelga, de acuerdo con la doctrina, reposa en el supuesto de que, “al generalizarse una suspensión de labores, los patronos afectados buscarán la forma de evitar que se extienda a ellos y presionarán para que el responsable acceda a las demandas de sus trabajadores.” Aunque también puede suceder lo contrario, esto es, que se adopten mayores formas de represión contra los empleados en huelga.

Ahora bien, la Corte debe decidir si la huelga por solidaridad tiene arraigo constitucional, o si, por el contrario, está prohibida por el artículo 56 de la Constitución Política.

El sentido y alcance del derecho de huelga alcanzó una nueva dimensión a instancias del constituyente de 1991 dado que, mientras en la Constitución de 1886 el derecho de huelga estaba proscrito para cualquier servicio público, en la actual Carta solo se excluye de su disfrute a los trabajadores de la esfera de los servicios públicos esenciales que determine la ley. Claro es entonces que hoy, por regla general, el derecho de huelga se predica de los trabajadores vinculados a los servicios públicos, a menos que tales servicios correspondan al catálogo de los esenciales por disposición legal, caso en el cual, a pesar de que los respectivos trabajadores se encuentren sindicalizados, el derecho de huelga se halla al margen de su patrimonio jurídico laboral.

Por ello mismo, si el constituyente consagró la garantía para ejercer el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales —con lo cual se busca garantizar la continuidad de su prestación en atención al interés general que se vería conculcado—, es de entender que también prohijó el ejercicio de sus distintas modalidades o manifestaciones, entre las cuales milita la denominada huelga por solidaridad. Entonces, si este derecho tiene un alcance amplio que en modo alguno sugiere la exclusión de la modalidad en comento, no cabe duda de que tal ejercicio solidario goza de pleno y legítimo sustento constitucional.

Sobre este tema afirmó la Corte Constitucional en Sentencia C-473 de 1994:

“Como vemos, el derecho de huelga está en conexión directa no solo con claros derechos fundamentales —como el derecho de asociación y sindicalización de los trabajadores (C.P., arts. 38 y 39)— sino también con evidentes principios constitucionales como la solidaridad, la dignidad, la participación (C.P. art. 1º) y la realización de un orden justo (C.P. art. 2º)”.

En líneas posteriores agregó la Corte:

“La Carta no establece ninguna limitación sobre los tipos de huelga, por lo cual el contenido de este derecho debe ser interpretado en sentido amplio”.

En este orden de ideas, se halla cobijada por dicha garantía constitucional, por ejemplo, la huelga que adelanten los trabajadores de una empresa en solidaridad con otros que están en huelga con un empleador distinto, cuando unos y otros se encuentren vinculados a una federación o confederación sindical, u ostenten cualquier otra ligazón que habilite la participación solidaria.

Sobre la legalidad o no de dichos ceses de actividades laborales, en igual forma lo precisó la misma sentencia de esta Sala y Corporación (59420 de abr. 10/2013), así:

“Los ceses de actividades legítimos

Se reputan legítimos los ceses de actividades que observen la legalidad y se realicen en forma pacífica.

Con respecto a lo primero, el artículo 8-1 del Convenio 87 de la OIT(1) establece que “[A]l ejercer los derechos que se les reconocen en el presente Convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad” (Destacar la Sala).

En Colombia, las formas legales de huelga son las descritas anteriormente y su legitimidad estará sujeta tanto al cumplimiento de los requisitos formales señalados, como a que el cese no busque como objetivos los señalados y prohibidos por el artículo 450 Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 65 de la Ley 50 de 1990.

Pero además, y como consecuencia de esa observancia de la legalidad, las cesaciones de actividades en el trabajo deben ser pacíficas. Es decir, el ejercicio pacífico de la huelga es indispensable para la legalidad de la misma. La exigencia de ese carácter fluye de la naturaleza propia de cualquier manifestación de disconformidad que se presente en los sistemas democráticos. Esta característica de la huelga es tan importante que el Código Sustantivo del Trabajo la prescribe reiteradamente en varias de sus disposiciones (arts. 429, 446, 448-1 y 450-f). Adicionalmente, el comité de libertad sindical de la OIT ha sostenido repetidamente que el ejercicio legítimo de la libertad sindical no tolera extralimitaciones en el ejercicio del derecho de huelga, como por ejemplo las acciones delictivas(2).

