Sentencia 5664 de noviembre 20 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

DOCUMENTOS PRIVADOS

AUTENTICIDAD

EXTRACTOS: «1. A grandes rasgos, los documentos pueden clasificarse como públicos y privados. Mientras la autenticidad del documento público se presume a términos del inciso primero del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, el privado es auténtico a raíz de su reconocimiento, de su inscripción en un registro público, de la declaratoria judicial de autenticidad y de la presunción establecida en la ley. Nótese entonces que el documento público nace amparado con la presunción de autenticidad, mientras que el privado, salvo aquel que la ley presume auténtico, lo es por causas sobrevinientes a su constitución.

Si el documento privado nace desprovisto de autenticidad y una de las vías para dotarlo de ella es la del reconocimiento, la ley, en guarda del equilibrio de las partes y para garantizarle a éstas su defensa, necesariamente debía prever, como lo hizo, la posibilidad de que el mismo no fuese auténtico. De ahí que estableciera, en el artículo 252-3 del Código de Procedimiento Civil, dos hipótesis discriminadas así: es auténtico, en virtud de su reconocimiento implícito, el documento que se aporta al proceso afirmando que fue manuscrito o suscrito por la parte contra quien se opone, si ésta, la parte, no lo tacha de falso oportunamente, “o cuando los sucesores del causante a quien se atribuye dejaren de hacer la manifestación contemplada en el inciso segundo del artículo 289”, cual es que a “quienes no les conste que la firma o el manuscrito no firmado proviene de su causante, podrán expresarlo así” al contestar la demanda.

Se comprende entonces que la autenticidad del documento privado, en el evento legal predicho, se produce con el silencio de la parte o de “los sucesores del causante”, que no son, valga decirlo, exclusivamente los herederos. Esa forma de reconocimiento es calificada como implícita en el artículo 276-2 del código citado y, cuando no se estructura, bien porque “la parte” tacha de falso el documento, ora porque “los sucesores del causante a quien se atribuye” manifiestan que no les consta que la firma proviene de él, se produce el efecto contrario, esto es, el desconocimiento del mismo; evento en el cual, al tenor del artículo 275 de la obra en cita, “se procederá a verificar su autenticidad en la forma establecida para la tacha de falsedad, si el interesado lo pide dentro de los tres días siguientes a la diligencia” (la negrilla no es del texto).

2. La vigencia de las normas antedichas no fue suspendida por el artículo 25 del Decreto 2651 de 1991. Este texto simplemente eximía a la parte, demandante o demandada, de la carga de presentar personalmente o ya autenticado cualesquier documento distinto al poder, tuviere o no como finalidad la de servir de prueba; arrimado el documento, entonces, se reputaba auténtico respecto de quien lo había presentado, sin que para tal efecto se pudiese exigir la autenticación o la presentación personal.

Lo anterior se deduce de la propia norma citada, cuyo tenor no suprime la vía que puede conducir a la autenticación de un documento privado carente de ella; pero además así fluye del contexto del decreto, el cual, obvio, impide afirmar que todo acto procesal de una parte queda autenticado con la mera presentación personal del contrario, dado que ello implicaría un severo recorte al principio de contradicción de la prueba y, por ende, al derecho de defensa, por lo que sólo podría entenderse establecido con norma expresa que en el decreto no aparece. Así, por ejemplo, el desistimiento en el cual se pide no condenar en costas por acuerdo con el demandado; la solicitud de aceptación de una transacción; el memorial donde quien obtuvo una cautela pide levantarla sin recibir condena en costas, etc., son documentos todos eficaces y atendibles, respecto al contrario de quien los presenta, sólo cuando este último genera la autenticidad del respectivo escrito por cualesquier modo de los previstos en la ley para el efecto.

Es de considerar también que la interpretación extensiva del artículo 25 choca con el espíritu singular de otras disposiciones del Decreto 2651 de 1991; se recuerda, por ejemplo, que el artículo 3º de tal decreto exige presentación de escrito autenticado cuando las partes solicitan, de consuno, el trámite de conciliación; igual sucede en el caso de informes periciales presentados de común acuerdo por las partes, que deberán allegarse ”autenticados como se dispone para la demanda” (art. 21, num. 1º); y lo mismo cuando “se trata de documento que deba ser reconocido”, el que podrá acompañarse a otro documento “auténtico proveniente de quien deba reconocerlo, en el cual conste su reconocimiento en los términos del artículo 273 del Código de Procedimiento Civil” (art. 21, num. 3º).

Es pues notorio que el precitado artículo 25 no suprimió, de manera expresa, el trámite para dotar de autenticidad a documentos privados carentes de ella; también, que a su regulación escapa el “documento que deba ser reconocido”, pues a este último alude el artículo 21 y, por cierto, con redacción que reafirma como regla general el deber ser del reconocimiento y crea la posibilidad de lograrlo por la vía allí diseñada, pero, indudablemente, sin suspender las disposiciones que rigen la materia en el procedimiento civil, porque apenas establece un nuevo mecanismo supletorio de ellas a voluntad de las partes.

3. El contraste de la legislación con los argumentos de la censura dejan sin piso a la última. El artículo 25 del Decreto 2651 de 1991 no regula lo atinente al reconocimiento de documentos privados, pues de esto se ocupa el artículo 21 en su numeral 3º. Y esta última disposición no suspende las reglas del mencionado reconocimiento, sino que crea un mecanismo supletorio de ellas. Además, el espíritu del mencionado decreto jamás abrigó el quiebre del principio de contradicción de la prueba y menos el sacrificio del derecho de defensa, efectos estos que, sin duda, surgirían de la aplicación extensiva e indiscriminada que postula el censor para el artículo 25 del Decreto 2651 de 1991.

El impugnante confunde la situación procesal, por cuanto pretende que los sucesores están cobijados por las cargas que la ley establece para la parte cuando ésta concurre de manera directa al proceso. De ahí su errónea postulación en el sentido de que los sucesores han debido formular tacha de falsedad, cuando, según lo visto, para desconocer el documento a ellos les basta con manifestar que no les consta que la firma provenga de su causante. También desacierta al pretender que sólo los herederos cuentan con la posibilidad de desconocerlo, pues, según se vio, el predicho artículo 252-3 la consagra a favor de “los sucesores del causante”, en términos que desdicen la restricción que afirma.

Siendo, como es, que la sentencia no dejó de aplicar ni aplicó indebidamente norma probatoria alguna, la acusación sucumbe».

(Sentencia de noviembre 20 de 2000. Expediente 5664. Magistrado Ponente:Dr. Nicolás Bechara Simancas).

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