Sentencia 5665 de septiembre 9 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

TÍTULO EJECUTIVO

EN EL CASO DE LOS SOCIOS DEUDORES SOLIDARIOS DE IMPUESTOS

EXTRACTOS: «En el título VIII, artículos 823 y siguientes, el estatuto tributario consagra el sistema de cobro coactivo, para efectos del recaudo de deudas fiscales por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones de impuestos nacionales.

A tales efectos el artículo 828 precisa:

“Títulos ejecutivos. Prestan mérito ejecutivo:

1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación.

2. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas.

3. Los demás actos de la Administración de Impuestos debidamente ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional.

4. Las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas.

5. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que administra la Dirección de Impuestos Nacionales.

PARÁGRAFO: Para efectos de los numerales 1º y 2º del presente artículo, bastará la certificación del administrador de impuestos o su delegado, sobre la existencia y el valor de las liquidaciones privadas u oficiales.

Para el cobro de los intereses será suficiente la liquidación que de ellos haya efectuado el funcionario competente”.

A su turno el artículo 828-1 prevé:

“Vinculación de deudores solidarios. La vinculación del deudor solidario se hará mediante la notificación del mandamiento de pago. Este deberá librarse determinando individualmente el monto de la obligación del respectivo deudor y se notificará en la forma indicada en el artículo 826 del estatuto tributario”.

Contempla así la ley dos aspectos distintos del mismo proceso, cuales son la exigencia de un título ejecutivo, base del mandamiento de pago y la vinculación de deudores solidarios dentro del proceso de cobro coactivo.

Exige entonces que previamente a la orden de pago exista un título ejecutivo. Si bien las liquidaciones oficiales practicadas que se encuentren ejecutoriadas son títulos ejecutivos, lo son frente a los contribuyentes respecto de quienes se practica porque éstos son los responsables directos.

El artículo 566 del estatuto tributario enseña que la notificación por correo de las liquidaciones oficiales se practica mediante envío de una copia del acto correspondiente a la dirección informada por el contribuyente, y que esta notificación presunta tiene la virtud de permitir que el acto administrativo produzca efectos legales con relación al contribuyente, responsable directo del pago del impuesto. Pero no puede derivarse de ello una vinculación al socio responsable que lo es en forma indirecta y no por el total del impuesto liquidado a la sociedad sino “a prorrata de sus aportes o acciones en la misma y del tiempo durante el cual los hubiere poseído en el respectivo período gravable” (art. 794 estatuto tributario).

Entonces, si la obligación fiscal que se pretende exigir, en el sub lite, es la de 1988 y para tal fecha regía el artículo 26 de la Ley 75 de 1986 (hoy artículo 794 del estatuto tributario), no hay duda que el pago de la deuda fiscal puede exigirse a quienes por la mencionada vigencia fiscal hubieran ostentado la calidad de socios de Centrollantas Ltda., independientemente de que éstos hubieran dejado de serlo con posterioridad, bien por liquidación de la sociedad, bien porque hubieren cedido o enajenado sus derechos.

No obstante, para que en virtud de la responsabilidad solidaria prevista en la ley pudiera exigírseles el pago de la obligación, era menester que se les hubiera dado la oportunidad de controvertir el acto administrativo de determinación de impuestos a su cargo, más aún cuando en casos como el del sub lite a la fecha de expedición de la liquidación del impuesto (19 de julio de 1992), por circunstancias conocidas por la administración, la actora no era socia de la contribuyente ni tenía acceso a los libros y papeles de la sociedad de la que alguna vez fuera socia.

Si bien es cierto que la administración libró el 26 de agosto de 1992 mandamiento de pago, que notificó el 11 de septiembre del mismo año y que el artículo 83 de la Ley 6ª de 1992 (art. 828-1 del estatuto tributario) prevé que la vinculación del deudor solidario se hará mediante la notificación del mandamiento de pago y que este deberá librarse determinando individualmente el monto de la obligación del respectivo deudor, tal orden de pago exige necesariamente la preexistencia del título ejecutivo notificado debidamente a quien se le pretende hacer valer. Título que a términos del artículo 828 numeral 3º, no es otro que el acto administrativo debidamente ejecutoriado en el cual se fije al deudor solidario una suma líquida en dinero a favor de la Nación. No resulta eficaz, para efectos del cobro coactivo, la mención que haga sobre la existencia de una obligación el funcionario ejecutor, ni la cuantificación del administrador de impuestos o su delegado sobre la existencia y valor de las liquidaciones oficiales o privadas, porque tal certificación opera solamente en los casos expresamente autorizados en la ley, esto es en los numerales 1º y 2º del artículo 828 del estatuto tributario.

Pues si la administración no expide el acto administrativo que señala el artículo 828 numeral 3º, en el cual se hayan configurado los presupuestos de hecho y de derecho de la responsabilidad solidaria de la deuda de otro contribuyente determinada ésta en una liquidación oficial, no es válida la vinculación del socio hecha directamente en el mandamiento de pago, mas aún cuando aquella no obra en el expediente, ni existe informe o prueba de habérsele comunicado, como sucede en el caso que se resuelve.

En tales condiciones, la actuación del a quo debe confirmarse, toda vez que era necesario antes de librar la orden de pago (cuya notificación está vinculada al proceso de cobro coactivo) la expedición del acto administrativo previo, en el que se hubiere discernido a la socia (con fundamento en las normas tributarias pertinentes y el acto administrativo de determinación impositiva de la sociedad, de la cual era socia y de la cual se hubiera dado conocimiento) la carga fiscal que por responsabilidad solidaria le correspondía proporcional a su aporte y al tiempo de vinculación a la sociedad».

(Sentencia de septiembre 9 de 1994. Expediente 5665. Consejero Ponente: Dr. Jaime Abella Zárate).

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