En consecuencia, al instaurarse la respectiva acción judicial conforme a la atribución otorgada a la justicia laboral para conocer de tales controversias (L. 1210/2008), debe examinarse tanto la legalidad de la suspensión de actividades, como el desarrollo del cese y el comportamiento de los trabajadores y del movimiento sindical que participan, frente a los límites que el legislador impone para adelantar cesaciones en el trabajo. Y si de esa constatación surge que se incurrió en algunos de los motivos indicados como vedados, será procedente la declaración judicial de la ilegalidad del paro”.

Conforme a las normas y sentencias señaladas, solo el primer tipo de cese de actividades exige el previo agotamiento de la etapa de arreglo directo, y para efectos de calificar la misma, debe examinarse tanto la legalidad del cese, como su desarrollo, y el comportamiento de los trabajadores y del movimiento sindical que participan frente a los límites que impuso el legislador para adelantar la suspensión del trabajo.

En el caso concreto se afirma en el escrito introductorio, que el 30 de noviembre de 2011 los trabajadores de la sociedad demandante iniciaron un cese de actividades, sin haberles presentado, en forma previa, un pliego de peticiones, ni los motivos del mismo. En respuesta a la misma, los demandados informaron que en el conflicto colectivo de trabajo fueron representados por las diferentes juntas de acción comunal de las veredas circunvecinas al sitio de trabajo, entes que invitaron a la sociedad demandante y a Petrominerales a reuniones para concertar temas de orden laboral y de otros asuntos relacionados con la comunidad, a lo que se negaron tanto la demandante como Petrominerales, lo que motivó que los presidentes de las distintas juntas de acción comunal organizaran y efectuaran el mencionado cese de actividades desde la fecha indicada, lo que fue previamente informado a la actora.

Entonces, entre las partes hay consenso en cuanto a que el cese de actividades que adelantaron los trabajadores de la empresa demandante fue con motivo de un presunto conflicto colectivo de trabajo de naturaleza económica, primera de las modalidades de ceses de actividades, lo que además se corrobora con los documentos visibles a folios 107 a 153 y siguientes del expediente, para alcanzar nuevos salarios, debido al descontento de los trabajadores sobre el nivel de sus ingresos laborales; tanto fue así, que la sociedad Petrominerales, beneficiaria de la obra que adelantaba la demandante, en carta de 17 de febrero de 2012, cuando aún continuaba el cese de actividades, hizo una oferta de aumento salarial para el año 2012, dirigida al personal de mano de obra no calificada de la región que le prestaba servicios a su contratista (fls. 137 y 138).

Ahora bien, indicó el a quo que en el presente asunto la etapa de arreglo directo no se surtió antes del cese de actividades, como tampoco su término de 20 días prorrogables, puesto que la invitación a la discusión data del 23 de noviembre de 2011, y la decisión de la suspensión, y la suspensión misma, sucedieron el 30 de noviembre del mismo año. En sentido contrario, y sin mayores explicaciones, informa la parte recurrente y demandada que dicha etapa fue agotada en forma previa al cese de actividades.

Reza el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 65 de la Ley 50 de 1990, que la suspensión colectiva del trabajo es ilegal en cualquiera de los siguientes casos:

“(...).

c) Cuando no se haya cumplido previamente el procedimiento de arreglo directo;

(...)”.

