Sentencia 5659 de septiembre 30 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

FACULTAD SANCIONATORIA

CADUCIDAD

EXTRACTOS: «Precisa la Sala que el motivo de la apelación por parte de la entidad demandada lo constituye la interpretación que del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo hizo el a quo, para acceder parcialmente a las súplicas de la demanda, declarando la caducidad de la sanción por el trimestre abril-junio de 1987, al considerar que existía similitud con un caso de infracción cambiaria resuelto por la jurisdicción.

“ART. 38. Caducidad respecto de las sanciones. Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas”.

Regula así esta norma, de manera general, lo referente a la caducidad de la facultad sancio-natoria de las entidades administrativas, y a ella han de sujetarse al imponer las sanciones por infracción al ordenamiento positivo a que están obligados los administrados entre ellos las entidades financieras. En consecuencia no son aplicables en este procedimiento general normas especiales que regulan otro tipo de infracciones como son las cambiarias sujetas a las prescripciones de la Ley 33 de 1975 en cuanto a prescripción de la acción contravencional se refiere. Resulta entonces improcedente apoyarse en la jurisprudencia creada con fundamento en esta ley para fallar materias sujetas al régimen general del Decreto 1 de 1984.

El contexto literal del artículo 38 del Decreto 1 de 1984, transcrito anteriormente, claramente señala que la facultad sancionatoria por parte de las autoridades administrativas, caduca si a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlos, no se impone la sanción.

Imponer una sanción implica que la administración mediante un acto administrativo que produzca efectos jurídicos exprese su voluntad de sancionar al infractor de una norma a la cual estaba sometido.

No puede desconocerse que un acto administrativo que no es notificado, no vincula al administrado y, por lo tanto, no produce efectos en derecho, pues la notificación es la diligencia mediante la cual la administración entera al particular de su determinación unilateral, diligencia que de ninguna manera es potestativa, pues el conocimiento de los actos que afectan a un particular, en especial los que imponen obligaciones o sanciones para lo cual la administración goza de un plazo determinado, constituye una mutua garantía del ejercicio de la competencia dentro de los términos de ley.

Pretender que la administración pueda mantener en reserva o en secreto un acto administrativo por ella proferido, para hacerle producir efectos en cualquier tiempo en el futuro mediante la notificación, extemporánea, sería abrir campo a la arbitrariedad de algunos funcionarios y prohijar la inseguridad de las relaciones jurídicas con los administrados.

Justamente para evitar entre otras tal posibilidad, el Código Contencioso Administrativo dedica el capítulo X para regular el deber de la administración de publicar, comunicar y notificar los actos administrativos, en el cual va implícito el derecho de defensa del administrado que no podría ejercer si no se le da a conocer el acto administrativo.

Y es en aras de la misma seguridad de los administrados que el mismo Código regula instituciones como la del silencio administrativo y la caducidad de las sanciones.

El artículo 38 del Código Contencioso Administrativo debe interpretarse teniendo en cuenta que las normas que dicta el legislador deben producir los efectos en ellas previstos, y en tal sentido, cuando el artículo mencionado se refie-re a la caducidad de la sanción prevé el ejercicio de la autoridad administrativa en la medida que también produzca efectos en derecho, es decir, mediante la expedición y notificación de actos administrativos dentro del término de tres (3) años previsto de manera general en la norma.

En el sub lite el acto fue expedido y notificado dentro del término previsto en el artículo 38 del Decreto 01 de 1984, razón por la cual no se dio la caducidad de la sanción por el trimestre abril-junio de 1987, como lo decidió el a quo, toda vez que la Resolución 2284 del 27 de junio de 1990 fue notificada el 29 de junio del mismo año, esto es dentro del término de tres (3) años señalado en la ley, que vencían el día 30 de dicho mes».

(Sentencia de septiembre 30 de 1994. Expediente 5659. Consejero Ponente: Dr. Jaime Abella Zárate).

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