Sentencia 5673 de octubre 18 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Referencia: Expediente 5673

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo

Bogotá, D.C., dieciocho de octubre de dos mil.

(...).

2. Como un hecho inconcuso tiene establecida la doctrina de la Corte (sentencias del 7 de marzo 1996 y 23 mayo 1996, entre otras), la procedencia de la causal segunda de casación, cuando el fallo estimatorio de una acción reivindicatoria omite decisión sobre las prestaciones mutuas consecuenciales, frente a las cuales, inclusive, se ha debido proveer de oficio, según el caso.

3. Adentrándose en el estudio de la acusación sub examine, en la cual se impugnó la sentencia recurrida de ser inconsonante al guardar silencio u omitir pronunciamiento sobre algunas de las prestaciones mutuas, encuentra la Corte que la censura está llamada a tener éxito. Es así como la sentencia con cita, realmente, dejó de lado la definición sobre las mejoras que se alegaron, porque la decisión de la pretensión próspera de reivindicación así lo imponía, según se anotó. En efecto,

a) El demandado, además de oponerse a la pretensión del demandante, manifestó que “durante el tiempo que lo viene poseyendo (el bien objeto del proceso de reivindicación) ha verificado actos propios de señor y dueño como son: construcción de una casa y sus dependencias en madera, para la vivienda del demandado y su familia; construcción de la cocina, pieza adicional y baño en material de cemento y ladrillo; construcción de cercas, limpieza del lote, siembra de árboles ornamentales...” (fl. 35 cdno. 1).

b) El tribunal, en su sentencia, no se refirió a este preciso aspecto de litis. Tampoco el juzgado de primera instancia, cuyo fallo fue confirmado por aquel, como varias veces se ha recordado, se refirió al tema de las mejoras, ni en la parte resolutiva, ni en la motiva, ora expresa, ora tácitamente. Apenas sí reconoció que el demandado era un poseedor de mala fe, cuando señaló que “No derivándose la posesión del demando de un justo título considera el despacho que dicha posesión es de mala fe (sic) según se evidencia de la prueba trasladada aportada a los autos regular y oportunamente” (fl. 153 cdno. 1).

No obstante esta última apreciación, cumple puntualizar que ella no significa que el juzgador estuviere decidiendo, así fuere implícitamente, sobre el tema de las mejoras, pues, de conformidad con el artículo 965 del Código Civil, aquel sí tiene derecho al reconocimiento de este tipo de “prestaciones mutuas”: a las mejoras necesarias, y al retiro de los materiales utilizados en la realización de las mejoras útiles y voluptuarias, en caso de que se puedan separar sin detrimento, a menos que el reivindicante ejerza su derecho al pago de los mismos.

Por tal razón, en consonancia con los dictados del derecho procesal, en particular con sujeción a los cánones que informan la misión del juzgador, el demandado tenía derecho a obtener un pronunciamiento expreso —bien favorable o desfavorable— sobre el tema de las mejoras, con motivo de la explícita declaratoria judicial de reivindicación del inmueble, lo que implica que la autoridad competente dejó de pronunciarse sobre un aspecto que —aún— oficiosamente exigía despacho, de conformidad con lo reglado por los artículos 961 y siguientes del Código Civil.

5. En consecuencia, prospera el cargo en estudio.

(...).

Sentencia sustitutiva

Teniendo en cuenta y en consideración que el fallo del tribunal impugnado extraordinariamente incurrió en el defecto procedimental de ‘mínima o citra petita’, de conformidad con lo señalado en las consideraciones del primer cargo, resulta indispensable complementar la sentencia, en orden a pronunciarse sobre las mejoras efectuadas por la parte demandada, alegadas a lo largo de la litis.

Para el efecto, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

1. Las prestaciones mutuas, como lo ha recordado esta corporación, consisten en “el reconocimiento de los frutos, entendidos como el producido del bien en disputa relacionado con los paralelos gastos ordinarios de producción que son aquellos en que habría incurrido cualquiera persona para obtenerlos y que por lógica deben ser asumidos en definitiva por quien se va a beneficiar de aquellos al tenor del inciso final del artículo 964 del Código Civil, y las expensas o mejoras a las cuales se refieren los artículos 965, 966 y 967 ibídem, atinentes en esencia a la gestión patrimonial cumplida por el poseedor condenado a restituir y que tienen expresión, por norma, en los gastos que se hacen por ese poseedor y con los que pretendió mejorar el bien, llevando de ordinario consigo la noción de aumento, progreso, mayor utilidad, más adecuado servicio o mejor presentación” (2) .

(2) Corte Suprema de Justicia, expediente 4851.

A este respecto, como también se consignó en providencia de reciente calenda, la Corte precisó que el estatuto civil en torno a las diversas especies de mejoras, ha señalado su específica tipología, “según si fueron indispensables para la pervivencia o conservación material o jurídica del bien, caso en el cual se las calificará de expensas necesarias, pues sin su realización “la cosa habría desaparecido o se habría deteriorado sustancialmente su valor, a tal punto que cualquiera que la tuviera en su poder tendría que afrontar tales dispendios”; si le aumentaron el valor venal al bien, hipótesis en la que se tornan útiles, en la medida en que le incrementan “su capacidad de rendimiento económico, dándole por ende una productividad que no tenía antes y que el derecho objetivo busca fomentar”; o si le agregan lujo, recreo o comodidad, sin aumentar su valor en el mercado general, por lo que se las denominará voluptuarias, así llamadas porque obedecen ‘a apetencias subjetivas del poseedor como son su gusto, deseo, aficiones personales y capacidad económica’ (CCXLIII, pág. 278)” (Sent. ago. 18/2000, exp. 5519).

Ahora bien, la preanotada clasificación legal de las mejoras reviste trascendencia, pues si al reconocimiento de las necesarias tienen derecho todos los poseedores, sean de buena o de mala fe (C.C., art. 965) “a lo que valgan las obras al tiempo de la restitución”, respecto de las útiles sólo los poseedores de buena fe tienen derecho al ahorro de las efectuadas “antes de contestarse la demanda”, pudiendo quien debe reconocerlas elegir entre el valor de la mejora para la misma época referida, o el mayor valor de la cosa en dicho tiempo, toda vez que las ejecutadas con posterioridad —lo que también se predica para las hechas en cualquier tiempo por el poseedor de mala fe—, solamente dan derecho a retirarlas, siempre que la cosa no sufra detrimento y que el propietario rehúse pagar el precio de los materiales una vez separados, derecho éste que igualmente se concede al poseedor vencido respecto de las mejoras suntuarias.

Fluye de lo anterior, que el poseedor de mala fe tiene tan solo derecho al reconocimiento de mejoras necesarias, y al retiro de los materiales utilizados en la realización de las mejoras útiles y voluptuarias cuando éstas se puedan separar del objeto reivindicado sin menoscabo, salvo que el reivindicante decida cancelar su valor.

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