El procedimiento de arreglo directo previsto en los artículos 432 a 436 del Código Sustantivo del Trabajo, establece en esencia, el nombramiento de unos delegados para presentar el pliego de peticiones, el término para iniciar conversaciones desde la presentación del pliego, la duración de las mismas; lo que hay que hacer si se alcanza acuerdo total o parcial, o no se obtiene acuerdo sobre el pliego de peticiones, y que las conversaciones pueden extenderse hasta por 20 días calendarios, prorrogables hasta por otro tantos adicionales.

Del acervo probatorio recaudado no se evidencia que los trabajadores demandados hayan presentado a la demandante un pliego de peticiones, como tampoco que hayan solicitado a la misma la iniciación del proceso de negociación colectiva de trabajo, pues las misivas correspondientes se dirigieron a la sociedad Petrominerales, y algunos de estas dicha empresa se las redirigió a la sociedad demandante, quien la contestó, unas en diciembre de 2011 y otras en el primer trimestre de 2012, pero de ellas no puede deducirse la presentación del pliego de peticiones como tampoco el inicio ni el desarrollo de la etapa de arreglo directo entre las partes en conflicto.

Por otra parte, en el literal a) del artículo 8º de la Ley 743 de 2002, que desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal, se dice que las juntas de acción comunal son organismos comunitarios de primer grado, catalogados como organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa. Como mecanismos democráticos de participación ciudadana, tiene como objetivos, previstos en el artículo 19 de la misma ley, en esencia, participar en la planificación del desarrollo integral y sostenible de su comunidad, mantener informada a sus vecinos sobre las gestiones del Estado, promover el desarrollo cultural, recreativo y deportivo de su sector, y actuar con base en los principios de democracia, autonomía, prevalencia del interés común y la buena fe.

De lo dicho se infiere, que este tipo de organizaciones no tienen facultades para representar a trabajadores no sindicalizados para efectos de acordar las condiciones de trabajo con su empleador, pues la misma reposa en la asamblea general de estos trabajadores, quienes conforme al artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo, y por aplicación analógica de la Ley 11 de 1984, artículo 18, que modificó el artículo 376 del Código Sustantivo del Trabajo, relativa a las atribuciones exclusivas de la asamblea de los sindicatos, deben adoptar el pliego de petición que presentarán al empleador, nombrar la delegación respectiva, y designar los negociadores.

Por ello, en este tema se acompañará la decisión del a quo.

Acerca del aviso al Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Trabajo:

El artículo 129A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, adicionado por el artículo 4º de la Ley 1210 de 2008, en su numeral 6º, indica que la providencia que declare la legalidad o ilegalidad de una suspensión colectiva del trabajo, deberá contener las prevenciones del caso para las partes en conflicto, y se debe hacer conocer al Ministerio del Trabajo.

Por ello se ordenará que a través de la Secretaría de esta Sala y corporación, se haga conocer al Ministerio de Trabajo la presente decisión.

Costas en esta instancia:

