Sentencia 5666 de abril 16 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

POR DECISIÓN DEL TRABAJADOR

EXTRACTOS: «El término más comúnmente utilizado en nuestro medio para designar la terminación del contrato de trabajo producida por iniciativa del empleador es el de “despido” y la palabra usual para referirse a esa terminación cuando el trabajador toma la decisión es la de “renuncia”. Este último vocablo, que para el caso bajo examen es el que interesa explicar, corresponde propiamente a la decisión voluntaria del trabajador, manifestación de su libre albedrío y de la libertad jurídica en la que se encuentra de no continuar prestando sus servicios personales al empresario. Estrictamente, cuando esa renuncia es aceptada por el empleador se produce la terminación del contrato por muto consentimiento. En este caso, como es apenas obvio, no existe legalmente ninguna obligación de indemnización a cargo del empleador pues, como sujeto pasivo que es normalmente, no puede causar ningún daño.

Pero igualmente es frecuente que se hable de “renuncia” para referirse a la figura jurídica más conocida con el neologismo de “despido indirecto” (o autodespido), que corresponde a la situación que se presenta cuando el trabajador se ve obligado a retirarse del servicio por justa causa de terminación del contrato imputable al empleador.

Y también se alude, aunque impropiamente, a una “renuncia” en aquellos casos en los cuales la terminación del contrato en realidad no se origina en un acto jurídicamente atribuible al trabajador como persona capaz, consciente y libre, sino en actuaciones del empleador capaces de viciar el consentimiento de aquel y, por consiguiente, de invalidar el acto. Esta es precisamente la cuestión que planteó el demandante al promover el litigio y en la que insiste ahora como recurrente en casación.

Los distintos tipos de “renuncia” que se han enunciado tienen asimismo diferentes consecuencias jurídicas. Es así como resulta apenas obvio que el requerimiento que trae el parágrafo del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, de que la parte que adopta la decisión de terminar unilateralmente el contrato debe expresar a la otra, en el momento de la extinción del vínculo, la causal o motivo que tiene para hacerlo, no pueda ser exigido si se trata de una “renuncia” originada en un acto de fuerza o en un engaño ejercido por el empleador sobre el trabajador, como consecuencia del cual este último figure, sólo en apariencia, tomando la iniciativa de finalizar el contrato. En este caso, si llega a probarse que existió el vicio en la voluntad del trabajador, no puede el juez mantener el acto simulado y excusarse de hacer actuar las normas sustantivas simplemente porque al extinguirse el contrato de trabajo no se haya expresado el verdadero motivo o causal de terminación. Lo que entonces acontece es que, en rigor, no hay un acto jurídico del trabajador y, para los efectos prácticos, debe mirarse la aparente renuncia como un verdadero despido directo abusivo, con las consecuencias que esa actuación ilícita puedan acarrear a su autor.

De la misma manera resulta impertinente exigir en este caso el cumplimiento de procedimientos convencionales o reglamentarios para que la terminación del contrato produzca efectos, puesto que las propias circunstancias que se presentan cuando, mediante la fuerza u otra acción capaz de viciar el consentimiento, se obliga al trabajador a presentar la simulada renuncia, hacen que no sea lógicamente posible adelantar un trámite que sólo puede cumplirse cuando el despido, precisamente por ser motivado, o al menos creer el empleador que tiene un justo motivo para producirlo, no se disfraza bajo una diferente forma de finalización del contrato.

También resulta equivocado exigir el trámite propio de un auténtico despido en el evento del “despido indirecto”, por ser evidente que en este caso el trabajador, al decidir romper el contrato por causa o motivo imputable al empleador y colocarse así fuera de la empresa, no puede solicitarle al patrono que se someta a un procedimiento establecido de modo exclusivo para la terminación unilateral por iniciativa de este último».

(Sentencia de abril 16 de 1993. Radicación 5666. Magistrado Ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols).

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