Al no salir avante el recurso propuesto por la parte demandada, las costas estarán a su cargo y a favor de la parte demandante. En su liquidación, inclúyanse como agencias en derecho la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos ($ 589.500).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia proferida el 17 de mayo de 2012 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, Casanare, dentro del proceso de Calificación Judicial de Cese Colectivo de Actividades promovido por Vicpar S.A. en contra de Los Trabajadores de Vicpar S.A., Alfonso Coba Mauricio Antonio, Álvarez Guerrero Myriam, Arenas Ramírez Alexander, Arenas Ramírez Fredy Yamith, Arenas Ramírez Germán, Arenas Martínez Milton Hernán, Arias Sánchez Jesús Antonio, Ávila Arias Luz Dary, Ávila Vargas Leydy Yurley, Ballesteros Holguín Leonel, Barajas Jiménez Ana Celia, Barreto Olmos Nelson, Barreto Romero Jonnattan Stil, Bernal Zoraida, Buitrago Cortés Maribel, Buitrago Torres Israel, Bulla Campos Mayra Jiseth, Caballero Mendoza José Germán, Cabrera Garrido Hernando, Cárdenas Gallego Ciro Hernando, Cárdenas Gallego José Roberto, Carranza Montenegro Baudelio, Castelblanco Parra Saudi Donado, Castelblanco Parra Víctor Manuel, Colmenares López Jhony Alain, Colmenares Novoa Rosendo, Cruz Ballesteros José Vicente, Cruz Ballesteros Laurentino, Cubides Tolaza Luís Carlos, Daza Ruiz Luís Carlos, Díaz López Ubaldina, Díaz Rodríguez Gilberto, Díaz Rodríguez Luz Elena, Dueñas Plazas Néstor Arsenio, Figueredo Rivas Gerardo Andrés, Funquen López Gabriel Antonio, García Luis Jorge, Gómez Caro Abdias, Gómez Caro José Silvino, Gómez García Carlos Andrés, Gómez García Maury Alejandro, Gómez García Viviana, Gómez Vega Javier Narciso, González González Alexander, Hernández Rivero Luís Gonzalo, Huertas Avendaño Elsy Yaneth, Ibáñez Riaño José Ilber, Jiménez Rinta Cenaida, Jiménez Rinta Victoria, León Aguirre Niyer Alexander, Lesmes Forero Luís Antonio, Lobatón Calderón Jorge Eduardo, Londoño Muñoz Yesid Alexander, López Beltrán Oscar Javier, López López José Gregorio, López Marín Nubia, López Rodríguez Héctor Eduardo, López Torres Nelson, Martínez Vargas Fredy Alexander, Mateus Castelblanco Kevin Jerney, Mora Vaca Tiberio, Morales Suárez Primitivo, Moreno Guerrero Robert, Moreno Vivas Pablo Arturo, Oviedo Camacho Juan Gabriel, Peña Gómez Raúl, Pérez Peña José Manuel, Perilla Vargas Javier, Pinilla Gordillo Yury Asdrúbal, Piñeros Astros Guillermo, Piñeros Astro Héctor Julio, Piñeros Soler Nancy, Plazas Mondragón María Lilia, Quevedo Leguizamón Robinson, Ramírez Barahona José Dimas, Ramírez Ortiz Ariel, Rodríguez López María Hermencinda, Rojas Amésquita Julio Abel, Rojas Castañeda Harold Noel, Rojas Figueredo Madeleine, Rojas Martínez Omay Milena, Romero Barreto Inés, Romero Gámez José, Romero Gutiérrez Yuleny Andrea, Rubio Rodríguez Franley Augusto, Salamanca Arévalo Eyer Bernabé, Sanabria Barreto Francisco, Sanabria Barreto Luís Ernesto, Sánchez Barahona Milton José, Sánchez Gamboa Audelina, Santos Gaitán Fabio Enrique, Segura Martínez Luís Hernando, Sierra Rosas Ananias, Silva Díaz Jaiver Herney, Suárez Arévalo Graciliano, Suárez Pulido José Efraín, Torres Barreto Diego Alejandro, Torres Barreto Oscar Custodio, Torres Barreto Pedro Alexander, Torres Rubio Fredy Alexander, Unda Martínez Jarrisson Alexis, Urrutia Peralta William Hair, Vacca Varela Pedro José, Vanegas Gaitán Robinson, Vega Amaya Ramiro, Vega Arévalo José Firaldo, Vega Huertas Yamid Arneth, Vega León Yuber Alipio, Vega Lesmes Hugo Adelfo, Velandia León Ruth Amparo, y Vera Blanca Nelsy, para precisar que los trabajadores que adelantaron la suspensión colectiva de trabajo lo eran de la sociedad VICPAR S.A., conforme a lo manifestado en la parte motiva de esta providencia.

2. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia recurrida.

3. ORDENAR que por la secretaría de la Sala se comunique la presente decisión al Ministerio del Trabajo.

4. Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».

(1) Ratificado por Colombia el 16 de noviembre de 1976 y promulgado el 20 de junio de 1997 (Diario Oficial 39.069).

(2) OIT. La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración. 5ª edición (rev), Ginebra, 2006, párr. 667.